La Fiscalía General de la Nación expuso seis razones para tomar esa decisión; la principal de ellas, que ese homicidio fue parte de un ataque sistemático contra un grupo que realizaba denuncias y se opuso a la llegada de “grupos de extrema derecha” a la Universidad del Atlántico. En medio de silenciamiento se encuentran el asesinato de otros nueve miembros de esa comunidad académica del Caribe.
Por primera vez, el ente acusador declaró como delito de lesa humanidad el asesinato de un miembro de la comunidad educativa de la Universidad del Atlántico, que fue perpetrado por paramilitares y agentes del Estado. La decisión se tomó dentro de la investigación por el asesinato de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de 51 años, pensionado y secuestrado el 27 de agosto de 2001, quien fue hallado muerto al día siguiente con signos de tortura, en la vía entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena. (Ver documento)
“Resulta para el despacho suficientemente demostrado que el homicidio cumple con las condiciones establecidas para ser decretado de lesa humanidad”, resolvió el fiscal 76 adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que respondió así a la representante de víctimas y su petición de que el crimen fuese elevado a tal categoría.
Para llegar a esa conclusión, el fiscal estimó que se cumplen seis requisitos principales para que un caso se torne imprescriptible:
- El ataque sistemático o generalizado implica una repetición de actos criminales dentro de un periplo, sobre un grupo determinado al cual se le quiere destruir o devastar (exterminar) por razones políticas, religiosas, raciales y otras.
En el ataque a Freytter y otros miembros de la Universidad del Atlántico hubo “una repetición de actos (falsas denuncias, persecución penal y homicidio) dentro de un periodo determinado (1997 a 2006), en contra de un grupo determinado, en este caso miembros de la Universidad que realizaban denuncias o que en general fueron opositores de la llegada de grupos de extrema derecha al alma mater”, estima el Fiscal. (Leer más en: Universidad del Atlántico: la reparación que hasta ahora comienza)
Tampoco se trató de un hecho aislado, sino “uno más de un plan sistemático en contra de aquellos que ejercían su voz en contra de la apropiación del alma mater por fuerzas ajenas a la misma, que inclusive se asociaron con grupos al margen de la ley”. El Fiscal 76 mencionó los asesinatos de Raúl Peña Robles (1998), Alfredo Castro Haydar (2000), Lisandro Vargas Zapata (2001), Luis Meza Almanza (2000), Humberto Contreras Sereno (2001), Jairo Puello Polo (2001), Reinaldo Serna López (2002), Ángel de la Hoz Castelar (2004) y Alfredo Correa de Andreis (2004).
“Ocurrido todo esto en razón a una evidente razón política y económica, de apoderamiento de lo que significaba un lugar de libre expresión y oposición social al empoderamiento de estos grupos dentro de la ciudad, resulta obvio el interés de acallar cualquier voz de protesta en contra de aquellos que por las armas querían obtener el poder en la ciudad”, agregó.
La abogada de la familia Freytter recordó en su solicitud que, una semana antes de su muerte, el docente había sido objeto de una detención injustificada por parte de la Sijín, la cual sirvió para elaborar un perfil suyo y los posteriores seguimientos que derivaron en su plagio a manos agentes del Estado y dos paramilitares apodados ‘Moncho’ y ‘Chuqui’.
En 2015, la Corte Suprema de Justicia sentenció a 35 años de prisión al policía (r) Rafael Mariano Silvera, adscrito al Gaula, por los cargos de homicidio, tortura y desaparición forzada. En 2009, el Juzgado Único Especializado de Barranquilla condenó a 18 años y 6 meses de prisión a Carlos Romero Cuartas, alias ‘Montería’, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien confesó cómo se realizó el plan para retener y matar a Freytter. (Leer más en. (Leer más en: Los crímenes de la Universidad del Atlántico)
“‘Moncho’ y ‘Chuqui’ fueron los que lo capturaron porque los miembros del Gaula se pasaron de la calle cuando lo iban a coger, y como ‘Moncho’ iba atrás de estos, él y ‘Chuqui’ fueron los que lo cogieron y lo montaron en la camioneta”, contó Romero.
Freyter, un abogado nacido en Santa Marta y docente de Ciencias Sociales, fue secuestrado al mediodía del 28 de agosto de 2001 cuando llegaba a su casa en el barrio San Isidro, ubicada en el suroccidente de Barranquilla.
“En el momento en que están forcejeando con el fin de que se soltara de las rejas, lo golpearon y éste les decía que era profesor de la Universidad del Atlántico, pero sus agresores le contestaron: “Fuiste a hablar mierda a Bogotá”, señaló una testigo citada en la investigación.
Romero agregó que ‘Moncho’ lo llamó “como a las siete de la noche y dijo que llegara en un taxi allá, y llegué a una bodega cerca de la Vía 40 donde hacían barcos y veleros, y ahí tenían a este señor (…) Como a la una de la mañana llegó el teniente Torres, del Gaula de la Policía; Pacheco o ‘La Chacha’, él era agente, y Adriano o Mariano, agente también del Gaula, a recoger a ese señor que para irlo a botar; a él lo ejecutaron ahí dentro de la bodega. Pacheco le puso una bolsa y lo asfixió, de ahí lo subieron a un carro dos puertas, estilo QP, en el baúl. Era un carro rojo y se lo llevaron; después Pacheco comentó que él mismo le había dado unos disparos donde lo dejaron, lo comentó a los días de haberse hecho eso”.
- No es un acto asilado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, que está dirigido contra una multitud de personas.
La Fiscalía insiste en que se trató de un ataque generalizado contra miembros de la Universidad del Atlántico que realizaban oposición a los intereses de apoderamiento del alma mater por miembros de grupos al margen de la ley.
“El señor Freytter fue uno más de aquellos que fueron incluidos en ese gran conjunto, pues era un opositor de esos grupos y su inclusión en la Universidad y, además, porque era un líder entre sus pares, al punto de, como se demostró, ser elegido para representarlos ante otros organismos en defensa de sus derechos (sic)”, recalca.
Freytter era miembro activo en la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu).
- Se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que necesariamente se trate de la ejecución de una política de Estado.
La sistematicidad queda en evidencia por los señalamientos hechos por testigos y desmovilizados de las Auc involucrados en las pesquisas judiciales: “Se trató de un plan sistemático efectuado desde la parte superior de la organización criminal, en conjunto con miembros de la fuerza pública, para realizar un ‘barrido’ de todos aquellos que estuvieran en contra de sus intereses de empoderamiento del centro educativo”. (Leer más en: ‘Ojitos azules’, el verdadero poder del paramilitarismo en el Atlántico)
- Las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos.
“Homicidios, tortura, desaparición, son varias de las conductas existentes en ese ataque sistemático y para este caso, tenemos el homicidio y la tortura de la que fuera víctima el profesor”, advierte el Fiscal 76.
- El ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil.
“Era evidente la calidad que ostentaba el docente, pues nunca perteneció a algún grupo armado o de cualquier carácter que lo excluyera de la condición aquí requerida. Aunque se trataron de hacer algunos señalamientos con una posible relación con grupos armados de izquierda, aquello también fue desmentido completamente”, sostiene el despacho.
- El acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales
No hay duda para la Fiscalía que el interés de “las fuerzas oscuras que en connivencia participaron en el hecho nos permite observar que existía un interés de apropiarse no solo económicamente del alma mater, sino también desde el punto de vista político existía un interés en acallar esas fuerzas políticas que iban en contra de lo que se perpetraba en ese momento tanto en el claustro, como en todo el país. Basta estar un poco informado, para reconocer que las universidades públicas son objeto de constante ataque desde los grupos de extrema derecha que de una u otra forma ven en el libre pensamiento de estos centros un riesgo para sus intereses políticos. El homicidio del profesor Freytter obedece sin duda a una motivación política al menos en ese aspecto”. (Leer más en: El paso macabro de las AUC por Atlántico)
Luego de proferirse la decisión, Jorge Freytter Florián dijo en su cuenta de Twitter que el fallo significa un reconocimiento al caso de su papá y a las víctimas de crímenes de Estado: “Hay que ponerles nombre y rostros a los ejecutores intelectuales del genocidio que vivió la Universidad del Atlántico y otras universidades públicas del Caribe y del país”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), representante de la familia de la víctima, catalogó la declaratoria como una contribución muy importante a la verdad histórica sobre la expansión del paramilitarismo en el departamento de Atlántico y la región Caribe, y sobre la responsabilidad de agentes estatales en la misma. “Esta verdad sobre la persecución a la comunidad académica, el papel del Estado en el paramilitarismo y el exterminio del movimiento sindical en Colombia es fundamental para construir un relato amplio de la violencia que hemos vivido y para que hechos como estos jamás se repitan”, indicó al respecto.
