Varios de los funcionarios del municipio están amenazados. Hay desgreño en las instituciones mientras las Farc tienen fuerte influencia en las juntas de acción comunal y en los consejos comunitarios. Segunda entrega de la serie Barbacoas: un olvido, muchos conflictos.
La Alcaldía tiene información que los espacios que hasta hace pocos meses comandaban las Autodefensas Gaitanistas en la cabecera urbana, ahora está copado por las Farc. Foto: Maria Clara Calle.
El sábado 22 de mayo el padre Juan Carlos bajó de su cuarto hacia el primer piso en la casa cural de Barbacoas, en Nariño, para atender a una feligrés que lo buscaba. Cinco minutos después cayó una granada en su habitación. La lámina del techo se despedazó y las habitaciones contiguas se llenaron de esquirlas. Nadie resultó herido.
“Hay una estación de Policía a 40 metros de la casa cural en Barbacoas y ellos (los agentes) estaban manipulando una granada, se les disparó y cayó encima de la pieza del padre”, explica el obispo de Tumaco, Gustavo Girón. Él recuerda que otros tres artefactos explosivos han impactado esa misma edificación en los últimos tres años y por esa razón exige que la Fuerza Pública se retire del casco urbano ( lea el comunicado de la Diócesis al respecto).
Para el alcalde Ronald Angulo todavía no es muy claro de quién era la granada, pero cree que fue una retaliación del mismo bloque de las Farc al que el Ejército bombardeó en Guapi, Cauca, el pasado 21 de mayo, que dejó 26 guerrilleros muertos.
Esa es la tensión que viven los miembros de la Pastoral Social y los cerca de 40.000 habitantes de Barbacoas; un municipio que limita con Ecuador y es corredor entre la cordillera central y el océano Pacífico, rico en minas de oro, madera y hoja de coca para uso ilícito. En ese lugar, como tantos otros del país, no son muy optimistas con lo que pase después de la eventual firma de un acuerdo del fin de conflicto en La Habana con la guerrilla de las Farc. Viven la guerra día a día y creen que aún no están preparados para la paz.
“Es tal vez la situación más crítica de Colombia. El alcalde no vive en el pueblo, las autoridades civiles prácticamente no funcionan y nada se puede hacer sin el consenso de los guerrilleros, que son los que dominan”, apunta el obispo.
Respecto a su ausencia, Angulo responde que él sí está por fuera la mayoría del tiempo, pero buscando recursos, mientras su equipo de trabajo sigue articulado. Pero otra es la opinión de Christian Visnes, director en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados, una organización internacional humanitaria que trabaja en la zona. Él sostiene que la ausencia del alcalde dice mucho de la capacidad para llevar las instituciones al lugar, que es donde las requieren. “Colombia noes un Estado fallido, pero esos municipios sí son fallidos desde hace años porque no logran responder a casi ninguna de las necesidades de sus habitantes”, apunta.
Otro síntoma de cómo están las instituciones en Barbacoas son las intimidaciones a los funcionarios. La personera está amenazada, según un informe elaborado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA, por sus siglas en inglés), el Consejo Noruego para Refugiados y Save The Children. El alcalde explica que él tiene un esquema de la Unidad Nacional de Protección y que la fiscal también ha sido perseguida. “Siempre hay amenazas para todos los que trabajamos en esto”, indica un funcionario.
El informe de los organismos internacionales también refleja que la gente no confía en las instituciones, a excepción de la Iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales extranjeras. “En ciertos casos no nos da para confiar. La verdad no se sabe porque hablar nos puede costar la vida”, indica un barbacoano que teme que su nombre se publique.
Las instituciones de las que dicen desconfiar más son la Policía y el Ejército. No en vano en los últimos cuatro años han relevado tres veces a la Fuerza Pública del municipio.
Para la ONU, este es uno de los 125 municipios en los cuales será más difícil aplicar los acuerdos de La Habana y la Fundación Paz y Reconciliación también lo tiene en su lista de 281 pueblos del postconflicto donde deberá existir un esfuerzo mayor. ¿Pero cuál es la realidad de Barbacoas?
El otro poder
“Lo que se maneja mucho es la ‘otra ley’, la de los paras y guerrilleros, porque nos tienen atemorizados”, dice Luis*, un habitante de Barbacoas.
Incluso hoy las Farc tienen injerencia en la política del municipio a través de las armas, según el líder comunitario Omar*: “En las elecciones de las Juntas de Acción Comunal hay un candidato de la comunidad y otro de ellos (las Farc). A veces hasta piden llamar al comandante para que les diga qué hacer”.
Omar agrega que esas juntas las están conformando especialmente en tres de los 12 territorios pertenecientes a los consejos comunitarios de los afros para tener poder, en un municipio donde el 78% de los habitantes son negros. “Los otros no se han dejado, pero ya tenemos líderes desplazados porque con los comandantes guerrilleros todo es a las malas. Ahí perdemos nosotros, pues el líder que sigue tienemiedo y se fractura el movimiento social”, se lamenta.
Esto es un obstáculo para la construcción de paz. Es central que la sociedad civil exprese qué quiere y formule sus proyectos, como explica Gerard Gómez, jefe de OCHA en Colombia. En su opinión, Barbacoas tiene una gran capacidad organizacional, pues los consejos tienen un “discurso articulado” y aunque “hay unos más callados que otros, conocen la situación”.
Omar responde que lo que pasa es que las comunidades sí están trabajando para reducir el conflicto, pero se topan con barreras infranqueables. “No podemos hablar de derechos humanos ni en el territorio de las Farc ni en el de los paramilitares porque todo se interpreta como dar información y eso nos genera problemas”, denuncia.
A pesar del miedo que reina en este municipio nariñense, en los últimos cuatro años ha habido dos iniciativas civiles que hicieron sentir su grito de protesta. El primero fue en octubre de 2011, cuando 300 barbacoanas decidieron no tener más sexo hasta que de una vez por todas les arreglaran la carretera que lleva más de un siglo en un estado deplorable. A las pocas semanas de creado el movimiento ‘Piernas cruzadas’, el Gobierno comenzó a pavimentar 25 de los 54 kilómetros de la carretera Junín – Barbacoas y hasta ahora sólo van 18.
En la segunda protesta, de agosto de 2014, once municipios de la costa nariñense y caucana expresaron su agotamiento ante la corrupción local. A las quejas se unieron los tres municipios que conforman la subregión del Telembí: Barbacoas, Magüí y Roberto Payán. Para calmar la situación, el gobierno nacional firmó un pacto que creaba una comisión nacional de seguimiento a los malos manejos del dinero público y protegía a los líderes de estos municipios.
Dos meses después, asesinaron al profesor Pedro Augusto Arizala, uno de los líderes en Magüí del Paro Regional del Pacífico, y a un secretario de un colegio del mismo municipio. Las amenazas llegaron a otros voceros y lo acordado se estancó. “Por acá siempre vienen a hacer demasiadas promesas que ni el mismo gobierno cumple”, recalca Luis.
Una de las quejas de la comunidad es la falta de escuelas en algunas veredas. Por eso envían a sus hijos en chalupas, a manera de ruta escolar, para la institución más cercana. Foto: Maria Clara Calle.
Dineros corruptos
Por Barbacoas han pasado las riquezas del oro y la madera desde tiempos de la conquista española y hoy sigue siendo una zona rica en ese metal precioso. Sin embargo, entró en la Ley de Quiebras el pasado 12 de mayo, el mismo mecanismo al que han tenido que acudir 100 municipios y ocho departamentos del país por insolvencia económica. A Barbacoas le esperarían más o menos 10 años para pagarle a sus acreedores y reestructurar sus pasivos, como lo explica Néstor Mario Urrea, subdirector de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda: “El Estado tiene que intervenir ese municipio porque hay tan mal manejo, ya sea por capacidad técnica o por corrupción, que no le pueden dar millones de dólares para que ellos ejecuten”.
El alcalde Angulo habla de “malos manejos de administraciones pasadas” y agrega que hoy, del Sistema General de Regalías, reciben 25 mil millones de pesos para distribuirlos en salud(13 mil millones), en educación (3 mil), en agua potable (2 mil), en funcionamiento y libre inversión.
Pero las cifras no se reflejan en la realidad de los barbacoanos. El informe de OCHA y varios habitantes advierten que hace por lo menos ocho meses los funcionarios del hospital no tienen contrato y que la cobertura en salud es tan pobre que a pesar de que desde algunas partes de la zona rural es muy difícil llegar a la cabecera municipal, hay consejos comunitarios en los que no se hacen brigadas de atención en salud desde hace más de un año. El alcalde le atribuye la responsabilidad al exgerente del hospital estatal San Antonio, el mismo que fue elegido por una junta directiva liderada por el alcalde del momento.
Por su parte, Piedad Tovar, quien en varias ocasiones es la alcaldesa encargada cuando Angulo sale del municipio, le pidió ayuda económica a los organismos internacionales porque “el hospital, que es el responsable, no tiene para contratar a médicos ni a psicólogos”.
En cuanto a la educación, los habitantes se quejan de que muchos profesores no cumplen con su horario de trabajo y llegan al pueblo a horas e incluso en días distintos. “A los niños los ha afectado más el sistema que el conflicto”, reitera Omar. Una profesora que pidió guardar su identidad se defiende y explica que el problema está en que “los jóvenes se van a barequear para conseguir un teléfono, un computador o una tablet”.
Pero para Visnes la explicación es que “la gente en Barbacoas no reconoce la educación como un vehículo para cambiar su situación y quizá con razón pues tal vez nunca les ha servido”. De ser así, no será fácil lograr que este se convierta en un factor principal para acabar la guerra, como se pretende en la Agenda de Paz para Nariño, realizada entre la Gobernación del departamento y las Diócesis de Tumaco, Ipiales y Pasto.
Un líder comunal afirma que de cada 10 niños que entran a quinto de primaria, se gradúan cuatro en promedio. Foto: Maria Clara Calle.
Los resultados tampoco son alentadores en temas humanitarios. Con los 2 mil millones de pesos que hay para agua potable, la cobertura de acueducto en el sector rural es de 10% y en el urbano de 85% mientras que sólo en el 3% del sector rural y en el 32% de la cabecera municipal hay alcantarillado.
Todo lo anterior conduce a que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Barbacoas sea de 73%, mientras que el promedio nacional es de 28%, según el DANE.
Una salida truncada
De acuerdo a su experiencia internacional, Gerard Gómez analiza que para que una negociación de paz sea exitosa en el territorio se necesita que las instituciones del Estado se coordinen. A pesar de que el alcalde sostiene que todas las instituciones confluyen y se coordinan en el Consejo Municipal de Política Social, no parece que sea el caso de Barbacoas y esto se evidencia en el tema de víctimas.
Angulo recuerda que el año pasado recibieron decenas de desplazados en la cabecera de Barbacoas. “Nuestro presupuesto se reventó pues nunca fue una atención inicial sino casi total. Se supone que la Unidad para las Víctimas debe complementar, pero no había cómo sacarlos del municipio”, sostiene.
Javier Patiño, el director territorial en Nariño de la Unidad, desmiente al alcalde al sustentar que sí hay una oficina integral para atender a las víctimas en Barbacoas y por ende no se tiene que esperar a que lleguen. Además, el funcionario critica a Angulo porque “no tiene ni mediano conocimiento de cómofunciona el sistema”, pues por ley es el municipio el primer respondiente ante los desplazamientos masivos.
“No hay voluntad política del municipio”, opina Patiño, al recordar que aunque la Alcaldía se comprometió a poner el terreno para un plan de albergue de desplazados y a apoyar la creación de un centro regional para atender a las víctimas de la subregión del Telembí, no ha cumplido nada hasta ahora.
Angulo disiente pues dice que sí están trabajando, al promover que los cultivos de hoja de coca para uso ilícito se cambien por arroz y cacao; aunque acepta que en cuanto a los eventuales desmovilizados no tienen ningún programa de reintegración. Para el funcionario, “el gobierno debe generarles empleo” y el Municipio no lo hace “porque no tenemos las herramientas suficientes. Sinceramente, no estamos preparados para lo que se viene”, termina por aceptar
Por estas razones Omar cree que “no hay una apuesta social para el posconflicto en Barbacoas”. Gómez argumenta que la falla más grave es que no hay un interés nacional en ese municipio. Por último, Visnes advierte que el riesgo ante un posible acuerdo de paz es que las situaciones macro del país se arreglen, sin que la crisis aparentemente marginal de Barbacoas pese en las estadísticas nacionales. Mientras tanto, “estas personas seguirán con sus vidas, que no son dignas; con muertes tempranas y una lucha diaria para sobrevivir”, concluye.
Espere la tercera y última entrega sobre lo que se vive en Barbacoas, especialmente a causa de la explotación minera y maderera en el municipio.
*Nombres cambiados y omitidos a petición de las fuentes
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