Esta semana fue asesinada una líder que exigía la restitución de tierras robadas por paramilitares en Córdoba. Con ella, extraoficialmente, ya son 48 los líderes asesinados.
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La mayoría de los asesinatos de líderes que reclaman tierras han ocurrido en Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca. – Hugo Ulcué, una nueva víctima en el Naya – Los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá – El miedo ronda a defensores y líderes de víctimas – La muerte persigue a los que reclaman sus tierras – La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre |
El asesinato de Martha Gaibao, en Córdoba, prende de nuevo las alarmas sobre la inseguridad que padecen las víctimas y los líderes que exigen la restitución de las tierras robadas por grupos armados ilegales.
En un comunicado, la Defensoría Nacional del Pueblo denunció el asesinato de Gaibao, quien representaba a un centenar familias de desplazados en Córdoba. “Martha era vocera del proceso de reubicación en el municipio de La Apartada. Fue víctima de varios impactos de bala por parte de desconocidos que huyeron”, señaló el pronunciamiento de la Defensoría.
Según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, la líder campesina representaba a 100 familias que habían sido reubicadas en La Jagua, un predio ubicado en el municipio de Ayapel. Aunque el Estado ya les había asignado ese terreno, los campesinos no podían instalarse allí ante la presencia de extraños que de forma constante los merodeaba y amenazaba.
“Martha y los campesinos entonces se mudaron a un barrio de invasión llamado Alfonso Paz, en el municipio de La Apartada. Cuando empezaron las amenazas, el presidente de la Asociación de Desplazados tuvo que salir de la región. Martha se quedó en la zona dando la pelea y la mataron”, contó una persona que vive en la zona.
Panorama crítico
Con el asesinato de Gaibao, ya son 48 los líderes de tierras asesinados desde 2002 hasta la fecha, según un listado suministrado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes (haga clic aquí para ver la lista de personas asesinadas).
La víctima más reciente había sido Nayibis María Centeno, líder de una asociación de desplazados del César que exigía la restitución de terrenos robados a los campesinos por ‘Jorge 40’. También David de Jesús Góez, un líder que representaba a 120 familias que perdieron 20.000 hectáreas en Turbo, Urabá; Bernardo Ríos Londoño, integrante de la Comunidad de Paz del Urabá, así como Éder Verbel Rocha, un campesino que se había negado a vender su finca a un sujeto señalado de tener vínculos con el grupo de Los Urabeños. Los tres campesinos fueron asesinados entre el 22 y 23 de marzo de 2011 en tres sitios diferentes.
Según lo han denunciado las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, los asesinatos de los líderes están relacionados con reclamaciones de tierra, que fueron robadas hace varios años por grupos armados ilegales y que en la actualidad están siendo explotadas por testaferros de paramilitares o empresarios que disponen de los predios para cultivos extensivos. Los homicidios y asesinatos sistemáticos contra los líderes han sido principalmente en Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca.
Los asesinatos de estos líderes vienen reportándose desde 2002, cuando los paramilitares comenzaron el proceso de negociación con el Gobierno para desmovilizarse. Con la formulación de la Ley de Tierras y de Víctimas, que está en proceso de aprobación en el Congreso, las organizaciones están solicitando al Gobierno garantías para retornar a sus tierras.
“La muerte violenta de líderes de tierras en Córdoba parece constituir una forma de presión armada para impedir los procesos de restitución de tierras, y un acto de intimidación sobre las personas que reclaman el respeto y la garantía de su derecho La Defensoría insta a las autoridades competentes a poner en marcha un programa de protección colectiva y adoptar medidas eficaces contra los factores de riesgo identificados en esta zona del país”, concluyó la Defensoría.
El riesgo que corría Martha Gaibao y la comunidad que vive en La Apartada había sido alertado en el Informe de Riesgo 012-10 de la Defensoría.
