Los mensajes anónimos con ofensas y sentencias de muerte son el pan de cada día de los sindicalistas en el departamento de Cesar. Sin embargo, los más recientes circularon luego de que miembros de Sintraminergética asistieran a una audiencia del tribunal de justicia transicional en Valledupar.
A Darío José Mosquera ya no le sorprenden las amenazas de muerte. Pero no dejan de indignarlo.
Como presidente del sindicato Sintramienergética y trabajador de la empresa carbonífera Drummond Ltd. no ha parado de abogar por los derechos de los trabajadores del sector y para que se haga justicia por sus compañeros asesinados. Por ello, diferentes grupos tratan de intimidarlo.
La última amenaza llegó el 1 de febrero a las 9:26 de la mañana. El mismo día y a la misma hora le llegaba un mensaje idéntico a Juan Carlos Rojas, también líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímicas, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergetica), y a Maira Méndez, una abogada de la ONG PAX Colombia.
Enviado de un número desconocido, el mensaje los acusaba de ser “guerrilleros camuflados de campesinos, sindicalista, ong (sic)”. También les dicen que de seguir “jodiendo con la misma mierda de los muertos” ellos serían “los próximos”. Esto se refiere al asesinato de cinco dirigentes sindicales de Drummond.
El mensaje llegó días después de que los tres participaron en la mesa técnica territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Valledupar, la capital de Cesar, que indaga sobre las diversas formas de cooperación entre grupos paramilitares y agentes estatales —tanto integrantes de la Fuerza Pública como terceros civiles—. Mosquera asegura que la nueva amenaza pretende hacer que desistan en sus gestiones ante la JEP.
“En todos los escenarios en los que uno participa en los que pueden verse involucrados los intereses de Drummond, al día siguiente uno recibe una amenaza”, dice Mosquera.
Agrega que siempre se ha sentido presionado e intimidado por la empresa y desamparado por el Estado. “A mis familiares les digo que, si algo me pasa, sería culpa de Drummond. Porque yo no tengo más enemigos. Denunciar los hechos con los que la multinacional ha atentado contra los trabajadores del sector minero energético ha generado riesgo para los sindicalistas. A mí me han echado más de cuatro veces y diariamente vivo con el temor de que me quiten la vida”.
En un comunicado, la empresa Drummond condenó las amenazas: “La compañía expresa su rechazo absoluto a cualquier amenaza, acto violento o vía de hecho que ponga en riesgo la integridad de cualquier persona, o que viole cualquiera de sus derechos fundamentales”.
La multinacional también rechazó el atentado, el 11 de febrero de 2024, en contra de dos de sus trabajadores que fueron heridos con varios impactos de bala mientras conducían una motocicleta entre los municipios de El Copey y Bosconia. Las víctimas, identificadas como Rubén Darío Miranda Aroca y Julián González Villalba, están afiliados en la mina como trabajadores directos, pero no son líderes sindicales. Mosquera asegura que la situación de orden público en Cesar está muy tensa por la presencia de grupos armados, pero hasta el momento no se conoce la razón del atentado.
A pesar de los comunicados de Drummond, los sindicalistas dicen que no sienten apoyo de la empresa, pues esta no es la primera vez que reciben amenazas.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa jurídicamente a estas víctimas ante la JEP, expresó su profunda preocupación por las amenazas y los riesgos que padecen quienes le siguen apostando a la construcción de paz en los territorios. “Instamos a las autoridades y entidades pertinentes a activar las rutas necesarias para la protección de las lideresas y líderes sociales, y personas defensoras de derechos humanos. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se solidarice con nuestros compañeros y compañeras, y con la causa de la justicia y la verdad”, indicó en un comunicado.
Al ser consultada sobre las amenazas, la JEP respondió que “la Unidad de Investigación y Acusación procedió a activar la ruta de prevención y protección. Esto incluye estudios pertinentes de riesgos de seguridad para definir las medidas. La UIA además ha elaborado un cronograma de trabajo que ha sido concertado con las organizaciones y su representante judicial para atender los riesgos de seguridad que puedan emerger”.
Historia de amenazas
En 2019, las Águilas Negras le enviaron un comunicado a varios colectivos, sindicatos y organizaciones, entre esos Sintraminergética, en el que los declararon objetivo militar, pues iban a “limpiar Santa Marta de tantas lacras”. Aseguraron que “todo lo que huela a izquierda se va”.
Luego, el 18 de septiembre de 2023, Mosquera fue amenazado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocido como el Clan del Golfo. Le enviaron mensajes por WhatsApp en los que le daban cuatro horas para irse con su familia del departamento del Cesar.
Junto con esos mensajes, Mosquera recibió un video en el que le dijeron que debía colaborar o irse de la zona porque si no, tendría problema con ellos.
En varias ocasiones, como en la última, las amenazas llegan porque los sindicalistas siguen luchando por que se haga justicia por el asesinato de líderes sindicales hace más de 20 años.
Los asesinatos
El 20 de febrero de 2001, un grupo de hombres armados que se identificó como las Autodefensas Unidas de Colombia asesinó a Cándido Méndez, padre de Maira Méndez y activista sindical de Drummond. Lo sacaron de su casa en Chiriguaná, Cesar, y lo asesinaron frente a sus familiares.
Sólo unas semanas después, el 12 de marzo de 2001, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato de Drummond, respectivamente, fueron asesinados. Los trabajadores salieron de trabajar de la mina La Loma en el municipio de El Paso, Cesar. Se dirigían a Valledupar en el bus de la empresa cuando 15 hombres armados los interceptaron. Pidieron las cédulas para identificar a los pasajeros mientras los hacían bajar del bus.
Cuando reconocieron a Lorcano lo llevaron al frente del bus y le dispararon un tiro en la nuca. Ya en el piso, le pegaron tres disparos más. Luego retuvieron a Orcasita y obligaron al resto de trabajadores a seguir su rumbo a Valledupar. El cuerpo sin vida de Orcasita fue encontrado unas horas después.
Ese día los dirigentes sindicales habían tenido una fuerte discusión con los directivos de la multinacional para exigir una solución definitiva al problema de la mala calidad de los alimentos en la cafetería. (Leer más Asesinato de Valmoré Locarno y Víctor Orcasita)
Unos meses después, el 6 de octubre de 2001, asesinaron en circunstancias similares al nuevo presidente del sindicato, Gustavo Soler Mora. Soler iba en un bus público de Valledupar a Chiriguaná cuando fue detenido por paramilitares armados que lo obligaron a subirse a una camioneta. Su cuerpo sin vida, con dos impactos de arma de fuego en la cabeza, fue encontrado al día siguiente en el corregimiento Rincón Hondo en el municipio de Chiriguaná.
Esto ocurrió después de que, el 5 de octubre, las directivas gremiales empezaran a hacer un pliego de peticiones en el que iban a incluir que se cambiara o mejorara el servicio de alimentación que tenían en el Casino Utan Svensk Licens – CUSL.
“Los sindicatos y Drummond tenían entonces un conflicto respecto a las horas laborales, la calidad de la alimentación y la presencia de las Auc en la cafetería de la empresa”, según el informe El lado oscuro del carbón: La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia, realizado por la organización holandesa PAX, que trabaja en zonas de conflicto de Colombia desde hace más de 60 años.
Algunos sindicalistas tuvieron problemas de seguridad durante muchos años. A Víctor Guerra, otro trabajador de la multinacional, le advirtieron que lo iban a matar, por lo que tuvo que huir de su tierra. Después fue despedido por Drummond.
Raúl Sosa Avellaneda, un sindicalista que en 2008 instauró una acción de tutela en la que pedía que se velara por su derecho a la seguridad personal y solicitaba que Drummond le brindara el permiso permanente remunerado que habían concedido a otras subdirectivas sindicales, fue atropellado por un camión de Drummond en junio de 2012.
Justicia a medias
La lista de hechos violentos de los que los trabajadores de Drummond han sido víctimas es tan larga como los posibles autores, pero sólo se ha condenado a dos exparamilitares y un empresario por el caso más conocido: los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, y el de Gustavo Soler Mora.
Después de investigaciones en la justicia ordinaria y confesiones de exparamilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se ha concluido que directivos de Drummond, tanto estadounidenses como colombianos, querían acabar con el sindicato, sin importar lo que costara. Además, se demostró que Drummond financió al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Jaime Blanco Maya confesó que, por medio de sobrecostos en contratos de alimentación, su empresa, ISA, fue el intermediario entre Drummond y las Auc. (Leer más Blanco Maya confiesa que fue el puente entre Drummond y ‘paras’)
En 2009, el exparamilitar Jairo de Jesús Charris Castro, alias ‘Charris’ o ‘Viejo Miguel’, fue condenado como coautor del delito homicidio agravado por los asesinatos de Valmore Locarmo y Víctor Orcasita.
Debido a las confesiones de Charris en las que acusó a Drummond de ordenar los asesinatos, el juez pidió investigar a cinco directivos y un contratista de la multinacional: Gary Drummond, presidente de la multinacional; James Lee Atkins, jefe de seguridad; Augusto Jiménez, presidente de Drummond en Colombia; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad; el coronel Luis Carlos Rodríguez y Jaime Blanco Maya por su presunta participación en el crimen. (Leer más Juez pide investigar a funcionarios de Drummond por caso de sindicalistas)
En respuesta, voceros de Drummond negaron las acusaciones y aseguraron que la empresa no tiene responsabilidad de estos crímenes. Al contrario, dijeron que habían recibido mensajes de extorsión de Charris. Agregaron que saben de varios testigos a quienes les han ofrecido dinero a cambio de testificar contra la empresa. (Leer más Drummond niega acusaciones)
En 2010, un juez condenó a 30 años y cuatro meses de prisión a alias ‘Tolemaida’, el jefe del Frente Jhon Jairo López del Bloque Norte de las Auc. El exparamilitar aceptó su responsabilidad del asesinato de Locarmo y Orcasita. En 2013, Blanco Maya, antiguo contratista de alimentos Drummond, fue condenado como autor de concierto para delinquir agravado y determinador de homicidio agravado por las mismas muertes.
En 2020, sólo Charris fue condenado como coautor del punible de homicidio agravado por el asesinato de Gustavo Soler Mora.
Para el resto de las personas implicadas, el proceso sigue abierto. En mayo de 2023, la Fiscalía confirmó en segunda instancia la resolución de acusación en contra de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente Drummond, respectivamente, por los delitos de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley. En octubre de 2023, la Fiscalía ordenó la captura de James Lee Atkins, un exagente de la CIA que fue jefe de seguridad de la Drummond en Colombia. Los procesos no han avanzado más.
Los casos ante la JEP
Hoy los delitos son también investigados por la JEP. En noviembre de 2019 la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de Blanco Maya a la JEP en relación con los procesos ordinarios en los que ya está condenado porque se considera que tiene información que puede ayudar a esclarecer crímenes para satisfacer los derechos de las víctimas a conocer lo sucedido y a ser reparadas.
Además, en agosto de 2022, la JEP abrió el Caso 08, en el que se investiga los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. La categoría de “terceros” incluye a personas que hayan participado en el marco del conflicto sin haber sido un actor armado.
Mosquera cuenta que hacer parte del proceso ante la JEP es importante para ellos. “Como sindicalistas luchamos para que no quede impune la muerte de nuestros compañeros asesinados por los grupos paramilitares”, dice. Sin embargo, reconoce que siente impotencia porque a pesar de denunciar ante las autoridades cada vez que recibe una amenaza, no paran de llegar.
Así ocurrió luego de participar los días 25 y 26 de enero de 2024 en la mesa técnica que instaló la JEP en Valledupar, en la que participaron 70 personas de más de 20 organizaciones de Cesar, La Guajira y Magdalena, zona priorizada por la JEP para la investigación de los crímenes. Sólo unos días después, los líderes recibieron los mensajes.
Ante las amenazas y la estigmatización de los sindicalistas la JEP activó mecanismos para su protección, incluyendo estudios de riesgos de seguridad que definirán las medidas a tomar.
