En los municipios de Pelaya y Curumaní, comunidades víctimas del conflicto armado advierten el secamiento de dos repositorios de agua de las que depende su subsistencia alimentaria. Las respuestas de la Agencia Nacional de Tierras y Corpocesar siguen pendientes.
De la abundancia de bocachico, mojarra amarilla, moncholo y arenca sólo queda el recuerdo en las atarrayas de los pescadores. Ambas comunidades llevan más de cinco años haciendo un llamado a las autoridades ambientales e institucionalidad agraria para proteger los complejos hídricos del avance de la agroindustria.
“Hemos tocado a las puertas de las instituciones y no hay acciones reales”, indica un líder del consejo comunitario de El Pato Yuyo, del corregimiento de San Bernardo, en Pelaya.
Las comunidades afrodescendientes en San Bernardo y Costilla dependen de la Ciénaga de Sahaya, un cuerpo de agua de 47 mil 100 hectáreas que se extiende también por los municipios de La Gloria y Tamalameque, en el sur de Cesar. Sin embargo, señalan que desde 2012 tienen problemas con Felipe D’Costa Martínez, dueño de la hacienda Las Tapias, quien desarrolla un proyecto de cría de búfalos a orillas del complejo hídrico.
“Esta hacienda cada vez toma más porciones de la ciénaga. Los 2 mil búfalos están acabando con las zonas donde se crían los peces”, dice un miembro de la Junta de Acción Comunal de San Bernardo, quien solicitó la reserva de su nombre.
“El señor Felipe echó cercas y nos impide el acceso a la ciénaga y a los caminos veredales. Teníamos cultivos de ahuyama, fríjol y yuca y también nos los hizo perder”, cuenta uno de los integrantes de la Asociación de Pescadores de San Bernardo, que habló también bajo reserva.
Un miembro del consejo comunitario agrega: “Hemos sufrido por muchos años la violencia, somos sobrevivientes, y en estos tiempos lo que queremos es dialogar, que las instituciones promuevan una mesa de concertación con el señor de la Hacienda Las Tapias para llegar acuerdos, para expresarle la importancia de proteger la ciénaga para la subsistencia de todos”.
Este medio se contactó con D’Acosta, quien no quiso dar declaraciones: “no contesto llamadas de este tipo”, dijo.
Este municipio fue incluido en el informe de riesgo territorial y luego nacional que emitió la Defensoría del Pueblo sobre líderes sociales. “La situación es tal que no se ha podido avanzar en el desarrollo del Plan de Reparación Colectiva mientras no exista un aval de seguridad. Es la forma para comenzar con los procedimientos de consulta previa”, dice un líder del consejo comunitario.
Las comunidades afrodescendientes de Pelaya fueron afectadas por el conflicto armado de los últimos 25 años por la presencia de las guerrillas, principalmente del Frente Camilo Torres Restrepo del Eln y las estructuras de las Farc en el Sur de Bolívar y el Catatumbo.
Asimismo, por los paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc. Los pobladores de Costilla y San Bernardo hicieron parte de las 11 mil personas que, según los registros oficiales, fueron desplazadas en esa disputa entre insurgentes y paramilitares, hasta la desmovilización de estos últimos en 2006.
“Pese a la violencia hicimos todo el esfuerzo por cuidar a Sahaya. Y seguimos en esa lucha porque en 10 años estamos seguros que no encontraremos ni un pez”, reitera otro líder.
En 2012 el Incoder emitió la Resolución 536 con la que anunció el inicio del procedimiento administrativo para “deslindar y delimitar” los playones de Sahaya; pero la comunidad desconoce los avances de este proceso, que desde el 1 de enero de 2016 son competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La Defensoría Regional del Pueblo ha solicitado respuestas de la ANT y también de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), pero la Agencia sólo ha informado que actuará en la medida en que la autoridad ambiental realice una identificación de las rondas hídricas que componen la Ciénaga.
Canoa en tierra
En Curumaní, la historia no es distinta. La comunidad campesina del corregimiento de Santa Isabel es también sobreviviente al conflicto armado y es sujeto de reparación colectiva. En casi tres décadas, fueron afectados por la guerra desatada por el Eln, las Farc, y el Frente Resistencia Motilona, un brazo del Bloque Norte de las Auc.
En los tribunales de Justicia y Paz, varios paramilitares confesaron la masacre del 1 de agosto de 2001, en la que asesinaron a 11 personas, y la del 4 y 5 de diciembre de 2005, en las veredas Lamas Verdes y Nuevo Horizonte, donde mataron a otros 20 campesinos.
Según los relatos de algunos habitantes, empresarios palmicultores y ganaderos aprovecharon el desplazamiento y el vacimiento de las diez veredas para desviar el río Anime, uno de los principales afluentes que surte la Ciénaga de Santa Isabel.
Después de la crudeza de la violencia, no se atreven a indicar nombres de personas o empresas. “Es agotador buscar que las instituciones actúen. Los líderes de varias veredas fuimos a Valledupar y le mostramos a Corpocesar las evidencias de cómo está la ciénaga. Creemos que es falta de voluntad política”, dice uno los campesinos.
Aunque reconocen que el proceso de reparación colectiva avanza con las medidas de acceso a educación y salud, advierten que los proyectos productivos difícilmente prosperarán ante la escasez de agua. No ven cómo podrán recuperar el carácter de despensa agrícola del corregimiento, en su sueño de sembrar yuca, fríjol, cacao, aguacate, plátano, café y hortalizas; y menos, el de pueblo pesquero: “Duele el alma ver cómo desaparece la ciénaga”, dice otro poblador, indicando que las canoas pasaron a ser como un elemento de museo en tierra.
VerdadAbierta.com buscó respuestas sobre las acciones de la Agencia Nacional de Tierras y Corpocesar, pero las oficinas de prensa de ambas instituciones quedaron de pronunciarse. La ANT indicó que están próximos a presentar el primer reglamento de uso de playones y sabanas comunales.
Con la reciente protección de las 123 mil hectáreas del Complejo Cenagoso de La Zapatosa, que beneficia a varios municipios de Cesar y Magdalena; en Pelaya y Curumaní las comunidades esperan diligencia en la recuperación de las ciénagas de Sahaya y Santa Isabel (lea nota de prensa). También pronta aplicación del acuerdo anunciado por la ANT, que promete brindar derechos de uso a campesinos que llevan ocupando baldíos inadjudicables, como ocurre con playones y sabanas comunales (lea anuncio de la Agencia).
Las denuncias de los pescadores de Pelaya y Curumaní muestran un panorama aún poco explorado por las autoridades y la justicia: el de la apropiación de los recursos hídricos durante el conflicto armado. “Es que no solo fueron despojadas las tierras; también el agua, y eso es algo que el gobierno no quiere ver… Sin agua no hay comida y sin comida no hay paz”, concluye un líder del corregimiento de San Bernardo.
