Desde 2012, un grupo de campesinos en Zambrano, Bolívar, espera respuestas de la institucionalidad agraria para ‘blindar’ las tierras que cultivan hace 11 años. Mientras, la inseguridad los acecha: desconocidos le quemaron los enseres a uno de los labriegos y la comunidad advierte amenazas.
Así quedó la silla de ruedas y gran parte de las pertenencias de los Canoles, una de las 13 familias campesinas que espera la titulación del predio Veranillo, en el municipio de Zambrano, Bolívar. Foto suministrada familia Canoles.Jhonny Rafael Canoles Mercado quiere comprender por qué las últimas agresiones han sido contra él y su familia, aunque cree que es porque se resiste a abandonar la tierra que cultiva desde hace más de 11 años y que estaría reclamando un viejo narcotraficante. El pasado 5 de septiembre su esposa fue a verificar si la casa estaba en orden, pues él estaba fuera recibiendo tratamiento médico. Del otro lado del teléfono, Canoles no podía creer la escena que le relataba su esposa:sus pocas pertenencias habían sido incineradas. (Ver video)
La situación ocurrió en su parcela de 20 hectáreas en el predio Veranillo, del municipio de Zambrano, en Bolívar. Cuando su esposa llegó al lugar encontró que el candado que aseguraba la puerta metálica fue violentado y les quemaron las tres camas de la vivienda, así como la silla de ruedas que Canoles había conseguido con mucho esfuerzo en la Alcaldía para facilitar su movilidad. “Nos quedamos sin nada”, dice el campesino.
Aunque “nadie vio nada”, la comunidad sospecha que el hecho está relacionado con las presiones de particulares que desde 2016 llegaron a Veranillo, reclamando las 250 hectáras a “nombre del patrón” y ofreciéndoles comprar las mejoras de las parcelas. Cuando se refieren al ‘patrón’ hacen alusión a Luis Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Miki Ramírez’, condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia por conformación de grupos armados ilegales y con un largo prontuario como narcotraficante.
El nombre de ‘Miki’ fue confirmado en mayo de 2012 cuando el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) realizó varias visitas técnicas al terreno y verificó que el folio de matrícula de Veranillo estaba el nombre de ‘Miki Ramírez’, quien también aparece en otros predios en la región de Montes de María, en los que ya el Estado adelantaba un proceso de extinción de dominio. (Lea: La Mula, La Europa y la otra Alemania)
Desde entonces, las 13 familias que reclaman Veranillo han insistido en la importancia de que el gobierno nacional sea diligente con el proceso de extinción del terreno, de manera que el Estado pueda titulárselos, lo que blindaría la propiedad de presiones para que sea vendida. Desde comienzos de 2016, los parceleros y sus familias se enfrentan a las intimidaciones. En esa época una decena de hombres vestidos de negro y usando gafas oscuras entraron a la casa de Canoles insistiéndole que “debía vender”. (Lea: El ‘fantasma’ de ‘Miki Ramírez’ ronda en Zambrano, Bolívar)
Para los parceleros la situaciónes “crítica”, pues en la medida en que la actual Agencia Nacional de Tierras (ANT), que reemplazó al Incoder, demore el proceso de extinción de dominio y, por tanto, realice la titulación, la comunidad seguirá en condiciones de vulnerabilidad ante los supuestos dueños del terreno.
Antonio Avendaño, otro campesino de Veranillo, explica que otro de los riesgos es la ‘fractura’ de la comunidad, refiriéndose a que las presiones han hecho que varios campesinos teman reclamar o, en el peor de los casos, que abandonen el proceso. Por ejemplo, los parceleros desconocen las razones por las que su líder decidió no continuar con la vocería comunitaria además de salir del territorio.
Proceso, en papeles
Desde principios de 2016, los campesinos del predio Veranillo advierten amenazas y presiones para no continuar con el proceso agrario que les permitiría acceder a un título formal. A principiosde septiembre, los enseres de uno de los parceleros fueron incinerados. Foto suministrada familia Canoles.El predio Veranillo hace parte de un lote de mayor extensión llamado Hacha Jesús del Río. Según la visita técnica realizada por el antiguo Incoder, el predio fue abandonado hace 14 años por ‘Miki Ramírez’ y hace 11 un grupo de campesinos víctimas del conflicto armado, la mayoría expulsados de los municipios de Chibolo, Pivijay y Plato en Magdalena, ocuparon el terreno y lo sembraron de maíz, yuca, patilla, plátano y tabaco. Lo hicieron ‘con las uñas’, sin ningún apoyo estatal.
Aunque hace una década la violencia fue un común denominador en la Costa Caribe, los campesinos resistieron en las tierras pese a que el 9 de agosto de 2007 el Comité Municipal de Atención de la Población Desplazada declaró a Zambrano como zona de riesgo inminente de desplazamiento. Durante cuatro años, los parceleros esperaron una acción del gobierno nacional a su favor, hasta que a comienzos de 2012 supieron que el Ministerio de Agricultura tenía la intención de formalizar la propiedad rural a los campesinos.
Bajo el lema “Por un campo para todos”, el antiguo Incoder realizó en mayo pasado la visita técnica “con el fin de establecer o no la procedencia del proceso agrario”, por lo que los campesinos pensaron que pronto tendrían una respuesta. No fue así. La Corporación Yira Castro, que acompaña jurídicamente a los parceleros, tuvo que realizar varias solicitudes de información para saber qué decisión había tomado el antiguo Incoder.
El 19 de octubre de 2015, tres meses antes de que el gobierno nacional decidiera liquidar este instituto por “irregular e ineficiente”, se profirió la Resolución 5768 con la que “se inician las diligencias administrativas tendientes a establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre el predio rural denominado Veranillo”. El documento resume la visita de 2012, reconoce la permanencia de los 13 campesinos, y concluye que el propietario inscrito en el predio [‘Miki Ramírez’] no ha estado en el predio, “siendo evidencia de ello los rastrojos de más de 20 años hallados al momento de la práctica de la diligencia de la visita previa”. (Lea Resolución)
Cuando ya el proceso avanzaba, el Incoder fue liquidado para dar paso a la Agencia Nacional de Tierras. Pero en el proceso de “empalme” entre las dos instituciones, los procesos agrarios quedaron congelados. La Corporación Yira Castro decidió entones presentar un derecho de petición a la nueva entidad para conocer el estado del trámite anunciado en 2015. Lo último que supo el equipo de abogados es que la institución ya tenía una resolución proyectada, pero está a la espera de que la Unidad Nacional de Restitución de Tierras informe si existen solicitudes pendientes de restitución sobre Veranillo.
Los labriegos son conscientes que mientras más se demoren los trámites burocráticos, la inseguridad que los ronda podría agravarse, por ello insisten en pedir celeridad en las decisiones estatales, lo que evitaría que los “desconocidos” continúen intimidándolos.
