Varios parceleros de este municipio de Bolívar aseguran que las sentencias judiciales los van a dejar sin dónde trabajar de manera injusta y piden la revisión de las decisiones. Los afectados viven desde hace más de diez años en fincas que son reclamadas por otro grupo de víctimas.
Así quedó la vivienda que había construido Antonio José López, un campesino desalojado el 30 de abril de 2015 por orden del Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena. Foto suministrada.
A Antonio José López se le quiebra la voz cuando recuerda el episodio del pasado 30 de abril. Ese día, un pelotón del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y una camioneta de la Policía llegaron hasta su parcela de 20 hectáreas en la vereda Padula, en Carmen de Bolívar, con un ultimátum: “Tiene que desalojar. Esta es una orden judicial”, le dijeron los uniformados. López relata que su angustia no solo era por la incertidumbre de volver a comenzar de cero sino ver cómo los uniformados le tumbaban la casa que había construido con tanto esfuerzo.
Quince días atrás, las autoridades intentaron desalojar a los hermanos Humberto y Hugo Torres Correa de su parcela de 24 hectáreas en el corregimiento Las Vacas. Pero Hugo no permitió que los uniformados cumplieran con la orden judicial. Reconoció que en medio del desespero sacó una escopeta y les gritó que no estaba dispuesto a salir de su tierra. “Es muy injusto. Nosotros también somos víctimas de la violencia y tenemos estas tierras no porque seamos malos, porque hayamos actuado de mala fe o porque quisiéramos enriquecernos. Lo que tenemos lo construimos con el sudor de muchos años”, afirma Hugo.
Los desalojos se derivan del cumplimiento de dos fallos emitidos por el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena: el primero el 17 de diciembre de 2013 y el segundo el 10 de julio de 2014. En ambos casos, las tres magistradas concluyeron que ni López ni los hermanos Correa podían seguir viviendo en sus parcelas, ya que debían restituírseles a dos familias que reclamaron su posesión como víctimas de la violencia. Las familias favorecidas con los fallos fueron las que les vendieron diez años atrás las parcelas a López y los Correa. Mientras el Tribunal ordenó una compensación económica para López; a los hermanos Correa se las negó.
López, los Correa y otros parceleros como Enuar Redondo le piden al gobierno que estudie su situación y les brinde una pronta solución. “La paz no se consigue de palabra sino con hechos. Esto que viene sucediendo con los fallos de tierras va en contravía de campesinos que también somos víctimas, que sobrevivimos al conflicto armado y que queremos salir adelante”, explica Redondo. Su parcela, de 19 hectáreas en la vereda Bonito, está siendo reclamada por la familia que le vendió la tierra. Como él, otras 400 familias están en la misma situación.
Lo que sucede en Carmen de Bolívar es lo que Naciones Unidas define en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas como “segundos ocupantes”. En Colombia, la Unidad de Tierras los llama “terceros intervinientes” y son personas que aunque se declaran como opositores en los procesos de restitución no tuvieron relación con grupos armados ilegales, tampoco son testaferros ni compradores de mala fe.
Cuando se formuló la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 el gobierno pensó que una gran parte de los procesos iban a ser entre víctimas y victimarios. Lo que sucede en Carmen de Bolívar es un ejemplo de que no es así. La Ley determinó que los opositores debían probar “la buena fe exenta de culpa”, pero en la práctica, esto es difícil porque personas como López, Correa o Redondo deben demostrarle a un juez que hicieron todas las averiguaciones sobre el pasado del predio y registraron a tiempo la compra de éstos en Instrumentos Públicos (Lea: Los cinco ‘cuellos de botella’ de la restitución y Segundos ocupantes, la otra cara de la restitución).
Álvaro Tapia, director de la Unidad de Restitución de Tierras, explica que por eso la Unidad decidió formular un programa de “terceros intervinientes que estamos afinando con la Defensoría y la Procuraduría Delegada de Tierras”. Si durante el proceso de documentación encuentran casos como los de López, Correa o Redondo, le informarán la Defensoría del Pueblo para que sea el Ministerio Público quien los represente durante el juicio. “Si el juez determina que estos opositores son “terceros intervinientes”, según el caso, ahora podrán compensarlos con una de las tres medidas que establece el programa”, dice.
Según Tapia, si la persona vive y deriva su sustento únicamente de esta parcela, el juez podrá ordenar que la Unidad le entregue una parcela por equivalencia y le garantizarán un proyecto productivo y un subsidio de vivienda. Si la persona no vive en el predio, pero su sustento depende de esta tierra, el gobierno le garantizará un proyecto productivo en una nueva parcela; y si la persona no vive en la tierra ni depende económicamente de ésta, pero aparece como propietario del terreno, la Unidad le pagará el 50 por ciento del valor comercial del predio.
“Los casos de López y Correa corresponden a los primeros fallos de restitución, cuando no existía este programa”, reconoce Tapia. Según este funcionario, esas decisiones las presentarán a la Defensoría para que los fallos sean revisados y los jueces puedan aplicar estas medidas.
Lo que le preocupa a los campesinos es que esas medidas sean demoradas. “Mire, cuando nosotros compramos las parcelas muchas eran solo un rastrojo. Nosotros les construimos casa, pozos y arreglamos la tierra para cultivar. Es muy duro tener que irse con los brazos cruzados esperando que el gobierno cumpla. Imagínese: a quien restituye va encontrar la finca ya arregladita, con cercas, con todo; y a uno que también es víctima le toca salir a empezar de cero”, dice Hugo Correa.
La historia de Los Girasoles o La Cabaña
El Esmad participó de la orden de desalojo contra Antonio José López, quien le probó al Tribunal de Tierras que compró la tierra actuando de buena fe y que él es también víctima de la violencia. Foto suministrada
La parcela de la que desalojaron hace quince días a Antonio José López se llamaba, originalmente, Los Girasoles. Según la sentencia del Tribunal de Cartagena, esta finca fue adjudicada a Tulio José Navas Luna en 1994 por el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). Los Nava Luna como muchas otras familias del Carmen de Bolívar afrontaron la violencia que se registró con intensidad desde los años 80 primero con la guerrilla del Eln y en los 90 con los frentes 35 y 39 de las Farc. A finales de esa década la ola de violencia fue provocada por los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que cometió varias masacres en esa región, entre ellas la de El Salado (Lea: La masacre de El Salado).
Los Navia Luna vivieron en esa finca hasta el 26 de junio de 1998. Según la narración de una de las familiares durante el juicio de restitución, ese día un grupo armado llegó a las dos de la tarde al rancho, obligó a sus hermanos a ponerse boca abajo y luego les disparó. Delfina y varios nietos, quienes fueron atados a una mesa, presenciaron cómo asesinaron a los muchachos. Las autoridades les pidieron que denunciaran que la masacre había sido cometida por la guerrilla; cuando los responsables eran en realidad los paramilitares.
Atemorizados, Delfina, los niños y dos hijos que sobrevivieron porque ese día no estaban en la finca se desplazaron de la vereda Padula hacia el casco urbano de Carmen de Bolívar. Según lo relataron durante el juicio, el desplazamiento los llevó a una crisis económica y a ofrecer su parcela a la venta. Antonio José López relató durante el juicio que un nieto de Delfina le ofreció la finca en el año 2002, el mismo año en que él se desplazó de su parcela, también en Padula. “Yo salí desplazado porque los actores armados nos venían extorsionando y amenazando”, dice.
López reconoció ante las magistradas que los Navas, como él, eran víctimas del conflicto y que su intención nunca fue aprovecharse de la violencia para hacerse a una nueva finca. Ese mismo año, en 2002, pactaron la venta por $8 millones 200 mil pesos, pero López indicó que no pudieron registrar la transacción en una notaría porque él se había quedado sin dinero: los 8 millones eran producto de la venta del único patrimonioque tenía. Sólo hasta el 2008 pudo registrar la venta en una escritura cuando rebautizó a Los Girasoles como La Cabaña, y registrarla hasta 2009.
Durante el juicio, López les dijo a las magistradas que durante los siguientes años le realizó varias mejoras a su finca: la cercó, le puso luz, le construyó dos corrales y una casa de material. En la sentencia, el Tribunal reconoció que Navas y López son víctimas, y aunque aceptó que el último actuó de “buena fe” consideró que no estaba “exento de culpa”, pues según la Ley de Víctimas López debió haber averiguado sobre el pasado violento del predio antes de comprarlo.
Así fue como el Tribunal ordenó que el Fondo de Tierras de la Unidad de Restitución le entregue a López 8 millones 200 mil pesos “indexados desde el año 2008” para compensarlo económicamente. Y solicitó restituirle la parcela a Delfina Navas, como dueña originaria de la parcela. La sentencia fue proferida el 17 de diciembre de 2013 y el pasado jueves 30 de abril, López y su familia fueron desalojados de la parcela con la intervención de la fuerza pública.
“Tengo 52 años y lo único que sé es trabajar el campo. Le pido al gobierno que me ayude a buscar un nuevo predio”, reitera López explicando que para sobrevivir le ha tocado vender a bajo precio el ganado que tenía en la parcela y que ahora vive en arriendo. López y los campesinos que presenciaron el desalojo rechazaron la medida de derribar la casa que él había construido y se preguntaron por qué las autoridades tenían que actuar así. (Lea la sentencia aquí)
La historia de La Esperanza
Por lo menos 400 parceleros de las veredas Los Cedros; La Emperatriz, entre Carmen de Bolívar y vía El Salado; la vereda Caño Negro, entre Carmen de Bolívar y la vía a Zambrano, temen que los fallos de restitución sean injustos en sus decisiones. Foto: Marta Ruiz.
La parcela sobre la que ya hay un fallo de restitución y existe una orden de desalojo contra los hermanos Humberto y Hugo Torres Correa se llama La Esperanza. Según la documentación de la sentencia, esta finca del corregimiento Las Vacas, de 24 hectáreas, fue adjudicada en 1994 por el Incora a Manuel Francisco Martínez Vergara.
Los Martínez Vergara vivieron en la finca resistiendo a la violencia por dos décadas. Sin embargo, el 17 de febrero del año 2000 no aguantaron más, recogieron lo que pudieron y se desplazaron hacia el casco urbano del Carmen de Bolívar cuando vieron que los paramilitares asesinaron a varios de sus vecinos. Entre el 16 y el 21 de febrero por lo menos 450 paramilitares del Bloque Norte de las Auc cercaron el corregimiento de El Salado y asesinaron a varios campesinos tildándolos de guerrilleros (Lea en Rutas del Conflicto: Masacre de El Salado, año 2000).
Junto a los Martínez Vergara se desplazaron unos 4 mil campesinos, incluidos los hermanos Humberto y Hugo Torres Correa. Los Torres le contaron a la magistrada que también vivían en El Salado y que se desplazaron por miedo y porque en esa masacre los paramilitares les asesinaron a un familiar. Buscaron refugio en Cartagena donde sobrevivieron seis años, cuando decidieron retornar a Carmen de Bolívar en 2006.
“El señor (Manuel Martínez) nos propuso que nos vendía la parcela. En ningún momento nos aprovechamos de la situación ni lo presionamos porque también somos víctimas”, dice Hugo Torres. Los hermanos Torres le dijeron al Tribunal que sabían que Manuel Martínez era desplazado, al igual que ellos, y que en 2006 acordaron de palabra el pago de $1 millón 500 mil pesos por la parcela. Los Torres reconocieron durante el juicio que Manuel les expresó la necesidad económica que tenía, ya que de él dependían su esposa, cinco hijos y los suegros.
Los Torres formalizaron la compraventa en febrero de 2007 y ambos hermanos dividieron las 24 hectáreas para que cada hermana tuviera su parte dónde cultivar. “Nosotros civilizamos la parcela, le pusimos ganado, cerdos y carneros… Cuando el 15 de abril llegaron a desalojarnos se me vino a la cabeza los hechos de El Salado. Uno queda traumatizado, con una afectación psicológica. Cogí la escopeta porque a uno se le viene a la mente que lo quieren volver a sacar, a atropellar. Esto es injusto”, repite Torres.
Pese a que los Torres insistieron que actuaron con “buena fe exenta de culpa”, las magistradas les negaron en una sentencia del 10 de julio de 2014 la compensación económica. El Tribunal consideró que los hermanos no se preocuparon por resolver a tiempo una deuda que tenía la parcela ante el Incoder y se tardaron seis meses en formalizar la compraventa. Además, señala el fallo, los hermanos aceptaron que compraron sabiendo de la necesidad económica de Martínez.
La sentencia ordena restituirle la parcela a Martínez Vergara y le pide al Incoder que les garantice a los hermanos Torres el acceso a una parcela y a un subsidio de vivienda. “Consideramos que el desalojo es un injusto y por eso no nos hemos querido ir. Le pedimos al gobierno que nos reubique en una parcela en las mismas condiciones en que tenemos la tierra. Porque cuando llegamos, trabajamos muy duro para tenerla como está”, reitera Hugo Torres. (Lea la sentencia aquí)
Otros 400 campesinos
Enuar Redondo explica que su parcela es reclamada también por la familia que le vendió y aunque en su caso aún no lo han llamado a juicio, teme que el Tribunal falle como en los casos de López y Torres. “Sentimos que no nos quieren escuchar. Que el gobierno sólo quiere mostrar resultados con las sentencias, pero no entiende que estos desalojos son injustos”.
Redondo tiene 39 años y relata que las Farc lo desplazaron en 1994 después de asesinar a su padre y robarle la finca. Ese año buscó ayuda en Carmen de Bolívar, pero en 1997 la guerrilla esta vez le asesinó a un tío, le reclutó a un hermano de 13 años y le hizo un atentado, del cual resultó ileso. En 2000 fueron los paramilitares quienes los desplazaron después de abusar sexualmente de su hermana. Terminaron en Maicao, La Guajira, y retornaron en 2005 cuando un viejo amigo, vecino de El Carmen,le dijo que le vendía una parcela de 19 hectáreas en la vereda Bonito.
“Con el tiempo logré mecanizar siete hectáreas, construí un jagüey, un caney y tengo cultivos de tabaco, yuca, maíz, ñame, además de criar gallinas cerdos y ganado”, relata Redondo. El campesino explica que, como él, otras 400 familias de Carmen de Bolívar compraron tierras que en la actualidad son reclamadas por víctimas como ellos, por ello consideran que es importante que el gobierno revise la situación y los jueces reconsideren las medidas de los fallos.
“Nosotros no tuvimos que ver con los actores armados, no compramos por aprovecharnos, somos gente trabajadora que también es víctima. Le pedimos al gobierno que evalúe la situación”, reitera Redondo. Este 11 de mayo delegaciones de comunidades campesinas de Bolívar y de la región del Magdalena Medio llegaron a la plaza de Bolívar, en Bogotá, para exigirle al gobierno soluciones sobre el acceso a la tierra y garantías en el proceso de restitución.
