La cuenca del río Baudó, en el suroccidente del Chocó, concentra la casi totalidad de los cultivos ilícitos en este departamento del Pacífico colombiano. La región también es escenario de una cruenta confrontación entre guerrillas y bandas criminales, motivada, en buena parte, por estos sembradíos. Y las acciones de aspersión aérea con glifosato están generando más daños que beneficios en la población.
Foto: VerdadAbierta.comEl sacerdote antioqueño Walter García llegó al municipio de Medio Baudó, en el suroccidente del departamento del Chocó, casi en la misma época en que sus pobladores dejaron de cultivar la yuca, el plátano y el arroz para dedicarse a la siembra de hoja de coca. Desde entonces, ha sido testigo excepcional de la dolorosa tragedia humanitaria que significa para este y todos los pueblos levantados a orillas del río Baudó la aparición de estos cultivos ilícitos.
Tanto él, como los pobladores del Medio Baudó, coinciden en señalar que fueron personas venidas de otras tierras las que introdujeron las primeras semillas, hace poco más de ocho años.
“Incluso, las primeras semillas te las regalaban y te prestaban la plata para los insumos”, señala a su turno Mosquera*, habitante de un caserío enclavado en el corazón del Medio Baudó. “Y pues hubo personas que se le midieron a eso. Y como les comenzó a ir bien, pues entonces todo mundo comenzó a sembrar. Así fue que se regó esa vaina por acá”, agrega el campesino. A su juicio, hubo labriegos que terminaron dedicados a la hoja de coca más por ambición que por necesidad.
Aunque, de acuerdo con el padre Walter, también hubo quienes vieron en la hoja de coca la única posibilidad de paliar necesidades acumuladas tras años y años de pobreza. “La gente sembraba comida, pero no tenía a quién venderle. Eso no era motivación para el campesino. Y resulta que la salud, la educaciónde los hijos, el transporte cuestan plata. Al final, las necesidades económicas terminaron empujando a muchos campesinos a sembrar coca”, cuenta el sacerdote.
Más allá de eso, lo que sí evidente es que la bonanza cocalera que tuvo lugar durante los primeros años de cosecha del “oro verde” comenzó a impactar fuertemente las costumbres de estos pueblos, constituidos en su casi totalidad por comunidades negras e indígenas.
Donde primero comenzó a advertirse dicha transformación fue en las cocinas de los hogares. La sustitución de yucales, maizales, plataneras y arrozales por extensas hectáreas de cocales generó escases de estos alimentos en algunos pueblos del Baudó, “y entonces había que traerlos de otra parte. Y a la gente le tocó empezar a comprar la comida que primero daba la tierra casi que de manera silvestre”, recuerda el sacerdote. “Y sí, había plata, pero la gente no se la gastaba precisamente en comida, sino en trago, lujos, otras cosas”, añade.
Y es que a medida que comenzó a circular efectivo seguido y bastante, también comenzaron a aparecer ciertos lujos extraños para las comunidades de esta región, acostumbradas más bien, por la fuerza de las circunstancias, a convivir con una pobreza perpetua, un abandono estatal histórico y la corrupción de sus funcionarios locales.
“El trago de nosotros es el biche. Aquí se acostumbra tomar biche los fines de semana y ya en las fiestas de diciembre y de pronto en las (fiestas) de ‘San Pacho’ tomamos whisky. Pero cuando llegó la coca, eso se veía las cajas de whisky a todas horas y todo mundo tome whisky, por aquí, por allá, ¡oiga pues!”, cuenta Moreno*, otro poblador del Medio Baudó.
Pero sin duda el efecto más perverso que trajo la siembra de hoja de coca y su procesamiento para fines ilícitos fue el recrudecimiento de una guerra que hoy tiene como protagonistas a la guerrilla del Eln y a una banda criminal que la gente conoce como ‘Urabeños’, el gobierno nacional bautizó como ‘Clan Úsuga’, y que ellas se autonombran como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.
“Para mí, la fuente de toda esta violencia está en los cultivos ilícitos. Ahí vienen las disputas por los territorios, por el control de los dineros que esos negocios dejan. Eso es lo que creo”, reflexiona el padre Walter.
Violencia despiadada
Las apreciaciones del religioso no son para nada equivocadas. Según el Defensor del Pueblo Regional Chocó, Luis Enrique Abadía García, lo que hoy pasa en el Baudó chocoano obedece a la “disputa por el control de un corredor que es atractivo para los grupos armados ilegales, dadas las actividades económicas ilegales que allí se desarrollan”.
Y es que tanto ‘elenos’ como ‘gaitanistas’ o ‘urabeños’ hoy se pelean a sangre y fuego el control del territorio que por sus condiciones geográficas y su posición estratégica, encierra condiciones propicias para los intereses de la guerra y para el desarrollo de actividades ilegales.
Es precisamente en la cuenca del río Baudó donde se concentran la casi totalidad de cultivos de hoja de coca del departamento, actividad económica que va aparejada con otras no menos preocupantes como la extracción ilegal de madera y, en mucho menor medida, la minería ilegal.
Si bien no existen reportes que permitan cuantificar la magnitud de la extracción ilegal de madera, que de acuerdo con líderes de la zona es continua y deplorable, con lo que sí se cuenta son con las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Undoc), que advierte incrementos constantes desde 2004, con reducciones ocasionales y poco significativos.
Así, mientras en el año 2009 se registraron 1.789 hectáreas sembradas con hoja de coca, para el año 2010 la cifra se ubicó en 3.158 hectáreas. Para el 2011 los sembradíos rebajaron a 2.511 hectáreas pero en 2012 volvieron a incrementarse a 3.429 ha. La más reciente medición del Simci muestra que para 2013 se detectaron 1.661 ha cultivadas con hoja de coca, las cuales se encuentras dispersas en los tres municipios que conforman la región: Alto, Medio y Bajo Baudó.
El dato sirve para desentrañar las razones de la cruenta guerra que azota al Baudó. Mientras la guerrilla del Eln ha consolidado su presencia en el Alto Baudó, zona en la que incursionó desde mediados de la década de los años ochenta, los ‘gaitanistas’ se han convertido en ‘Dios y Ley’ en las tierras del Bajo Baudó, coincidencialmente, los mismos territorios que estuvieron bajo la égida del Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En aras de expandir su poder y convertirse en el actor hegemónico en toda la cadena del narcotráfico, la banda criminal ha venido incursionando en el Medio y Alto Baudó, lo que ha generado una reacción violenta del grupo guerrillero.
En el medio de este fuego cruzado han quedado por lo menos 60 mil negros, indígenas y mestizos que habitan toda la cuenca del río Baudó. Para todos ellos ya se han vuelto cotidianas vulneraciones a derechos humanos como los largos periodos de confinamiento, las férreas restricciones a la movilidad por el río Baudó, las amenazas constantes contra líderes afros e indígenas, asesinatos diarios y el éxodo forzado de pueblos enteros.
“En esa disputa fratricida por el control de estos negocios ilícitos vienen generando desolación, muerte y cualquier tipo de violación al Derecho Internacional Humanitario, en un territorio que no les pertenece”, dice el Defensor del Pueblo Regional Chocó, en clara alusión a la condición de territorio étnico, es decir, propiedad colectiva de afros e indígenas.
Efectivamente, los tres municipios de la cuenca del Baudó, así como los pueblos de Rio Quito y Cantón de San Pablo (Managrú), conforman el llamado Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes, que cuenta con un total de 174 mil 253 hectáreas, el 90 por ciento de ellas en el Alto y Medio Baudó, las cuales les fueron tituladas por el Incoder mediante Resolución 0125 de 2001.
Fumigaciones: el otro dolor de cabeza
Para quitarle combustible a la fuerte confrontación armada y, de paso, debilitar las finanzas de “los señores de la guerra”, la Policía Nacional inició, hace más de cuatro años, acciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Pero, todo indica que el veneno ha sido más efectivo matando lo que queda de pancoger que la mata de coca.
Según líderes afro del Medio y Bajo Baudó, consultados por VerdadAbierta.com, tanto guerrillas como bandas criminales han desarrollado sistemas para proteger los cultivos ilícitos del glifosato. “A mí me han contado que en el Alto Baudó, por ejemplo, después de que pasa la avioneta, la guerrilla pone a los campesinos a que le echen un abono a las matas que ellos manejan y eso como que las protege”, expresa Mena*, líder de las comunidades afro del Bajo Baudó.
“Entonces, no acaban con la coca, pero sí con el pancoger”, protesta a su vez Martínez, quien vive en una de las veredas ribereñas del Medio Baudó. A su juicio, el glifosato no solo está matando los cultivos de campesinos que no le jalaron a la hoja de coca y siembran plátano, yuca, maíz y arroz, sino que está afectando a los animales para el consumo doméstico (gallinas y cerdos) y contaminando las fuentes hídricas, que en un territorio como el Baudó constituyen vías de comunicación, acueducto y alcantarillado de los pueblos, y la principal fuente para la preparación de alimentos en los hogares.
“Inclusive hay gente que ha resultado con afectaciones en la piel. Y lo grave para nosotros es que si quema un sembrado con yuca o plátano, pues se afecta toda la comunidad. Eso recrudece la crisis alimentaria que vive la región”,dice Martínez, quien añade que “el gobierno nacional debería hacer consultas previas en nuestro territorio para realizar las fumigaciones aéreas, porque este es un territorio étnico-colectivo”.
Desafortunadamente, a las comunidades que han hecho resistencia les ha salido más caro el remedio que la enfermedad. Hace un año, la presión ejercida por comunidades afro e indígenas del Alto Baudó contra las fumigaciones aéreas logró que la Fuerza Pública decidiera adelantar en esa parte del Baudó el proceso de erradicación manual.
“Pero en algunas veredas donde entraron los erradicadores, como fue Las Delicias, Apartadó, Peña Azul, se registraron fuertes combates con la guerrilla. Es muy probable que vuelvan las fumigaciones aéreas”, cuenta Mena.
Lo preocupante, coinciden en señalar ambos líderes, es que los campesinos afectados no cuentan con instancias o dependencias donde puedan quejarse.
“Hay que ir a las alcaldías municipales y llenar unos formatos, y piden unos requisitos para poner las quejas que son prácticamente imposibles para estas comunidades”, dice Martínez, mientras que para Mena, la falta de protestas también obedece al miedo que reina en todo el Baudó. “La gente vive muy asustada. ‘Protestamos por las fumigaciones y de pronto toman represalias contra nosotros’, es lo que piensa la gente”.
“Pero el verdadero problema –continúa Mena- es que para el campesino de la cuenca del río Baudó no existen políticas agrarias, para que no se vea en la necesidad de sembrar hoja de coca. Y es que el gobierno ni siquiera se ha acercado a los campesinos a ofrecerles planes de sustitución. Para el gobierno nacional la única solución para los cultivos ilícitos es fumigar con glifosato y ya. Y entonces, ¿de qué va vivir el campesino de la cuenca del Baudó?”.
El riesgo que advierte este líder es que, como ha sucedido en otras regiones del país, el campesino termine haciendo el tránsito de cultivador de hoja de coca a minero informal, lo que, a su juicio, traería consecuencias nefastas para la región: “la minería ya está llegando al Bajo Baudó. Y con campesinos que no tienen a qué dedicarse, pues nada raro que se dediquen a la minería. Y entonces el día de mañana no serán las fumigaciones, sino la quema de ‘retros’. Y todo eso sería gravísimo, desde donde se mire”.
Ni las comunidades, ni los organismos estatales, ni las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades del Baudó tienen claro cuántas hectáreas de pancoger han sido afectadas por el glifosato. Lo que sí es cierto es que, por cuenta de las aspersiones aéreas, se ha recrudecido la crisis alimentaria que desde hace por lo menos cinco años se vive en la región.
Peor aún, es que los mismos campesinos que todavía se dedican al cultivo de hoja de coca, hoy están pasando “las verdes y las maduras”. “Hace poco se me acercó un campesino y me dijo: ‘padre, imagínese, recogí como 750 arrobas, me pagaron por eso como un millón 200 mil. Pero entre insumos, combustible y raspachines se me fueron 700 mil. Eso ya no es negocio”, relata el padre Walter, quien desde el púlpito de su iglesia continúa pidiéndole a los hombres que cesen su violencia, al Estado para que, por fin, atienda las necesidades de las comunidades abandonadas del río Baudó y a Dios, para que le de fortaleza para continuar acompañando unos pueblos que parecen abandonados a su suerte.
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