Daniel Abril y Luis Francisco Hernández eran líderes reconocidos en comunidades campesinas y afros en estos dos departamentos. Las amenazas y agresiones persisten en otras regiones, como Cauca y Magdalena Medio.
Daniel Abril fue asesinado a tiros el 13 de noviembre a las 6:40 de la tarde mientras estaba en una panadería en el municipio de Trinidad, en Casanare. Foto: suministrada Cospacc.
Las comunidades de Trinidad, Casanare, y Tierralta, Córdoba, están consternadas. El pasado viernes (13 de noviembre) dos de sus líderes, de quienes recibían consejo y representación en distintas organizaciones sociales de derechos humanos, fueron silenciados por las balas de sicarios que los buscaron en sus propios barrios. Uno de ellos era Daniel Abril; el otro, Luis Francisco Hernández. Pese a que sus crímenes fueron reportados por oenegés, sus historias no tuvieron despliegue en los medios nacionales. Abril era un asiduo defensor del medio ambiente y Hernández un defensor de los derechos afros.
Ambos eran voceros de comunidades que, aunque están distantes una de la otra, tienen una historia similar, marcada por el conflicto armado. Daniel Abril trabajaba con varias organizaciones sociales como la Voz de la Tierra, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Congreso de los Pueblos; el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, la Corporación Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc) y la Corporación Claretiana NPB.
Según un comunicado elaborado en conjunto por varias de estas organizaciones y publicado en la página web del Movice, Abril denunció la corrupción de varios funcionarios públicos, los intereses por la tierra de varias multinacionales del petróleo y múltiples casos de despojos de tierras. Sus amigos recuerdan que era un defensor incansable de los derechos humanos y del medio ambiente, razón por la que participó “en todas las protestas contra las petroleras, develando y denunciando los graves impactos de éstas en la región” y advirtió sobre la “inoperancia de Corporinoquía (la autoridad ambiental)”, indica el comunicado.
Las organizaciones sociales advierten que Abril había sido intimidado por integrantes de la fuerza pública y aunque sus amigos aseguran que no había recibido una amenaza directa recientemente, sí expresaba preocupación por su seguridad. “Daniel era muy querido por la comunidad. Era un hombre con capacidad de denuncia, que apoyaba a las víctimas con diligencias en Bogotá y Villavicencio”, relata un habitante de la zona, de quien se reserva su nombre por razones de seguridad.
En Trinidad, como en el resto del Casanare, el Estado está en deuda con las víctimas. Allí ni siquiera ha llegado la justicia transicional pues los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc), más conocidas como ‘los Buitragueños’ o los paramilitares de ‘Martín Llanos’, no se desmovilizaron. Es decir, las víctimas de esta región no tuvieron la oportunidad de ser reparadas dentro del proceso Justicia y Paz.
De momento, tampoco en temas de restitución de tierras, pues el único municipio ‘microfocalizado’, avalado por el Ministerio de Justicia para que la Unidad de Restitución documente casos es Villanueva. Ni siquiera el departamento cuenta con sede de la Unidad de Tierras, pues ésta se encuentra en Villavicencio, en el vecino departamento del Meta. Según datos del Cinep y de Cospacc, que en 2009 publicaron el informe Casanare: exhumando el genocidio, en Casanare hay por lo menos 2 mil 500 desaparecidos.
Según la Unidad de Víctimas, en Trinidad han sido desplazadas forzosamente 1.428 personas en los últimos 30 años; y hay reclamaciones por casi 30 mil hectáreas. Esta cifra puede ser superior si se tiene en cuenta que este fue el último reporte de la Unidad de Tierras en mayo de 2013, cuando era accesible la información sobre número de solicitudes y hectáreas reclamadas en restitución por municipio y departamento.
“No esperen a que nos maten”
Luis Francisco Hernández González era líder de la comunidad afro en Tierralta, Córdoba. Fue asesinado por sicarios el viernes 13 de octubre a las siete de la noche cerca de su vivienda. Foto: suministrada El Heraldo.Esta frase la reitera un habitante del municipio de Tierralta, Córdoba, y añade con nostalgia que su región sólo es noticia cuando sucede alguna calamidad. Conocía a Luis Enrique Hernández, un hombre de 48 años, dedicado al trabajo comunitario de la vereda Nuevo Tay. Sus familiares, de quienes se protege su identidad por razones de seguridad, explican que aunque Hernández había decidido participar de la Mesa de Víctimas de forma reciente, su trabajo se enfocó en las reclamaciones del pueblo afro.
“La gente lo consultaba. Le preguntaba que cómo podía reclamar sus derechos y él los orientaba”, dice un vecino de la zona. Hernández fue tres veces Presidente de la Junta de Acción Comunal, miembro del frente de seguridad promovido por la policía comunitaria e integrante del Consejo Consultivo Municipal y Departamental en representación de la población afrodescendiente.
Según la comunidad, en 2010 el líder fue amenazado, se desplazó de la vereda y buscó refugio en el casco urbano de Tierralta, recibiendo medidas de protección del Estado que luego le fueron retiradas al considerar que ya no corría riesgo. “No había vuelto a recibir amenazas. La comunidad está indignada. Era un hombre muy importante para la comunidad afro”, reitera uno de los pobladores.
Tierralta ha sido escenario de una cruenta guerra. En este municipio el jefe paramilitar Salvatore Mancuso mandaba a sus anchas y fue un punto clave desde donde se expandió el modelo paramilitar hacia Norte de Santander, se ordenaron asesinatos, desapariciones y desplazamientos en Córdoba. El corregimiento de Santa Fe de Ralito fue epicentro del Pacto de Ralito, una alianza criminal firmada en 2001 entre paramilitares y políticos locales y nacionales para garantizar su poder en las urnas.
Allí, según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado desplazó a 94 mil 487 personas desde 1985 a la fecha y hasta mayo de 2013 por lo menos 301 familias reclaman la restitución de 22 mil 616 hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas por violencia. A la fecha, la Unidad de Tierras ha radicado ante los jueces especializados 40 demandas de restitución de casos de Tierralta, seis ya tienen sentencia.
Trinidad y Tierralta reclaman justicia. La próxima semana una delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) visitará el primer municipio con el propósito de constatar la situación. Las familias exigen celeridad a la Fiscalía en investigación, acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y atención por parte de las distintas autoridades.
Los casos de Abril y Hernández no han sido los únicos de líderes asesinados en noviembre. En un comunicado emitido el martes pasado (17 de noviembre), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una red de 265 organizaciones que promueve y defiende los derechos humanos, recordó que John Jairo Ramírez Olaya, un líder afrodescendiente de procesos juveniles, fue asesinado el 9 de noviembre en Buenaventura, Valle.
Las organizaciones sociales rechazaron, además, el reciente atentado contra el líder indígena nasa Feliciano Valencia, quien fue condenado a 18 años de cárcel por la justicia ordinaria por el secuestro y tortura a un cabo del ejército en hechos ocurridos en noviembre de 2008. Aunque la Policía descarta un atentado contra el líder, la comunidad indígena habla de cuatro hombres que llegaron este martes hasta Gualanday, en Santander de Quilichao, donde está recluido Feliciano, y dispararon en seis ocasiones con armas de largo alcance.
18 años de prisión para Feliciano Valencia: ¿justicia?
“El Comité condena profundamente estos hechos, se solidariza con las familias de los defensores asesinados y con Feliciano Valencia, y hace un llamado urgente al gobierno nacional a implementar medidas efectivas para proteger la vida de los dirigentes ambientales, líderes y lideresas de procesos en defensa de la tierra y el territorio y defensores de derechos humanos en general”, reiteran las organizaciones sociales.
VerdadAbierta.com solicitó información a la Unidad de Víctimas sobre los casos de Daniel Abril y Luis Francisco Hernández, así como de la intervención de este organismo del Estado en los municipios de Trinidad y Tierralta, quedando a la espera de una respuesta oficial. De momento, en su página web rechazó el asesinato del líder afro y pidió a la Fiscalía investigar el crimen.
“Sin tierra no somos nada”
Feliciano Valencia es uno de los líderes más visibles de las comunidades indígenas del norte de Cauca. Foto: archivo Semana.En otras regiones como el Magdalena Medio persisten las amenazas contra las comunidades campesinas reclamantes de tierras de origen baldío. Es el caso de 60 familias del corregimiento de El Guayabo, en Puerto Wilches, Santander, que reclaman desde hace tres décadas la posesión sobre 200 hectáreas de una antigua hacienda.
Líderes de la comunidad le contaron a VerdadAbierta.com que el viernes 30 de octubre varios hombres escondidos entre matorrales dispararon contra cinco campesinos que trabajan en cultivos de pancoger. “Nos dijeron que nos teníamos que ir, que esas tierras no eran nuestras. Luego vino la amenaza: ‘miren lo que les va a pasar’ y nos comenzaron a disparar”, relata un campesino.
La historia detrás del desalojo de campesinos de El Guayabo, Puerto Wilches
Los campesinos de El Guayabo denunciaron estos hechos ante la Fiscalía sin que de momento haya pesquisas para averiguar quiénes fueron los responsables del tiroteo y brindarles medidas de protección. El Incoder tampoco se ha pronunciado frente a la reclamación de titulación de la comunidad. Aunque resultaron ilesos, uno de los campesinos quedó psicológicamente afectado al punto que tuvo que ser hospitalizado. “Esto es vivir en medio de la zozobra. Volvimos a los cultivos bajo riesgo. Esta es una tierra muy productiva y por eso nos la quieren quitar”, dice un campesino, quien explica que los campesinos desarrollan ganadería pequeña y cultivos de plátano, yuca, ahuyama, maíz, fríjol además de variedad de frutas.
El más reciente estudio del Programa Somos Defensores advirtió que durante el primer semestre de 2015 cada cinco días asesinaron a un defensor de derechos humanos. Durante los primeros seis meses del año, 332 defensores fueron amenazados, 34 fueron asesinados, 25 recibieron atentados, cuatro fueron detenidos arbitrariamente, tres fueron víctimas de uso arbitrario del sistema penal y se registró un caso de hurto de información.
Primer semestre de 2015: cada cinco días asesinaron a un defensor de derechos humanos
Las organizaciones sociales advierten que el Estado debe poner atención a los riesgos que persisten sobre los defensores de derechos humanos de cara al proceso de paz. Por ejemplo, el punto de víctimas, que es el que ha llevado más tiempo de negociación entre las partes, propone crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, en el que la no repetición de las violaciones a los derechos humanos es un factor medular para que el conflicto armado termine.
Por otro lado, el punto agrario propone crear un Fondo de Tierras para la Paz, que mejore la distribución de la propiedad rural entre comunidades sin tierra pero, como se ve en terreno, estas comunidades siguen siendo amedrentadas sin que el Incoder tome una decisión de fondo para solucionar los conflictos por la tierra. Sin salvaguardar la integridad de quienes defienden los derechos de campesinos, indígenas y afros,con dificultad podrá concretarse la llamada “paz territorial” que promete el acuerdo final de paz.
