Detrás del drama que padecen tres servidores de esa entidad, que tuvieron que abandonar hace varias semanas las regiones donde trabajaban luego de recibir amenazas de muerte, habría una actuación que refleja pérdida del espíritu misional. Las inquietudes provienen de uno de sus sindicatos.
Justo cuando la defensa de los derechos humanos en el país requiere una mayor capacidad institucional para proteger a las comunidades que padecen difíciles condiciones de vulnerabilidad por cuenta de la reconfiguración del conflicto armado y nuevas expresiones de violencia generadas tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, esta agencia del Ministerio Público, al parecer, enfrenta una crisis interna que estaría obstaculizando la tarea de sus funcionarios y la visibilización de lo que le ocurre en las regiones.
La denuncia la hicieron varios miembros del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) consultados por este portal luego de valorar la manera cómo el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, y su equipo directivo han actuado frente a casos recientes de amenazas de muerte contra tres funcionarios de la entidad quienes tuvieron que desplazarse desde sus lugares de trabajo hacia Bogotá para proteger sus vidas.
En un comunicado fechado el pasado 9 de noviembre, el sindicato advirtió que “dichas amenazas son de tal gravedad que no sólo atentan contra la vida e integridad de los compañeros Defensores de Derechos Humanos, sino también contra el cabal cumplimiento del mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo de Colombia, lo que además se perfila como respuesta alineada a lo que está ocurriendo en los distintos escenarios del ejercicio de defensa de derechos en el país”. (Descargar comunicado)
Pero más allá de esas consideraciones, que afectan al analista del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y a uno de los defensores comunitarios en el Urabá antioqueño, y a un defensor comunitario del departamento de Casanare, el sindicato reprochó la actitud del Defensor Nacional del Pueblo, quien, según la organización gremial, ha guardado silencio frente esos tres casos.
William Salazar, directivo de Sindhep, cuestionó, además, la manera arbitraria cómo la entidad ha tramitado los casos de los tres funcionarios: “Desde el momento que salen de sus regiones de trabajo los funcionarios intimidados, no ha habido ningún tipo de actuación institucional enmarcada en una perspectiva de derechos humanos; por el contrario, lo que han recibido son agresiones por parte de la entidad, empezando por amenazas de destituirlos de sus cargos por no estar en sus lugares de trabajo y suspensión del salario si no regresan”.
Este líder gremial consideró que el comportamiento de la dirección de la entidad es un síntoma del debilitamiento de la Defensoría del Pueblo que, a su juicio, “no está permitiendo la actuación defensorial de manera rigurosa. Es un ejercicio simplemente mediático, banalizando la actuación institucional, negando lo que pasa tanto internamente como en los territorios, y utilizando recursos institucionales para tener una imagen externa favorable”.
Lo grave, precisó Salazar, “es que esta situación se está presentando en momentos en que se registra un nuevo ciclo de violencia que se está presentando en el país como expresión de una reconfiguración del conflicto armado que afecta notablemente a las comunidades más vulnerables”.
Lo paradójico, además, es que ese eventual debilitamiento institucional se presenta cuando esta agencia del Ministerio Público fue dotada de herramientas más eficientes a través del Decreto 2124 de 2017 para adelantar su tarea misional de defensa de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables del país. (Descargar decreto)
Ese decreto surgió del Acuerdo de Paz con las extintas Farc que estableció la creación en la Defensoría del Pueblo de un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida “ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En particular sobre los riesgos y amenazas por la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, y conductas criminales, incluyendo organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo y nuevos factores de riesgo”. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Pese a los cuestionamientos, el Decreto 2124 le dio un impulso al SAT, que se refleja en las cifras de emisión de alertas tempranas durante este año, que para el 19 de noviembre llegó a 80, mientras que en 2017 no superó las 52
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Urabá, de alto impacto
“La amenaza contra un funcionario de la Defensoría del Pueblo es una amenaza contra las garantías de protección de las comunidades más vulnerables”, dijo el Analista del SAT afectado por las intimidaciones de las que fue víctima el pasado 29 de septiembre, que lo llevaron a abandonar rápidamente el Urabá antioqueño y trasladarse a Bogotá para proteger su vida. Su nombre se omite por razones de seguridad.
Para este funcionario, las amenazas de la que es víctima ocasionan un detrimento de la misión institucional y no son casos aislados, por el contrario, “reflejan una actuación estructural que profundiza la vulneración de derechos humanos y la desprotección en las que se encuentran las comunidades en el país”.
Pero agrava la situación, a su juicio, el comportamiento de las directivas de la entidad ante un caso como el suyo y el de sus dos colegas: “El boom publicitario que como persona hace el Defensor Nacional del Pueblo, en el país y en el extranjero, sobre la defensa de los derechos humanos y la situación de los líderes sociales, no tiene correspondencia ni coherencia con lo que sucede internamente en la institución y que, de alguna manera, incrementa la vulneración de derechos para algunos de los funcionarios”.
Para respaldar sus afirmaciones detalló lo ocurrido una vez recibió en su teléfono institucional un mensaje amenazante: “Me puse en contacto con los directivos de la entidad, les informo de la situación, y hago una solicitud explicita para que me saquen de las zonas de manera provisional para prevenir que me asesinen y lo que recibo es desatención y maltrato”.
Con recursos del sindicato viajó a Bogotá a presentarse ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano a plantear su caso y lo que recibió fue un memorando en el que la Defensoría del Pueblo “explícitamente me dice que debo regresar a Urabá y si no regresa está supeditado a un proceso disciplinario y a que le suspendan el salario”.
Cuestionó también el ofrecimiento que le hicieron de un esquema de protección proveído por la Unidad Nacional de Protección (UNP), consistente en un vehículo y un escolta armado. “Eso es totalmente contrario a la observancia de los principios humanitarios de neutralidad de la función propia del trabajo que desarrollamos en las comunidades, que se basa en la construcción de confianza”.
Por su parte Marco Fidel Hernández, defensor comunitario de San José de Apartadó, también en el Urabá antioqueño, llegó a Bogotá desplazado de su trabajo desde pasado 7 de junio, tras recibir varias amenazas por el tipo de trabajo que adelantaba hacía más de cuatro años ante la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una organización de resistencia campesina.
Hernández explicó que su labor allí se originó como parte de los compromisos de la Defensoría del Pueblo con lo exigido en la Sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional sobre la población desplazada del país y en aras de hacerle eco a las medidas cautelares que estableció hace varios años la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Comunidad de Paz.
“En ese contexto es que estoy en este trabajo y mi propósito siempre fue construir confianza entre la Comunidad de Paz, las comunidades que están en el corregimiento y el Estado. Esa labor se hace durante cuatro años y, finalmente, a finales del año pasado se logra que la Comunidad de Paz acepte una relación formal con la Defensoría del Pueblo”, relató Hernández.
La situación de riesgo de y vulneración de derechos es crítica para la Comunidad de Paz, que durante sus más de 20 años de constituida mantiene un posicionamiento de resistencia y de proyecto social que contempla la justica, igualdad y participación de la comunidad, de manera efectiva. Lograrlo no ha sido fácil, pues sus enemigos, legales e ilegales, los han atacado de diversas formas, poniendo una alta cuota de sangre. (Leer más en: Solicitan reparación colectiva para Comunidad de Paz de San José de Apartadó)
“Por defender esos preceptos básicos, permanentemente he sido señalando de mentiroso durante todo el ejercicio de mi trabajo, por parte de las Fuerzas Militares, la Policía y la administración pública”, dijo el defensor comunitario. “Lo que me decían era que no quería colaborar con el Estado, sino que estaba en contra del Estado”, y puso como ejemplo la defensa que hizo de varios líderes sociales que lideraron una protesta para que trasladaran una base militar que estaba al lado de una institución educativa del corregimiento, violando normas consagradas en el Derecho Internacional Humanitario.
También destacó hechos como que en sus recorridos rurales con miembros de la Comunidad de Paz se encontraron en algunas ocasiones con lo que llamó “grupos paramilitares”, que posiblemente sean de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Al respecto dijo que hizo las denuncias respectivas a través de la Defensoría del Pueblo. “Pero las autoridades siempre lo negaron y me señalaban como “enemigo” del Estado por cumplir mis funciones”. (Leer más en: La sombra ‘gaitanista’ que cubre San José de Apartadó)
Las amenazas contra Hernandez se incrementaron durante el primer semestre de este año y denunció que una vez le notificó la situación al Defensor Regional de Urabá, éste le dijo que “ya sabía de ellas”, sin que le hubiese advertido al defensor comunitario de ellas de manera oportuna, y lo único que se limitó a explicarle era que había solicitado su traslado, y se le notificó que iría al departamento de Vichada.
“El Defensor Regional y el Nacional insisten que me pasa todo eso porque me hice parte de la comunidad de paz, y porque tomo de manera muy apasionada mi trabajo de defensor de derechos humanos”, detalló el funcionario, quien no tiene dudas en concluir que este tipo de circunstancias “se enmarcan en una estrategia nacional de debilitamiento de las herramientas que tiene la gente sencilla para defender sus derechos humanos”.
Las tensiones en Urabá para el analista del SAT y los defensores comunitarios también tendrían que ver con los informes y las alertas que están produciendo en las que advierten los riesgos de sectores vulnerables como los reclamantes de tierras, en una región donde el despojo de predios en razón del conflicto es de los más altos del país y en los que han participado empresarios y comisionistas, cuyos casos han sido procesados por la justicia.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en sólo este año se han emitido por lo menos ocho alertas tempranas de inminencia, una de los cuales, la 053-18 evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 6.378 personas y 7 sujetos colectivos reclamantes de tierras de los nueve municipios que conforman el Urabá antioqueño.
Además, relataron que desde el 2009 emiten reportes permanentes sobre lo que ocurre en el Bajo Atrato chocoano, una región convulsionada por la presencia de grupos armados ilegales que quieren dominar esta zona estratégica y en la que también hay intereses económicos de por medio ligados a la restitución de tierras.
Desestabilizar en Casanare
Juan Camilo Herrera, defensor comunitario de ese departamento de los Llanos Orientales, es otro de los funcionarios amenazados. De acuerdo con el sindicato, “ha sido objeto de reiterados y graves señalamientos debido a sus labores de acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos sociales, particularmente las organizaciones de mujeres desplazadas, organizaciones comunales y organizaciones indígenas, y ha sido denunciado de forma temeraria de ser responsable de conductas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado”.
Ese tipo de señalamientos y estigmatización, según la organización gremial, “son un mecanismo para limitar sus actividades de protección de derechos humanos en barrios marginales y territorios de los pueblos indígenas en los Llanos Orientales bajo situaciones de alta conflictividad armada, poniendo en riesgo su vida con este tipo de acusaciones sin fundamento”.
Ante esa situación, que ha sido recurrente este año, Herrera se vio obligado a desplazarse a Bogotá para buscar protección. Entrevistado por este portal, explicó que su caso es, de alguna manera, “un ataque estructural a personas defensoras de derechos humanos en contextos de conflicto armado y que tienen como propósito desestabilizar los procesos organizativos de las comunidades”.
Coincidiendo con el Analista del SAT de Urabá, este defensor comunitario planteó que “cuando atacan un funcionado de la Defensoría del Pueblo que por mandato legal y constitucional tiene que desarrollar en terreno labores de prevención y protección de derechos humanos, en el fondo lo que quieren es atacar a las comunidades y generarles factores de riesgo específicos en medio del recrudecimiento del conflicto armado”.
Herrera explicó que es objeto de una persecución “que tiene muchas aristas”, entre ellas que lo relacionan como cercano a la guerrilla del Eln, con lo que se pretende, según él, “desestabilizar un trabajo de más de cinco años con comunidades indígenas en alto riesgo y procesos de violación de derechos que ocurren a nivel urbano en Yopal”.
Como parte de su trabajo como defensor comunitario, ha denunciado lo que describe como “la fuerte la situación del paramilitarismo”, en Casanare, circunstancia que ha generado reacciones en contra por parte de las autoridades civiles locales y regionales, así como de la Policía y el Ejército, porque, a su juicio, se empeñan en “una reiterada negación de una realidad que estamos viviendo”.
Pero no sólo ha advertido de los riesgos generados por estructuras armadas ilegales derivadas del paramilitarismo, también lo ha hecho sobre la disidencia del Frente 28 de las Farc y del Frente Domingo Laín del Eln. “Además, hay un conflicto violentísimo que, de alguna manera, encubre procesos de restitución de tierras, donde también tendría injerencia el narcotráfico”, agregó Herrera.
Frente a su situación de riesgo y la actuación de la entidad, aseveró que “los comportamientos del Defensor Negret y los cuestionamientos políticos hacia los directivos de la Defensoría del Pueblo nos está resultando muy costoso en los territorios, nos deja abandonados institucionalmente y a merced de todo este tipo de actores que nos ponen en riesgo”.
La crítica situación de seguridad en varias regiones del país, las persecuciones, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas y autoridades étnicas, así como las intimidaciones a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, marcan retos muy claros para esta agencia del Ministerio Público en la defensa de comunidades en riesgo de vulneración de los derechos humanos y, por tanto, sus objetivos misionales no se pueden seguir debilitando; de ocurrir, podrían incrementar los riesgos para sus funcionarios en terreno.
“Censurar informes de riesgo y no emitirlos, cuando lo que se pretende es hacerlos más públicos, según el Acuerdo de Paz; incluir en ellos los avances de la Fuerza Pública, tal como lo han pedido algunos directivos de la Defensoría; revelar la identidad de las fuentes de información a las que recurren analista del SAT; y tener como filtro de los informes de riesgo a los defensores regionales, quienes ahora tienen que conocer al detalle lo que se plantea en esos documentos, cuando se sabe que varios de esos funcionarios llegaron a ese cargo bajo lógicas clientelares apoyados por padrinos políticos regionales”, es un compendio de las estrategias de debilitamiento que afronta la Defensoría del Pueblo planteadas por las fuentes consultadas.
En una carta enviada al Defensor Nacional del Pueblo el pasado 7 de noviembre, el Sindicato le aclaró que los problemas que existen en las comunidades no se resuelven “con una visita eventual fotografiada y publicitada en prensa, son los procesos de acompañamiento jurídico y humanitario por parte de profesionales expertos y con vocación, independientes de los poderes políticos regionales, los que permiten el cumplimiento real de las obligaciones surgidas de los acuerdos suscritos con las Farc y el gobierno nacional, las sentencias de las Corte Constitucional, las órdenes y medidas de los jueces de restitución de tierras, la ley y la Constitución”.
Nota del Editor: Se quiso conocer la opinión del Defensor Nacional de Pueblo, Carlos Negret, pero desde la Oficina de Prensa se le dijo a VerdadAbierta.com que a la situación de los amenazados se les está dando un trámite interno y no harían ninguna referencia al respecto de manera pública.
