Ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia de 2021, en la categoría Defensa a Toda una Vida.
Es una lideresa social perteneciente al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que desde hace más de 30 años defiende los derechos de los pueblos indígenas y promueve los principios de unidad, cultura, territorio y autonomía, invitando a preservar los conocimientos propios y fomentando la defensa y preservación de su pueblo étnico.
Su proceso de liderazgo, que ha contribuido a la reivindicación del papel social y comunitario de las mujeres indígenas, lo inició como promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC) en la década de 1990 y como autoridad en el resguardo Piçkwe Tha Fiw, ubicado en la vereda La Villa, en el municipio de Páez, departamento de Cauca.
Posterior a ello, en el año 2000, asumió la coordinación del programa de salud y atención al comunero en la AIC y el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), donde trabajó desde las asambleas en pro de los derechos y deberes de dichos individuos. En esa época también apoyó diferentes procesos para la revitalización y el fortalecimiento organizativo de la zona de Tierradentro, en Páez, y de los resguardos indígenas del departamento de Huila.
De otro lado, fue delegada de la región del occidente del país ante la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas de Colombia (MPC). Para 2008 fue elegida Consejera Mayor del CRIC, en el que lideró la Minga Indígena, movilización en la que participaron entre 40 mil y 60 mil indígenas rechazando la vulneración sistemática de derechos humanos a raíz de la política institucional de Seguridad Democrática planteada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
En el marco de ese proceso social fue señalada por quien era la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y por el entonces comandante de la Policía Nacional de tener supuestos nexos con las ahorea desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusaciones que logró demostrar que no eran ciertas.
Pero eso no fue lo más difícil a lo que debió enfrentarse. Su esposo José Eduin Legarda fue asesinado el 16 de diciembre de 2008, aparentemente por miembros del Ejército Nacional, quienes en el desarrollo del proceso penal intentaron criminalizar y responsabilizar a Quilcue de la muerte de su cónyuge. Durante el juicio ella y su hija, para ese momento menor de edad, fueron víctimas de diversas acusaciones, amenazas y atentados.
Debido a este y otros hechos, hoy en día cuenta con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De la misma manera, la Guardia Indígena la ha acompañado activamente en su labor de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Pese a su pérdida y a las persecuciones, contribuyó a la expedición del Decreto Ley 4633 de 2011, por medio del cual se dictaron medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a indígenas victimizados. En ese ordenamiento jurídico, complementario de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se consagraron conceptos propios relevantes de las comunidades indígenas, como el territorio sujeto de derechos, las afectaciones colectivas a derechos y el daño individual con efecto colectivo.
En el IX Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en 2016, fue nombrada Consejera de Derechos de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz. Desde ahí se empezó a destacar su participación e incidencia para la inclusión del Capítulo Étnico en el Acuerdo de Paz, que se firmó ese mismo año entre el gobierno colombiano y las FARC. Asimismo, fue delegada indígena ante la Mesa Nacional de Víctimas, donde impulsó los Planes Integrales de Reparación Colectiva a Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRCPCI).
Pese a su involucramiento con el proceso de paz, también ha tenido que enfrentar desde su labor el recrudecimiento de la violencia posterior a 2016. En 2018 acompañó a la movilización de 400 indígenas de Chocó, quienes marcharon hasta Bogotá para denunciar la situación de confinamiento y vulneración que se vivía en los asentamientos indígenas del departamento.
Actualmente, se desempeña como coordinadora del CRIC. En ese cargo trabajó con el equipo de líderes que acompañó las actividades de expresión juvenil, social, popular y comunitaria del Paro Nacional este año.
Desde ese escenario, denunció nacional e internacionalmente la violación sistemática de derechos humanos, especialmente aquella dada por el exceso de fuerza por parte del Estado colombiano, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de la Policía Nacional.
En las manifestaciones ha representado los puntos de vista tanto del movimiento indígena como de otros sectores sociales, pues ha alzado su voz por el asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y por el abuso sexual a mujeres.
También ha estado participando en el proceso denominado como ‘Pacto por un nuevo país’, surgido en el contexto del paro, en el que se recogen propuestas de las diferentes organizaciones de Colombia para encontrar puntos en común que ayuden a la construcción de paz.
Varias de las actividades que lidera han contado con apoyo de entidades nacionales e internacionales, ya que la articulación y coordinación interinstitucional ha sido una de sus banderas.
Gracias a su constante labor de denuncia, se han mantenido visibles problemáticas como la presencia de grupos paramilitares, guerrilleros, bases militares, minería ilegal, narcotráfico y monocultivos. Su trabajo ha sido sin ánimo de lucro y se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades, problemáticas, tiempos y dinámicas propias, en lo cultural y organizativo, de las comunidades.
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