Según un estudio de la CNRR regional Antioquia en al menos un tercio de los municipios del departamento los reclamantes de tierras corren algún tipo de riesgo.
 Los campesinos se encuentran en riesgo cuando intentan retornar a sus tierras. |
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| Foto: Semana. |
En 44 municipios del departamento de Antioquia, reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas tienen algún nivel de riesgo, según un análisis sustentado en factores de violencia realizado por la sede regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).
Los hallazgos fueron obtenidos luego de cruzar información proporcionada por diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales bajo cinco variables específicas: presencia violenta de grupos armados ilegales, número de combates, desplazamiento forzado, incautación de sustancias psicoactivas e incautación de explosivos registrados entre los años 2010 y 2011.
Para determinar el grado de violencia en los 125 municipios de Antioquia se tuvieron en cuenta factores como números de combates registrados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac); la tasa de expulsión de desplazados durante el año 2009 según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); y los mapas de riesgo realizados por la Defensoría del Pueblo, la Corporación Nuevo Arco iris y la Misión de Observación Electoral (Moe).
José Arley Muñoz coordinador regional de la Cnrr afirmó, en rueda de prensa, que de los 2.324 predios registrados entre 2010 y 2011 como objetos de reclamo ubicados en91 municipios de Antioquia, 1.774 están en alto riesgo.
Las zonas más críticas son Urabá, el Bajo Cauca y el Oriente antioqueño. Los municipios más representativos son Turbo uno de los grandes ejemplos de expulsión de campesinos con 45.614 personas desplazadas, Granada que pasó de tener 20.000 habitantes hasta quedar con tal solo 4.300 y el Bajo Cauca, con tres municipios afectados: Tarazá, Caucasia y Cáceres.
Al respecto, Nelson García Amaya, Alcalde de Granada, Oriente antioqueño, afirmó que la situación en esta localidad no es tan crítica como dicen: “en los últimos 3 años no hemos tenido ni una sola muerte por parte de los grupos armados ilegales y se ha trabajado de la mano del Ejército y la Policía para monitorear la zona y realizar un acompañamiento conjunto con la ciudadanía. De esta manera, estamos buscando que las personas que perdieron sus tierras puedan retornar sin ningún peligro.”
La idea de construir este mapa surgió de las recomendaciones realizadas por la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Ruta de Seguridad y Protección a las Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia, en la que confluyen distintas instituciones del orden nacional, departamental y municipal, así como algunas agencias internacionales, tras evaluar algunas debilidades que rodean la atención en seguridad de los reclamantes de tierras y de los líderes de organizaciones de víctimas.
El objetivo de este trabajo apuntó a identificar aquellas zonas y situaciones donde las víctimas tienen un mayor nivel de amenazas y vulnerabilidades, “evaluando la oportuna respuesta de la institucionalidad, diferenciando los casos individuales y colectivos, procurando disminuir los riesgos y aumentar las capacidades de esta población”.
Con ese mapa, según Muñoz, se espera que las autoridades competentes puedan conocer la difícil situación que viven reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas de 44 municipios de Antioquia. “Este trabajo llegará a manos del Ministerio de Agricultura, la Vicepresidencia de la República y los demás estamentos que tengan poder de acción”, indicó el funcionario.
A la par de la divulgación del mapa de riesgo, la Mesa Interinstitucional presentó una serie de falencias en la atención del riesgo de los reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas del conflicto armado, frente a las cuales planteó una serie de recomendaciones.
Una de las preocupaciones centrales es el desconocimiento que tienen algunos de los organismos y funcionarios responsables de la ruta de atención contemplada en el Decreto 1737 de 2010, complementario de la Ley de Justicia y Paz, para aquellas personas que tienen problemas de seguridad, lo que se traduce “en la no oportuna y eficaz atención inmediata o de emergencia que se le debe brindar a la víctima”.
Hasta el día de hoy han sido asesinadas 59 personas que buscaban reclamar sus tierras. Según Antonio Madariaga delegado de la Mesa Nacional de Víctimas dijo que “la mayor parte de las muertes han ocurrido en la región norteña de Montes de María y los departamentos de Antioquia y Córdoba”. En Urabá han muerto alrededor de 10 personas relacionadas con la reclamación de predios y el liderazgo de organizaciones de víctimas.
Los casos más complejos se han registrado en Tulapas, donde el pasado mes de septiembre el Magistrado de Control de Garantías Olimpo Castaño Quintero ordenó cancelar los títulos fraudulentos y notificar que los predios volverán a sus reales dueños. Una de las exigencias del Castaño Quintero, fue velar por la protección de las personas restituidas por medio de brigadas de seguridad tanto del Ejército como de la Policía. Su decisión busca evitar que luego de que se realice la restitución, las personas sean asesinadas como fue el caso de Hernando Pérez en Turbo.
Frente a ello, la Mesa de Seguridad planteó “avanzar en la construcción de una estrategia de protección de manera participativa con una ruta clara y afinando las responsabilidades de cada instancia e institución, escuchando de manera permanente las voces de las víctimas y sus organizaciones”. Además, sugirió la impresión de cartillas e instructivos didácticos, jornadas de socialización, capacitación y el uso de los medios de comunicación, “así como la implementación de procesos de prevención que contemplen el concepto de autoprotección”.
La Mesa Interinstitucional también señaló como falencia los trámites administrativos que debe surtir cualquier gasto de la Policía Nacional para brindar atención de emergencia a las víctimas, “lo cual dificulta la atención inicial y oportuna a las víctimas, vulnerando sus derechos y aumentando los riesgos en su seguridad”.
Ante esa situación, solicitó a la Policía Nacional “definir un mecanismo efectivo que permita brindar la atención oportuna de emergencia a la víctima”, como lo contemplan las normas al respecto, y “buscar estrategias que aseguren el alojamiento y la alimentación de las víctimas en riesgo, ya sea por medio del establecimiento de un albergue de paso, contratos con hoteles, kit de alimentación y aseo, entre otros”.
Otra de las preocupaciones expresadas por la Mesa Interinstitucional está relacionada con la cantidad de dependencias a las que debe seguir una víctima para acceder a las garantías de seguridad, previa a la valoración del riesgo. “Este aspecto demora el proceso de protección”, advierte.
Para enfrentar esa falencia y teniendo en cuenta que la mayoría de casos de solicitudes de restitución de tierras y bienes se concentra en el Urabá antioqueño, sobre todo en el norte de esta subregión, se propuso diseñar una estrategia de seguridad “pensada desde lo local, con instituciones que tengan injerencia en la zona, estableciendo una Unidad de Atención Especial con sede en Turbo, que permita visibilizar la problemática, brindar atención oportuna y hacer seguimiento a los casos”. Asimismo, se sugirió construir un directorio de enlaces, que le permita a las instituciones remitir a las víctimas en todo momento y sin intermediarios.
Otro de los temas que reveló la Mesa como uno de los obstáculos de la búsqueda de protección tiene relación con los “niveles de desconfianza de las víctimas hacia la fuerza pública”, lo cual, según se dijo, se podría superar “generando espacios de confianza que permitan fortalecer los canales de comunicación entre víctimas e instituciones” y, en algunos casos, “ofreciendo acompañamiento a la víctima por parte del Ministerio Público”.
Finalmente se alertó sobre la presencia de actores armados ilegales en las distintas subregiones del departamento, lo que también “dificulta los procesos de restitución y aumenta los niveles de riesgo de las víctimas reclamantes”, por lo cual se dijo que si bien en la actualidad las victimas que se encuentran en procesos de restitución tienen un mayor riesgo, “no se debe subestimar la situación de otras víctimas en especial aquellas que ejercen un nivel de liderazgo y representación.
Con este conjunto de medidas, se espera que tanto reclamantes de tierras como líderes de organizaciones sociales se sientan acompañados por las instituciones y se le reduzca el espacio a la inseguridad en su legítimo derecho como víctimas.
Fuente: Cnrr.
