El más reciente informe del Programa Somos Defensores establece que en los seis primeros meses de este año ocurrieron 111 ataques menos que en el mismo periodo de 2023. Es una reducción del 24 por ciento, pero las cifras no dejan de ser alarmantes.
Colombia es un país de paradojas tanto en la búsqueda de la paz como en los picos de la guerra. Cuando se dio la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc los asesinatos de líderes y lideresas sociales aumentaron como nunca antes. Ahora, que buena parte del territorio nacional se encuentra en disputa o ha sido cooptada por nuevos grupos armados, hubo un leve respiro.
Así lo plantea el informe Telegrama, que publica hoy el Programa Somos Defensores, en el que documenta cómo fue la violencia que padecieron estos activistas durante enero y junio de este año. A ese hecho “paradójico” le atribuye dos posibles hipótesis.
La primera plantea que la instalación y mayor presencia de los grupos armados ilegales en algunas zonas hace que se pase de repertorios violentos a acciones de control social. La segunda es mucho más desalentadora: “A mayor presencia de los grupos armados, mayor es el silenciamiento de la población y, por lo tanto, mayor es el subregistro de las agresiones”, dice el informe.
Otra paradoja de ese planteamiento es que, a pesar de que el gobierno nacional está apostando por dialogar con todos los grupos armados y delincuenciales de alto impacto, en lo que ha denominado como la Paz Total, no se ven aportes concretos de esos esfuerzos en la disminución de agresiones contra quienes defienden los derechos humanos.
“La guerra sigue presente e, incluso, mucho más fortalecida en casi todos los departamentos del país. Hay un claro deterioro en la situación humanitaria, se identifica un fortalecimiento de los grupos armados ilegales y, al cierre de este informe, la mayoría de procesos de diálogo político y de sometimiento se encuentran parados o estancados. No es un buen momento para la población, especialmente para las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”, indica el documento.
Por lo tanto, ¿el país está ante una fase menos frontal de los grupos armados contra los voceros de la población civil o impera la ‘Ley del Silencio’ en buena parte del territorio nacional?
La única certeza son los casos recopilados por el Programa Somos Defensores. Esa organización no gubernamental documentó 355 ataques de diferente clase contra lideresas y líderes sociales en los primeros seis meses de este año, frente a los 466 del primer semestre de 2023. Este consolidado evidencia que, salvo los secuestros y los desplazamientos forzados, las demás agresiones mermaron durante dichos periodos de análisis.
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Tras presentar estas cifras, el informe plantea que este panorama puede estar marcado por la diferencia de contextos entre ambos semestres: “El año anterior los grupos armados estaban ingresando a los territorios, por lo cual, el ejercicio de la intimidación en las comunidades a través de la violencia selectiva y demostraciones de poder hizo que las agresiones incrementaran, y este año, se observa una consolidación en diferentes regiones por lo cual, cuando los actores armados se establecen se presenta una reducción en los hechos en contra de los liderazgos sociales incluso por cambios en las estrategias para hacer presencia”.
Además, recuerda que el año pasado hubo elecciones regionales, lo cual suele incrementar los niveles de agresiones selectivas en algunas regiones. “Esta situación fue observada por la Misión de Observación Electoral (MOE) que informó que en el período octubre 2022 a mayo 2023, previo a las elecciones regionales, ‘hubo un incremento del 40% en la violencia’ contra liderazgos sociales, comunales y políticos con relación al período preelectoral de 2019”, reseña el documento.
En cuanto a las agresiones, en esta ocasión el Programa Somos Defensores incluyó una categoría para identificar a las personas defensoras con orientación sexual y de género diversas (OSIGD) que sufrieron agresiones. De este modo, documentó 96 afectaciones contra mujeres, 211 contra hombres y 11 contra personas OSIGD.
En cuanto a agresiones por tipo de liderazgo, las proporciones de violencia mantienen el mismo orden: los más atacados fueron los comunales, comunitarios e indígenas.
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Los departamentos más violentos durante el primer semestre de 2024 fueron Cauca (120 hechos), Antioquia (52), Santander (27), Norte de Santander (18), Magdalena (16), Valle del Cauca (14), Bolívar (12), Arauca (11), Córdoba (10) y Bogotá D.C. (10).
Los asesinatos
Por otro lado, aunque es cierto que ocurrieron 20 homicidios menos que en el primer semestre de 2023, los 65 documentados en este año no dejan de causar alerta. En promedio, cada tres días fue asesinada una lideresa o un líder social durante los primeros seis meses de 2024.
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A nivel departamental, Cauca, como ya es habitual desde hace varios años, encabeza este listado con 12 asesinatos. Se reporta una novedad en los demás puestos, Arauca reemplazó a Valle del Cauca en el segundo puesto , con siete casos. Después siguen Chocó (5), Valle del Cauca (5), Antioquia (4), Córdoba (4), Norte de Santander (4), Bolívar (3), Huila (3), Putumayo (3), Caquetá (2), Bogotá (2), Meta (2), Santander (2), Tolima (2), y Boyacá, Caldas, Casanare, Nariño y Sucre, con un caso, respectivamente.
El análisis de estos asesinatos arroja que 53 se cometieron con armas de fuego, cuatro con arma blanca, tres por asfixia mecánica, uno con objetos contundentes y en cuatro se desconoce el tipo de arma utilizada. Además, 10 personas fueron víctimas de desaparición forzada previa al asesinato, 12 tenían amenazas previas y cinco eran beneficiarias de medidas de protección.
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El Programa Somos Defensores llama la atención que grupos disidentes de las Farc sean el principal sospechoso de estos crímenes, pues en sus anteriores mediciones, en la mayoría de los casos no se tenían indicios de los presuntos responsables.
“Esta cifra es bastante significativa y se dio en medio de un contexto de crisis en la mesa de negociación entre el Gobierno y el Estado Mayor Central que llevó a que alias ‘Iván Mordisco’ se separara de los diálogos y emprendiera acciones armadas en las zonas donde hace presencia con sus estructuras, hechos en medio de los cuales ha quedado la población civil y las personas defensoras de derechos humanos”, reseña el documento.
Por otro lado, también llama la atención el incremento en el número de asesinatos cometidos por bandas criminales y autores individuales, tendencia que inició en el 2023: “Así se evidencia un posible fortalecimiento de estructuras como las bandas en las zonas urbanas, hecho en medio del cual los liderazgos y personas defensoras incrementan su riesgo al ser unos de los actores más visibles de las comunidades”.
El informe señala que durante ese semestre las bandas criminales cometieron, presuntamente, asesinatos de personas defensoras en Quibdó, Cúcuta, Tuluá, Ortega y Bogotá. La mayoría de los casos ocurrieron en Quibdó, Chocó.
Esta investigación lamenta que “detrás de lo que parecen ser números, realmente se encuentran vidas, muchas de ellas que ya no están porque la violencia se las arrebató a sus procesos, familias y comunidades, y muchas otras en un alto riesgo frente al fortalecimiento de los actores armados y la falta de estrategias efectivas por parte del Estado para dar garantías”.
