Documentos y el testimonio de un exfuncionario muestran cómo la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba autorizó a Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, para que le comprara tierras en el Urabá antioqueño.
Al revisar los documentos originales de decisiones de la Junta del Fondo Ganadero De Córdoba con las declaraciones de su ex gerente, Benito Osorio Villadiego, quien está colaborando con la justicia, VerdadAbierta.com encontró que prestigiosos ganaderos de Córdoba y Antioquia sentados en la Junta Directiva de esa entidad en 2000, sabían que Sor Teresa Gómez, viuda de Ramiro Castaño Gil, era la intermediaria en la compra de tierras en el Urabá.
Así lo confirman un acta de la junta directiva de 25 de agosto de ese año en la que estaban los ganaderos Alfredo Naissir Charris, Luis Gallo Restrepo, Guillermo Mariño, Arturo Vega Varón, Andrés Zuluaga Camacho y Andrés Arango.
En esa reunión, el gerente del Fondo, Benito Osorio, informaba que los propietarios de 46 predios habían dado poder a Sor Teresa para negociar los predios directamente con la institución. En esa junta, el gerente pidió autorización para pagarle los predios a esta señora quien era la intermediaria entre los labriegos y el Fondo. Gómez fue capturada el pasado 7 de octubre pues fue condenada por el asesinato de la líder de tierras, Yolanda Izquierdo.
Este portal revisó las actas de la Junta Directiva del Fondo de los últimos 15 años, que muestran cómo esta entidad compró más de 4 mil hectáreas de tierras con problemas de titulación en el Urabá antioqueño, usando como intermediarios no solo a Sor Teresa Gómez Álvarez sino a Luis Ángel Gil Zapata, familiar de los hermanos Castaño.
En el listado de los accionistas del Fondo en 2000, fecha en la que se finiquitaron las compras, en el que tenía acciones el Estado a través del Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Córdoba, figuraban los hermanos Carlos, Eufrasio, Fidel, Héctor, Vicente y Rumalda Castaño Gil. En la actualidad los Castaño siguen siendo accionistas de ese Fondo, aunque su participación no alcanza el 0.08 por ciento sorprende que, aunque, con excepción de Héctor, los demás ya están muertos, la justicia no haya investigado si incidieron o no en el Fondo Ganadero para que invirtiera en tierras de campesinos que su grupo paramilitar despojaría.
Benito Osorio Villadiego, quien fue gerente del Fondo entre marzo de 1997 y marzo de 2007, aseguró que Benito Molina Velarde, accionista mayoritario y miembro de la Junta Directiva, fue quien insistió en que se compraran tierras en el Urabá antioqueño. “Había unos conflictos de intereses de algunos directivos que poseían tierras allá en el Urabá y tenían compromisos con las Auc, porque (Molina Velarde) no generaba empleo en la región”, dijo Osorio Villadiego.
Molina Velarde es un mexicano que llegó a Córdoba en la década de los ochenta tras casarse con la monteriana María Cristina Buelvas, quien también era socia del Fondo Ganadero.
Osorio explicó que en 1997 “las primeras tierras que se vieron por iniciativa de Benito Molina fueron en cercanías al Urabá chocoano, cerca del río Sucio, muy mojadas y lejos. A esas tierras fuimos con Sor Teresa Gómez, una señora muy reconocida en círculos políticos, sociales, gremiales y de orden público en el departamento de Córdoba, con oficinas en frente del comando de la policía departamental”, recordó el ex gerente.
El exgerente relató que, tras una reunión de 1997 lo autorizaron a comprar entre 4 y 5 mil hectáreas a un precio de 350 mil pesos por hectárea. Por el valor, supuestamente las únicas tierras que encajaban se podían conseguir en el Urabá, en donde era notoria la presencia de los paramilitares de los hermanos Castaño.
Efectivamente en el acta N. 1084 del 1 de diciembre de 1997, la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba autorizó la compra de entre 5.000 y 6.000 hectáras de tierra en los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, lo que posteriormente se conocería como la Hacienda Tulapa. La decisión de comprar tierras en esta región se dio, según aseguró ante fiscales y en entrevista a VerdadAbierta.com, Osorio Villadiego, por presiones de un miembro de la Junta.
Quienes autorizaron esa compra fueron los directivos principales Luis Gallo Restrepo, Benito Molina Laverde, Orlando Fuentes Hessén, Bernardo Vega Sánchez y Carlos Sotomayor Hodge, así como el directivo suplente Carlos Cabrera Guerra.
Los campesinos desplazados por los paramilitares denunciaron años después que fueron presionados por Gómez Álvarez para que vendieran sus tierras a precios que oscilaban entre 300 y 400 mil pesos por hectárea.
Después de visitar varias parcelas y presentárselas a la junta directiva, según lo reconoce la misma Sor Teresa Gómez en una carta a Osorio y de la que VerdadAbierta.com tiene una copia, le dijeron a Osorio que ella se encargaría de la negociación y le ordenaron no visitar durante dos meses los predios porque su presencia podría “encarecer la negociación”. La junta del Fondo se decidió por las remotas tierras de Tulapa, ubicadas entre Necoclí y San Pedro de Urabá, en el Urabá antioqueño. “Eran tierras en maleza, sin cercas, no alcancé a entrar a todas porque era imposible”, dijo el ex gerente del Fondo.
A la par que el Fondo compraba tierras en esa región, otros intermediarios como Guido Vargas y Benjamín Alvarado Bracamonte presionaban a otros campesinos para que les vendieran sus propiedades al entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Aunque era notoria la presencia de las autodefensas, Osorio Molina insiste en que ellos no presionaron a los campesinos para que les vendieran a pesar de que la intermediaria fue Gómez Álvarez, reconocida en la regiónpor su cercanía a los Castaño, y asegura que el precio pagado fue justo.
La Junta le giraría los cheques a Sor Teresa Gómez para que ella se encargara de pagarles a los campesinos. Si bien, el 1 de diciembre de 1997 se autorizaron las compras y se acordó un plazo de tres meses para hacer el traspaso de las escrituras, las respectivas legalizaciones apenas se hicieron en 2003. Ese año, Osorio Villadiego le dijo a la Junta Directiva que “dadas las condiciones en que se compró la finca Tulapa, en cuyas tierras había muy poca titulación, se iniciara seguidamente todo el proceso para hacerlo”.
El acta 1135 del 12 de diciembre de 2003, el gerente del Fondo explica a los accionistas los problemas que se han ido encontrando a la hora de hacer las escrituras: “La mayoría de las tierras compradas no tenían títulos. Lo primero que hubo que hacer fue ubicar de manera precisa los predios para poder tener una idea clara de si eran o no terrenos baldíos. Seguidamente se hizo la legalización de aproximadamente 50 predios, se ubicaron en las planchas de catastro predio por predio, luego se ubicó cada propiedad en el centro que tiene catastro en el departamento de Antioquia. Los terrenos que en este momento están conformando la finca Tulapa ya aparecen con nombre propio y han sido aprobados en Catastro Departamental”, dice el documento.
Osorio Villadiego reconoció que se compraron predios con problemas: “Eso fue un pecado del notario, del registrador y del abogado que hicieron las escrituras. Compraron y firmaron escrituras sobre predios que tenían restricciones. La mayoría de esas negociaciones las hizo el Incora”.
Para adelantar los procesos de legalización, el Fondo contrató a María Inés Cadavid, especialista en tierras y en esa época funcionaria del Incora (hoy Incoder), quien cobró 9 millones de pesos por hacer la gestión de 130 predios del corregimiento San José de Mulatos, Turbo, tal como consta en el acta 1126 del 4 de abril de 2003.
Durante varios años el Fondo subutilizó esta hacienda por su topografía montañosa y solo usó parte de los terrenos para ganadería, incluso en una parcela, Carlos Castaño montó una casa de descanso y nadie se atrevió a denunciarlo. “Él construyó una casa de palma con dos habitaciones, un tanque elevado, una casa de zinc. No pidió permiso a nadie. Quién tiene la valentía de hacer eso, era imposible de denunciar. Y si usted tiene hijos o mujer, usted tiene que cuidarse”, explicó Osorio.
Alianza para reforestar
La primera empresa en sugerirle al Fondo una mejor utilización de las tierras de la hacienda Tulapa fue la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), una firma creada hace diez años por la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín.
La primera referencia a una posible alianza entre el Fondo y RIA se hizo el 24 de octubre de 2003, cuando Osorio Villadiego abordó el tema en una reunión de la Junta Directiva. Allí dijo que la reforestadora había enviado una comunicación y según el acta, “el Fondo Ganadero realizó los contactos con esta empresa para un posible proyecto de reforestación en la hacienda Tulapa”.
Los directivos presentes en la reunión se mostraron interesados en la propuesta, dado que sería un buen negocio para el Fondo en el largo plazo, pero antes de tomar una decisión sugirieron un estudio de factibilidad para determinar si era viable o no.
Posteriormente, el 24 de febrero de 2004, hizo presencia en la reunión de Junta Directiva Gonzalo Bernal, gerente de RIA, para explicar en qué consistía el proyecto que impulsaba esta empresa y la idea que tenían en la hacienda Tulapa. En su intervención, el funcionario hizo una presentación de lo que era RIA, sus socios, en qué zonas del país estaban trabajando, cómo se vincularía el propietario de la tierra a RIA y los beneficios quese obtendrían.
Osorio Villadiego apoyó la propuesta, sugirió que se utilizaran por lo menos mil hectáreas de Tulapa que estaban ociosas, y propuso que se hiciera un proyecto piloto en 100 hectáreas. Quien se mostró en desacuerdo fue el directivo y accionista Molina Laverde tras considerar que no era el momento para invertir en reforestación. Según él, “lo mejor es esperar a que comience a llegar capital extranjero para este tipo de proyectos”.
Finalmente y después de varias discusiones, la propuesta de RIA fue aceptada en reunión de Junta Directiva del 27 de julio de 2005. El proyecto fue aprobado con la votación a favor de los directivos Alfredo Naissir Charry, Jesús María López Gómez, José María Méndez Méndez y Antonio Buelvas Troncoso; el directivo Benito Molina se abstuvo de votar.
El negocio se cerró el 8 de septiembre de ese mismo año, cuando la Junta Directiva autorizó por mayoría que se utilizaran para reforestación 500 hectáreas de la hacienda Tulapa y se obtuviera un porcentaje de ganancia del 32 por ciento sobre la explotación maderera.
Llega el caucho
Ademas de proyectos de reforestación, la hacienda Tulapa fue tenida en cuenta para desarrollar cultivos de caucho, que para la época venía impulsando Incuagro, una incubadora de proyectos agrícolas financiada por la Presidencia de la República y el Fondo de Inversión para la Paz. En el Urabá antioqueño buscaba apoyar esfuerzos de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, particularmente del Bloque Elmer Cárdenas, comandados por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Ver: La telaraña de los ‘paras’ en Urabá)
El 21 de octubre de 2005, Osorio Villadiego informó a la Junta Directiva de la visita realizada por Incuagro para un eventual proyecto de siembra de caucho en la hacienda Tulapa. En esa ocasión, tal como se procedió con RIA, se solicitó un estudio para determinar en qué zonas se podría desarrollar el proyecto, el cual fue realizado por la firma Proforest. El análisis del terreno demostró que de 593 hectáreas calificadas como aptas para plantar caucho, sólo 291 tenían excelentes condiciones.
En una reunión de Junta Directiva realizada el 10 de enero de 2006, directivos de Incuagro asistieron a ella y presentaron dos proyectos de caucho, identificados como Productora de Caucho de Uraba S.A. y Productora de Caucho de Tierralta S.A. Una vez se escucharon los argumentos, se aprobó esta nueva alianza agroindustrial.
Según el acta N. 1159, de esa fecha, el Fondo le entregó en usufructo 400 hectáreas de la hacienda Tulapa “con la posibilidad que la Asamblea General de Accionistas ordene dar las tierras como capital de riesgo para que el Fondo Ganadero de Córdoba entre como accionista de las empresas Productora de Caucho de Uraba S.A. y/o Productora de Caucho de Tierralta S.A. de las cuales Incuagro es socio mayoritario en un 80 por ciento”.
Los proyectos de Incuagro en el Urabá antioqueño estuvieron rodeados de una sombra de ilegalidad, pues se ha sospechado que en ellos tuvieron una fuerte injerencia grupos paramilitares en vía de desmovilización para esa época, como el Bloque Elmer Cárdenas, que dejó sus armas en agosto de 2006. La preocupación de alias ‘El Alemán’ era el futuro de los combatientes bajo su mando una vez abandonaran el grupo ilegal.
Al respecto, Osorio Villadiego resalta que en ese momento y tras esas decisiones “había conflictos de intereses de miembros de la junta directiva para complacerse con las autodefensas”.
Al final, la hacienda Tulapa no quedó ni para los paramilitares desmovilizados, ni para los ganaderos, porque la justicia no ha definido la responsabilidad de estos últimos en el despojo, mientras que los campesinos que fueron desplazados aún no saben cuándo les será restituida.
