Desde hace dos semanas circula un panfleto supuestamente de esta banda criminal en el que se, amenaza a líderes que se oponen a la minería ilegal en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caloto.
Así luce el panorama en varios municipios del Cauca, donde la minería ilegal se instaló desde el año 2008 y a a cual se oponen los líderes amenazados. Foto suministradaPor las veredas de Quinimayó y El Palmar, de Santander de Quilichao, en el Cauca, circula desde finales de septiembre de 2014 un panfleto en el que la banda criminal ‘los Rastrojos’ amenaza de muerte a líderes indígenas y afros de los cabildos y consejos comunitarios del norte del departamento.
Tras advertir que quieren “un país donde la gente haga desarrollo”, el panfleto, que lleva el logo de ‘Comandos Urbanos’ de ‘Los Rastrojos’ y está fechado el 29 de septiembre, señalaron a un conjunto de organizaciones porque, a su juicio, no quieren “el desarrollo y el trabajo”, se trata de “Acin, Aconc, cabildos indios de Santander, Consejos negros, Sutec, el Polo, Partido Verde, Mira, Asi, juntas de veredas”.
Asimismo, declararon “objetivo militar” a diez personas con condiciones de liderazgo entre las comunidades afros e indígenas de los consejos comunitarios y cabildos de Santander de Quilichao, y cuyos nombres se omiten a petición de los amenazados.
“…queremos un país sin gente como ustedes que dejen trabajar las minas que son de todos. Estamos atentos haber (sic) si vuelven a quitar máquinas que no son de ustedes”, advierten los supuestos ‘Rastrojos’ en el papel que repartieron a plena luz del día.
Según varios líderes de las comunidades étnicas, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, desde el pasado 29 de abril, las amenazas comenzaron cuando convocaron a una audiencia minera en la que denunciaron la explotación ilegal de oro en sus territorios y le pidieron apoyo al gobierno para frenar la minería ilegal, Los llamaron, los siguieron, “pero es la primera vez que de forma puntual nos declaran objetivo militar”, dice un líder indígena.
En esa audiencia, las comunidades étnicas de Santander de Quilichao advirtieron que en el Consejo Comunitario de Zanjón de Garrapatero operaban por lo menos 105 retroexcavadoras en 28 puntos conocidos como entables; en el resguardo de Canoas y en el Consejo Comunitario del Río Páez los mineros ilegales estaban acabando a mordiscos el Parque Natural del Cerro de Munchique; y los habitantes de la vereda Lomitas denunciaron la contaminación del río Teta, que viene del vecino municipio de Buenos Aires, donde hay explotación a cielo abierto de oro (Lea: Minería en el Cauca: ¿riqueza para quién? y Lomitas, Cauca, quiere salir del abismo).
Justo un día después de la audiencia, la tragedia anunciada por las comunidades durante la audiencia ocurrió en el corregimiento de San Antonio, en Santander de Quilichao. Un alud de piedra y tierra sepultó a varias personas que barequeaban en la mina ‘Agualimpia’, explotada por mineros ilegales.
El hecho condujo a que las comunidades indígenas y afro pidieran con urgencia una reunión con altos funcionarios del gobierno, pues desde 2008 venían denunciando que mineros provenientes de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y la Costa Caribe habían entrado con retroexcavadoras y les estaban destruyendo y contaminando el territorio.
Esa reunión se concretó el 7 de mayo de este año. A ella asistieron los entonces ministros del Interior, Aurelio Iragorri; de Minas, Amílkar Acosta; la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco; y la presidenta de la Agencia Nacional de Minas, Natalia Gutiérrez.
En ese encuentro, los funcionarios de gobierno se comprometieron a recuperar las áreas destruidas por la minería ilegal, a detener las máquinas retroexcavadores, a reparar las comunidades afectadas y garantizarles medidas de protección a 20 líderes que fueron amenazados.
“Pero a los tres meses vimos que el gobierno no había cumplido con lo prometido”, dice otro líder étnico, quien explica que pidieron ayuda a la Fiscalía y la Policía para que investigara quiénes eran los responsables de la minería ilegal y detuvieran las máquinas retroexcavadoras que seguían operando.
Por segunda vez, señalan varios líderes, el gobierno no tomó medidas y los cabildos y consejos comunitarios se unieron para enviar a la autoridad indígena. Frenaron la maquinaria y la extracción en las minas ilegales. La tensión volvió y con ella, las amenazas.
Con estas medidas que tomaron los afros e indígenas, los mineros comenzaron a trasladar la maquinaria al municipio de Buenos Aires, donde de hecho los consejos comunitarios del Río Cauca y La Alsacia se mantenían organizados para impedir el paso de la minería, además del narcotráfico (Lea: En Buenos Aires se pararon en la raya).
Una vez más los cabildos y consejos comunitarios llamaron la atención de las autoridades cuestionando por qué los retenes militares que suele haber sobre las vías principales habían permitido el paso de las retroexcavadoras. “¿Cómo explicar que de las 150 retroexcavadoras que había en Santander de Quilichao la mitad terminaron en Buenos Aires?”, cuestiona un líder afro de la región.
Preocupados por la falta de atención del gobierno pero sobre todo porque las amenazas eran reiteradas, las comunidades le pidieron una nueva reunión al gobierno en el corregimiento La María, en el municipiode Piendamó. Allí el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se comprometió a hablar con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que revisara los esquemas de protección de los líderes.
“También pedimos que la Fiscalía en realidad investigara pues cada vez que hay amenazas presentamos las respectivas denuncias pero no vemos avances en los casos”, explica un líder indígena Nasa.
Aunque los cabildos firmaron un convenio con la UNP para auto-garantizarse protección por medio de la guardia indígena, esto no es suficiente. “Sí requerimos apoyo del gobierno”, comenta un líder indígena, quien considera que aunque les den un teléfono, un chaleco antibalas y subsidio de transporte “de poco servirán estas medidas si los mineros ilegales, los actores armados y los narcotraficantes siguen en la zona”.
Según datos de la Unidad Nacional de Protección actualizados a agosto de 2014, Cauca está entre los cuatro departamentos del país con más solicitudes de protección. En 2012, estas solicitudes fueron 751, en 2013 la Unidad registró otras 816, y entre enero y agosto de 2014 unas 289. En número de solicitudes, sólo le anteceden Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. (Ver tablas).
Andrés Villamizar, director de la UPN, explica que de los diez líderes amenazados dos tienen medidas protección, la situación de otros tres ya fue estudiada y “en los próximos días les otorgaremos las medidas” y el riesgo de uno más está siendo analizado.
“A los otros cuatro líderes los estamos buscando para atenderlos de forma prioritaria”, dice el funcionario, quien de paso asegura que la Unidad atendió la prioridad solicitada por el Ministerio del Interior y apoya la labor que realiza la guardia indígena.
En el norte del Cauca afros e indígenas, que históricamente han reclamado el respeto de sus derechos se unieron desde hace una década para combatir la minería y el narcotráfico. En conflictos por tierras generados por titulaciones del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), han llegado a acuerdos para respetar su interés común (Lea el especial: Tierra a las malas, tierra a las buenas).
Ahora, frente a la amenaza de la minería ilegal y de los problemas que esta desencadena como la presencia de actores armados en sus territorios, aseveran que se mantendrán unidos.
“Rechazamos las amenazas de los grupos armados, seguiremos haciendo control sobre nuestros derechos territoriales y protegeremos la madre tierra. Llamamos la atención del gobierno para que de verdad actúe”, dice un líder indígena.
En terreno, ninguno se atreve a pronunciar los nombres de los grupos armados que los asedian. Mientras en algunas zonas rondan integrantes de las llamadas bacrim; en otras la amenaza proviene de la guerrilla de las Farc.
En regiones como el pacífico caucano, el Consejo Comunitario Renacer Negro solicitó a la Unidad de Restitución el respeto de sus derechos territoriales sobre 71 mil hectáreas afectadas por la minería ilegal y la coca en el municipio de Timbiquí (Lea: En Timbiquí sueñan con librarse del oro y la coca).
En mayo de este año la Unidad de Tierras presentó este caso ante un juez de restitución de Popayán y están en proceso de documentar las reclamaciones del Consejo Comunitario La Toma, en el municipio de Suárez, donde 7 mil hectáreas están afectadas por la minería ilegal.
La situación por la que atraviesan las comunidades indígenas, afro y campesinas del norte del Cuaca generó un pronunciamiento de varias instituciones universitarias y organizaciones sociales que busca sumar voces para frenar la minería ilegal y proteger la vida de los líderes amenazados.
