Los sorprendentes cambios en los recientes resultados electorales en muchos municipios de la Costa, encienden las alarmas ad portas de las elecciones presidenciales.
La Fiscalía aún no ha podido aclarar si hubo fraude en las elecciones al Congreso de 2002 en Magdalena, y ya se le acerca un nuevo proceso por razones parecidas. Se trata de los comicios parlamentarios de marzo pasado, en los que SEMANA ha posido establecer que hubo un comportamiento electoral tan anormal, que es inevitable una investigación oficial al respecto.
El hecho es que en este año hubo variaciones muysignificativas en la votación frente a la de 2002, lo cual podría significar una de dos cosas: que pese a los controles hubo irregularidades, o que en las elecciones de hace cuatro años, factores externos impidieron que la gente saliera a votar.
SEMANA investigó el censo electoral y los resultados en 2002 y 2006 de los comicios para el Congreso en los departamentos de Magdalena, Cesar y de una decena de municipios en los departamentos de La Guajira, Córdoba y Sucre. En estos lugares, según una carta dirigida por la registradora nacional, Almabeatriz Rengifo, al Ministro del Interior y al Director de la Policía Nacional, hubo hace cuatro años “incidencia de fuerzas extrañas y anormales en la democracia, debido a la presencia de actores armados que afectan los resultados con porcentajes que no corresponden con la normalidad electoral”. Los resultados en la revisión de SEMANA son, por decir lo menos, llamativos. (Ver gráficas).
Mientras el promedio nacional de participación fue del 41 por ciento, en 27 de los 65 municipios analizados esa cifra superó el 50 por ciento de los inscritos. Algo atípico de acuerdo con los expertos en temas electorales. El municipio de González, en Cesar, con el 93 por ciento de participación, es el más protuberante. Le siguen Remolino, en Magdalena, y La Unión, en Sucre, con el 74 y 66 por ciento, respectivamente.
Otra cifra que llama la atención es el desproporcionado incremento que tuvieron algunos municipios en sus votaciones, si se comparan con las elecciones al Congreso de hace cuatro años. En promedio nacional, el incremento de participación fue del 5 por ciento, pero en los municipios analizados hubo casos como el de Río de Oro, en Cesar, con aumento del 341 por ciento. Le siguen en este mismo departamento los municipios de San Alberto y Gamarra, con 103 y 87 por ciento, respectivamente.
Las cifras de SEMANA fueron revisadas por la Registradora y cuatro altos funcionarios de esa entidad, en busca de alguna respuesta a lo que está sucediendo. “Estos datos prenden una alarma, son como banderillas que ameritan un análisis y no sabemos con certeza qué pasó -dijeron-, de las cifras también se puede deducir que, gracias a los controles, hubo mayor participación. Esto no significa una convalidación de lo que haya podido suceder. Pero hay que esperar a tener más información para esclarecerlo en lo electoral y, si hay lugar, en lo penal”.
La sombra del fraude
SEMANA analizó los municipios que han despertado mayor atención nacional por el temor a que los paramilitares utilicen los mecanismos electorales para consolidar el poder y el control social que lograron en su momento por las armas. Políticos de la región con altas votaciones en los lugares donde hubo grandes cambios confirman las dificultades que tuvieron en 2002 para hacer campaña. “En esas elecciones nos tocó viajar a todo lado en avioneta porque no podíamos usar ninguna carretera. Había presiones de todos los grupos” , dice Alfredo Cuello, del Partido Conservador, quien ahora sacó el 48 por ciento de la votación a la Cámara en González. Asegura que en ese lugar ha sacado siempre una votación similar. ¿De dónde, entonces, salió la votación de más? Álvaro Morón, del Movimiento Alas Equipo Colombia, quien sacó el 46 por ciento de los sufragios, dice que históricamente en González ha habido votaciones muy altas. Esto no es exacto, pues en 2002 votaron 2.394 personas y en 2006 lo hicieron 4.152.
Esta diferencia es una de las reclamaciones que estudia el Consejo Nacional Electoral y es parte de los procesos para definir una curul que disputa el Partido Liberal. El registrador municipal, en un escueto informe, asegura que en González todo transcurrió normalmente, con presencia del Ejército y la Policía.
Damián Lengua, registrador del vecino municipio de Río de Oro, donde hubo un incremento sustancial en la participación entre unos y otros comicios, dijo a SEMANA que es normal que en esta zona se produzcan trasteos de votos, por ser fronterizos con Norte de Santander. Esa puede ser una de las razones para que en Aguachica se incrementaran los votos entre una elección y otra, en casi 7.000 votos, aunque el registrador de ese lugar dice que la gente votó más porque hubo mejores garantías.
En relación con el orden público, varias fuentes, entre ciudadanos, funcionarios, periodistas y políticos, coinciden que en Cesar en estas elecciones no se vivió la presión paramilitar como antes. Esto podría explicar parte del incremento en la votación. El senador Álvaro Araujo, quien lidera el Movimiento Alas Equipo Colombia, el partido que obtuvo la votación más alta en este departamento, asegura que las reclamaciones sobre los resultados en Cesar son infundadas. “Fuimos exhaustivos en la verificación de los escrutinios, primero en los municipios y luego en el departamento, aun a costa de mis votos” y asegura que las dificultades se presentaron por mala capacitación del jurado. “No hemos montado ningún fraude, nuestra votación ha sido consistente en todas las elecciones. Antes había unos márgenes de abstención exagerados. Donde la gente no tiene miedo de votar se sube la votación”.
En algunos casos se pueden explicar los altos resultados cuando el candidato es raizal. Este podríaser el caso de Tenerife, en Magdalena, donde Rodrigo Roncallo, del Movimiento Apertura Liberal, obtuvo el 39 por ciento de la votación con la que fue electo. Esto puede tener sentido si se tiene en cuenta que hace poco fue su alcalde.
Las elecciones de 2002 en este departamento hoy son objeto de polémica, pues hubo resultados anormales, similares a los que se ven hoy en varios de los municipios analizados. Fueron tan atípicas esas elecciones, que lugares como El Difícil y Cerro de San Antonio disminuyeron considerablemente su votación en 2006. Respectivamente, las votaciones se redujeron en 37 y 17 por ciento (Ver gráfica). Para la registradora, Almabeatriz Rengifo, este resultado prueba que los controles aplicados sirvieron para evitar una nueva irregularidad.
Al revisar los cinco municipios ‘marcados’ por la Registraduría en Sucre, llama la atención que el senador Álvaro García Romero, del partido Colombia Democrática, obtuvo en estos municipios de poco potencial el 30 por ciento de la votación que le va a permitir repetir su curul. “Los resultados reflejan una trayectoria de 28 años de vida pública -dice García- aun así me siento defraudado con la votación de mi departamento. La gente me respaldó porque soy el único que no tiene vínculos con las autodefensas”.
¿Qué pasó realmente?
La situación encontrada en los 65 municipios analizados no se puede medir con el mismo rasero. Hay matices que no se pueden desestimar y que inflan los resultados si se comparáns con el promedio nacional. Esto por ejemplo sucede en los municipios que tienen un candidato nativo o en regiones donde están emergiendo movimientos políticos fuertes. También parece sensato el argumento de que la gente participó más gracias a la mejoría en la seguridad. Pero todo eso debe ser investigado.
En algunas regiones los grupos armados han logrado penetrar los gobiernos y la política local, y la presión con la fuerza física se podría estar reemplazando por el uso de mecanismos electorales tradicionales, como la suplantación y el trasteo de votos, ara acceder al poder.
Una cifra alta de participación en sí misma no prueba un fraude o una coacción, pero es un indicio que merece ser analizado. Hasta el momento sólo se conocen dos investigaciones que se abrieron a solicitud de la Procuraduría por los resultados en González, Cesar y Remolino, Magdalena. En este último municipio, además, se suspendió al registrador municipal y se le abrió una investigación disciplinaria.
Así mismo, en el Consejo Nacional Electoral hay 350 reclamaciones por supuestas irregularidades en las elecciones de este año. Variasson de los municipios analizados, pero ese trabajo toma tiempo. En las elecciones pasadas se anularon 1.300.000 votos, lo que afectó la composición del Congreso, pero esto sucedió cuando ya se iba a terminar el período.
Los órganos de control tienen una tarea importante. La urgente es de la Registraduría, que con todas estas “banderillas”, adquiere importancia en vísperas de las elecciones presidenciales. Y la historia demuestra que todo lo que se pueda hacer para garantizar su transparencia es una inversión rentable en términos de la credibilidad electoral.
Publicado en SEMANA, Fecha: 05/13/2006 – Edición 1254
