Desafortunada, descabellada, inconveniente, inconstitucional y regresiva, son algunos de los adjetivos con que académicos, analistas y defensores de derechos humanos califican la idea del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de nombrar uniformados para que ejerzan funciones propias de autoridades civiles. El debate apenas comienza.
Para consolidar la seguridad y la paz en los municipios más afectados por el conflicto armado en Antioquia, su gobernador plantea que se asignen temporalmente oficiales del Ejército como vicealcaldes. Foto: archivo Semana.¿Es conveniente para el país que,en nombre de “consolidar la presencia del Estado en regiones dominadas por grupos armados ilegales”, militares activos asuman funciones propias de alcaldes, corregidores, inspectores de Policía, entre otras autoridades civiles? ¿Va en contravía de la Constitución Política la figura de alcaldes militares? ¿Por qué, justo cuando el país avanza hacia una desmilitarización de la vida política, se insiste en revivir mecanismos ya implementados en el pasado con un rotundo fracaso?
Estos son algunos de los interrogantes que plantean académicos, políticos y defensores de derechos humanos de Antioquia luego de analizar en detalle la figura de las “Vicealcaldías de seguridad y convivencia”, presentada recientemente por el gobernador de este departamento, Luis Pérez Gutiérrez. Según explicó el mandatario regional en carta enviada el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se trata de una apuesta para llevar y consolidar la institucionalidad en aquellos territorios donde las guerrillas de las Farc y Eln han ejercido dominio y autoridad durante décadas.
En su misiva, Pérez Gutiérrez explica que esta figura será ejercida por un militar activo, quien tendrá “funciones de comisarios de Policía y corregidores, capaces de coordinar toda la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales en el territorio municipal que se les asigne. Para los municipios no demandará ninguna erogación burocrática”. De acuerdo con el gobernador, “estimamos que se van a necesitar 24 o 25 Vicealcaldías de seguridad. Esto todo depende de los municipios que tengan influencia de las Farc y del Eln”.
Si bien no es claro si se trata de una propuesta puesta a consideración de la opinión pública y de los sectores políticos regionales o, todo lo contrario, este es un programa del gobierno departamental próximo a implementar, lo cierto es que el gobernador señala en su carta además que este cargo será creado por cada alcalde o Concejo local; será desempeñado por un militar activo en comisión de servicios, éste será temporal y su duración dependerá del tiempo que tome “la consolidación de la paz y la institucionalidad en los territorios municipales donde hay riesgo de que los ilegales amplíen su radio de acción”.
Antecedente negativo
El municipio de antioqueño de Amalfi es el único que ha tenido un militar activo al frente de su Alcaldía tras la creación de la Constitución Política de 1991. Foto: tomada de la página web de la Alcaldía.No es la primera vez que en Antioquia, un mandatario regional pretende designar militares para que ejerzan las funciones propias de las autoridades civiles, bajo el argumento de consolidar la presencia del Estado en localidades afectadas por el conflicto armado. De hecho, uno de los primeros actos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando fue gobernador de este departamento (1995-1997) fue solicitar la designación del capitán del Ejército, Juan Francisco Díaz Quiñonez, como alcalde (e) de Amalfi, nordeste antioqueño.
La historia de este nombramiento tiene como antecedente la renuncia de Francisco Quintero Castaño a su cargo como alcalde electo de Amalfi, luego de sobrevivir milagrosamente a un atentado que guerrilleros del Eln perpetraron en su contra los primeros días de febrero de 1995. Semanas antes de ese hecho, el grupo guerrillero había lanzado sendas amenazas de muerte contra varios concejales. A esto se le sumaba el asesinato de Alberto Llano, exalcalde de esta localidad, ocurrido en inmediaciones del municipio de Barbosa el 14 de noviembre de 1994, en hechos atribuidos también al Eln.
Ante esta situación, Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de gobernador de Antioquia, optó por solicitarle al entonces presidente de la República, Ernesto Samper, nombrar un alcalde militar en vez de convocar nuevas elecciones, tal como lo ordenaba la recién promulgada Constitución Política de 1991.
Según declaró Uribe Vélez en aquella época: “Se trata de una medida excepcional y transitoria, pero exigida por la realidad. Acaso podría la administración departamental permitir, simplemente, unas nuevas elecciones cuando tiene el íntimo convencimiento y la prueba certificada de la Fiscalía General de la Nación de acciones violentas que seguramente interferían en la espontánea expresión democrática”.
Así, el 1 de mayo de 1995 se posesionó el primer y único alcalde militar que ha tenido Antioquia desde la Constitución de 1991, en medio del más absoluto rechazo de los amalfiteños, tal como lo registraron los medios de comunicación en su momento. Pese a este descontento popular, Uribe Vélez continuó insistiendo que “allí donde sea asesinado un alcalde por razones de orden público general u obligado a renunciar, solicitaré el nombramiento de un alcalde militar”.
Y en efecto, así lo hizo. Tras el asesinato del entonces alcalde de San Carlos, Víctor José Quintero, ocurrido el 5 de agosto de 1995, el mandatario regional intentó designar, sin éxito alguno, un militar adscrito al Batallón de Contraguerrilla Héroes de Barbacoas de la IV Brigada del Ejército, para que se pusiera al frente de la administración municipal.
En este municipio del Oriente antioqueño un grupo de líderes sociales y campesinos se opusieron férreamente a esta medida argumentando, entre otras razones, porque en Amalfi, la designación de un militar como alcalde no estaba reduciendo los índices de violencia. Por el contrario, aumentaban tanto las quejas sobre actos irregulares en la administración municipal como las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Medida regresiva
Diferentes sectores señalan que es inconveniente asignar a un oficial de la Fuerza Pública para desempeñar labores de administración política. Foto: archivo Semana.“No tiene nombre que en medio de semejante esfuerzo que viene realizando el país para desarmar la política, venga ahora un gobernador con intenciones de armar a la administración pública”, conceptuó Iván Marulanda, consultor y exconstituyente, sobre la figura de “Vicealcaldías de seguridad” que intenta implementar el gobernador de Antioquia, Luis Pérez.
A juicio de Marulanda, la propuesta del gobernador va en contravía de la naturaleza del Estado colombiano, “pues este nunca ha sido militarista; además de poner a la Fuerza Pública a realizar tareas que no son su función, pues constitucionalmente nada tienen que ver con la administración pública. Para ello, existen otros elementos en la misma Constitución”.
Una postura similar plantea Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit, quien sostiene que propuestas de este tipo suelen hacerles mucho mal a las Fuerzas Militares, “porque las ponen a rendir cuentas sobre aspectos a los que no están destinadas. Eso ya pasó en el país, entre las décadas del 50 y el 70 del siglo pasado, cuando el gobierno puso a los militares a cumplir tareas para las que no estaban preparadas y eso causó mucho mal en la Fuerza Pública”.
Para Giraldo, la figura de Vicealcaldías presentada por Pérez Gutiérrez significa un “paso atrás” en la intención de desmilitarizar la vida social y política que viene transitando el país mediante la búsqueda de salidas negociadas con actores armados como las guerrillas de las Farc y el Eln.
Como se recordará, Giraldo hizo parte de la Comisión Histórica para el Esclarecimiento del Conflicto Armado, instancia creada durante las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, y que reunió un grupo de doce intelectuales del país quienes produjeron igual número de ensayos sobre las causas de confrontación armada en Colombia.
Doce miradas sobre el conflicto
Y precisamente, tal como lo acotó este académico, “en los últimos dos años se han debatido muchas propuestas sobre cómo fortalecer la institucionalidad allí donde hay debilidad del Estado o donde el conflicto armado ha golpeado con mayor fuerza. Incluso en la misma mesa de conversaciones de La Habana se plantearon varias de ellas. Lo claro es que no es llevando militares; por el contrario, es llevando más autoridades civiles”.
El hecho de que militares ejerzan funciones propias de las autoridades civiles también encierra otra complejidad, tal como lo plantea Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín: “Está probado que allí donde militares asumen estas funciones por lo general esto desencadena un escenario de mayores violaciones a los derechos humanos, restricciones a las libertades individuales, entre otras”.
Aunque el gobernador de Antioquia no señaló puntualmente municipio alguno donde implementar esta figura, Herrera sostiene que “es fácil deducir que se trata de aquellas localidades críticas que han tenido presencia histórica de guerrillas y otros grupos ilegales: Bajo Cauca antioqueño, Nordeste, Urabá”. Pero Justo allí, agrega el activista, por cuenta de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, se viene planteando estrategias de construcción de paz territorial donde aspectos tan sensibles como la reconstrucción de memoria histórica cobran un valor preponderante.
“Por eso, poner a militares con funciones civiles sería mortal, porque en esas comunidades, los agentes estatales no ha estado por fuera de la responsabilidad en la violación de derechos humanos: Brigada XVII en Urabá; Batallón Rifles en Bajo Cauca. Por ello, esta propuesta no es la mejor alternativa, además, ¿qué podría hacer de distinto un militar que no pueda hacer, en el marco de la constitución, un ciudadano elegido democráticamente?”, sentenció Herrera.
