Arauca: prueba de fuego para las zonas de concentración

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Sellos Zonas Veredales

VerdadAbierta.com recorrió las dos veredas que fueron elegidas inicialmente para la desmovilización de la guerrilla. En esta región olvidada por el Estado, los araucanos han vivido bajo las reglas de las Farc, con la amenaza latente del Eln y estigmatizados por la Fuerza Pública. Tercera entrega de la serie de cuatro reportajes sobre las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

zv arauca 1Con mensajes alusivos a la finalización del conflicto la comunidad de Bocas del Ele se prepara para recibir a las Farc en su territorio, aseguran no tener miedo y estar preparados para la reconciliación. Foto: Andrés Celis.

Nota de la redacción: En la tarde de hoy, dos días antes de que inicie la Décima Conferencia de las Farc, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; el comandante del Comando Estratégico de Transición, general Javier Flórez y los miembros del Secretariado, se reunieron en los Llanos del Yarí, sede de la convención guerrillera, y emitieron un comunicado en el que anunciaron que por motivos logísticos en total se usarán 20 zonas veredales -y no 21- para la concentración y entrega de armas de los futuros desmovilizados. Posteriormente, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, confirmó que sólo se usará para tal fin la vereda de Bocas del Ele. Fue descartada Filipinas.

Aunque viven a hora y media de la capital de Arauca, en Bocas del Ele no hay agua potable, ni alcantarillado. No hay señal de celular y mucho menos internet. El servicio de luz, instalado hace poco, falla constantemente y, en épocas de lluvias, las vías de acceso son intransitables. Pasa lo mismo en Filipinas, a tres horas más de camino, donde solo a veces una enfermera atiende el puesto de salud y los profesores son los únicos funcionarios que representan a un Estado ausente.

Aun así, en estas veredas hay esperanza. Con banderas blancas, murales en las paredes de sus casas y sancocho, han recibido durante estas últimas semanas a los políticos, los medios de comunicación y los organismos internacionales que raramente llegaban hasta su pueblo. “A mí me sorprende, nunca creí que iba a ver esto en Filipinas. Se siente un alivio, como que podemos respirar de otra forma, por fin”, contó Eva María Sierra, una de las profesoras que fundó el colegio.

Que Bocas del Ele, en el corregimiento de Cañas Bravas, y Filipinas, en Puerto Jordán, hayan sido elegidos como Zonas Veredales Transitorias de Normalización donde la guerrilla se concentrará por seis meses para iniciar la entrega de armas y su camino a la vida legal, es motivo de felicidad entre sus pobladores. Sienten que llegó la hora de exigir la inversión que el Estado nunca les dio.

“No solo porque estén dialogando con las Farc va a llegar la paz. La paz es la que vamos a hacer nosotros con el Estado colombiano. Solo le pedimos tres cositas: salud, educación y vivienda”, afirmó un miembro de la Junta de Acción Comunal de Bocas de Ele.

El miedo, sin embargo, no desaparece. Aunque las Farc son el grupo armado que más fuerza tiene en esas veredas, el Eln hace presencia constante. Aún no han sanado las heridas que dejaron más de cinco años de guerra entre las dos organizaciones guerrilleras desde 2005. Y aunque ese grupo guerrillero anunció que no intervendrá en las zonas de ubicación, las recientes olas de violencia y el paro armado decretado desde el 12 al 15 de septiembre aumenta el ambiente de zozobra entre los pobladores.

mapa zonas veredales araucaFilipinas y Bocas del Ele fueron las dos veredas escogidas en el departamento de Arauca para la desmovilización de las Farc. La ubicación de los frentes es según la Fundación Ideas para la Paz.

Pueblos de colonos

Hace 20 años en Filipinas solo vivían tres familias, hoy son 215. Como el resto de Arauca, Cañas Bravas y Puerto Jordán nacieron a punta de bonanzas. Desde finales de los años sesenta, campesinos de todo el país llegaron al Sarare, la región selvática que une a los Llanos con Norte de Santander, impulsados por programas del Incora y la Caja Agraria. En Filipinas y Bocas del Ele se instalaron atraídos por la bonanza maderera.

Talando árboles y cazando especies nativas, los colonos fueron cercando el espacio de grupos indígenas como los Hitnú, una comunidad étnica única que tienen seis resguardos enCañas Bravas y que está en peligro de desaparecer. “El Estado nunca planeó una política de inversión, siempre fuimos solo nosotros los que empezamos a tumbar la montaña para entrar y cultivar la papa, la yuca o el plátano”, recordó José Chica, miembro de la Junta Acción Comunal de Filipinas.

Llevan más de 30 años construyendo sus pueblos, sin ayuda del Estado. Cuentan los campesinos que las vías de acceso las abrieron ellos mismos a punta de pico y pala, financiadas con el cobro de los peajes que aún hoy administran las juntas de Acción Comunal.

El servicio de luz llegó solo hace dos años, con frecuentes fallas, y el agua que consumen en insalubre, según estudios el 98 por ciento está contaminada con materia fecal. Cuando se enferman de gravedad, los campesinos tienen que recorrer horas de camino para llegar a un hospital, pues en sus veredas solo hay puestos de salud en los que no siempre hay una enfermera.

Los colegios siguen en pie por el trabajo incansable de los profesores que le han “rogado” a las autoridades locales que construyan aulas y financien el trasporte de los niños que deben caminar hasta tres horas para llegar a clase. Aun así, en Bocas del Ele, la Secretaría de Educación no ha aprobado que se dicten los grados décimo y once, y en Filipinas las paredes que separan algunas aulas siguen siendo bolsas de plástico.

Por este tipo de dificultades, los menores han dejado el colegio para irse a trabajar, y otros porque han pasado a formar parte de las filas guerrilleras. Sin embargo, la situación de las cinco promociones que se han graduado en Filipinas no es muy promisoria.  “Un joven me decía en estos días: ‘profesora, pero ¿para qué estudiamos? ¿cuántos profesionales hay sin trabajo?’. Lo que nosotros queremos es que los muchachos que se gradúan tengan empresas donde meterse”, explicó la docente.

Los campesinos se preguntan también, qué va a pasar con sus fincas si se firma el acuerdo de paz con las Farc. Ninguno en estas veredas tiene títulos de los predios que trabaja. Durante años, las agencias del Estado que se han encargado de regular las tierras en el país no han atendido sus solicitudes. “Nos han dicho que esto es resguardo indígena, que es tierra de interés petrolero, que por la situación del conflicto. Al día de hoy todos sabemos de quién es cada finca, pero nadie tiene papeles”, admitió un líder comunitario de Bocas del Ele.

El primer reto será entonces que los pobladores recuperen la confianza de un Estado hasta ahora invisible, con el propósito de reconstruir el tejido social que  por años la guerra deterioró.

Viviendo con las Farc

Este escenario de abandono permitió que grupos armados ilegales impusieran el orden social en estas veredas. A mediados de los años setenta, la guerrilla del Eln sentó sus primeras bases en el departamento, pero fue solo hasta el 14 de septiembre de 1980, con la toma del corregimiento de Betoyes, en Tame, que el ‘Frente Domingo Laín’ dio su primer golpe.

Unas semanas antes, las Farc había anunciado la llegada del Frente ‘Guadalupe Salcedo’, o Frente 10, con el ataque al puesto de policía de Fortul. A punta de extorsiones, estos grupos – sobre todo el ‘Domingo Laín’– se fortalecieron con la construcción del Oleoducto Caño Limón–Coveñas, que inició operaciones en 1985.

Aunque no existía una división oficial, hacia el norte de Arauca se ubicaba con más fuerza el Eln y al sur – donde están las veredas de Filipinas y Bocas del Ele – las Farc.  “Ellos han tenido una presencia histórica en todo el departamento y ante la ausencia del Estado, de la Fuerza Pública, nosotros hemos visto en la insurgencia una autoridad en territorio. Ellos son los que resuelven conflictos de la comunidad”, contó un habitante de Filipinas.

Las Farc fijó las pautas de comportamiento y sancionó a quienes las incumplían con trabajos. Por ejemplo, si alguien tenía una pelea, lo enviaban a construir carretera, a trabajar en sembradíos o a limpiar, pero si en el enfrentamiento había un muerto de por medio, la guerrilla podía “ajusticiarlo”.

Estas complejas relaciones con las Farc han tenido un gran impacto en las comunidades. Son comunes, por ejemplo, los relatos de empleados de Telecom, profesores o dueños de tiendas que fueron desplazados tras ser acusados de “sapos”. En medio de los enfrentamientos con el Ejército, la población quedó sujeta apresiones de la guerrilla, que no veía con buenos ojos que los habitantes de Bocas del Ele o Filipinas tuvieran contacto con miembros de la Fuerza Pública.

“Uno allá vive asustado, amedrentado. Si llegaba el Ejército uno no podía siquiera hablarles porque la vida estaba en peligro. Si me miraban hablando ya decían que uno era informante”, aseguró una mujer que fue desplazada por la guerrilla en 2010, luego de que miembros del Ejército visitaran su tienda un par de veces.

La presencia del Ejército es reciente. Hay quienes aseguran que la Fuerza Pública solo llegó a la región para salvaguardar la explotación petrolera, “uno quisiera creer que llegaron a proteger a la población civil, pero no, llegaron fue a proteger la infraestructura petrolera del entonces campo de petróleo de Cari Cari”, aseguró un líder social, quien pidió la reserva de su nombre.

Pero ese no es el único reclamo contra las Farc. Tal como sucedió en la Caquetá, la guerrilla persiguió a los creyentes de la iglesia evangélica. En Bocas del Ele, por ejemplo, a los seguidores de la Iglesia Adventista, no se les permitió reunirse y mucho menos invitar a ningún pastor hasta el pueblo. “El día que decidimos instalar la iglesia nos encañonaron. A ellos no les gustaba la iglesia porque atrapábamos almas y nos las dejábamos ir a la guerra”, recordó una persona que hizo parte de esta comunidad religiosa y quien afirmó que varios de sus seguidores fueron obligados a salir del caserío. (Ver: La contra-cruzada contra los evangélicos)

En los últimos años, luego de la guerra con el Eln y con la puesta en marcha de los diálogos de paz con el gobierno nacional, el control de las Farc sobre la población ha disminuido y las juntas de Acción Comunal han jugado un papel más importante e independiente. “La participación ya ha dejado de ser armada y ahora es civil. Muchos de los que antes acudían al comandante de guerrilla, ahora van donde el presidente de Junta para preguntarle por los proyectos de ordenanza. Las Juntas son más organizadas. Ya han aprendido a pedir partidas, han tocado temas de explotación petrolera, de explotación maderera. Han gestionado proyectos productivos. Ha sido el primer paso para superar ese para-Estado”, sostuvo una fuente de la Gobernación de Arauca.

Los ‘paras’, la coca y las minas

Las Farc aumentaron su presencia en Arauca, luego de que dividieran su Frente 10 para crear el Frente 45. A finales de los noventa, de acuerdo con información de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), este grupo alzado en armas logró convertirse en la guerrilla de mayor preponderancia en el departamento y desde entonces comenzaron a participar en el control del negocio del narcotráfico. De acuerdo con los pobladores, en el año 2000 se vivió la mayor bonanza cocalera. De nuevo, cientos de colonos llegaron al departamento tras los buenos precios que pagaban por la coca.

El aumento de los cultivos de la hoja de coca motivó la llegada de los narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, más conocidos como ‘Los Mellizos’, quienes en agosto de 2001 fundaron el Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Ver: El terror que sembró el Bloque Vencedores de Arauca)

De acuerdo con información de la Fiscalía, en su máxima expansión, el grupo paramilitar de ‘Los Mellizos’ llegó a cubrir el 60 por ciento del departamento. Su presencia fue más intensa en Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, de donde cientos de personas salieron desplazadas. Aunque los paramilitares nunca llegaron hasta Bocas del Ele ni Filipinas, los campesinos sintieron los rezagos de la guerra que comenzaba.

Con la puesta en marcha del Plan Colombia, llegaron las aspersiones aéreas para erradicar los cultivos ilícitos. El glifosato cayó sobre la mata de coca, pero también sobre el pancoger. “Esos terrenos fumigados se quemaron y se dañaron. Esa fue la única inversión que ha hecho el Estado en nuestra tierra y terminó acabando con suelos productivos y contaminando el agua”, contó un campesino de Filipinas.

Pese a esa intervención, los cultivos de hoja de coca no desaparecieron totalmente.  El gobierno nacional no tiene a Arauca en el radar como uno de los departamentos más cocaleros, pues según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2016 solo había 16 hectáreas sembradas. Sin embargo, en un reciente censo que hicieron las organizaciones campesinas, con ayuda de las juntas de Acción Comunal, calcularon que la cifra rondaba las 700 hectáreas.

Además, para evitar una confrontación directa con los paramilitares y el Ejército, las Farc aumentaron el uso de minas antipersonal, en especial en cercanías del Oleoducto Caño Limón –Coveñas y las zonas cultivadas con hoja de coca. Los profesores de Filipinas recordaron que cada fin de semana, cuando regresaban a sus casas, preferían no salirse ni un milímetro de las trochas para evitar ser víctima de una mina.

Las guerrillas tampoco respetaron los resguardos indígenas y hasta allá llegaron con sus artefactos explosivos, como han denunciado los indígenas Hitnú. “Los grupos entraban a las casas de los indígenas y dejaban objetos que explotaban. A mi tío Rafael Pérez lo mató una mina, era un médico tradicional que curaba casi todas las enfermedades. Lo perdimos y ya no hay otra persona que haga eso”, expresó José Montaño, miembro de esta comunidad.

Los Hitnú denuncian que en su resguardo aún hay minas sin desactivar. De acuerdo con la información de Acción Contra Minas, las víctimas de estos artefactos explosivos aumentaron entre 2004 y 2009, pero aún hay accidentes. Durante lo que va de este año, 16 personas han sido afectadas por las minas antipersonal.

La guerra de las Farc y el Eln

zv arauca 3Por años el colegio de la vereda Filipinas fue testigo de los horrores de la guerra, fuego cruzado y niños desertores acompañaban el paso de los años. Ahora, un nuevo aire se respira en la institución creen que la finalización del conflicto con las Farc será una nueva oportunidad para que entre el progreso. Foto: Andrés Celis.Después de la desmovilización del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, en diciembre de 2005, se desató una guerra sin precedentes entre las Farc y el Eln por el control del territorio, del negocio de la coca – al que ya habían entrado los ‘Elenos’– y de la frontera con Venezuela. Se calcula que entre 2005 y 2009 murieron cerca de 2 mil personas, la mayoría de la población civil.

La polarización del conflicto llegó hasta las veredas, los campesinos eran considerados objetivo militar del Eln por vivir en una vereda de influencia de las Farc y viceversa. “Esa fue la parte más aguda del conflicto en esta zona. Es que si se matan entre el gobierno y la guerrilla, pues bueno, allá ellos. Pero quedar en medio de la guerra de las dos organizaciones que supuestamente son socialistas, eso fue lo que le cambió la vida al campesino”, dijo un líder de Bocas del Ele.

Fue tal el desplazamiento que causó la confrontación armada entre las guerrillas en ese caserío que los pobladores recuerdan un 31 de diciembre en el que solo quedaban 8 personas de las 100 familias que vivían en la vereda. “Esa noche llegamos al Telecom a las 12, llamamos a nuestras familias y nos tocó escondernos”, recordó un poblador. En Filipinas no olvidan las tardes en las que, estando los niños en el colegio, se desataban las balaceras y todos tenían que buscar refugio.

La guerra se intensificó, según dicen los araucanos, cuando el Eln se alió con el Ejército para perseguir a las Farc, tal como denunciaron investigaciones periodísticas en su momento. “Ellos han tratado de disculparse con el pueblo, pero es que no hay disculpas para ellos. El dolor lo sintieron los campesinos y así no tenían que ser”, se lamentó uno de los entrevistados.

En 2010, alias ‘Gabino’, por el Eln, y ‘Alfonso Cano’, de las Farc, acordaron que sus hombres en Arauca debían encontrarse para discutir los términos de un “cese de hostilidades”. Desde entonces no hay territorios vedados para ninguno de los dos grupos. Tanto así, que en los caseríos elegidos como zonas veredales de vez en cuando hace presencia el Eln. (Ver más: Un singular pacto de paz entre el Eln y las Farc)

zv arauca 4Pese a la presencia de la guerrilla de las Farc en ambas veredas, desde finales de 2010 Arauca fue declarado territorio de libre tránsito de ambas guerrillas. Foto: Andrés Celis.La disputa entre las dos guerrillas dejó sembradas profundas desconfianzas que no han sido superadas. Aunque el Eln afirmó recientemente que no iba a interferir en la desmovilización de las Farc, los pobladores temen que se tomen represalias contra ellos. “Es que yo no voy a vivir en la zona de concentración de las Farc toda la vida, si tengo que salir a otras partes donde manda el Eln no quiero que me mire como un enemigo que se alió con las Farc y con el gobierno”, expresó un campesino con preocupación.

Los araucanos saben el poder que el Eln tiene en su departamento y tienen claro que la paz no va a ser posible hasta que esa guerrilla no llegue a un acuerdo con el gobierno nacional. De acuerdo con fuentes de Pastoral Social en Arauca, este grupo subversivo ha tenido dos fuertes arremetidas contra la población civil en los últimos meses. Entre septiembre y octubre del año pasado y en febrero y marzode este año. En cada oportunidad sicarios mataron a cerca 20 personas que han sido arrojadas en la ribera del río Arauca.

Además, organizaciones sociales cercanas al Partido Comunista y a la Unión Patriótica aseguran que el Eln sigue matando a sus simpatizantes. “El pasado 25 de agosto asesinaron a un moto taxista, hijo de un compañero ex concejal dela UP, en Arauquita. Para nadie es un secreto que quien manda en el municipio son lo elenos, entonces a quién más se le va a atribuir el crimen? Ya varias veces el partido comunista se ha comunicado mediante cartas con el Coce para que dejen de matar gente inocente y menos de proceso sociales y políticos. Sin embargo, todo sigue igual; piedra que se mueve, el Eln sabe que se movió”, aseguró un líder social de la región.

El horror de la fuerza pública

zv arauca 5La presencia de la fuerza pública en la región ha sido por décadas sinónimo de desconfianza, al igual que ocurre con los demás actores armados. Al Ejército se le han atribuido decenas de vejámenes producto de la guerra en el departamento. Foto: archivo Semana.No solo las guerrillas y los grupos paramilitares causaron daño en le la región. La presencia de la Fuerza Pública no trae buenos recuerdos a los araucanos. No olvidan la masacre de Santo Domingo, cuando en diciembre de 1998, durante un enfrentamiento entre el Ejército y el Frente 10 de las Farc, un helicóptero de  la Fuerza Aérea arrojó una bomba sobre la vereda, ocasionando la muerte de seis menores de edad  y dejando heridas a otras 27 personas, entre ellas, diez menores. Hecho por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado. (Ver más: Masacre de Santo Domingo)

A ello se suma el asesinato de varios líderes sociales de la región. Como ocurrió el 5 de agosto de2004 en Caño Seco, Saravena, cuando miembros de la Brigada 18 del Ejército mataron a Jorge Prieto Chamucero, Héctor Martínez y Leonel Goyeneche, reconocidos sindicalistas del departamento.

Finalmente, uno de los últimos escándalos que ocupó portadas de la prensa nacional se registró en octubre de 2010 en la vereda Flora Amarillo, de Tame. Allí, durante un patrullaje del Ejército, el teniente Raúl Muñoz Linares violó a Jenny Narvey  de 14 años y la asesinó, junto a sus hermanos Jimmy Ferney y Jeferson Giovany Torres, también menores de edad.

Como en el resto de Arauca, en Filipinas y Bocas del Ele persisten las heridas por las “capturas masivas” como parte del Plan Patriota, una estrategia del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) para controlar los territorios donde estaban las Farc en las que el Ejército capturó a presuntos integrantes de la red de milicias. En todo el departamento capturaron a cerca de 1.200 personas, la mayoría inocentes.

Noemí y Alirio, dos campesinos de Bocas de Ele, son testigos de ello. Aunque con diferentes historias, ambos pagaron la persecución del Estado. Noemí fue condenada a ocho años por los delitos de rebelión, financiación de grupos al margen de la ley y concierto para delinquir. “Me condenaron porque tenía una tienda en la vereda, dijeron que era de la guerrilla. A quien llegaba se le atendía. ¿Quién le niega un vaso de agua a un grupo armado? Nadie. Si llegaba el Ejército sele daba, si llegaba el uno o el otro se les atendía. Todos eran bien recibidos”, relató.

Alirio, por su parte, nunca se presentó ante las autoridades competentes, pese a que lo habían notificado con orden de captura. Siempre que había una redada huía a esconderse en las fincas aledañas a la suya. A su juicio, pagó cárcel en su propia vereda: “De acá no me moví. Yo no debo nada, yo era una persona que trabajaba en un servicio público, al que llegaba yo le daba el servicio, sea Ejército, el que sea, es un servicio y no hice nada malo”.

Raúl Cáceres, un campesino de antaño de Arauquita, recordó que de un momento a otro la entrada de la Fuerza Pública al departamento cambió la cotidianidad de los campesinos, indígenas y habitantes de los cascos urbanos: “Estábamos encerrados en nuestro propio pueblo. Para salir a hacer mercado habían días especiales, no se podía trasportar muchos kilos de comida o la decomisaban, había toques de queda y hasta prohibieron las reuniones. A las seis todo el mundo tenía que estar guardado para la revisión del Ejército y el que no tuviera papeles iba derecho a la estación”.

Pese a cargar con el peso de los vejámenes de la guerra y a seguir conviviendo con el Eln, la esperanza en el fin del conflicto con las Farc es alta, las comunidades creen que el Estado subsanará las deudas y la región podrá comenzar a recuperarse social y económicamente. Así lo planteó Cáceres: “Aunque hay muchos corazones que no se alivian de la noche a la mañana, son 50 años de guerra que hemos padecido y por eso ningún campesino de esta zona se a enfrascar más en la guerra. Hay un anhelo de un cambio, de que esto sea diferente, que este proceso nos beneficie”.