Solo hasta ahora se comienzan a esclarecer los crímenes de la guerrilla en este municipio del Valle del Cauca: reclutamiento de niños, secuestros, asesinatos y desplazamiento de campesinos. Las víctimas están hablando.
Camión quemado por las Farc en la carretera hacia Buenaventura en el municipio de Dagua. Marzo 23, 2010. Foto: AP (Christian Escobar Mora)
Rafael Martínez* sueña con reactivar el cultivo de piña y plátano en la finca que heredó de su padre y de donde salió desplazado junto a su familia en el año 2000. “Nadie logra imaginarse lo que vivimos”, dice, explicando que ahora afronta una quiebra económica porque los ahorros que logró reunir terminaron chamuscados con el verano. “Decidí retornar hace tres años e invertí el dinero para volver a cultivar. Pero todo se secó”, dice el campesino, quien ahora espera que un juez de restitución ordene garantías para que pueda quedarse en la finca y poder progresar.
La historia de Martínez hace parte de las 10 mil personas que desde la década de 1980 tuvieron que abandonar sus parcelas por la violencia, que originariamente fue desatada por la guerrilla y que arreció luego con los paramilitares y las bandas criminales. Hasta el momento sólo los crímenes del Bloque Calima de las Auc habían sido visibles con el proceso de Justicia y Paz. Ahora con el proceso de restitución, comienzan a esclarecerse los cometidos por el Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), responsables no sólo desplazamientos sino de asesinatos, secuestros y ataques contra la infraestructura del Estado.
Dagua es un municipio al occidente del Valle del Cauca que colinda con el puerto de Buenaventura. Los grupos armados ilegales encontraron asiento allí no sólo porque su ‘músculo financiero’ se nutre del contrabando sino de los cultivos ilícitos que se extendieron a lo largo de la geografía montañosa. Desde esa época hicieron presencia los Frente Urbanos Omaira Montoya y José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln), el M-19 y el Frente 30 de las Farc.
En los años 90 este frente guerrillero sostuvo una alianza con el Cartel de Cali: a cambio de jugosas tajadas de dinero, llamadas gramaje o impuestos a la pasta coca, los guerrilleros les garantizaban la protección de los cultivos y el insumo para producir el alcaloide para su respectiva comercialización. Así, esta guerrilla fue creciendo en número de combatientes pese a que al finalizar la década prometían llegar a un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana.
El Frente 30, que hace parte del Comando Conjunto Occidente y que fue rebautizado como “Alfonso Cano” tras la muerte del jefe guerrillero en 2011, fue responsable del abandono forzado de fincas en 1995 cuando combatientes comenzaron a ejercer presión a los campesinos de varios corregimientos, entre ellos, Los Alpes. “Un guerrillero llegó a mi finca con ocho hombres y me dijeron que necesitaban ese predio, que si no quería perder el ganado que lo sacara, que tenía ocho días para desocupar”, denunció un campesino ante la Unidad de Restitución.
Fui a la montaña a buscar a mi hija. La guerrilla me dijo que me fuera, que si no me mataban allá”
Según lo documentaron varios investigadores de la Unidad de Tierras, para ese mismo período comenzaron a reclutar niños para engrosar las filas del grupo guerrillero. A Libardo Torres* el Frente 30 le reclutó a una hija, a quien se llevaron de la finca entre la vereda Carrizales y el corregimiento de Loboguerrero. “Después de un mes de andar preguntando logré hablar con el comandante. Fui a la montaña a buscar a mi hija. La guerrilla me dijo que me fuera, que si no me mataban allá”, relata Torres, quien se desplazó por temor a represalias. Luego vinieron las seguidillas de atentados.
En 1998 bajo órdenes de alias ‘Mincho’ se tomaron las cabeceras municipales de los corregimientos del Palmar, Cisneros, Vergel y el Kilómetro 18, destruyendo con ‘cilindros bomba’ la infraestructura de los pueblos. Las Farc instalaron varios retenes en la vía Calima-Darién y Cali-Buenaventura, y en marzo 1999 se tomaron el casco urbano de Dagua destruyendo el puesto de policía y las sedes de la Fiscalía, la Alcaldía y la Caja Agraria.
Los corregimientos más afectados por el Frente 30 de las Farc fueron El Queremal, El Danubio, El Palmar, Santa María, La Elsa, Cristales, Providencia, Los Alpes, El Limonar y San Bernardo. Foto suministrada Unidad de Tierras.
En septiembre de 1999, el Frente 42 de las Farc en cabeza de alias ‘JJ’ atacó junto al Frente 30 la subestación hidroeléctrica en el sector de Anchicayá, secuestrando a 150 trabajadores y seis periodistas durante cinco días. El ataque desencadenó combates con el Ejército, que a su vez provocó el desplazamiento de los corregimientos de El Queremal, El Danubio y La Elsa.
Guerra de todos
Con la llegada de los paramilitares del Bloque Calima en 2000, la violencia aumentó en el municipio de Dagua. Milena Pérez* recuerda que ese año los paramilitares desataron una guerra buscando controlar los ‘negocios’ de la guerrilla “y en medio quedamos nosotros, pues fue una guerra entre bandos”, dice. Así fue como desplazaron a los tenderos, a quienes acusaban de venderles víveres y cerveza a unos y otros, y comenzaron a ser recurrentes los ‘toques de queda’, es decir, nadie podía transitar por caminos ni trochas después de las seis de la tarde.
De las casi 10 mil personas desplazadas entre los años 80 y la fecha actual según el Registro Único de Víctimas, 6 mil fueron expulsadas por la violencia del municipio entre 2000 y 2003. Los campesinos abandonaron sus fincas en los corregimientos de El Queremal, El Danubio, El Palmar, Santa María, La Elsa, Cristales, Providencia, Los Alpes, El Limonar y San Bernardo.
La geografía montañosa en la que está el municipio de Dagua ha sido apetecida por guerrilleros, paramilitares y bandas criminales para controlar las rutas del contrabando y sobre todo, del narcotráfico en su salida hacia el Pacífico. Foto suministrada Unidad de Tierras.
En sus denuncias, los campesinos advirtieron que no solo se desplazaron por los combates sino por la presión de inundar sus fincas con la hoja de coca. Según los relatos de varios campesinos, durante el primer semestre del año 2000 los Frentes 6 y 30 de las Farc se aliaron con los Frentes Luis Carlos Cárdenas y José María Becerra del Eln para atacar de nuevo la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, en Queremal. Con la voladura de la torre de energía, Dagua y Bueneventura quedaron a oscuras por varios días.
Con los desplazamientos, las familias perdieron sus cultivos de cebolla, tomate, habichuela y principalmente café y piña así como los lazos de amistad que construyeron por años con sus vecinos. “Ahora que retorné es muy duro recordar cómo vivíamos bien antes de la guerra. Compartir esa nostalgia de la amistad es muy difícil”, dice Rafael Martínez.
En septiembre de 2000, las Farc y el Eln realizaron un recorrido de secuestros que comenzó en el kilómetro 18, en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, y continuó por el corregimiento del Saladito, la vereda Tocotá y el corregimiento de Pichindé, entre Dagua y Cali. Según los registros de prensa, en el camino retuvieron a 62 personas, secuestraron al ex presidente del Comité Empresarial Permanente del Valle, a un médico, y a varias personas de un restaurante. Veintiséis de las personas fueron llevadas hasta Los Farallones donde permanecieron cautivas por varios días.
Un mes después de este recorrido, el Frente 30 instaló un ‘retén’ en la carretera que comunica a Dagua con el corregimiento de Loboguerrero y atacaron la población de Cisneros, asesinando a varios oficiales y destruyendo la estación de policía. Los paramilitares arremetieron contra la población asesinando a varios habitantes, mientras las Farc realizaban nuevos retenes, esta vez en el sector del Palmar. A toda persona le pedían identificarse con cédula en mano.
El 2001 no fue diferente. En marzo, los Frente 6 y 30 de las Farc atacaron la base de Infantería de Marina conocida como el Cerro Tokio, donde asesinaron a 16 militares, dejaron 19 heridos y retuvieron a 60 oficiales más. Los campesinos recuerdan que esta toma rebozó la copa y fue el detonante para que los combates entre bandos y la embestida del Ejército aumentaran. A los paramilitares le atribuyeron el asesinato de Segundo Florentino Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Dagua, mientras a las Farc de los secuestros de un Fiscal y un oficial retirado del Ejército en la vereda Tocotá.
Varios campesinos denunciaron que los paramilitares abusaron sexualmente de muchas mujeres. En Justicia y Paz, la Fiscalía logró documentar 42 casos de estos delitos de lesa humanidad cometidospor el Bloque Calima en el Urabá antioqueño, Cauca y el Valle del Cauca. En Dagua, por ejemplo, un paramilitar identificado como ‘Álex Putumayo’ secuestró durante dos meses a una niña de 13 años, de quien abusó varias veces (Lea: Sin opciones ante la arremetida paramilitar). “Los paramilitares violaron a muchas mujeres. Entraron a las casas, levantando toda las cosas, buscando armas y guerrilla”, relató un campesino a las autoridades.
Los constantes combates llevaron a que los profesores dejaran de dar clases en las escuelas veredales y a solicitar con urgencia sus traslados. Los secuestros, asesinatos y atentados continuaron al punto que el 11 de julio de 2002 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de riesgo advirtiendo que los constantes enfrentamientos en las Farc y las Auc continuaban provocando el desplazamiento de la gente de Dagua hacia otros cascos urbanos, principalmente Cali.
Seis mil campesinos salieron desplazados de sus fincas entre 2000 y 2003 por la violencia desatada por la guerrilla y los paramilitares en Dagua, Valle del Cauca. Foto suministrada Unidad de Tierras
Una vez se desmovilizó el grupo paramilitar en esta región, las Farc y el Eln fortalecieron su alianza y tres años más tarde aparecieron las llamadas bandas criminales bajo el rótulo de ‘Rastrojos’.
En 2012 las familias como las de Rafael Martínez decidieron retornar. “Yo iba de vez en cuándo a la finca para ver cómo estaban las cosas, para tantear si se podía volver”, dice. Con el aval del Ministerio de Defensa, la Unidad de Tierras Territorial Valle comenzó el proceso de documentación, en diez corregimientos de Dagua considerando que hay condiciones de seguridad para que puedan cumplirse las medidas de restitución.
De 2011 en adelante, el Frente 30 ha sido diezmado. En 2011 las fuerzas militares informaron sobre la muerte de Jorge Neptalí Umensa Velasco alias ‘Mincho’, jefe de este Frente. En julio de 2014, la Dijin capturó a Martín Leonel Pérez alias ‘Richard’, a quien la Policía sorprendió en una lujosa finca de Alcalá, en el Valle, con mil 600 millones de pesos en efectivo.
Las autoridades informaron en abril de este año sobre la muerte de Julio Calambás Ramos alias ‘Didier’, señalado de ser el segundo cabecilla del Frente 30, en un operativo realizado en cercanías a la quebrada Guarín, en el municipiode López de Micay, en Cauca. Este Frente guerrillero, en cabeza de alias ‘Nelson Munguido’ fue responsable del reciente ataque a la torre de energía en el sector de Agua Clara, en Buenaventura, que dejó sin luz a por lo menos 400 mil habitantes.
En el vecino municipio de La Cumbre, que sufrió los mismos embates de la guerra que Dagua, la comunidad solicita una alerta temprana al considerar que existe riesgo de desplazamiento en el corregimiento de La María por el control que quieren ejercer las bandas criminales sobre el contrabando de gasolina. El Registro Único de Víctimas señala que de allí 500 personas salieron desplazadas entre 2000 y 2004 por la violencia entre guerrilleros y paramilitares.
En la actualidad, 281 personas que abandonaron sus tierras del municipio de Dagua solicitaron que su caso sea estudiado por un juez de restitución. Según datos de la Unidad de Tierras, en losdespachos ya hay once de estos procesos a la espera de un fallo. Milena Pérez, que aún no ha retornado, espera terminar de construir la casa de la finca que tuvo que abandonar, desarrollar una ganadería y trabajar junto con sus dos hijos en la producción de pollos. Rafael Martínez está a la expectativa de un fallo de restitución que le garantice subsidios o apoyos para reanudar su cultivo de piña y plátano, y salir de la crisis que lo tiene en ascuas.
*Nombres cambiados por razones de seguridad de las víctimas
