El asesinato de 27 personas hace una semana en varios municipios de este departamento, limítrofe con Venezuela, revela hasta dónde puede llegar la guerrilla del Eln para imponer el orden frente a otros grupos armados ilegales que quieren disputarle su histórica presencia en esta región centrooriental del país.
Si en algo coinciden algunos defensores de derechos humanos y analistas del conflicto es que la confrontación armada que padecen los araucanos va más allá de las explicaciones que han entregado funcionarios del gobierno nacional que reducen el conflicto a un asunto ligado al narcotráfico.
“No se puede minimizar lo que aquí está pasando diciendo que es un problema de mafias, que pelean por las rentas, es un problema de un conflicto social, político y armado, es un problema de una violencia estructural”, afirma, con énfasis, el abogado Juan Carlos Torregrosa Gómez, un curtido defensor de derechos humanos, quien hace parte de la Secretaría Jurídica de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, con más de 25 años de labores en Arauca.
Torregrosa Gómez reacciona así a las declaraciones que entregó el ministro de Defensa, Diego Molano, a varios medios de comunicación durante en la semana en las que expuso que la reciente confrontación comenzó por una disputa de entre el Eln y las disidencias de las Farc “por el uso de pistas clandestinas para el narcotráfico”.
A esa explicación de los hechos se sumó el Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, adscrita a la Octava División del Ejército. A través de un comunicado informó que “algunos parajes de los municipios de Saravena, Arauquita y Fortul se presentó una serie de homicidios, al parecer hay un enfrentamiento por el control de las economías ilícitas entre integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN Frente de Guerra Oriental contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), de las disidencias de las Farc”.
En la crítica contra las explicaciones estatales a la violencia desatada en Arauca coincide Eduardo Álvarez Vanegas, investigador de temas de conflicto. “Todo lo están reduciendo al control de droga y eso no es del todo cierto, eso es un aspecto nada más, pero no es lo principal”, dice.
Muchas de las tensiones bélicas entre la guerrilla del Eln, la antiguas Farc, y ahora las disidencias, han sido advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Más de 70 documentos, entre informes de riesgo, notas de seguimiento y alertas tempranas, ha emitido esa entidad desde 2001.
En resumen, el SAT ha alertado sobre el riesgo que corren las comunidades por las acciones del Eln y sus constantes choques con las Farc. El escenario de riesgo, que derivó en la masacre de 27 personas, fue advertido desde 2019 y a juzgar por los resultados, las recomendaciones de esta agencia del Ministerio Público no fueron acatadas por las autoridades.
¿Pero qué explica lo ocurrido al comienzo de la semana en varios municipios de Arauca? Este portal consultó a varios conocedores de las dinámicas regionales y sus análisis arrojan que lo que pasa allí va mucho más allá del narcotráfico.
Ejercicio de poder
El investigador Álvarez Vanegas sugiere alejarse de la idea de ausencia de Estado para explicar lo que ocurre en Arauca: “Eso es totalmente equivocado, allá no se trata de ausencia del Estado, allá hay poderes de facto y uno de esos poderes de facto sigue siendo el Eln”.
A su juicio, lo ocurrido en la zona fronteriza fue “un ejercicio de reafirmación de autoridad y de poder”. Y para explicar esa afirmación alude al comportamiento del Frente 10 de las disidencias de las Farc: “Lo que ha venido pasando es que el Frente 10 ha tenido un comportamiento bastante desorganizado, bastante indisciplinado, frente a la población civil. Ha habido un inconformismo creciente por parte de la gente, y se le ha pedido al Eln que controle, que ejerza gobierno”.
Una de las ventajas que tiene el Frente de Guerra Nororiental del Eln y su frente más emblemático en la región, el Domingo Laín, es que recibió en sus filas a guerrilleros de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz.
“El Eln sabe muy bien dónde ubicar simpatizantes y colaboradores del actual Frente 10”, asegura Álvarez Vanegas y agrega que también cuentan con una red de inteligencia y de información muy amplia en todo el departamento de Arauca. De ahí que los asesinatos ocurridos el pasado 2 de enero fueron selectivos. “Los hechos en los que murieron las personas no fueron combates. La gente del Eln buscó a esas personas y las mataron con tiros de gracia. Los combates se dieron después”, resalta este investigador.
Esa apreciación fue corroborada por la Fiscalía General de la Nación. “Preliminarmente, las inspecciones han establecido que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia, en la modalidad de sicariato. Esto indica que no hubo combates”, afirmó el ente de control a través de un comunicado.
Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), complementa lo dicho por Álvarez Vanegas. A su juicio, el poder del Eln en Arauca se debe, en parte, a que es la región donde militarmente está más activo y cuenta con una red de milicianos que tiene arraigo en algunas comunidades y barrios de Fortul, Saravena, Arauquita y Arauca capital.
Adicional a ello, Johnson plantea que el Eln es más fuerte que las disidencias de las Farc, incluso en el ámbito político. “En Arauca tiene un aspecto particular: negocia y hace parte de relaciones corruptas y clientelistas con las autoridades locales. Si bien no es en todas las alcaldías y en todas las autoridades como tal, muchos contratos no se firman sin alguna parte para el Eln”.
Y agrega: “El Eln tiene su propia gente dentro de las obras. Extorsiona y cogobierna con el Estado básicamente. No es tan violento como la disidencia del Frente 10. Tiene mayor control en muchas partes, no está involucrado en el narcotráfico y maneja más el contrabando de combustible, la extorsión y el secuestro”.
Por este tipo de alianzas están siendo procesados los exgobernadores José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado. Ambos fueron capturados en octubre del año pasado sindicados de favorecer al Eln con contratos estatales durante sus administraciones departamentales.
El primero de ellos estuvo en la Gobernación en el periodo 2012-2015 y logró volver para el mandato 2020-2023. En ambas administraciones, según la Fiscalía General de la Nación, le otorgó contratos a personas cercanas al grupo guerrillero. En cuanto al segundo mandatario, que ocupó el cargo durante el periodo 2016-2019, la sindicación es similar. Ambos procesos se encuentran en etapa de juicio y, por tanto, aún no hay sentencias.
El abogado Torregrosa pone en duda esos señalamientos contra los exmandatarios araucanos: “Puede ser que, como el Eln tiene las armas, puedan cobrarle un supuesto impuesto a una persona, que eso lo han hecho los grupos armados. Pero de ahí a decir que manejan la contratación, no creo que eso pase en Arauca ni en ninguna otra parte”.
Más allá del narcotráfico
Con respecto a las versiones estatales que indican que las disputas entre el Eln y las disidencias de las Farc se deben a situaciones relacionadas con el narcotráfico, Álvarez Vanegas es enfático en su apreciación: “Eso no es del todo cierto, eso es un aspecto nada más, pero no es lo principal”.
Este investigador reitera que, según sus fuentes consultadas en la región, la causa de estos choques armados es la indisciplina del Frente 10: “Obviamente no tienen las estructuras de control, mando y disciplina que tenían en las antiguas Farc-Ep”. Y eso incide en el comportamiento de sus hombres, que afectan a las comunidades.
“Las fuentes en terreno confirman que ha habido muchos más secuestros de los que se piensan y que las extorsiones están disparadas. De ahí también que el Eln esté aprovechando para hacer una reafirmación de autoridad y de poder, y de tratar de calmar al Frente 10 de alguna manera”, insiste Álvarez Vanegas.
Un punto en común de la actual confrontación con los enfrentamientos ocurridos durante la primera década del dos mil, es la resistencia del Eln a “narcotizar” su agenda política, por eso en Arauca siempre se ha opuesto a los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, y a fortalecer su propuesta medioambiental y energética. (Leer más en: Un singular pacto de paz Eln-Farc)
Torregrosa explica que hace dos décadas la comunidad rural araucana “tomó la decisión de erradicarlo de manera manual y voluntaria y adelantaron todo ese trabajo sin que el Estado colombiano participara, fue un proceso del campesinado, que llegó a la conclusión de que no le estaba sirviendo eso, por el contrario, trajo fue una excusa para el envenenamiento de las aguas, de la vida, pero también era combustible para el conflicto, para la pérdida de la cultura, de los jóvenes”.
Este defensor de derechos insiste en resaltar que Arauca vive una violencia estructural relacionada con un conflicto social y armado, que tiene un origen político y unas causas estructurales: “Mientras esas causas estructurales, que tienen que ver con las desigualdades, con la inequidad, con este modo de producción, que todo se convierte en mercancía, los seres humanos, la naturaleza, el territorio, no se superen, difícilmente va a dejar de presentarse todo este tipo de cosas en el marco del conflicto social, político y armado.
De hecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), en su más reciente informe, divulgado en julio de 2021, precisó que Arauca, junto con los departamentos de Caldas, Cundinamarca y La Guajira “se mantuvieron libres de afectación en el 2020” de cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
“Arauca y La Guajira completan dos años sin coca; Caldas mantiene el abandono del cultivo ilícito por siete años consecutivos y Cundinamarca cumple nueve años sin afectación”, reiteró la Unodc. (Descargar informe)
En alerta constante
Arauca es uno de los departamentos que más informes de riesgo y advertencias recibe por parte del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Más de 70 documentos, entre informes de riesgo, notas de seguimiento y alertas tempranas, ha expedido esa entidad desde 2001. En ellas, el común denominador es el mismo: la vulnerabilidad de las comunidades de sus siete municipios, consecuencia de la acción deficiente del Estado y de la violencia de la otrora guerrilla de las Farc -y ahora sus disidentes- y del Eln. (Leer más en: La guerra continúa viva en Arauca)
La dejación de armas de las Farc, tras la firma del Acuerdo de Paz alcanzado con el Estado en noviembre de 2016, a través del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), cambió las dinámicas de la región y los escenarios de riesgo.
La Alerta Temprana 006-18, expedida el 15 de enero de 2018, centró su llamado de atención en el alto riesgo que padecían los habitantes de Saravena, ante una escalada violenta del Eln, por la posibilidad de que los diálogos de paz que se adelantaban con ese grupo guerrillero en Ecuador, no llegaran a buen puerto.
“El escenario de riesgo de vulneración de los derechos fundamentales para la población civil e infracciones al DIH en el municipio de Saravena, se mantiene y se escalará con la culminación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y temporal y nacional, que estuvo vigente entre el 1º de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018”.
Y recordó que: “En los días previos a la entrada en vigencia del cese al fuego y de hostilidades, el ELN intensificó su accionar bélico en el perímetro urbano y en la zona rural, afectando también la infraestructura petrolera”.
Once días después el SAT emitió la Alerta Temprana 013-18 para el municipio de Arauquita. A juicio de esa agencia del Ministerio Público, “se pudo establecer el ALTO nivel de riesgo y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la población, debido a la constante permanencia y accionar bélico del grupo armado ilegal ELN en el municipio, a lo que se suma el reagrupamiento de grupos disidentes de las FARC EP en zonas en las que hizo presencia esta guerrilla”.
De ese modo llamó la atención sobre “las constantes amenazas de las que han sido víctimas líderes sociales, directivos de Juntas de Acción Comunal, de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, ciudadanos venezolanos y personas históricamente estigmatizadas por sus conductas (consumidores y expendedores de sustancias psicoactivas, habitantes de calle y trabajadoras sexuales), a las que se suman otras acciones de violencia como la extorsión, secuestro, contaminación por armas y atentados con artefactos explosivos improvisados contra la infraestructura petrolera; éstos últimos ocasionan en su mayoría daños irreparables sobre el medio ambiente”.
Sobre las disidencias, la Alerta Temprana indica que están conformadas por un número significativo de integrantes de la red de milicias, algunos excombatientes que tenía diferencias con los comandantes de turno y que, al parecer, fueron excluidos de los listados entregados por la Farc al gobierno nacional sobre sus integrantes.
El 18 de noviembre de 2018 el SAT emitió la Alerta Temprana 081-18 para Arauca capital. El llamado de atención giró sobre el accionar del Eln y de las disidencias de los frentes 10, 28 y 45 de las antiguas Farc.
En ese documento hizo una sentida recomendación: “Al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado, adoptar medidas para prevenir atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal de líderes políticos, sociales y comunitarios, de los defensores de derechos humanos y de la población víctima en el marco del conflicto armado, e implementar estrategias para prevenir las acciones de violencia, particularmente homicidios, amenazas, extorsiones y desplazamiento forzado, de manera que se garantice la seguridad de los ciudadanos”.
El 11 de julio de 2019 fue expedida la Alerta Temprana 029-19, para los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. El motivo de este informe fue el continuum de violencia por parte del Eln y de las disidencias contra la Fuerza Pública, que inició a mediados de 2018, causando graves afectaciones a la población civil.
Por otro lado, desde esa fecha, la Defensoría del Pueblo empezó a alertar sobre los posibles impactos que generaría una eventual confrontación entre esos grupos armados ilegales. “No se debe descartar un potencial escenario de confrontación armada entre el FGO (Frente de Guerra Oriental) del ELN y las facciones disidentes de las ex FARC ‘Martín Villa Frente 10’. De ocurrir, exacerbaría profundamente el escenario de riesgo para la población civil. Lo anterior considerando los frágiles acuerdos y relaciones entre las dos organizaciones armadas que ya parecen mostrar circunstancias de desacuerdo y malestar por el control del territorio”, indicó casi de manera premonitoria el SAT.
Y sustentó esa afirmación en información recaba en terreno en esos cuatro municipios, que evidenció la existencia de unos pactos: “Los grupos armados ilegales del ELN y las Facciones Disidentes de las ex FARC habrían acordado estrategias de cooperación y colaboración, que les permitiría la distribución de zonas (tanto en las áreas urbanas como en zonas rurales) para el cobro de extorsiones (vacunas) a comerciantes (formales e informales), ganaderos, contratistas del sector público y transportadores y control de carreteras”.
El año pasado fueron emitidas dos Alertas Tempranas: la 006-21 y la 081-21, la primera para Arauca y la segunda para Puerto Rondón y Cravo Norte, respectivamente.
En la primera se advirtió que las operaciones de la Fuerza Pública en la ribera araucana, desembocaron en retaliaciones y “una nueva oleada de violencia” por parte del Eln y de las disidencias de las Farc, contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y “contra personas que consideran no cumplen las imposiciones que han establecido en los sectores urbanos y rurales, como es el relacionado con el consumo y expendio de sustancias psicoactivas, los delitos y contravenciones que generan malestar social en los habitantes”.
Asimismo, reiteró la posibilidad de que se desatara una confrontación entre los dos grupos armados ilegales. “No es desdeñable considerar en adelante, la probabilidad de que surjan diferencias y desacuerdos entre los diferentes grupos armados no estatales bien sea por disputas en el territorio fronterizo o por conflictos internos de sus estructuras armadas que, de llevarse a cabo, contribuirán a profundizar la crisis humanitaria en el territorio araucano”, indicó.
En la última Alerta Temprana, emitida el pasado 1 de octubre, el SAT llamó la atención por la expansión de la disidencia del Frente Décimo de las Farc en las sabanas de Cravo Norte y Puerto Rondón, con el fin de recuperar la injerencia político-social que llegaron a tener las extintas Farc.
Y, como lo hizo previamente en la Alerta Temprana de Arauca, emitida ocho meses antes, advirtió sobre el posible rompimiento de los acuerdos entre el Eln y las disidencias.
“(…) Sin embargo, no se descarta el riesgo de posibles enfrentamientos entre los grupos subversivos (ELN versus Facciones Disidentes de las ex Farc) o entre las mismas estructuras de las Facciones Disidentes de las ex Farc (de los afines a la dirección de la Nueva Marquetalia contra la dirección del frente Primero que dirige Gentil Duarte y compañía). De llegar a configurarse un posible escenario de confrontación entre estos GAO y/o sus facciones internas, es muy factible que se genere una grave crisis humanitaria y de violación de derechos humanos e infracciones al DIH de la población residente en estos municipios de la sabana araucana”.
Lamentablemente, los hechos ocurridos en el inicio de 2022, parecen constatar los peores temores de la Defensoría del Pueblo y del SAT. Hoy en día el pueblo araucano se encuentra sumido en una nueva crisis humanitaria que ha dejado 27 personas asesinadas y el riesgo de un éxodo de desplazados en busca de resguardar sus vidas.
Al respecto, Johnson se pregunta: “¿Qué pueden hacer las instituciones en término de un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales para prevenirlo, cuando eso se negocia entre los grupos? Es muy difícil. El papel institucional en ese escenario no sé cuál es. No pueden sentarse con los grupos y no pueden prevenirlo”.
“Lo que sí puede hacer -agrega- es tener un plan de contención para mitigar los efectos o las afectaciones humanitarias. Ese plan no existía y no hay una clara respuesta a ese escenario. Desde el gobierno nacional sabemos cuál es la respuesta, que no va a servir para nada, y es posible que haya una actitud de que deje que se maten”.
Militarizar no es la salida
La respuesta de la que habla Jonson es el fortalecimiento del pie de fuerza que, efectivamente, fue anunciado por el presidente Iván Duque una vez conoció los pormenores de la situación en Arauca en el segundo día de este año.
“He ordenado que se desplacen dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas, también quiero destacar que estaremos fortaleciendo la inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca, y estaremos también aumentando la capacidad de supervisión helicoportada y aerotransportada, estaremos utilizando equipos de drones y haciendo un seguimiento en todos los puntos donde sabemos que los grupos armados ilegales están cruzando la frontera”, aseguró el mandatario al final de una reunión estratégica de seguridad realizada el pasado 3 de enero en Cartagena.
La medida es similar a las que se han tomado en el pasado cada vez que grupos armados ilegales actúan contra la población civil. La pregunta es: ¿qué tan efectiva es? Hay consenso entre las fuentes consultadas que ese tipo de decisiones no ofrecen soluciones a las comunidades afectadas.
“El tratamiento que se le va a dar a esta crisis humanitaria es militar y creemos nosotros que es equivocado y va a poner aún más en riesgo a la población”, dice una defensora de derechos humanos que pidió la reserva de la fuente. Y resalta que la alta militarización del departamento no se refleja en la seguridad, en la garantía de la vida y la permanencia de la gente en sus territorios. “La militarización se centra en cuidar los intereses económicos de las empresas transnacionales, la infraestructura petrolera principalmente y el control fronterizo”.
Torregrosa comparte esa apreciación y alega que el aumento del pie de fuerza anunciado por el gobierno nacional “no va dirigido a solucionar el problema, va a generar es más violencia y tiene otras finalidades diferentes a la protección de la gente”.
Esas finalidades, a su juicio, tiene que ver con “esa pretensión del Estado colombiano de adelantar esa política de intervención estratégica integral, llamadas Zonas Futuro, y con la protección de intereses como el saqueo de los bienes de la naturaleza, del petróleo, y también con todas esas pretensiones que el mundo imperial y el Estado tienen de cara a las acciones injerencistas e intervencionistas en la hermana república bolivariana de Venezuela”.
“Lo que hemos planteado como pueblo organizado y como defensores de derechos humanos -agrega Torregrosa- es que la respuesta no puede ser seguir militarizando a ultranza este territorio, sino que tiene que ver primero con la soberanía sobre las decisiones que tienen que ver con el territorio, con el suelo y con el subsuelo; la presencia del Estado, más que Fuerza Pública, tiene que ser una presencia con inversión social, con la superación de las inequidades, con la vigencia plena de los derechos. Mientras no se avance en eso, definitivamente va a ser imposible que se hable de la terminación del conflicto”.
Una de las estrategias adoptadas en el Acuerdo de Paz fue la de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una intervención prioritaria en 170 municipios afectados por el conflicto armado. Cuatro de ellos son araucanos: Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Cifras de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad estatal que administra los PDET, indican que en esos cuatro municipios se han invertido 415 mil millones de pesos.
Al respecto, el abogado defensor de derechos humanos cuestiona esos resultados y alega que pese a que la población de esos cuatro municipios participó en la formulación de los PDET “y pusieron de relieve cuáles eran los proyectos y procesos prioritarios, en muy poco se ha avanzado. En esta región del centrooriente, al igual que en el resto del país, hay que avanzar en superar esas causas que han generado el conflicto”.
Johnson, por su parte, también cuestiona la decisión de fortalecer el pie de fuerza en Arauca y reclama una política más efectiva para proteger a la población. “Si van a mandar Fuerza Pública tiene que proteger a la población, en vez de un enfoque de atacar a los grupos. Nunca va a funcionar el tema de mandar Fuerza Pública para atacar disidentes y ‘elenos’: no hay suficiente inteligencia, los grupos se la pasan en Venezuela”.
Y agrega: “La protección a la población implica estar y trabajar con ella, pero en Arauca la Fuerza Pública la ve como un montón de guerrilleros. Entonces no funciona. Lo que se busca en Arauca es estabilidad para la inversión, más que todo en petróleo. Hasta que no se cambie ese enfoque, no hay nada qué hacer”.
Para ponerle freno a esa crisis generada por los choques entre el Eln y las disidencias, el investigador de CORE sugiere recurrir a un mediador de confianza para ambas organizaciones armadas ilegales, “así como presión pública con marchas contra la guerra. Son polémicas porque sería como volver a tener una paz mafiosa, pero puede valer la pena ante la cantidad de muertos, desaparecidos y desplazados”.
“¿Pero Fuerza Pública? Lo hemos visto en el Catatumbo: no pasada nada; lo hemos visto en Nariño: no pasa nada; lo hemos visto en Cauca: no pasa nada. Y a veces empeora las cosas. Ya sabemos lo que pasa con esa respuesta”, resalta.
“¿Hasta dónde va a llegar el enfrentamiento?”, se pregunta Álvarez Vanegas. Y se aventura a contestar que el Eln, a diferencia del Frente 10 de la disidencia de las Farc, sí tiene un santuario en Venezuela. “El hecho de tener un Estado patrocinador le va a facilitar al Eln reorganizarse para enfrentar al Frente 10. El enemigo común del Eln y del régimen venezolano es el Frente 10 y, por tanto, son los que llevan las de perder”.
Uno de los problemas para contrarrestar esa situación es la ruptura de relaciones de los gobiernos colombiano y venezolano, lo que impide coordinar acciones conjuntas con el fin de proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera agobiadas por los enfrentamientos y las acciones extorsivas.
A diferencia de lo que pasó en la confrontación armadas durante la primera década del dos mil, en esta ocasión, Álvarez Vanegas plantea que la sociedad civil araucana está mucho más fortalecida y este nuevo escenario de conflicto armado se convierte en una oportunidad para demandar del próximo gobierno, que se posesionará el 7 de agosto de este año, “que se intente un proceso de desescalamiento y acuerdo humanitario en Arauca y en varias regiones del país”.
