Luego de ocho años en la cárcel, los desmovilizados deberán cumplir con una ruta de reintegración. VerdadAbierta presenta en qué consiste el programa y cuáles son los principales interrogantes de los excombatientes.
Durante cuatro años, los desmovilizados deberán asistir a un programa de reintegración en jornadas de ocho horas semanales.
Más de 170 exparamilitares podrán solicitar su libertad porque ya cumplieron ocho años de condena, pena máxima a la que pueden ser sentenciados los desmovilizados que están postulados a la Ley de Justicia y Paz. Una vez libres, deberán entrar a un programa de reintegración a cargo de la Agencia Colombia para la Reintegración (ACR).
Aunque uno de los requisitos que planteó la ley para concederles la libertad a prueba fue que durante estos años formaran parte de un proceso de resocialización, muchos no lo hicieron porque en la cárcel en la que están recluidos el Inpec no creó programa alguno. (Ver: ¿Qué va a pasar con los exparamilitares que salgan libres?)
“Llevamos ocho años en la cárcel, ya muchos están pidiendo la libertad y nunca tuvimos un programa de resocialización, a pesar de que insistimos mucho en eso. Lo que hemos hecho fue con ayuda sobretodo de las universidades”, aseguró Fredy Rendón Herrera, más conocido con el alias de ‘El Alemán’, quien fue el jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas y hoy es uno de los representantes de los desmovilizados de la cárcel de Itagüí.
Ante la falta de programas y previendo la pronta salida de los exparamilitares, cuando el Congreso de la República modificó la ley de Justicia y Paz en diciembre de 2012, pidió al Inpec crear programas de resocialización que brindara también acompañamiento psicosocial a los desmovilizados. En algunas cárceles hace algunos meses el Ministerio de Justicia se ha hecho responsable del asunto.
La ACR quedó a cargo de un programa especial para los excombatientes que salgan de la cárcel. Vale aclarar que esta Agencia tiene ya un programa de reintegración que acoge a los desmovilizados que no cometieron crímenes de lesa humanidad.
Aunque varios ya cumplieron con su pena, no han salido de la cárcel de forma masiva, pues la solicitud de libertad debe hacerse ante jueces de Justicia y Paz que exigen que se cumplan unas condiciones de verdad, justicia y reparación.
Hasta ahora son siete los desmovilizados que quedaron libres y que entraron a la ruta de reintegración que creó la ACR, la mayoría de ellos fueron patrulleros de grupos paramilitares. Estos primeros casos servirán para calibrar la ruta diseñada.
Así está en el papel
El pasado 22 de octubre se firmó la Resolución 1724 que definirá el futuro de los exparamilitares y guerrilleros que están postulados a la justicia transicional.
Según el documento, los desmovilizados están obligados a comenzar una ruta de reintegración que dura cuatro años, tiempo que corresponde a la mitad del tiempo de condena. Una vez salgan de la cárcel tienen 30 días para presentarse ante la ACR y firmar un acuerdo de ingreso al programa; de lo contrario, los jueces serán informados y podrían revocar la pena alternativa, es decir que podrían ser condenados a penas de hasta 40 años.
La Agencia visitó las cárceles y encontró que de los 2.670 desmovilizados que están postulados a la Ley de Justicia y Paz, la mayoría fueron patrulleros o mandos medios dentro de las distintas facciones de las Autodefensas y solo cerca de cinco mil fueron jefes de la organización. Además, por lo menos 900 de estas personas aún están en libertad porque no han sido llamadas a juicio.
“Muchos de ellos ya participaron de la ruta de reintegración, pero hasta ahora los están llamando para que vayan a la cárcel”, aseguró un funcionario de la ACR.
Los funcionarios de la Agencia han visitado a los postulados que están próximos a salir para informales del programa y revisar la situación de cada uno, porque han encontrado casos en los que los desmovilizados no tienen ni siquiera cédula.
Una vez fuera de prisión y haga parte del programa se les dará una mensualidad de 480.000 pesos, igual que ocurre con los demás desmovilizados de la ACR. La ayuda económica la podrán recibir durante siete años, pues aunque el postulado debe estar cuatro años en el programa de forma obligatoria, puede continuar voluntariamente si así lo quiere
Durante el primer año, los desmovilizados entrarán en una etapa que la ACR denomina de estabilización y caracterización. Allí tendrán un acompañamiento psicosocial, como lo han pedido insistentemente los desmovilizados. En una carta enviada a la ACR, los exparamilitares de Itagüí plantean que gran parte de los postulados se han vuelto adictos al consumo de drogas y alcohol en la prisión. Eso sumado a las rupturas familiares que la mayoría han vivido desde que están en las cárceles.
Los siguientes tres años los excombatientes deben asistir durante ocho horas a la semana a la etapa de reintegración como tal. Allí se espera que decidan si van a estudiar o aprender un oficio.
El temor de los desmovilizados
Una de las principales preocupaciones es si el Estado les va a garantizar la seguridad a estos desmovilizados.
“Sobre esto no se nos ha planteado nada en concreto, algunas esporádicas visitas de funcionarios de la ACR que de manera muy general han preguntado por cuáles son las preocupaciones de los postulados. En los últimos ocho años o más, hemos ayudado a esclarecer hechos de connotación nacional, que ha implicado la vinculación de terceros con poder”, dijo a VerdadAbierta Edward Cobos Tellez, alias ‘Diego Vecino’, quien junto a Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, alias ‘Pirata’, habló en nombre de los presos en la Picota.
Los desmovilizados temen que una vez fuera de la prisión, alguien intente tomar represalias contra ellos, no solo por los múltiples crímenes que cometieron, sino por las denuncias que hicieron contra políticos, militares y empresarios en el trascurso de las versiones libres. Según dato de la ACR, de los desmovilizados que no fueron a la cárcel, fueron asesinados 3.627.
Aún no se sabe a ciencia cierta quién va a cuidar a los desmovilizados. Una vez afuera la Unidad Nacional de Protección (UNP) hará un estudio de riesgo en cada uno de los casos. Dependiendo de los resultados, la Agencia les dará un apoyo económico para que se puedan transportar de urgencia.
“Nosotros consultamos y nos dijeron que eso no era del resorte de la UNP, por eso un grupo del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz está evaluando qué se puede hacer”, dijo Rendón Herrera. A este comité asisten representantes de los postulados, como Rendón, y entidades como la ACR, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.
A esto se suma que, aunque estén en libertad, el proceso judicial que se sigue contra ellos no ha terminado. Los desmovilizados tendrán que seguir presentándose a estrados judiciales en diferentes ciudades del país. Según un diagnóstico hecho por la Mapp/Oea a mediados de este año, 22 de ellos siguen su proceso en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, 25 en Medellín y 23 en Bogotá. Además, algunos tienen procesos judiciales en la justicia ordinaria.
¿Es posible emplearse?
De izquierda a derecha: Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, Edward Cobos Tellez, alias ‘Diego Vecino’ y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’.
A diferencia de los excombatientes que no fueron a la cárcel, los postulados a la Ley de Justicia y Paz no podrán acceder a un capital semilla, un dinero que sirve para iniciar nuevos proyectos. “Se nos excluye de ayudas económicas para proyectos productivos o capital semilla, existe un trato desigual frente a quienes lehemos contribuido de manera eficaz a la pacificación y la reconciliación”, dice el comunicado enviado por los reclusos de Itagüí.
La búsqueda de un empleo no va a resultar tampoco una tarea fácil, de los 56.600 excombatientes que hoy están en proceso de reintegración con la ACR, solo el 15 por ciento tiene un empleo formal. Si actualmente estos desmovilizados no pueden trabajar cuando son condenados por concierto para delinquir, es decir por pertenecer a un grupo armados, cuál será el panorama de los postulados de Justicia y Paz que han aceptado su responsabilidad y participación en cientos de masacres y desplazamientos masivos. (Ver: Desmovilizados, sin garantías jurídicas para la reintegración)
“De qué inserción laboral, de que reintegración social se habla, (…) cuando nuestros nombres aparecen en los buscadores de información de internet a nivel mundial, que empresa nos podrá dar trabajo, con el agravante de que ahora el estado tampoco nos ayuda”, dice la carta.
¿Cómo volver a sus comunidades?
De acuerdo con los planes de la ACR, la atención a los excarcelados será domiciliarias y en la medida de lo posible estos no tendrán contacto en las oficinas de la Agencia con los otros desmovilizados, es decir aquellos que han estado en proceso de reintegración y no fueron a la cárcel. La medida fue tomada para evitar estigmatizaciones y no generar problemas de seguridad, según dijo un funcionario de la entidad.
“No se puede seguir mirando a los postulados privados de la libertad como unos parias, como unos ciudadanos de segunda o menor categoría, nosotros le hemos aportado todo a la paz y la reconciliación de los colombianos y habiendo cumplido con los deberes de la ley (…) no se concibe una reintegración excluyendo al individuo”, dijeron los desmovilizados de la Picota. Agregaron que si tienen contacto entre ellos pueden reconstruir algunos hechos y dar con el paradero por ejemplo de algunas fosas comunes que no se han hallado en el proceso de Justicia y Paz.
Además, la Agencia plantea que durante el primer año los desmovilizados no podrán tener contacto con las víctimas o realizar actos de pedido de perdón por cuenta propia, porque deben esperar a entrar a un proceso de reintegración. El plan es que esos encuentros estén siempre mediados por instituciones como la Unidad de Víctimas.
“Eso es algo imposible de cumplir, cómo pretender que un desmovilizado que regrese al Urabá donde está toda su familia, pero también están las víctimas. En mi sentencia a mí me prohibieron contactarme con los menores de edad que hicieron parte de mi grupo, pero ha sido imposible, ellos me saludan y hablamos. La realidad puede desbordar lo que dice el papel”, dijo alias ‘El Alemán’.
Los desmovilizados de la Picota están de acuerdo con la medida, pero creen que las entidades deben comprometerse con la celeridad de los procesos, “la tramitología y la misma complejidad de las Instituciones han generado algunos atrasos en estos encuentros con las víctimas, ejemplo de ello es la dificultad que tenemos para dar cumplimiento al mandamiento de las sentencias en lo referido al pedido de perdón y los actos públicos, pues estos le corresponde a la Unidad de Victimas realizarlos y el postulado privado de la libertad está sujeto a la buena diligencia de la entidad encargada, en ese sentido hemos visto como no se ha podido cumplir con los tiempos estipulados en esas sentencias”.
