El excongresista Wilson Arias logró que la Superintendencia de Sociedades atienda un reclamo para recuperar 43 mil hectáreas de origen baldío que fueron acumuladas por el Ingenio Riopaila Castilla y que puede ser titulada a campesinos.
El caso de Riopaila se hizo público en un debate en el Congreso realizado el 5 de junio de 2013, en el que el representante Wilson Arias advirtió que la empresa desarrolló un una compleja estrategia jurídica para acaparar tierras baldías del Vichada. Foto: archivo Semana.
En el país han sido pocas las decisiones contundentes de las instituciones y de la justicia para recuperar las 200 mil hectáreas de baldíos que, según advirtió la Contraloría, fueron acumuladas por particulares y empresarios en la región de la Altillanura. Según el exrepresentante a la Cámara Wilson Arias, la Superintendencia de Sociedades ya dio el primer paso al admitir una demanda que busca que estas tierras vuelvan a la Nación para que sean tituladas a campesinos.
A principios de marzo de 2015 este organismo, que vigila el funcionamiento de las empresas, admitió la demanda que presentó Arias en la que reitera que la sociedad Riopaila Castilla S.A. se asesoró jurídicamente y creó 28 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) para acumular 43 mil hectáreas de terrenos de origen baldío en los municipios de Santa Rosalía y La Primavera, en Vichada. De esta forma el ingenio azucarero se hizo a 38 predios que englobó en tres extensiones de tierra.
Arias documentó que con la asesoría del bufete de abogados Brigard & Urrutia, Riopaila utilizó distintas argucias jurídicas para hacerle quiebre a la Ley 160 de 1994 o de Propiedad Rural, que establece el máximo de tierras que alguien puede comprar cuando los predios son de origen baldío.
Según la Resolución 041 de 1996 que establece las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), el máximo de tierra que el Estado puede titular de baldíos en municipios como Santa Rosalía y La Primavera son predios entre 956 y 1.294 hectáreas. Eso significa que Riopaila excedió en más de 40 mil hectáreas la norma agraria.
Para acumular las 43 mil hectáreas, la demanda advierte que la empresa después de registrar las 28 SAS creó cinco sociedades españolas que bajo la figura de “contratos de rendición cuentas” se quedaron con la titularidad de esas sociedades anónimas.
Estas sociedades españolas, a su vez, fueron inscritas en Luxemburgo amparadas por un holding empresarial llamado Asturias Holding S.A.R.L. “En consecuencia, la compleja estrategia jurídica que diseñó y ejecutó el bufete Brigard & Urrutia para salvaguardar los intereses de Riopaila Castilla S.A., fue blindada en un paraíso fiscal que a la luz de la normatividad internacional pareciere intocable”, señala la demanda.
En febrero de 2012 el entonces representante legal de Riopaila Castilla S.A., Alfonso Ocampo Gaviaria, le informó a la Cámara de Comercio de Cali que a partir de ese momento Riopaila controlaba las SAS propietarias de la tierra. Según la demanda, de esta forma la empresa creó “una compleja y sofisticada estrategia jurídica” para acumular los predios de origen baldío.
Foto: archivo Semana.
En el documento, Arias le solicita a Supersociedades que una vez comience el proceso cite a interrogatorio a los integrantes y suplentes de la junta directiva del ingenio azucarero, a los expresidentes de la empresa, el representante legal, socios y también al representante de las 28 SAS para que den explicaciones sobre estas actuaciones.
De llegar a prosperar la demanda, ésta reforzaría el precedente en jurisprudencia frente al uso indebido de las SAS para evadir las normas agrarias y acumular tierras de origen baldío. El Código General del Proceso le otorga facultades a la Supersociedades para que asuma facultades como juez y, en casos como estos, llegue incluso a anular la constitución de las SAS así como todos los certificados de tradición, contratos de arrendamiento o compraventas que hicieron esas sociedades a la hora de adquirir los predios.
Los avances para recuperar tierras de origen baldío han sido pocos. Por ejemplo, de las nueve demandas que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) presentó bajo la figura de nulidad, es decir solicitándole a un juez que les cancele los títulos de propiedad a las empresas porque violaron la Ley agraria, sólo tres han sido admitidas. Son los casos del Grupo Empresarial Mónica Colombia SAS, Helm Trust S.A. y la Sociedad Poligrow denunciadas por acumular 5 mil, 12 mil y 16 mil hectáreas en Meta y Vichada, de forma respectiva (Lea: Recuperación de baldíos: un año en blanco y El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz).
De momento la primera empresa sancionada por acumular terrenos de origen baldío fue el Grupo Mónica Colombia S.A.S, que acumuló de forma irregular 12 mil hectáreas entre Puerto Carreño (Vichada) y Puerto López (Meta) bajo la misma figura de creación de varias empresas para adquirir los predios. En octubre de 2013, la Superintendencia la sancionó por crear múltiples SAS para lograr con ello millonarios subsidios del Estado que debían ser para campesinos (Vea aquí la noticia).
La importancia de la reciente demanda contra Riopaila Castilla es que la Superintendencia de Sociedades podía pronunciarse porprimera vez sobre el abuso de las SAS como un medio engañoso para acumulas las tierras de campesinos.
La demanda, además, es admitida en un momento de discusión sobre cuál será finalmente el modelo de desarrollo del campo. El gobierno tramita en el Congreso el proyecto de Ley 133 de 2014 con el que busca crear las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), en las que empresarios y campesinos explotarán en alianza territorios que en la actualidad están aislados de centros urbanos, tienen baja densidad población, presentan altos índices de pobreza y carecen de infraestructura.
Esta propuesta es criticada por organizaciones sociales y académicos que advierten que las Zidres se desarrollarán sobre territorios de origen baldío, que precisamente son reclamados históricamente por comunidades campesinas y étnicas, pero que además actuarán como figura para “legalizar” la acumulación irregular de predios de la Nación (Lea: Polémica por tierras explotadas por agroindustrias y mineras).
