Fotos: archivo Semana y captura de la primera página de la carta.
Carta remitida por un grupo de docentes, investigadores e investigadoras a la periodista Patricia Nieto, a raíz de su artículo sobre Bojayá. Se publica con la autorización de los remitentes y la destinataria.
Estimada profesora Patricia Nieto
Con sorpresa y desconcierto leímos su texto de Verdad Abierta el día 16 de mayo de 2017 “El silencio de Bojayá”. El desconcierto tiene que ver con nuestra propia trayectoria como académicas que hemos estado vinculadas con procesos investigativos en la región y con el reconocimiento de su trabajo respetuoso con las víctimas del conflicto armado en el país. Nos preocupa que la solicitud del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá sobre “que los medios se abstengan de documentar el proceso de exhumaciones” sea percibida como un “veto” y obstaculización de la labor periodística de parte de “algunos líderes” que “en nombre del dolor, […] se erigen en un poder de hecho para controlar la información.” Este desconcierto se torna en malestar cuando en un articulo posterior publicado en Hacemos memoria, Margarita Isaza cita al director del portal de Verdad Abierta caracterizando esta solicitud como “una reacción extrema” y la opinión de una periodista argentina de que es “escandaloso” que la sociedad civil se “adueñe” de las voces, o la forma como el periodista Pascual Gaviria describe al grupo de líderes como un “comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes”. Estas cargadas imputaciones a una comunidad que se la ha jugado por la paz y por reparar los mundos de vida y muerte que la guerra desequilibró vienen desde nuestro punto de vista de una asumida superioridad al recurrir a un supuesto principio universal del derecho a la información que desconoce los estándares y los consensos internacionales establecidos en materia de exhumaciones en situaciones de desastre y masividad, como lo fue el crimen del 2 de mayo de 2002.
Su texto propone un debate necesario pero deja la sensación de que fue escrito al calor de la situación negativa que vivió los pasados días en Bellavista, Bojayá. La invitación es a no quedarse con una sola perspectiva, porque seguramente para la gente de Bojayá ese encuentro con ustedes también fue un encuentro violento, un encuentro con profesionales que se niegan sistemáticamente, como lo narra usted en el texto, a aceptar la negativa de la comunidad a ser registrados, contados, documentados. Evento desafortunado que tiene resonancia en los medios a partir de una sola perspectiva y con un tono acusatorio que carece de un contexto adecuado sobre cómo y por qué se construyó la postura de vivir el proceso de exhumación sin la presencia de la prensa. Esta postura se aplicó por el Comité durante el acto de perdón de las FARC en el año 2015 y produjo reflexiones que valdría la pena traer a colación, pues supuso, como lo describió María Jimena Duzán la ausencia de “medios que los mostraran sin contexto y sin pudor”.
Valoramos profundamente su trabajo periodístico e investigativo; su pluma lúcida y aguda ha aportado relatos profundos y conmovedores sobre el día a día de la guerra en el país y sobre las historias tan diversas del conflicto. Hoy sin embargo, escribimos desde el lugar del desacuerdo respetuoso acerca de lo que pareciera considerarse derechos incuestionables de académicos, periodistas o relatores de las historias de la guerra. Escribimos también desde la duda profunda acerca de nuestras responsabilidades profesionales y ciudadanas con la manera como representamos el dolor y los procesos de reparación en el contexto de un país que trabaja por la construcción de la paz y que trata de desaprender la militarización de la vida que la guerra implantó en regiones como Bojayá. ¿Dónde queda la responsabilidad de reconocer que la relación de los medios e investigadores con las comunidades se ha caracterizado no solamente por la “ayuda” sino particularmente por la apropiación de sus historias o la explotación del dolor, razones por las cuales muchas comunidades miran con recelo y desconfianza la labor periodística e investigativa?
En Bojayá no existe un solo silencio, sino muchos. La experiencia de esta población ha estado atravesada por silencios que también son creados por la palabra, narraciones que los han opacado, que revelan exclusivamente lo que parece interesarle a esa masa difusa de la “opinión pública”. No siempre la palabra, la documentación y la puesta en público desenmascaran los silencios o hace audibles verdades. Creemos que esto lo saben muy bien los periodistas y nos sorprende que usted quien, justamente, lidera en el país la reflexión sobre lo que implica hacer periodismo en tiempos de transición, no tenga en cuenta esos matices del silencio y la palabra en estos contextos. Autores que han trabajado con víctimas de violencia extrema han evidenciado que los silencios también comunican y nos dicen mucho sobre las experiencias de dolor y de resistencia. Aprender a leerlos y no partir de la generalización de que la palabra alberga la verdad es un gran reto que tendremos como país en tiempos de transición.
Bojayá ha tenido la experiencia de subir y bajar al ritmo de la “opinión pública”, de sentir el interés desbordado en momentos coyunturales y la indiferencia total en tiempos ordinarios cuando las familias deben lidiar con el dolor y la precariedad. Consideramos que el reclamo de autonomía sobre su dolor, sobre el momento ritual de reencuentro con sus muertos no puede interpretarse como la instalación de un silencio, de un veto o una censura. Esta interpretación es peligrosa e injusta pues desconoce la capacidad de agencia de las víctimas que con tanto interés y empeño usted, y otros periodistas, han reivindicado.
Consideramos que la exaltación de la palabra no nos lleva a un buen debate y mucho menos cuando parece defenderse solo la palabra de quienes están “autorizados” a narrar. ¿Cuál es el papel de la investigación social y periodística cuando nuestros interlocutores reclaman la autonomía para narrarse a sí mismos? ¿Somos incapaces de aceptar la negativa de tomar una foto, de guardar nuestra libreta o nuestro grabador? ¿Solo es posible narrar desde el primer plano? ¿Qué otras formas de estar presentes y ser testigos podemos encontrar para no irrumpir violentamente en los espacios que las personas decidieron construir sin nosotros?
Con excepción de la acusación de que los líderes de Bojayá ejercen su poder en nombre del dolor, su artículo no se detiene a considerar el impacto y la carga emocional que los procesos de exhumación traen a las personas, familias y en general a la comunidad. A los quince años de una masacre que cobró la vida de tantos, en particular de niños, y de la imposibilidad de haberles podido enterrar de acuerdo a sus rituales mortuorios, los Bojayaseños e integrantes de Comité de víctimas han liderado un proceso ejemplar para la exhumación de sus muertos y para emprender los procesos de duelo y de sanación acordes a su visión del mundo, de la vida y la muerte. Tras el acto de perdón de las Farc, durante 2016 y antes de iniciar el proceso de exhumación las familias de las víctimas realizaron varias asambleas y reuniones, de las cuales se han derivado las decisiones y acuerdos que hoy la están haciendo posible. El proceso ha sido largo y dispendioso como lo muestran en su comunicado, es por tanto un proceso que difícilmente puede ser leído como arbitrario, silencioso o solitario. Incluso, es un proceso que no niega la posibilidad de dialogo con la prensa, pues plantea unos criterios que son los que aquí generan un conflicto y están por discutirse para construir relaciones más desde la colaboración y no desde la confrontación o acusación ligera.
Un insumo adicional que creemos importante compartir es que el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá es la expresión organizativa del Medio Atrato que emergió en el contexto del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc; su configuración es representativa tanto de las organizaciones étnico-territoriales de la región, como de las organizaciones sociales y de víctimas de Bojayá. Sus líderes son familiares implicados emocionalmente en todos los niveles de realización e implementación del cronograma de exhumaciones, asumen tareas de logística, de garantía de participación de las familias, de coordinación y participación en los escenarios de dialogo y construcción de acuerdos interinstitucionales, y lo más importante asumen las tareas de duelo respecto a los familiares y amigos que también perdieron.
Queremos hacer una invitación a un debate más horizontal que permita la expresión de esas “voces” que aparecen injustamente como instrumentalizadoras del dolor o como monopolizadoras de la verdad. El derecho a la información también pasa por “democratizar” los espacios donde esta circula y ustedes con su trabajo lo vienen pensando de manera sistemática. Por esto mismo invitamos a que desde el proyecto Hacemos Memoria y desde la Universidad de Antioquia se convoque a un espacio de trabajo con la gente de Bojayá, donde se puedan reconocer sus experiencias con la prensa, con las narrativas que circulan sobre su tragedia y sobre sus vidas. Espacios que contribuyan, incluso, desde la transferencia de medios y herramientas, a fortalecer las posibilidades de defensa de la autonomía para narrarse, sin que esto implique un choque frontal con la labor del periodismo, labor que es vital en este tiempo de nuevos y renovados conflictos, pero, igualmente, labor que debe ser critica, reflexiva y propositiva.
Finalmente queremos invitarla a pensar los efectos negativos que pueden tener este tipo de denuncias donde se ubica al Comité de víctimas como censuradores de una verdad o “dueños” de la memoria. Esta acusación riñe con el reconocimiento de la autonomía y el derecho de las víctimas a construir verdades y memorias en sus propios términos. También desconoce y minimiza las formas de enfrentar la tragedia y las posibilidades de reparación, donde los muertos, los lugares sagrados, los rituales y el duelo tienen singularidades que el país aún no reconoce y que son violentadas con la publicación de imágenes de los cuerpos y de las personas sin consentimiento alguno. Contradice también, el reconocimiento de que la comunidad tiene el derecho a la autodeterminación de vivir este proceso y momentos de profundo dolor de manera más íntima y lejos del escrutinio de la prensa o los investigadores que le llegan por montones a esa región.
El debate está abierto para que antes de apresurarse a acusar a unos líderes que se la han jugado todo por la construcción de paz y quienes personalmente enfrentan uno de los momentos más dolorosos de este proceso, nos detengamos a considerar y a interrogarnos sobre lo que consideramos son derechos incuestionables y aparentemente superiores a otros derechos.
Firman:
Pilar Riaño Alcalá. Universidad de British Columbia
Natalia Quiceno Toro. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia
Camila Orjuela Villanueva. Equipo de enfoque étnico. Centro Nacional de Memoria Histórica
Ricardo Chaparro. Universidad de British Columbia
Ana María Arango. Corporaloteca. Universidad Tecnológica del Chocó
Patrick Morales. Equipo de enfoque étnico. Centro Nacional de Memoria Histórica
Aurora Vergara Figueroa. Centro de estudios Afrodiaspóricos. Icesi.
Lina Jaramillo López. Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Icesi.
Andrés García Sánchez – Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.
María Paola Herrera Valencia. Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Icesi.
Ximena Castro S. Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Icesi.
Yoseth Ariza-Araújo. Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Icesi.
Lina Fernanda Buchely. Icesi.
Claudia Howald. Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó. ASINCH.
Martha Nubia Bello. Investigadora. Centro Nacional de Memoria Histórica
Jesús Alfonso Flórez. Universidad Autónoma de Occidente.
