El expresidente y Senador por el Centro Democrático es investigado por presunto fraude procesal y soborno, pero sus expedientes en distintos despachos judiciales están nutridos de hechos ligados a homicidios, masacres, desplazamientos y presuntos nexos con grupos paramilitares que aún no se resuelven.

Las paradojas de la vida política las vive hoy el líder más representativo del partido de gobierno, incluso por encima del mismo Presidente de la República: de demandante pasó a investigado, y ahora, a enfrentar una orden de detención preventiva domiciliaria a la espera de la etapa de juicio.

Lo que comenzó en febrero de 2012 con una demanda contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, por los delitos de abuso de la función pública y fraude procesal tras considerar que se aprovechó de sus funciones parlamentarias para ingresar a varias cárceles del país y entrevistar a exparamilitares que aseguraron que el expresidente Uribe, junto con su hermano Santiago, y varios empresarios más de la región del Nordeste antioqueño, crearon el Bloque Metro de las Accu, terminó en un proceso en su contra cuatro años después porque se presume que trató de manipular a esos testigos para que no testificaran en su contra.

En medio de ese proceso, Cepeda convocó un debate de control político sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Senado de la República y se programó para el 17 de septiembre de 2014. En aquella ocasión, los ánimos se caldearon, Uribe se retiró del recinto y se dirigió a la sede de la Corte Suprema de Justicia a presentar pruebas de que ese debate estaba “apoyado por terroristas” y presentó documentos que recogían testimonios de varios exparamilitares, quienes señalaba al senador del Polo Democrático de manipular testigos.

Pero cuatro años después se evidenciaría lo contrario: era Uribe quien terminaría siendo sospechoso de ofrecer dinero, a través de varios de sus abogados, a un grupo de testigos para que se retractaran de los señalamientos en su contra. Así quedó consignado en sentencia del 16 de febrero de 2018, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia absolvió a Cepeda y compulsó copias para que investigaran al líder del Centro Democrático por manipulación de testigos.

En el proceso de investigación de su denuncia contra Cepeda se interceptaron llamadas entre el expresidente y sus abogados y amigos en las que se evidenciaban, según los investigadores, eventuales “arreglos” con los testigos para que cambiaran sus declaraciones.

Con base en esos hallazgos, la Sala de Instrucción de este alto tribunal dio un paso sorpresivo en el proceso de juzgamiento contra el Senador Uribe: dictar medida de aseguramiento y ordenar su detención.

La decisión crispó los nervios de quienes rodean al líder político, quienes comenzaron a atacar a la Corte de manera sistemática por considerar que se excedió en la medida y a convocar a sus bases sociales para que, en medio de las restricciones de movilidad impuestas para contener la pandemia generada por la expansión de  COVID-19, se manifestaran en las calles.

No obstante, este proceso que hoy lo tiene en detención domiciliaria es de los menos graves que el senador Uribe tiene en su contra. En las estanterías de distintos despachos judiciales reposan desde hace varios años, y sin aparente avance alguno, decenas de expedientes que se fueron conformando con los testimonios de exparamilitares acogidos a los beneficios de la Ley Justicia y Paz, un mecanismo transicional aprobado en su gobierno, así como de otros testigos que comparecieron a tribunales de la llamada justicia ordinaria.

En esos testimonios, el expresidente es nombrado de manera reiterada y asociado a diversos hechos asociados al conflicto armado, razón por la cual magistrados de los distintos tribunales han compulsado copias para que se investigue al Senador con esos hechos criminales.

Se trata de masacres perpetradas en los corregimientos El Aro y La Granja, de Ituango, Antioquia; el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, oriundo de ese municipio; acciones de paramilitares en las regiones del suroeste y el nordeste antioqueño, entre otras. Estos y otros hechos sucedieron cuando el senador Uribe se desempeñaba como Gobernador de Antioquia (1995-1997).

Pero a su alrededor también gravitan hechos sobre los cuales no hay claridades suficientes ni investigaciones judiciales concluyentes, como las interceptaciones ilegales realizadas en su primer periodo de gobierno (2002-2006) por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a defensores de derechos humanos, periodistas y, lo más grave aún, a la propia Corte Suprema de Justicia durante la época en la que ese alto tribunal procesaba a decenas de congresistas por sus alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), incluido su primo y mentor político, Mario Uribe Escobar.

En su segundo periodo presidencial (2006-2010) también ocurrieron sendos escándalos, entre ellos las famosas visitas a la Casa de Nariño, en abril de 2008, de emisarios del poderoso jefe paramilitar y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, con el fin de hablar sobre un complot de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien tenía bajo su responsabilidad el proceso de la llamada ‘parapolítica’.

La revisión de varios expedientes también revela el asesinato de testigos que han relacionado al senador Uribe con algunos hechos de violencia, entre ellos se destaca Francisco Villalba, acribillado en abril de 2009 en el municipio de La Estrella, sur del área metropolitana. Este exparamilitar relacionó al líder político con la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, ocurrida en octubre de 1997, dos meses antes de que finalizara su mandato como Gobernador.

La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es importante porque significa un avance en la investigación, que deberá surtir varios pasos más para llegar a la etapa de juicio, pero es necesario resaltar que falta mucho más trabajo para despejar la duda de impunidad que rodean los procesos contra el líder del Centro Democrático.

Para tener un mejor contexto, este portal expone buena parte del dossier que se ha venido construyendo con el paso de los años sobre los hechos asociados al conflicto armado que rodean al expresidente y senador Álvaro Uribe, hoy detenido para que responda por delitos menores, en relación a los que aún no se resuelven.

Las sombras que rodean al expresidente

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