El pasado 25 de agosto se cumplieron 27 años del asesinato del médico, defensor de derechos humanos y docente de la Universidad de Antioquia. Las acciones judiciales para aclarar este crimen han sido escasas, casi nulas. ¿Podrá declararse como un delito de lesa humanidad para investigar y hallar a los responsables intelectuales?
El médico Héctor Abad Gómez, asesinado en Medellín el 25 de agosto de 1987.El 25 de agosto de 1987, los defensores de derechos humanos de Antioquia vivieron una de sus jornadas más dolorosas. Cuando apenas despuntaba el día, sicarios dieron muerte a Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).
Su cuerpo fue trasladado a la sede gremial, en pleno centro de Medellín, para su velación. Hacia allá se dirigieron el entonces presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia, el médico Héctor Abad Gómez, y su fiel escudero, el también médico Leonardo Betancur Taborda. Pero al llegar al lugar, hombres armados dispararon contra Abad Gómez y Betancur Taborda. La tragedia fue peor de lo ya que era.
Hoy, 27 años después, amigos, familiares y activistas de derechos humanos que compartieron en vida con los defensores y, además, docentes de la Universidad de Antioquia, no solo continúan lamentando profundamente su pérdida sino que sienten que el manto de impunidad que cubre estos crímenes es realmente vergonzoso.
Y no es para menos. Luego de que se vencieran los términos de la investigación y se decidiera archivarla sin avances significativos hace poco más de una década, la Fiscalía General de la Nación decidió reabrir el caso tras las declaraciones entregadas el 13 de febrero de 2012 por Diego Fernando Murillo Bejarana, alias ‘Don Berna’, quien desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, dijo ante fiscales de Justicia y Paz que quien asesinó a los activistas Abad Gómez y Taborda Betancur fue el propio Carlos Castaño.
“Carlos y Fidel consideraban que el doctor Héctor Abad hacía parte de la estructuras de la guerrilla del Epl en la ciudad de Medellín, ya que por su labor defensa de los derechos humanos hacia algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas, se consideraban afectados. Carlos Y Fidel consideraban que a través de estas denuncias le estaba haciendo el juego al Epl. Carlos toma la decisión de ejecutarlo y él personalmente va con un trabajador del que le dicen Argiro”, narró alias ‘Don Berna’.
Más allá de esta declaración, pocos son los avances de la justicia en el esclarecimiento de estos crímenes. Por ello, VerdadAbierta.com le preguntó a reconocidos juristas, politólogos y activistas de derechos humanos si los asesinatos de Abad Gómez, Betancur Taborda y Vélez se pueden constituir como delitos de lesa humanidad y si esa declaratoria ayudaría a esclarecer un crimen cuya falta de castigo constituye un lastre vergonzoso en la historia reciente de Antioquia y del país.
De lesa humanidad
El Artículo 7 del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 y que crea la CortePenal Internacional, define el crimen de lesa humanidad como cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación, encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Colombia fue uno de los 78 países que firmó el Estatuto y lo ratificó en 2002. Pese a ello, solo entró en plena vigencia en el ordenamiento jurídico interno en noviembre de 2009 debido a una salvaguarda firmada por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango según la cual, este instancia de justicia trasnacional solo podría conocer crímenes de guerra y de lesa humanidad a partir de ese año.
Quiere decir lo anterior que, no obstante que en el Código Penal colombiano no está explícitamente consagrado el delito de lesa humanidad, fiscales y jueces pueden remitirse a lo conceptuado por la Corte Penal Internacional. En ese sentido, podría argumentarse que los asesinatos de Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Felipe Vélez, defensores de derechos humanos y docentes de la Universidad de Antioquia, cabrían en la categoría de “crímenes de lesa humanidad” por sus sistematicidad y especificidad.
Para William Fredy Pérez, abogado e investigador social adscrito al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en los asesinatos de los activistas “se puede leer un patrón. Y se puede inferir que detrás de esos crímenes había un plan; es decir,una práctica sistemática contra, inclusive, un grupo particular: personas críticas con tendencias políticas determinadas, aspectos necesarios para tipificar este tipo de crímenes”.
Igual postura sostiene Carlos Gaviria Díaz, exmagistrado de la Corte Constitucional y excandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo. A su juicio, con estos asesinatos, sumados a los del antropólogo y también docente de la Universidad de Antioquia, Luis Fernando Vélez, y el de Carlos Gónima, dirigente de la Unión Patriótica, “se buscaba exterminar sistemáticamente un sector, en especial de la sociedad que trabajaba incansablemente en la defensa de los derechos humanos”.
Luis Fernando Vélez asumió la presidencia del Comité Permanente para la Defensa de los Humanos de Antioquia en octubre de 1987 tras la muerte de Abad Gómez. Su cuerpo fue encontrado baleado a las afueras de Medellín en diciembre de ese mismo año. Tras su muerte, la dirección del Comité la asumió Carlos Gónima, quien fue asesinado el 22 de febrero de 1988.
La declaratoria como delito de lesa humanidad acarrea varias implicaciones jurídicas. La más importante es que no prescribe y por ello la administración de justicia se ve en la obligación de investigarlo el tiempo que sea necesario y hasta sus últimas consecuencias. Fue esto lo que animó a la Fiscalía General de la Nación a declarar en los últimos cuatro años, bajo esta misma categoría, los magnicidios de Rodrigo Lara Bonilla, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leóngomez y el de Luis Carlos Galán Sarmiento.
Grandes hombres, gran pérdida
Quienes compartieron espacios, momentos e ideales con estos activistas coinciden en recordarlos como hombres sin tacha, elocuentes, entregados a la causa de defender a las víctimas de una violencia que por aquellos años arremetía con toda su furia contra dirigentes políticos de oposición, estudiantes universitarios, intelectuales, miembros de organizaciones no gubernamentales y campesinos.
Quizás por ello fue que sus muertes dolieron más. “Fue un momento muy duro. Si decidí meterme de lleno en el cuento de derechos humanos fue por el doctor Héctor Abad. Él fue mi mentor”, recuerda Fabiola Lalinde. Su relación con el médico y docente de la Alma Mater comenzó en octubre de 1984, cuando denunció la desaparición de su hijo, Luis Fernando Lalinde, en Jardín, Antioquia, cometida por hombres del Ejército Nacional. “Fue el único que realmente me ayudó. Cuando mataron al doctor Abad, sentí que quedaba sola en mi lucha”, reitera.
Fue el propio Héctor Abad Gómez quien, tras agotar las vías jurídicas nacionales sin respuesta positiva alguna, decidió llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. De allí pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que condenó al Estado colombiano en septiembre de 1988, por su responsabilidad en la desaparición del joven Lalinde. En 1993, la madre recibió los restos óseos de su hijo de manos del propio Ejército, quien terminó reconociendo su participación en este hecho.
Las reiteradas denuncias de Abad Gómez y Betancur Taborda sobre el aumento de casos de desapariciones forzadas en Antioquia no solo fueron llamando la atención de organismos internacionales de derechos humanos preocupados por esta situación, sino también de sectores ilegales que veían en los galenos “personas indeseables”.
“Tristemente los mataron por eso, por ser defensores de derechos humanos, por ser buenos seres humanos,”, dice por su parte Carlos Gaviria Díaz, quien recuerda especialmente a Héctor Abad Gómez como “un amigo entrañable, un hombre correcto que daba cuenta de su conducta en cada acto”.
Max Yuri Gil, integrante de la Corporación Región, organización no gubernamental con sede en Medellín y quien fue alumno de Héctor Abad Gómez en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, recuerda que entre 1987 y 1988 fueron asesinadas 18 personas que, como Abad Gómez, compartían el estrecho vínculo tanto con el Alma Mater como con el activismo de derechos humanos.
“Era una época muy dura. Recuerdo que días antes de su muerte, el profesor Héctor Abad lideró una marcha por el centro de Medellín en protesta por el asesinato de un estudiante de séptimo semestre de Medicina”, relata.
¿Servirá para algo?
Si bien hay coincidencias entre juristas y conocedores del derecho frente a la existencia de elementos que permitirían declarar estos homicidios como crímenes de lesa humanidad, las opiniones no son tan unánimes al indagar por la real utilidad de esta medida.
Héctor Abad Faciolince, hijo de Héctor Abad, ve con buenos ojos que se declare el crimen de su padre como delito de lesa humanidad. “Eso sería muy bueno, ese crimen ya prescribió y lo habían abandonado”. Pese a ello, el escritor y periodista guarda sus reservas frente a lo que puedan hacer los investigadores judiciales. “Ese crimen no se investigaba, hace algún tiempo recibimos la visita de una fiscal que nos dijo que no quería dejar morir el proceso, pero perdimos la esperanza”.
Por su parte, Gaviria Díaz señala que si bien la medida es acertada, puede terminar convertida en un “canto a la bandera”. “Si se declara, pues bueno, es una medida importante, por la calidad de las personas y el papel que desempeñaban en la sociedad. Pero, ¿sabe? No me hago muchas ilusiones. Ha corrido mucho tiempo y no se ha visto mayor diligencia por parte de los investigadores de la Fiscalía para esclarecer este caso”.
A su vez, Pérez advierte, por su parte, que en el corto plazo la declaratoria como crimen de lesa humanidad es importante, incluso por su impacto simbólico en la construcción de memoria histórica. No obstante, para la administración de justicia podría convertirse en una especia de soga al cuello. “Lo preocupante es que por esta vía la justicia se va llenar de crímenes de lesa humanidad. Y eso genera un lío porque se tienen que ampliar cada vez más las unidades especializadas en la persecución de ese tipo de crímenes”.
De acuerdo con este abogado e investigador social, esas declaratorias terminan siendo contraproducente en el largo plazo, “pues entre más días pasen con crímenes en la impunidad más señalamientos de ineficacia para la administración de justicia”. Para éste abogado e investigador, la pregunta que realmente constituye el punto central del tema es: “si después de 27 años la justicia no ha logrado recaudar pruebas suficientes, incluso teniendo a importantes paramilitares en Justicia y Paz ¿de dónde sacará ahora material probatorio?”.
Al respecto, Gil va más allá al aseverar que “eso es un placebo para tranquilizar a la sociedad. Si eso no significa un cambio de rumbo en la estrategia de investigación, documentación y esclarecimiento de la Fiscalía, me parece que eso no sirve para nada”.
A su juicio, lo que subyace en todo este tema es la incapacidad de la justicia para esclarecer crímenes de alto impacto como el de Héctor Abad Gómez. “Hace 27 años lo mataron y ¿en qué avanzó la investigación? Ahora se tendrá que recurrir a la estrategia de declarar como delito de lesa humanidad para que no prescriba”.
De momento, lo que esperan amigos y familiares, como lo señala el propio Héctor Abad Faciolince, es que se conozca la verdad, por las vías jurídicas que sean necesarias. “Lo que nos interesa es que se establezca la verdad, por qué lo mataron, en alianza con quién, quiénes estuvieron detrás de eso”, sentencia.
(*) Las fotos fueron tomadas de la página de la Corporación Héctor Abad Gómez
