Una magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla le concedió al exjefe paramilitar el beneficio de libertad condicional, pero esta decisión, por sí sola, no implica que abandone la cárcel inmediatamente.
Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’, exjefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Foto: archivo Semana.
El exjefe paramilitar Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’, no quedará en libertad de manera inmediata. Si bien así lo dispuso una magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, las apelaciones presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, y otros procesos en su contra frenan su salida del penal.
Alias ‘Juancho Dique’ estuvo al mando del Frente Canal del Dique, una facción del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operó en varias regiones del departamento de Bolívar y dejó cientos de víctimas. Su desmovilización, junto con sus hombres al mando, se produjo en julio de 2005 y está detenido desde el 30 de octubre de 2006.
Las normas señalan que una vez los desmovilizados hayan cumplido una pena de ocho años, que se cuentan desde el momento en que el gobierno nacional los postuló a La ley 975, conocida como Justicia y Paz, existen dos procedimientos para solicitar su libertad: el primero es la libertad a prueba por pena cumplida, que aplica para aquellos que ya hayan sido sentenciados; el segundo advierte que quienes aún no han sido condenados pueden recurrir a una figura conocida como la sustitución de medida de aseguramiento. En ambos casos los magistrados de Justicia y Paz evalúan que los postulados hayan cumplido con sus compromisos legales.
De acuerdo con la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, este exjefe paramilitar cumplió con todos los requisitos exigidos por las normas transicionales, entre ellos permanecer en prisión por ocho años, participar en actividades de resocialización y certificado de buena conducta, contribuir al esclarecimiento de la verdad y no cometer delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización. Por tanto, no había impedimento para otorgarle la libertad condicional.
La decisión fue apelada por representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, quienes expondrán detalladamente sus argumentos el próximo 30 de enero. El ente investigador asegura que alias ‘Juancho Dique’ siguió delinquiendo desde la cárcel, pues en la justicia ordinaria lo investigan por falso testimonio y fraude procesal, por haber negado el hurto de ganado en el proceso que se seguía contra Álvaro ‘el Gordo’ García, autor intelectual de la masacre de Macayepo. La decisión final la tiene la Corte Suprema de Justicia. (Ver: Cacique en el patíbulo)
La otra razón que impide su libertad inmediata es que alias ‘Juancho Dique’ ya fue condenado dos veces en Justicia y Paz: la primera, por su responsabilidad en la masacre de Mampuján, y la segunda en el proceso que se sigue contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso (Ver: La primera sentencia en Justicia y Paz). Por tal razón, no puede quedar en libertad hasta que no solicite la libertad a prueba ante un juez de ejecución de penas en Bogotá. De acuerdo con Jorge Noguera, abogado del exparamilitar, se espera que estas audiencias tengan lugar en febrero de este año.
Por el momento, alias ‘Juacho Dique’ seguirá en prisión y continuará con un tercer proceso judicial que se adelanta en Justicia y Paz por más de 300 delitos cometidos por hombres bajo su mando.
Banquéz es el segundo jefe paramilitar condenado que solicita su libertad, el primero fue Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ (Ver: El enredoen la libertad de ‘Don Antonio’). El curso que tomen estos dos procesos marcará el camino para los demás exjefes paramilitares que cumplan su condena de ocho años de prisión.
Qué lo compromete
Alias ‘Juancho Dique’ es uno de los primeros desmovilizados de las Auc en ser sentenciado en Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.
Aunque la sustitución de medida de aseguramiento no dejará en libertad al exjefe paramilitar, la decisión de la magistrada Zorayda Chalela Romano es un referente para los desmovilizados que tienen investigaciones en la justicia ordinaria a raíz de sus versiones en Justicia y Paz. Situación muy común entre los exjefes paramilitares.
Una de las condiciones para quedar en libertad es que los desmovilizados no hayan cometido ningún crimen después de su desmovilización. Puntualmente la investigación contra Úber Banquez se remonta a una demanda interpuesta por el abogado Jaime Granados, defensor, entre otros, de Miguel Ángel Nule Amín, uno de los políticos mencionados por alias ‘Juancho Dique’ en sus versiones libres.
El abogado Granados argumenta que el exparamilitar mintió en el juicio contra Álvaro ‘el Gordo’ García en 2010 cuando negó que su grupo paramilitar hurtara ganado, delito que posteriormente reconoció en el proceso de Justicia y Paz. Por estos hechos la Fiscalía le imputó los cargos de falso testimonio y fraude procesal.
“Este es una demanda revanchista, que busca acallar lo que se dice en las versiones libres. Saben que las investigaciones en la ordinaria pueden obstaculizar la libertad de los postulados”, dijo Noguera, defensor del exparamilitar.
Para el fiscal de Justicia y Paz que lleva el caso, la imputación es suficiente para negar la sustitución de medida de aseguramiento. Argumenta que el decreto 3011 de 2013, el que reglamentó las modificaciones que en 2012 se hicieron de la ley de Justicia y Paz, impone como requisito la no existencia de imputaciones por delitos dolosos cometidos después de haberse desmovilizado.
Para la magistrada ese apartado es contrario a la Constitución y por eso no puede aplicarse en el caso puntual de alias ‘Juancho Dique’. Asegura que según el sistema penal colombiano exige en estos casos una sentencia y no la simple imputación de los cargos.
La magistrada hizo un llamado a la Fiscalía para que cumpla a cabalidad con los presupuestos de la justicia transicional: “esta magistrada con todo respeto se permite hacer un llamado a la Fiscalía para que, en el marco de su labor, se oriente genuinamente a garantizar que los loables propósitos de este proceso transicional no se den al traste con las revanchas jurídicas iniciadas a consecuencia de lo depuesto por los postulados en sus versiones de Justicia y Paz”.
Agregó además que no cumplirle a los postulados con lo acordado envía un muy mensaje negativo al país, “manipular la Ley para evitar su aplicación, obstaculizar el acceso al beneficio por parte de los postulados, etc., proyectaría un nocivo mensaje al país que atraviesa por un proceso de conversaciones de Paz que merece garantías de confiabilidad y respeto para todas las partes”.
