La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras muere en apenas 20 meses, y en el más optimista de los escenarios se alcanzarían a devolver apenas una tercera parte de los predios abandonados por campesinos huyendo de la guerra o que les fueron despojados a la fuerza. Por eso piden las víctimas extender su vigencia. Tampoco se ha hecho justicia frente a los despojadores, y la última esperanza es la JEP.

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