Ahora que la negociación de paz con las Farc parece ver la luz al final del túnel y el país comienza a prepararse para lo que sería una reinserción de guerrilleros a la vida civil, antiguos miembros de la guerrilla del Epl reconstruyen las trágicas historias que rodearon los proyectos que les fueron adjudicados. Además de pedir reparación, esperan que lo anterior sirva de ejemplo y experiencia.
Exmiembros del Epl, entre elllos Mario y Dario Mejía. Foto: archivo Semana.
Los negocios fracasaron al poco tiempo de entrar en funcionamiento. Quienes optaron por proyectos ganaderos tuvieron que soportar el robo continuo de sus reses. Los beneficiarios de las granjas agrícolas fueron desplazados al poco tiempo y sus tierras les fueron despojadas. Y al final, una cifra aún por establecer de personas asesinadas y otras tantas desplazadas por cuenta de la violencia que se desató contra ellos. Tal fue la suerte que corrieron buena parte de los proyectos productivos que el gobierno nacional le otorgó a los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (Epl), una vez suscrito el Acuerdo de Paz con este grupo guerrillero, el 15 de febrero de 1991.
El desalentador balance hace parte del proceso de documentación que vienen realizando, desde hace poco más de un año, un puñado de antiguos miembros de este grupo subversivo con el fin de consignar casos de homicidios, desplazamientos, desapariciones, persecuciones, entre otros, que fueron cometidos en el Urabá antioqueño contra Esperanza, Paz y Libertad, el movimiento político que aglutinó a los desmovilizados del Epl y que fuera exterminado durante la década de los noventa por acción de la guerrilla de las Farc, una disidencia del Epl que se negó a entregar sus armas y la acción de los grupos paramilitares.
Según Mario Agudelo, exintegrante de Esperanza, Paz y Libertad y quien participa en dicho proceso, la idea es que, la Unidad Nacional de Reparación y Atención a Víctimas o bien la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, reconozca la calidad de víctima colectiva de este movimiento político pues, dice, “se trató de una persecución sistemática que buscaba exterminar un colectivo por razones políticas”. A su juicio, este proceso también puede ser de gran utilidad en las actuales circunstancias en la medida en que “de allí se pueden sacar aprendizajes, para que no se cometan los mismos errores en futuros procesos de desmovilización y reinserción, como el que estaría próximo a ocurrir con las Farc”.
De acuerdo con esta documentación, solo en los municipios del Urabá antioqueño, entre 1991 y 1996, se registraron 18 masacres dirigidas contra los “esperanzados”, como se conoció popularmente a los desmovilizados del Epl. En dicho periodo también se presentaron 763 hechos violentos que van desde homicidios, atentados, desplazamientos forzados hasta amenazas, así como más de 2.000 ataques contra sindicalistas que simpatizaban o mantenían vínculos con esta nueva fuerza política surgida luego del Acuerdo de Paz.
Iniciativas que no prosperaron
Rafael Pardo, representante del Gobierno Nacional, y Bernardo Gutiérrez, del Epl, durante los acuerdos de paz. Foto: archivo Semana.
“Y si eso pasó con la gente, la pregunta obvia que teníamos que plantearnos era: ¿qué pasó entonces con los proyectos productivos otorgados a los desmovilizados?”, plantea Agudelo. La respuesta no ha sido nada alentadora. Gracias a entrevistas y encuentros realizados durante el primer semestre de este año por los responsables de la documentación, se lograron detectar unas 30 iniciativas que beneficiaban a un total de 334 excombatientes, las cuales debían ser ejecutadas solo en los municipios del Urabá antioqueño.
De ellas, un porcentaje no superior al cinco por ciento lograron sostenerse en el tiempo. La falta de preparación técnica de los desmovilizados para el manejo de pequeñas y medianas empresas, la poca asesoría y acompañamiento técnico con el que contaron pero, por encima de todo, la persecución violenta de la que fueron víctimas, figuran como las principales causas que no permitieron la consolidación de estas ideas de negocio.
Prueba de ello fueron los asesinatos de Carlos Alberto Agudelo y Fernando Duque, directivos de Conideas, organización no gubernamental contratada por el Gobierno para asesorar y acompañar las iniciativas productivas de los desmovilizados. “Pero cuando los matan a ellos, en 1993, Conideas cierra sus puertas y los proyectos quedan a la deriva”, asevera Agudelo, quien dice además que “por aspectos como este es que los proyectos del norte del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba, por ejemplo, fueron arrasados por completo por la acción de las Autodefensas, los disidentes del Epl y las Farc. La gente quedó sola en medio de un corredor utilizado por todos los grupos armados”.
Entre los proyectos hasta ahora identificados figuraban propuestas de la más amplia variedad, que iban desde el montaje de talleres de tapicería, ebanistería, talabartería; pasando por la apertura de pequeños restaurantes, locales de comida rápida, droguerías; hasta la creación de cooperativas de transporte público terrestre y fluvial. Todos ellos fueron afectados, directa o indirectamente, por el accionar de todos los grupos armados que tuvieron presencia en Urabá durante los años noventa y que declararon objetivo militar a los desmovilizados del Epl.
Ejemplo claro de lo anterior lo constituye la desaparecida Cooperativa de Transportes Rurales de Urabá, con sede en el municipio de Arboletes. Gracias a un crédito de 260 millones de pesos, otorgado por el Gobierno, un grupo de 134 reinsertados, asociados con otros miembros de la comunidad, importaron al país unos ochenta vehículos tipo campero (waz, como se les conoce en la región), con los cuales iniciaron la prestación del servicio de transporte de pasajeros a varios municipios y veredas del norte del Urabá.
Sin embargo, un día de mayo de 1994, tan solo cuatro meses después de iniciada su operación, unos seis vehículos de esta cooperativa fueron incinerados en varios retenes instalados por integrantes de la disidencia del Epl en la vía que comunica los municipios de San Pedro de Urabá y Turbo. La quema de los automotores dejó pérdidas superiores a los 84 millones de pesos y un golpe anímico y económico del cual los socios del proyecto nunca pudieron recuperarse.
Quienes lideran el proceso de documentación de estos casos señalan que lo más grave ocurrió en el sector agropecuario. De un rastreo inicial de 12 iniciativas, las cuales contemplabanproducción ganadera y agrícola, solo un par de ellas lograron salir adelante; en el resto, los beneficiarios fueron asesinados o desplazados y las tierras que les fueron adjudicadas, terminaron en manos de terceros.
“Hubo proyectos en Necoclí, en San Pedro de Urabá, en Tierralta, principalmente, donde el gobierno nacional adjudicaba la tierra y los desmovilizados compraban el ganado. Pero, ¿qué pasó? Que les robaron todo el ganado, les quemaronlas fincas, les mataron gente. Solo por el hecho de ser desmovilizados. Y claro, muchos, por no decir que todos, abandonaron las tierras que les habían adjudicado. Hoy, muchas de esas tierras están en manos de terceros”, dice Agudelo.
Santa cruz: el gran proyecto político que la violencia truncó
Época de los acuerdos de paz con el Epl. Aparecen Carlos Eduardo Jaramillo, Bernardo Gutiérrez y Jesús Bejarano. Foto: archivo Semana.
Quizás el caso más emblemático en este sentido es el proyecto Santa Cruz-Corrales, nombre de dos extensas fincas ubicadas en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, que el entonces Comité de Administración del Programa de Dotación de Tierras para Reinserción del Incora, les compró a Juan David Ochoa mediante escritura 004871 celebrada el 3 de noviembre de 1993 de la Notaría Tercera de Medellín.
Como su nombre lo indicaba, dicho Comité tenía la función de adjudicar tierras para proyectos agroempresariales de desmovilizados tanto del Epl como de otros grupos insurgentes que durante esos primeros años de la década de los noventa, hicieron tránsito de organizaciones alzadas en armas a movimientos políticos dispuestos a participar en el juego democrático electoral.
“Formulamos entonces un proyecto ante la oficina de reinserción y fue así como nos adjudicaron, a principios de 1994, una gran hacienda llamada Santa Cruz-Corrales, en Tarazá”, recuerda Francisco García, unos de los pocos beneficiarios que sobrevivieron a la persecución emprendida por los grupos armados que operaban en el Bajo Cauca antioqueño. Como si fuera ayer, Francisco recuera que este “era el proyecto más grande de todos los que le adjudicaron a los reinsertados del Epl. En total vinculamos 29 familias, eso era mucha gente; pero también era el más grande en extensión: estamos hablando de una finca de 2.123 hectáreas de tierra”.
Las familias beneficiarias crearon la Empresa Comunitaria Agroindustrial y de Servicios Los Andes -Ecasa-, un nombre tan grande como los sueños de sus asociados. Allí, en esas tierras bañadas por las aguas del río Cauca, los desmovilizados montaron un hato con 260 cabezas de ganado de doble propósito (leche y carne); tres estanques piscícolas con cultivos de tilapia y cachama. Además, gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura de Antioquia, lograron sembrar 12 hectáreas de árboles de caucho, aparejadas con 12 hectáreas de piña.
“Teníamos productos de pancoger: plátano y yuca. Teníamos tractor, planta eléctrica y un capital de 25 millones de pesos que pusimos a disposición de la población. De hecho, le entregamos a la Alcaldía de Tarazá una hectárea de tierra para que se construyera un colegio con vocación agrícola. De eso sólo se alcanzó a poner los pisos”, cuenta Francisco, quiendice que más allá de la explotación económica, lo que buscaban los desmovilizados era “materializar un sueño político: poder gobernar en la región, conquistar alcaldías y concejos”.
Pero la violencia truncó dichas aspiraciones. Primero, fue la guerrilla del Eln quien atacó a los “esperanzados” por considerarlos unos “aparecidos”, según lo recuerda Francisco. “Recién llegados, el Eln nos mató a una compañera. Ellos tenían una presencia histórica en el Bajo Cauca y consideraban que esa región era de ellos. A la gente comenzaron a decirle: ‘mucho cuidado con esos aparecidos”.
Luego, llegaron las Farc indagando por las intenciones de los desmovilizados: “en ese momento, en Urabá, estaban las Farc y los Comandos Populares dándose bala y eso estaba repercutiendo en toda parte donde había desmovilizados del Elp. Nos tocó hablar con los comandantes de las Farc y Eln, pero no sirvió, eso antes polarizó más la situación y a ponernos en mucho riesgo”, declara. Para en 1997, solo once familias de las 29 iniciales permanecían en el proyecto. Las amenazas, el asesinato de varios desmovilizados y la tensa situación de orden público fueron motivando la deserción de los participantes.
La estocada final la propinaron los paramilitares. Para 1996, integrantes del Frente Barro Blanco del Bloque Mineros de las Auc ingresaron a Santa Cruz-Corrales con el fin de controlar esa tierra que, para ellos, era un punto de alto valor estratégico para la guerra. “Desde ahí controlaban el paso del Eln y de las Farc. Pero ese no fue el problema. Cuando ellos ingresaron comenzaron a sembrar coca en las parcelas donde estaban las piñas y el caucho. Cuando les hicimos el reclamo, nos dijeron que esa era orden de ‘Cuco Vanoy’, que él mandaba decir que no quería vernos mucho por allá. Cuando nos pasó eso, analizamos la situación y tomamos la determinación de irnos, pero no nos alcanzó el tiempo para salir de allí”.
En efecto, en confusos hechos atribuidos al Eln fue asesinado, en los primeros meses de 1998, el gerente del proyecto, Fredy Claudio Martínez. Tan solo meses después, los paramilitares ingresaron a la haciendo, se robaron el ganado y quemaron la mayoría. Al enterarse del hecho, Ismael Castaño, desmovilizado del Epl y uno de los artífices de la iniciativa, decidió viajar al Bajo Cauca para tratar de recuperar algo de las cenizas. Pero al llegar al corregimiento Barro Blanco fue asesinado por los paramilitares.
Reparación y restitución
En abril de 2014, Francisco García radicó una solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Allá le confirmaron que Santa Cruz-Corrales fue dividida en dos predios; uno de ellos no registra presencia alguna mientras que en el otro, actualmente se presenta una gran explotación de caucho y piña, conjuntamente con cultivos de hoja de coca.
“Y ese predio hoy está ocupado por un tercero. Yo diría que es casi seguro que ese caucho es el que nosotros tuvimos que abandonar. Hoy lo están explotando otros”, sostiene Francisco, quien pese a las diligencias adelantadas hasta ahora, no ve opciones de una restitución expedita: “esa es zona roja. Hay fuerte presencia de guerrillas y bandas criminales. No es una zona microfocalizada. Y mientras no se supere eso, difícil será el trámite de la restitución”.
Por su parte, Euclides Guzmán, quien integró la Cooperativa de Transportes Rurales de Urabá, asegura que ya adelantó los trámites correspondientes ante la Unidad Nacional de Reparación y Atención a Víctimas pues asegura que él así como los demás participantes de este proyecto, tienen derecho a la reparación en tanto hubo afectaciones al patrimonio económico por parte de los actores armados del conflicto.
“Con esta documentación también pretendemos eso: acceder a la restitución o la reparación en aquellos casos que así lo ameriten”, manifiesta Mario Agudelo, quien señala que avanzan en la documentación de los casos de los predios San Guzmán y Manila para ser presentados dentro de poco a la URT.
Más allá de ello, este desmovilizado cree que todo lo documentado hasta ahora tendrá que servirle de lección al gobierno nacional: “en el caso del Epl hubo mucha improvisación para la reinserción; no hubo estudios previos, no hubo un modelo claro. Ojalá que ahora con la propuesta de ‘Paz Territorial’ no se cometan los mismos errores del pasado y se pueda consolidar una verdadera paz”.
