El Gobierno y las Farc acordaron que se tienen que buscar todas las responsabilidades, incluidas las de ellos mismos, pero que nada de lo que resulte podrá usarse en los estrados judiciales. Su trabajo comenzará cuando se firme un acuerdo de paz.
La comisión de la verdad es el primer acuerdo al que llegan el Gobierno y las Farc en el punto de víctimas, en el que ya llevan un año negociando. Foto: archivo Semana.
Esclarecer qué ha pasado “en el período del conflicto armado”, reconocer a las víctimas y promover una convivencia en las regiones para que nada de la guerra se repita, son los tres objetivos de la Comisión de la Verdad, anunciada oficialmente este jueves desde La Habana, Cuba, sede de las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
Ambas partes acordaron que la llamada ‘Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición’ durará 3 años y comenzará sus labores una vez se firme el acuerdo de paz definitivo.
La Comisión deberá tomar en cuenta lo que ya se ha hecho en esta materia en el pasado, empezando por el informe de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas; y seguramente experiencias como el reporte realizado por la Ruta Pacífica de Mujeres, y el Basta ya del Grupo de Memoria Histórica, entre otros. Todo ello con el fin de que se pueda explicar “la complejidad del conflicto”, como lo establece el comunicado conjunto. (Ver documento en PDF)
Conocedores del tema detallan que una comisión de la verdad sirve para “contribuir a la reconciliación nacional y a fijar el propósito de no repetición”, como lo expresa en uno de sus análisis el profesor Carlos Medina, miembro del Centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz de la Universidad Nacional.
Por su parte, Javier Ciurlizza, director para Latinoamérica y el Caribe de International Crisis Group, plantea en un artículo que la comisión de la verdad es una “memoria compartida (no única)” y que si se hace bien en Colombia, “puede representar una de las vías por las que las partes se integran a la sociedad colombiana, luego del desarme y la desmovilización”.
El acuerdo ha sido percibido por diversos sectores sociales y políticos como un avance en el camino a ponerle fin a 51 años de confrontación armada de las Farc contra el Estado, con graves consecuencias para la población civil, pero, ¿qué fue lo que se acordó?
El centro de la propuesta
Toda la información de la comisión deberá tener un enfoque de género. Además, tendrá en cuenta el impacto diferencial de la guerra según edad, etnia y situaciones de discapacidad.Foto: archivo Semana.
Ante todo, el Gobierno y las Farc fueron explícitos y se comprometieron “a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión”.
Ya más en detalle, uno de los puntos centrales de esta Comisión es que las dos partes decidieron que será un mecanismo extrajudicial, que implica que lo dicho allí no podrá ser utilizado en estrados judiciales, los participantes no serán imputados y los comisionados “no estarán obligados a declarar en procesos judiciales, estarán exentos del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente”.
El blindaje está acorde con lo que recomienda Ciurlizza, quien explica que “pedirle a un órgano como éste que determine en derecho las responsabilidades penales de individuos, la convierte en un tribunal ad-hoc de dudosa legitimidad y sujeta a los mismos problemas de los procesos penales: lentitud, incertidumbre y formalismo”. Sin embargo, advierte que el reto está en que no sea un mandato limitado porque, de lo contrario, se abandona el debate social y se deja todo en las manos de los jueces.
El otro tema importante es el de reconocimientos y responsabilidades. El segundo de los 10 mandatos indica que esta Comisión deberá esclarecer “las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional” por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Es una bolsa amplia en la que también cabrían desde altos mandos militares hasta empresas, incluso de otros países. Pero el mandato también especifica que dichas infracciones se analizarán especialmente si reflejan “patrones o un carácter masivo” y que hayan sido únicamente cometidas con ocasión del conflicto.
Además, en el comunicado conjunto se le precisa a la Comisión que debe admitir que se vulneraron los derechos de las víctimas, en un país donde hasta hace pocos años no se hablaba de conflicto, y se afirmaba que los desplazados eran tan sólo “migrantes internos”.
Acto seguido se habla del “reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas”. En plata blanca esto significa que nadie tendrá que reconocer nada por obligación durante las audiencias, que fue el mecanismo elegido para que especialmente las víctimas, y los victimarios y “otros actores relevantes” interactúen con los comisionados.
No obstante, las dos partes en la Mesa concuerdan en que el éxito de la comisión depende de las responsabilidades que se acepten y del “compromiso de todos los sectores de la sociedad” en la construcción de verdad.
Quizá el hueso más duro de roer sea la elección de los comisionados. Ciurlizza recuerda que los organismos de este tipo “que solo han respondido a los intereses de negociadores o al gobierno de turno han fracasado rotundamente en su pretensión de legitimidad”. Y, una vez conocido el método, apuntó en su cuenta de Twitter:
Lo no tan bueno: mecanismo de selección de comisionados se somete demasiado a las partes; “convivencia” es un término ambiguo para una CV
— Javier Ciurlizza (@Javierciurlizza) junio 4, 2015
Cuando Ciurlizza critica el sometimiento excesivo es porque los encargados de elegir a los once comisionados que integrarán esta Comisión serán nueve personas de un “comité de escogencia”. De esos, el Gobierno y las Farc eligen a seis con un mecanismo que todavía se desconoce y los tres restantes son delegados de personas u organizaciones “que acordemos en la Mesa”. Es decir que enla práctica ellos los escogen a todos y estos, a su vez, seleccionan los comisionados. Además, el presidente de la comisión será elegido directamente por los dos grupos negociadores.
Lo que queda en el tintero
El Gobierno y las Farc le indicaron a la Comisión que debe esclarecer qué pasó “en el periodo del conflicto”, pero no le pone un tiempo límite. Se infiere que será el tiempo del alzamiento en armas de las Farc. En cambio, le aclara que deberá establecer las “prioridades” en la investigación.
Otros temas que este organismo deberá especificar es cómo proteger a los comisionados y a las personas que quieran hablar, los pasos para verificar que toda la información que reciba sea veraz, la estrategia para difundir el informe que resulte de ese trabajo y en manos de quién quedarán todos los archivos luego de que se acabe la comisión.
Por otra parte, los negociadores acordaron que después de una eventual firma, se tienen que “multiplicar los esfuerzos” de búsqueda y recuperación de los desaparecidos. “Para ello trabajaremos en un nuevo mecanismo que funcionará en coordinación con la Comisión (de la verdad)”, dijeron escuetamente sin dar más detalles pero separándola de la Comisión de Búsqueda que ya existe.
El gran ausente fue el tema de desclasificación de archivos. Desde hace por lo menos tres meses, las Farc insisten en que se muestre la documentación que el Estado tiene sobre lo que ocurrió. Pero hasta el momento, el Gobierno de Juan Manuel Santos no da su brazo a torcer. Sin embargo, la guerrilla insiste.
“No estamos pidiendo que se abran los archivos de la política internacional de Colombia, sino aquellos referidos a la violación sistemática de los DDHH y el DIH, paramilitarismo, falsos positivos, crímenes de lesa humanidad y todos aquellos que develan la existencia de victimizaciones sistémicas”, reitera la delegación de las Farc en un comunicado divulgado este jueves en La Habana.
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