Un campesino que representa a 95 familias desplazadas del sur del Cesar recibió un sufragio firmado por “Grupo Armado Anti-restitución”.
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| Un supuesto grupo anti-restitución amenazó a un reclamante en Cesar. Foto Semana |
A menos de un mes de haber entrado en marcha Ley de Víctimas que pretende reparar a cuatro millones de personas desplazadas y devolverles dos millones de hectáreas que les fueron usurpadas, en el sur del Cesar fue amenazado el líder de una asociación que representa a 95 familias reclamantes de tierras en ese departamento.
La amenaza ocurrió el miércoles 25 de enero de 2012 cuando el campesino llegó a la habitación donde se hospedaba y le entregaron un sobre de papel manila. Adentro había una tarjeta fúnebre con su nombre y firmada por “Grupo Armado Anti-restitución del Cesar”. El líder no tuvo otra opción que salir desplazado de la región y denunciar la amenaza ante las autoridades.
Aunque durante 2011 el líder había recibido otro sufragio y de su habitación fueron hurtados varios celulares y los documentos del proceso de restitución que defiende,considera que el último sufragio llegó después de que su nombre fuera publicado por varios algunos medios de comunicación. “Nosotros no somos familias que nos estemos aprovechando de la Ley de Víctimas, es que somos víctimas desde 1986 y eso está demostrado con documentos”, dijo.
El líder representa a 95 familias que solicitan la titulación de una parcela en la Bellacruz, una antigua hacienda ubicada en el municipio de La Gloria, en el sur del Cesar, que en 1996 fue centro de polémica nacional porque de allí fueron desplazadas más de 300 familias por paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado Becerra a cargo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’.
En versiones libres, alias ‘Rancho’, un desmovilizado de ese grupo, confesó ante la Unidad de Justicia y Paz que el grupo paramilitar fue contratado por los dueños de la hacienda. (Lea Las trampas de Bellacruz y Tierra prometida en La Bellacruz).
Aunque las familias llevan más de 20 años exigiéndole al Estado que les titule una parcela, con la aprobación de la Ley de Víctimas en 2011, el caso de Bellacruz se reactivó cuando los campesinos volvieron a tocar las puertas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, allegando documentos que apuntaban a la titulación irregular de predios dentro de la antigua Bellacruz y la existencia de unos terrenos baldíos.
Así el 5 de septiembre de 2011 el Subgerente encargado de Tierras Rurales del Incoder firmó una resolución en la que ordenó una inspección ocular a la antigua hacienda para confirmar la existencia de los terrenos baldíos. La decisión fue apelada por el abogado que representa a MR Inversiones S.A.S, la firma que antiguamente explotaba la Bellacruz.
Tres meses después, con una nueva resolución, el Incoder resolvió el recurso de reposición interpuesto por la firma y decidió dejar en firme la anterior resolución.
VerdadAbierta.com habló con funcionarios del Incoder, quienes explicaron que el proceso continúa en etapa probatoria. Es decir, que dependiendo de los resultados de la inspección ocular decidirán si comienzan o no un proceso de recuperación para su posterior titulación alos campesinos. Sin embargo, explicaron que, por el momento, desconocían la amenaza que había recibido el líder reclamante.
Pese a las amenazas el líder dijo que él y los campesinos seguirán reclamando las tierras porque “es justo, porque en realidad somos víctimas y hemos actuado en derecho”.
Las familias exigen que se realice un estudio a las tierras tituladas en la zona por el antiguo Incora “porque a muchos se les tituló menos de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, o no se les notificó”, y que además se recuperen los baldíos, calculados en por lo menos 1.500 hectáreas, para que también sean adjudicadas a las víctimas de la violencia.
“Comenzó el proceso de restitución pero no vemos el apoyo del Estado. ¿Dónde está la Ley de Víctimas?”, preguntó el líder.
Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio de Justicia, dijo que ya fueron notificados del caso y que de inmediato implementaron medidas de emergencia. “Rechazamos estos hechos y nos preocupan. Un proceso de restitución de tierras en las dimensiones e importancia como la que se ha propuesto sacar adelante este gobierno, sin duda, tendrá obstáculos. Uno de ellos son las amenazas provenientes de sectores que tienen intereses en que esto no ocurra. Sin embargo, la institucionalidad está preparada para afrontarlos. La Unidad Nacional de Protección tiene como prioridad la protección de los beneficiarios de la restitución”, dijo Villamizar.
Según datos de esta Unidad, hasta el momento han recibido 29 solicitudes de protección a líderesreclamantes, 44% provenientesde Córdoba, 32% de Tolima, 13% de Antioquia y 10% provenientes de Chocó, Valle del Cauca y Caldas. Entre 2002 y diciembre de 2011, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, tiene registrados el asesinato de 53 reclamantes de tierras en el país.
