Durante varios años, VerdadAbierta.com, en alianza con National Security Archive (NSA), le ha seguido la pista a este proceso, soportando las investigaciones con documentos desclasificados en Estados Unidos y en Colombia, que demuestran no sólo los pagos realizados, sino las crisis internas entre directivos y empleados por esas decisiones que acabaron fomentando la guerra en la región agroindustrial de Antioquia.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció la resolución de acusación, que afecta a un grupo de personas, entre colombianos y extranjeros, quienes son responsabilizados de hacer esos pagos por más de diez años. Por esas mismas operaciones, en el 2007, la multinacional fue multada en Estados Unidos por 25 millones de dólares.

“La Fiscalía ha decidido dictar resolución de acusación contra 14 funcionarios de esa empresa, que habrían estado comprometidos en el proceso de financiación de grupos armados irregulares en la zona de Urabá antioqueño”, anunció a través de diversos medios de prensa nacionales Martínez, aunque mediante boletín de prensa emitido esta tarde se estableció que son 13 personas.

La medida involucra a presidentes, representantes legales y miembros de la administración de Chiquita Brands en Colombia, quienes habrían tenido conocimiento de pagos por 1,7 millones de dólares realizados al Frente Arlex Hurtado Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que estaba al mando del empresario bananero Raúl Hasbún.

Una investigación periodística realizada en 2017 por este portal, en alianza con la NSA, de Washington, demostró que la multinacional también le pagó a las guerrillas de las Farc, el Epl y el Eln poco más de 800 mil dólares antes de que los paramilitares se hicieran al control de la zona, en 1996.

La resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir agravado, sobre el cual recae la calificación de delito de lesa humanidad, cobija a los ciudadanos extranjeros Charles Dennis Keiser, Dorn Robert Wenninger, John Paul Olivo, José Luis Valverde Ramírez y Fuad Alberto Gioacoman Hasbún; así como a los colombianos Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, , Álvaro Acevedo González, Luis Germán Cuartas Carrasco, Víctor Julio Buitrago Sandoval, Juan Diego Trujillo Botero, Jorge Alberto Cadavid Marín, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Javier Ochoa Velásquez.

El ente acusador anunció que se precluyó la investigación contra Gloria Andrea Cuervo Torres. Además, mantuvo la investigación contra Edgar Gutiérrez Castro, empresario antioqueño, exministro de Hacienda en 1984 y expresidente de Banacol, filial de Chiquita, lo curioso es que falleció el pasado 21 de abril; compulsó copias para que se investigue la presunta responsabilidad de alcaldes, gobernadores, demás funcionarios de la Rama Ejecutiva y directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad entre 1997 y 2004.

También fueron compulsadas copias sobre John Ordman, quien fue vicepresidente senior de European Banana Sourcing, filial de Chiquita Fresh Group. En los próximos días se les estará notificando la medida a los implicados, quienes comparecerán a juicio sin que pese sobre ellos ningún tipo de orden la captura, detalló Martínez.

La decisión tomada por el ente acusador hace parte de un proceso penal que lleva más de diez años en los entrados judiciales colombianos, con decisiones tomadas a favor de los directivos incluso, y por diversas razones no había tenido mayores avances, hasta ahora, que son llamados a juicio estos 13 directivos.

Al respecto, el Fiscal General aseguró que esta medida hace parte de la responsabilidad que le dio la Corte Constitucional para adelantar los procesos penales contra aquellos terceros, civiles, que contribuyeron a financiar el conflicto armado colombiano. “Vamos a asumir con profunda responsabilidad esas investigaciones y por eso hemos empezado ya con la primera”, reiteró Martínez, quien de pasó anunció que la Fiscalía tiene “priorizadas un número importante de investigaciones para ir avanzando de tal manera que se haga justicia respecto de quienes dinamizaron la guerra financiando el conflicto armado en Colombia”.

Tres días después de que se conociera la resolución de acusación de la Fiscalía, la oficina de prensa del senador y exgobernador de Antioquia (1995-1997), Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado en el que recordó que en el país existieron más de 700 convivir amparadas por las normas del país. Además, alega que el “Gobierno Departamental reconocía la personería jurídica, pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional”. (Lea el documento aquí)

VerdadAbierta.com pone en conjunto los textos sobre este complejo caso de involucramiento de empresas multinacionales en la guerra colombiana con el fin de que nuestros lectores tengan un mejor contexto del tema y se formen sus propias opiniones.

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