Unas 47 familias fueron desalojadas de este predio entre Barranquilla y Galapa, conocido como El Tamarindo, que creían baldío, y aún no han sido reubicadas. Otras 67 más continúan en el terreno, pese a las amenazas de muerte y al incumplimiento de un proyecto de reubicación de tierras por parte del Estado.
Los predios Beitjala, Granja Catalina y Campo Natacha están desolados, ya no hay cultivos de yuca, maíz y plátano. Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Carmen Buendía* salió de Apartadó, Antioquia, huyéndole a los paramilitares. Tiene 56 años y vive en un rancho de tablas de madera en un sector conocido como El Mirador, uno de los 10 predios que componen El Tamarindo, un terreno que está sobre la vía La Cordialidad de Barranquilla, cerca del municipio de Galapa, Atlántico. Desde noviembre de 2013 ella se refugia en la parcela de una familia que la acogió luego de que le destruyeran su cambuche, así como cultivos de yuca, plátano, maíz y decenas de aves de corral, durante una diligencia de desalojo realizada por las autoridades.
Como Buendía, hay 113 familias víctimas del conflicto que emigraron a Barranquilla provenientes de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre y Chocó; a olvidar la época en la que mataban campesinos a cualquier hora del día, y que terminaron en El Tamarindo, un lote de 361 hectáreas en el que se instalaron creyendo que era baldío, pero luego aparecieron los supuestos dueños, y empezó la tragedia.
La mujer que tiene los píes blancos de tanto caminar sobre la arena y se dedica a vender empanadas y a lavar ropa, huyó dos veces del Urabá antioqueño: la primera vez fue en 1988, cuando miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) mataron a 25 empleados de la finca bananera La Negra, en donde trabajaba. “Ese día corrí como alma que lleva el diablo para salvarme”, afirma. Y la segunda en 1995, después de dejar a sus cinco hijos en Barranquilla, en la casa de un hermano, y regresar a Apartadó. “Los paramilitares amarraron en un palo a quien por aquel entonces era mi marido, y nos dieron 24 horas para salir de la finca en donde vivíamos”, asegura.
Los desalojos 
Carlos Sierra fue desalojado del predio Campo Natacha en marzo del año pasado. Ahora se dedica al rebusque. Foto: Jesús Fragozo Caro.
Las primeras familias llegaron a El Tamarindo en 1999, y se ubicaron en cuatro predios: El Mirador, reclamado por Julio Muvdi Duarte; Campo Natacha (8), de Finanzas del Norte y CIA e Inversiones del Prado Abdala Saieh y CIA; Beitjala, de Invermas S.A., del que hace parte Henry Char Muvdi; y Granja Catalina (10), de Negocios Abdala Tarud S.A. Por esa época había montañas, y algunos campesinos se dedicaban a talar árboles para producir carbón artesanal, según una fuente de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entidad que desde 2013 le hace seguimiento a la problemática.
Unas 135 familias se asentaron en esos predios, donde intentaron rehacer sus vidas, pero su tranquilidad les duró hasta el 2008, cuando los propietarios comenzaron a reclamar sus tierras ante las autoridades y se ordenaron las primeras diligencias de desalojo. En aquel año, un inspector de la Alcaldía de Barranquilla, junto con miembros del Escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional y un grupo de civiles armados con palos y machetes, destruyen las casas de tablas de madera y los cultivos que están en las parcelas.
Buendía iba a explotar un cilindro de gas el día que la desalojaron. “Pensaba que si moría y ocasionaba una tragedia, las cosas mejorarían para los compañeros que quedaran vivos. Esa sería la única forma de que el Gobierno nos prestara atención”, asegura. Pero un hombre se le abalanzó y le quitó el tanque. No tuvo más remedio que resignarse a perderlo todo.
“Hemos actuado en cumplimiento de una sentencia policiva en la que los propietarios han pedido que desocupen los inmuebles”, afirma Berlis Roa, inspectora de Reacción Inmediata de la Alcaldía.
Unas 27 familias que fueron desalojadas del predio Beitjala, perdieron todo lo que tenían. Foto: Comisión Intereclesíal de Justicia Y Paz.
Los afectados aseguran que allí se han adelantado más de 40 desalojos desde 2008, pero solo hay registro de 15 actas de esas diligencias, según la Comisión y el director territorial de la Unidad de Víctimas, Alfredo Palencia. Y Roa asegura que apenas han sido tres.
El Mirador es el único predio en donde están asentadas 67 familias víctimas, luego de que en abril de 2014 se convirtiera en una espacio humanitario por parte de la Asociación de Desplazados y Campesinos del Tamarindo, Asotracampo, para evitar que ocurran acciones violentas; y, además, se suspendieran las diligencias. Mientras que unas 47 que residían en Campo Natacha, Beitjala y Granja Catalina, fueron desalojadas. Como Buendía, que se trasladó al lote 7 a esperar una reubicación, o como Carlos Sierra*, un desplazado que se mudó a una casita de laminas de aluminio en el suroccidente de la ciudad. El ya no cría cerdos, como lo hacía en Natacha; ahora trabaja como ayudante en obras de construcción.
“La Alcaldía debe garantizar la reubicación antes de desalojarlos”, afirma Milton Gómez, defensor regional del Pueblo. Por su parte, Milton Martínez, encargado de la oficina de derechos humanos de la Personería de Barranquilla, sostiene que “a partir de junio del año 2011, con la entrada en vigencia de la Ley 1448, intervinimos el proceso. Nadie puede ir con hechos violentos durante el procedimiento”. El último desalojo ocurrió en marzo de 2014 en Campo Natacha y se destruyeron cientos de cultivos. En esta última diligencia, 18 familias recibieron 3 millones de pesos. “Nos citaron a una reunión en la que nos dijeron que recibiéramos esa plata, porque igual nos iban a sacar. Pero solo unos cuantos aceptamos esa condición, que no fue una indemnización. No tuvimos otra alternativa”, asegura Sierra.
Pero eso no es lo único que les preocupa a las víctimas, también las amenazas de muerte que aparecen en panfletos firmados por grupos que se hacen llamar ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’. Aunque la voz de Carmen Buendía es fuerte, hay veces que da la impresión de que flaqueara, como cuando cuenta que duerme con su teléfono en la mano, y con el número de la Policía del cuadrante listo para marcarlo. “Me levanto apenas oigo un ruido. Una vez me tiraron una bolsa llena de sapos muertos”, afirma. Ella y otros diez campesinos que forman parte de Asotracampo han sido amenazados.
Ante las intimidaciones y el acoso, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo en julio de 2013, en el que “recomendó a las autoridades competentes la adopción de medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los líderes de este proceso”. Apenas el año pasado, la Fiscalía empezó a investigar el caso que, según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, está en la etapa instructiva.
Zona franca y reubicación 
Más de 70 víctimas del conflicto residen en El Mirador,el predio que fue declarado especio humanitario. Foto: Jesús Fragozo Caro.
El predio El Tamarindo adquirió importancia luego de que la Dian expidiera el 22 de noviembre de 2007 la Resolución 13914, con la que se declaró un área de un millón 200 mil metros cuadrados entre Barranquilla y Galapa como Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofía). Es así como los 10 lotes pasaron a ser parte del plan parcial Zofía, en el que se construirán otras obras; además de la concesión vial Ruta Caribe.
Las diligencias de desalojo empezaron después de la resolución, luego de que se transformara el uso del suelo y aumentara el precio de la tierra. El predio era un lote baldío hasta el año 82 cuando aparece una sucesión, según la Comisión.
“Nunca nos han mostrado un papel que diga que esta tierra es de Fulanito de tal. Nosotros queremos que nos muestren las escrituras”, afirma Buendía. Sin embargo, a ella y a las demás víctimas no les interesa quedarse en El Mirador, solo piden una reubicación.
Al respecto, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, aseguró que se está buscando un terreno en donde reubicar a las familias, aunque afirma que es un grupo pequeño de víctimas que no ha querido conciliar. “Tengo la impresión de que como esas tierras se valorizaron, debe haber un interés particular de algunas personas de quedarse allí para sacar ventaja económica. No es bueno que haya una invasión en un sector industrial”, afirma.
Buendía, sin embargo, asegura: “Nosotros no somos de aquí, llegamos a El Tamarindo porque le estamos huyendo de la muerte. Lo único que pedimos es tierra para trabajar”.
