El Ministerio Público lanza advertencias sobre posibles prácticas irregulares que pueden constituir despojo masivo, acumulación indebida o adquisición indebida en áreas rurales de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre. Pide a las autoridades que investigue las alianzas de particulares con funcionarios de entidades públicas del orden local y regional que favorecieron esas adquisiciones.
El excongresista Otto Bula es procesado por los pagos irregulares de Odebrecht. Hasta ahora las autoridades lo relacionan con casos de despojo. Foto: archivo Semana.A la Procuraduría General de la Nación le preocupan las circunstancias que rodearon las transacciones de compraventa de por lo menos 1.554 hectáreas en los municipios de Momil (514), Planeta Rica (118), Ovejas (260) y Caucasia (652) en las que habría participado el excongresista Otto Bula con el apoyo fraudulento de funcionarios de diversas entidades del Estado y a través de las firmas Agropecuaria Montes de María y Agropecuaria El Central.
Tal preocupación quedó expresada en un documento conocido por VerdadAbierta.com en el que el Ministerio Público analiza los procesos de adquisición de tierras a partir de información solicitada a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)y a la Unidad Administrativa Especializada de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT).
“A partir de la información suministrada a los investigadores de la Procuraduría, se analizaron las posibles dinámicas que podrían configurar un despojo en que pudo haber participado el señor Otto Nicolás Bula Bula directamente o a través de las sociedades Agropecuarias Montes de María S.A. y El Central S.A.”, se lee en el informe.
El Ministerio Público indicó que los resultados de este análisis, que arrojan hallazgos en los cuales habría irregularidades, serán remitidos, con todos los soportes, a la Fiscalía General de la Nación y a la URT para que tomen las medidas que a cada uno le corresponde. ¿Y qué fue lo que se encontró?
El lío de Ovejas
En un detallado informe, el Ministerio Público lanzó varias advertencias sobre procesos irregulares de compraventa de tierras en Antioquia, Córdoba y Sucre. Foto: archivo Semana.El primer caso abordado fue el de Agropecuaria Montes de María y sus compras en este municipio sucreño. La Procuraduría analizó tres aspectos sobre los cuales lanzó alertas: la creación de un fideicomiso por parte de Cementos Argos con aparentes irregularidades, la adición de predios a este fideicomiso por parte de la Agropecuaria y los posibles vacíos que se evidencian “en la aplicación de medidas de protección a la población en situación vulnerable por contextos de violencia”.
El análisis para llegar a esas alertas se hizo sobre la compraventa de ocho predios, que suman 260 hectáreas, en el municipio de Ovejas, Sucre, en cuyas transacciones participaron la Agropecuaria Montes de María y la firma cementera, y en el que se encontró un patrón que preocupa al Ministerio Público.
“En el estudio se encontró que existe una dinámica común a las transacciones sobre esos predios: en un momento de la cadena traslaticia de la propiedad o la posesión interviene la Agropecuaria Montes de María para adquirir esos derechos. Después celebra un contrato de promesa de compraventa de esos derechos con Cementos Argos. Posteriormente, la Agropecuaria Montes de María y Cementos Argos celebran un acto jurídico confuso que denominan ‘Adición de Constitución de Fiducia’, que tiene dos objetos: (i) da por terminados los contratos de promesa de compraventa a favor de Cementos Argos, y (ii) transfiere ‘por cuenta de Cementos Argos (Fideicomitente)’, a título del Fideicomiso N. 732-1539, un inmueble para incrementar su patrimonio autónomo”.
Ahondando en el tema, la Procuraduría compartió las preocupaciones expresadas por la SNR desde 2011 con relación a la constitución del fideicomiso entre Cementos Argos y Fiduciaria Fiducor, “contrato que debió haberse elevado a escritura pública”, y a través del cual se adquirieron seis predios a la Agropecuaria Montes de María.
Adicionalmente, se presumen irregularidades en la manera como fueron transferidos el dominio y posesión de esos inmuebles al Fideicomiso N. 732-1539. La primera de ellas, destacada por la SNR, es que “no existe un código registral que refleje como modo de adquirir el dominio de ‘Adición al Fideicomiso’, porque no constituye un acto de transferencia de dominio de los consagrados en el artículo 2 del Decreto Ley 1250 de 1970, entre otras razones porque el patrimonio autónomo no tiene capacidad jurídica para adquirir derechos u obligaciones”.
La segunda irregularidad está relacionada con la redacción de las escrituras públicas de “Adición al Fideicomiso”. A juicio de la SNR, cuyo concepto reproduce la Procuraduría, “son confusas, no están redactadas en forma clara como lo ordena el Decreto 960 de 1970, confunden la transferencia del derecho de dominio del particular a Cementos Argos, con la Constitución de la Fiducia Mercantil a Fiducor S.A. y traslapan dos actos jurídicos diferentes en uno solo denominado “Adición al Fideicomiso”. De esos dos actos, concluye la SNR, “el que pretende constituirse como título traslaticio del dominio no tiene fundamento jurídico”.
Para la Procuraduría tales irregularidades identificadas por la SNR desde 2011, “pueden cobrar especial relevancia cuando, en ejercicio de sus funciones, la URT, los jueces y magistrados de restitución y la Fiscalía General de la Nación, analicen las dinámicas de despojo en Sucre”. Adicionalmente, les solicitó que se “adelanten o intensifiquen las investigaciones relacionadas con estos hechos para que puedan llegar a conclusiones certeras sobre este asunto y comunicarlas al país”.
Con respecto al contexto de violencia y las medidas de protección a la población en situación vulnerable, la Procuraduría fue clara al advertir que las transacciones realizadas por la Agropecuaria Montes de María pudieron ser favorecidas por “la ausencia de una medida de protección”, lo que “pudo haber facilitado el acceso a la propiedad de esos predios”. La eventual situación irregular detectada por la Procuraduría en ese sentido parte de un escenario de violencia que comenzó a mediados de los años ochenta, y se agudizó entre los años 1996 y 2002, cuando se perpetraron homicidios selectivos, masacres y desplazamientos forzados en la región de los Montes de María.
“Para la época de las primeras compraventas en que participó la Agropecuaria Montes de María en Ovejas, los Comités Departamental y Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia al parecen no habían declarado ninguna medida colectiva de protección por riesgo inminente de desplazamiento o su ocurrencia por actos de violencia, pese al contexto de violencia que posteriormente ha sido documentado por la URT en los casos que ha adelantado en el municipio de Ovejas”, conceptúa la Procuraduría.
Basado nuevamente en los estudios de títulos adelantado por la SNR, el documento concluye que “solo cuando la propiedad ya no estaba en cabeza de los sujetos que podían estar en situación de vulnerabilidad, se declaró la medida de protección”. De ahí que se afirme que tal omisión favoreció a los empresarios.
En tal sentido, precisó el Ministerio Público, que “corresponde a las autoridades desentrañar el papel que jugaron esas personas y definir si esas conductas constituyen despojo”. Adicionalmente, les solicitó a las autoridades, especialmente a la Fiscalía y a la URT, que “inicien o intensifiquen sus investigaciones acerca de la relación que podía tener el señor Otto Bula” con la Agropecuaria Montes de María “para la época de estas transacciones, teniendo en cuenta que, con seguridad, en algún momento fue socio y miembro de su junta directiva”.
Actualmente al frente de esta Agropecuaria se encuentra Raúl Mora Abad, como liquidador, pues desde el 29 de enero de 2014, sus accionistas decidieron disolver la sociedad. En sus cuadros directivos se encuentra su esposa, Luz Elena Pérez de Mora, su hijo Raúl Andrés Mora Pérez y la esposa de éste, Ana Patricia Serani Toro. (Ver certificado de existencia y representación)
(Para un mayor panorama de lo ocurrido en Ovejas, Sucre, lo invitamos a consultar nuestro especial Ganar la paz, perder la tierra)
Caso de Planeta Rica
Otto Bula también está enredado en procesos de compra de tierras en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Se investiga si hay despojo. Foto. archivo Semana.En el caso de este municipio cordobés, la Procuraduría llamó la atención en su informe sobre “posibles relaciones entre prácticas que pueden constituir despojo y delitos contra el orden económico social”, entre otras razones por transacciones de compraventa en las que los valores de los predios aumentaron en más del dos mil por ciento.
Para ahondar en el análisis, se tuvo en cuenta la información recibida sobre siete predios que, en su conjunto, suman cerca de 118 hectáreas. Si bien, precisó esta entidad, no pueden elevarse alertas sobre posibles despojos, pues no se cuenta con la documentación necesaria para valorar ese fenómeno, recomendó que “en los procesos que se tramiten se valore la posibilidad de tener en cuenta esta información cuando cobre relevancia dentro de las lógicas de despojo o el abandono forzado y la restitución de tierras”.
En este caso está comprometida la Agropecuaria El Central con las compraventas. La firma es representada por Otto Bula y por su esposa, Carmen Luz Hoyos Abad, por lo menos hasta el 29 de julio de 2016, fecha en la cual fue renovado el registro de matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Medellín. Para el 2017 no se ha cumplido con esta obligación. (Ver certificado de existencia y representación)
En la descripción del problema, la Procuraduría determinó que esos siete predios “son de naturaleza privada” y sus cadenas de tradición de propiedad evidencian que antes de los años 2010 y 2011 “fueron adquiridos por personas naturales que pueden haber actuado como colaboradores de la Agropecuaria El Central”.
De acuerdo con esta entidad de control, las ventas se hicieron a la Agropecuaria El Central por valores de hasta un 2.045,7 por ciento más que el precio de la primera transacción. Seis de los siete predios estudiados fueron transferidos a los señores Pablo, Enrique y Felipe Echeverri Jaramillo, y el restante a Bernardo Elías Nader, congresista de la República, quienes son los actuales propietarios.
De acuerdo con la Procuraduría, “corresponderá a la Fiscalía General de la Nación esclarecer si la lógica de variación de los precios de las transacciones hace parte de una dinámica de despojo masivo en la región y si tiene relación con otro tipo de delitos contra el orden económico social”; asimismo, “esta autoridad podrá esclarecer si el señor Otto Bula mediante sus agropecuarias se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la población amenazada o afectada por el desplazamiento forzado, y la sometía a posibles dinámicas de despojo con la finalidad última de cometer delitos contra el orden económico”.
La situación de Momil
En este tipo de compraventas quienes más afectados resultaron fueron las comunidades campesinas. Foto: archivo Semana.El fenómeno evidenciado en este municipio cordobés coincide con aspectos vistos en Planeta Rica, entre ellos que los valores de compra superan hasta en un 2.400 por ciento con relación a la primera venta y, posteriormente, el precio disminuye en proporciones similares cuando es adquirido por quien tiene hoy el título de propiedad. En este caso, se estudiaron los documentos de siete predios, con una extensión total de 524 hectáreas.
Lo particular de este caso es que los siete predios analizados fueron vendidos por Glenn Gruver Graciano Sánchez a la Agropecuaria La Central por 1,250 millones de pesos cada uno; lo extraño es que no hay registros que determinen cómo Graciano Sánchez se adquirió esos predios antes del 2010, y por qué la Agropecuaria los vende por valores inferiores y todos ellos a la misma persona: Rodrigo Mesa Cadavid.
Ejemplos de ello son los casos de un predio de 209 hectáreas, que Agropecuaria El Central lo vendió en 397 millones de pesos; en otro, de 79 hectáreas, ocurrió algo similar, lo vendió en 207 millones de pesos. Sólo uno fue transado por el mismo valor. Al respecto, la Procuraduría señala que “corresponderá a la Fiscalía General de la Nación esclarecer si la lógica de variación de los precios de las transacciones tiene relación con delitos contra el orden económico social”.
Acumulación en Caucasia
Las autoridades agrarias fueron conminadas a investigar qué pasó con por lo menos 652 hectáreas transadas al parece de manera irregular. Foto: archivo Semana.En el caso de este municipio del Bajo Cauca antioqueño la Procuraduría estudió los títulos de seis predios, con una extensión de 652 hectáreas, sobre los cuales habría irregularidades en sus transacciones, entre otras razones porque estaban protegidos por normas de la reforma agraria.
Lo que se evidencia en los documentos es que en todas las cadenas de tradición aparece Otto Bula y lo que supone una irregularidad es que fueron predios adjudicados por el Incora en 1989 y las transacciones se dieron sin haberse cumplido los 15 años que reglamenta la norma y sin que existiese autorización previa de la autoridad agraria del momento para enajenarlos.
En este caso, el Ministerio Publico advierte que “serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención de lo dispuesto” en la Ley 160 de 1994 y que “los Notarios y Registradores no pueden otorgar e inscribir escrituras públicas en las que no se protocolice autorización” de las autoridades agrarias. En su momento, el Incorafue reemplazado por el Incoder y éste a su vez por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Asimismo, llamó la atención sobre la imposibilidad de “otorgar e inscribir escrituras públicas que traspasen el dominio de Unidades Agrícolas Familiares en favor de terceros en las que no se acredite haber dado a la autoridad agraria el derecho de opción y la prueba de su rechazo expreso o tácito”.
Pese a las supuestas irregularidades evidenciadas, las transacciones sobre los seis predios englobados en uno sólo fueron protocolizadas en las notarías 17 y 21 de Medellín, por ello llamó la atención de la ANT y de la SNR para que revisen este caso y “valoren la adopción de las decisiones que correspondan”.
En los documentos también se reseñan incrementos notorios en las transacciones cuando pasan de un dueño a otro. Los seis predios fueron vendidos por Otto Bula a Esmeralda Cárdenas Naranjo en 63,7 millones de pesos y ella los vende a José Edilberto Duque Quintero en 286 millones de pesos, lo que supone un incremento de más del 348,6 por ciento.
Por tal razón la Procuraduría advierte “sobre este aumento en el valor de los predios, práctica que podría relacionarse con la lógica ilegal de toda dinámica y cuyo sentido definitivo deberán definir las autoridades competentes. Si se tratara de un fenómeno de testaferrato así sería identificado por la Fiscalía General de la Nación”.
Finalmente, uno de los aspectos que destacó el Ministerio Público al abordar estos casos de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, es la participación de particulares y funcionarios en todo este entramado de transacciones de tierras que hoy son motivo de investigación y que terminaron favoreciendo al excongresista Otto Bula, procesado actualmente por los sobornos de la firma Odebrecht y quien no ha sido tocado por la justicia en el tema de despojo de tierras.
A la Procuraduría le asalta la inquietud sobre redes de apoyo que Bula pudo haber tenido para lograr sus propósitos en los negocios de tierras. Por ello, en cada uno de los casos analizados, se les pidió a las autoridades que investiguen a profundidad si pudo haber una red de particulares y empleados estatales que lo favorecieron para hacerse a 1.554 hectáreas, en detrimento de las víctimas.
