El más reciente análisis de esta ong concluye que aún siguen siendo pocos lo fallos de restitución y que la inversión en el proceso triplica el valor comercial de los predios. Unidad de Restitución de Tierras expone datos que rebaten esas apreciaciones.
De las mil sentencias de restitución analizadas por Forjando Futuros, en 81 por ciento los despojadores fueron grupos paramilitares. Foto: VerdadAbierta.com.
En tres años y medio de aplicación del proceso de restitución de tierras que contempla la Ley 1448 de 2011, las víctimas que abandonaron o les despojaron sus fincas durante el conflicto armado han presentado 73.127solicitudes ante la Unidad de Restitución para que su caso sea presentado en demanda ante un Juez Especializado y este tome una decisión. Sin embargo, solo 7 mil 472 de ellas han llegado a los estrados y solo se ha decidido sobre 1.890 de estos casos en mil sentencias, a través de las cuales han devuelto 97 mil hectáreas a las víctimas. (Vea el informe aquí)
Con estas cifras la organización no gubernamental Forjando Futuros concluye que el proceso de restitución sigue siendo “gota a gota” y no con la celeridad esperaban las víctimas. Según el análisis divulgado hoy, todo ello se debe a que por lo menos 61 mil de las reclamaciones se encuentran “represadas” en la Unidad de Tierras porque los predios solicitados están en zonas no “microfocalizadas”, lo que quiere decir que esta dependencia no ha podido poner lupa a algunos territorios porque no cuentan con el aval de seguridad que les debe dar el Ministerio de Defensa.
En su análisis, Forjando Futuros señala que el Estado ha invertido en el proceso tres veces respecto del valor comercial de los predios. Mientras la Unidad de Tierras, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el sistema judicial han invertido 836 mil millones de pesos; los 1.759 predios restituidos tienen un valor comercial estimado de 263 mil millones de pesos.
Para desvirtuar la afirmación de que hay un gran número de falsas víctimas reclamando tierras, como ha circulado en algunos medios de comunicación basándose en declaraciones de altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro, la organización no gubernamental, con sede en Medellín, precisa que, tras el estudio de las mil sentencias, el 98% de los reclamantes fueron reconocidos como víctimas por los jueces, mientras que solo dos por ciento no pudieron demostrar su relación jurídica con el predio o no demostraron que la venta fue consecuencia del conflicto armado.
“La tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las familias despojadas”, indica Forjando Futuros en su informe. Por el contrario, reitera que el 89% de las personas que se presentaron como opositoras durante los juicios sí se aprovecharon de la violencia, según determinaron los jueces, cosa que “demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios”.
Esta Ong sugiere que para que haya un cumplimiento real de las medidas de restitución ordenadas en los fallos, los jueces establezcan un “término y un mecanismo de seguimiento”, pues aunque considera que hay “un mejoramiento significativo” de estos aspectos, las familias restituidas siguen al tanto del acceso a proyectos productivos, afiliaciones al sistema de salud, subsidios de vivienda, seguridad y protección, educación y adecuación de vías.
El análisis, además, considera que el Estado debe realizar varios cambios al proceso de restitución, entre ellos, una reforma legal que incluya la restitución administrativa para aquellas reclamaciones en las que no hay opositor y que se realicen procesos de restitución colectiva en las ya 12 zonas priorizadas por la Unidad. Sólo con esto último, asegura Forjando Futuros, la justicia podría restituir unas 3 millones de hectáreas.
La otra cara de la discusión
En reacción a este informe, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) divulgó un documento en el que afirma que “los resultados obtenidos durante la aplicación de la política de restitución de tierras demuestran que, a pesar del difícil contexto en el que se implementa, el 25% del total de solicitudes presentadas por los colombianos ya fue tramitadas”. La presentación de estos resultados, de acuerdo con la entidad, “pone de presente los avances de la ejecución de la política y clarifica malos entendidos en relación con algunos aspectos propios de la implementación”.
Apelando a cifras que cubren el mismo periodo contemplado por Forjando Futuros, la URT expuso que durante los cuatro años de vigencia de la ley, se han estudiado 840 mil 600 hectáreas, de las cuales 452 mil 914 fueron puestas en manos de los jueces especializados en restitución y las restantes 388 mil 100 no clasificaron para ir a juez. “A la fecha, los jueces han devuelto más de 100 mil hectáreas de tierra que benefician a cerca de 15 mil personas víctimas del conflicto armado”.
La URT también aclaró que “nunca ha habido una meta oficial para la política de restitución expresada en número de hectáreas”, entre otras razones por la precaria información catastral con la que cuenta el país, particularmente de zonas rurales y de áreas afectadas por el conflicto armado, donde se materializó el despojo de tierras a campesinos. Citando estudios de Ana María Ibáñezde la Universidad de los Andes y el de Luis Jorge Garay de la Comisión de Seguimiento a la Política de Atención al Desplazamiento Forzado, la entidad encargada de aplicar la Ley 1448 estima en dos millones de hectáreas el área despojada en todo el país.
Con respecto al trámite de solicitudes y al ritmo de la ejecución, la URT indicó que, con corte al 29 de mayo, se han recibido 77 mil 833 solicitudes de restitución, de las cuales el 43% (33.863) “se encuentran en zonas de implementación de la política, previamente habilitadas por el Ministerio de Defensa Nacional después de considerar las favorables condiciones de seguridad existentes”.
Adicional a ello, aseguró que el 25% del total de las solicitudes recibidas ya fue tramitado administrativamente y el 60% de las tramitadas (11.342) fue inscrito en el Registro de Tierras Despojadas. La entidad rectora de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 aseguró que la meta la política de restitución es “resolver el 100% de las solicitudes de restitución de tierras presentadas por las víctimas”.
Por último, uno de los temas cuestionados por Forjando Futuros es el de la microfocalización, que depende, tal como se advirtió, de los conceptos del Ministerio de Defensa, que debe garantizar la seguridad territorial para adelantar las labores de revisión material de los predios reclamados.
Al respecto, la URT aseguró que “el Gobierno Nacional no está dispuesto a poner en riesgo la vida de las personas involucradas por lograr la restitución de tierras”, por tal razón considera que la microfocalización es una estrategia que le ofrece seguridad a quienes implementanla política y de quienes son objeto de la misma: “es el mecanismo para articular el cumplimiento de dos obligaciones esenciales del Estado colombiano: garantizar la materialización del derecho a la restitución, y a su vez, proteger los derechos a la vida e integridad personal de todos los involucrados”. Según esta dependencia estatal, gracias a esa herramienta “ninguna persona restituida ha sido nuevamente desplazada de sus tierras”.
Finalmente la URT aclaró que la focalización de áreas reclamadas fue “una decisión del Legislativo, no una iniciativa del Gobierno”, la cual fue aprobada por el Congreso de la República y quedó establecida en el artículo 76 de la Ley 1448: “El registro [de tierras despojadas] se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno”.
