Durante una jornada de sesiones en territorio de la Comisión Nacional de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, quedaron en evidencia las falencias de las administraciones municipales de la zona del Catatumbo en la implementación de esta norma.
Giovany Mejía Cantor
La Comisión Nacional de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras desarrolló en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, la sesión en territorio, con el propósito de generar espacios que permitan mayor articulación y coordinación de la política pública y brindar información a las víctimas sobre sus derechos y los avances en la implementación de la Ley.
Al evento fueron convocados los alcaldes y representantes de victimas de Ocaña, Convención, Hacarí, El Tarra, Teorama y Tibú, y estuvo presidido por el procurador delegado para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y de los Desmovilizados, Jaime Álvarez Galvis, quien al referirse a cómo se va aplicando en esta región la aplicación de la ley, dio un concepto desalentador al calificar de muy lento el avance de todas las administraciones municipales. “Ha habido un desempeño muy precario por lo que se debe impulsar más la implementación de la ley”, dijo y agregó que “no se va a la velocidad que se requiere para el beneficio de las víctimas”.
De esta sesión se producirá un informe para ser presentado al Congreso de la República y el cual se hará público. En el documento se registrarán los retrasos, avances y dificultades que ha tenido la ley para su implementación en estos municipios de la provincia de Ocaña y el Catatumbo, una región que padece el conflicto armado en toda su dimensión.
La articulación entre los entes territoriales y las instituciones del orden departamental y municipal, a criterio de Álvarez Galvis, no es suficiente: “vamos a verificar que eso no siga ocurriendo, estamos para mirar ese atraso y cómo poderlo impulsar y si se da lugar para actuación disciplinaria, se hará”.
Los conceptos del fueron respaldados por representantes de las víctimas de la región, entre ellos Jorge Solano, quien aseguró que el espíritu de la ley no se cumple considerando que los alcaldes tienen en el papel una funciones qué cumplir. Solano reprochó la actitud de la administración municipal de Tibú manifestando que “el alcalde de ese sector tan conflictivo no sabe ni qué cantidad de víctimas hay, habla de ocho mil cuando en realidad en el Catatumbo hay unas 20 mil”. Para este defensor de derechos humanos, “los alcaldes están alejados de la realidad de las víctimas pues (los alcaldes) han convertido la ley en letra muerta”.
Al respecto, Gustavo León Becerra, alcalde de Tibú, centró su defensa en la falta de recursos como limitante para atender las necesidades de las víctimas. Habló de cien millones de pesos para apropiarlos al tema específico de generación de ingresos para las víctimas de su municipio.
Edinson Delgado Pérez delegado de la mesa de víctimas del municipio de Teorama reprochó la actitud del gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, quien, para un proyecto de mejoramiento de vivienda presentado para 25 familias de ese municipio, “nos salió con tres millones de pesos”. Además, dice que el mandatario seccional ha tenido en cuatro años dos funcionarios como secretarios de víctimas, “el último lleva dos meses pero estuvimos diez meses sin secretario de víctimas”.
Ante esos cuestionamientos, el secretario de víctimas de Norte de Santander, Fernando Niño, respondió que “es la Unidad de Víctimas la que tiene la responsabilidad de la reparación colectiva e individual de las víctimas ante los hechos victimizantes”. Sobre los planes de vivienda aseguró que “están a cargo del secretario de vivienda del departamento quien tiene la información certera pues mi secretaría lo que hace es caracterizar las víctimas”.
No obstante, Álvarez Galvis dijo que hay municipios que sí trabajan en debida forma llevando un adelanto importante. Entre estos, Eliud Camargo León alcalde de Teorama dijo que su administración es la que viene aplicando con mayor énfasis todo el tema de política pública en materia de víctimas siendo modelo en temas de retorno y entregas de ayudas humanitarias.
De Ocaña se reconoció el esfuerzo de su alcalde Jesús Sánchez Clavijo como cabeza del segundo municipio receptor de víctimas del Norte de Santander después de Cúcuta, y en donde se está construyendo el Centro Regional de Víctimas tras una gestión ante la Unidad Nacional de Víctimas, entidad que proporcionó los recursos. La Alcaldía Municipal contribuyó con la consecución del lote, así como con los aportes económicos para favorecer la adecuación del terreno.
Ante los detalles encontrados por la Comisión Nacional de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, durante las sesiones en Ocaña, se generó el compromiso de la institucionalidad frente a la comunidad víctima para que se les cumpla con la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras en la provincia de Ocaña y el Catatumbo.
