El gobierno adjudicó tierras a las comunidades indígenas, sin consultarlas y sin estudiar su larga y compleja historia de despojo. Eso atizó las peleas entre Ambaló, Guambía y Totoró, y hasta hubo muertos. Conversando estos pueblos han superado sus diferencias, pero el gobierno en vez de contribuir, les sigue poniendo obstáculos.
Miguel Ulchur busca una carpeta en la que ha ido guardando documentos con los que espera que el gobierno le devuelva las tierras a su comunidad de Ambaló. Según los ambalueños, a su comunidad le han sido arrebatadas por lo menos mil 800 hectáreas y el Incoder sigue en deuda con la compra de cinco predios que suman 59 hectáreas y que acordaron en 2012, después de que el instituto de tierras le entregara 139 hectáreas de la antigua hacienda Ambaló a los guambianos (Ver tablas sobre tierras reclamadas por Ambaló).
“Aquí han primado los acercamientos, la capacidad que ha tenido la gente para conversar, porque la institucionalidad siempre nos ha puesto la talanquera”, dice Jesús Ulchur, coordinador del Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano e integrante del cabildo de Ambaló.
Mientras en el pueblo de Ambaló aseguran que los han querido borrar del mapa y que desean recuperar el territorio ancestral que está reconocido en la escritura 229 de 1868 y 1869, y que desempolvaron en los años ochenta del Archivo Central del Cauca; en el cabildo de Guambía señalan que los ambalueños son descendientes de los Misak, el pueblo ancestral de los guambianos y no entienden por qué en los años noventa Ambaló se declaró de la etnia Nasa. A pesar de estas diferencias, los indígenas conviven en el territorio a la espera de que el Incoder cumpla lo que les ha prometido.
El conflicto de Ambaló revela un historial de decisiones contradictorias del gobierno que agravó los pleitos entre pueblos indígenas, y ahora que estos se han organizado y han llegado a acuerdos, el instituto de tierras, Incoder, se ha demorado en cumplirles lo acordado. Esta es la historia.
Los Ambaló desaparecen, pero se recuperan
Esta había quedado reducida a nada hace setenta años cuando el terraje terminó de sacar a los indígenas que habitaban los antiguos terrenos de Malvasá, Miraflores, Camajó y Ambaló, en el municipio de Silvia, oriente del Cauca.
El terraje no era más que un tipo de esclavitud. Los hacendados obligaban a los indígenas a trabajarles gratis varios días en el mes, a cambio de dejarlos vivir en el territorio. Sin embargo, los Ambaló no aguantaron el trato y se fueron. En 1944, Ambaló quedó tan despoblado que el gobernador del cabildo le entregó el bastón de mando al entonces gobernador del departamento de Cauca, Adolfo Zambrano, según cuenta Jesús Ulchur, quien comparte con Miguel el apellido pero no el parentesco.
Dispersos por Jambaló y la zona montañosa de Tierradentro, en Inzá, Cajibío, Piendamó y Morales, los ambalueños decidieron volver en 1972 al municipio de Silvia y recuperar su territorio con el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina auspiciada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo para que impulsara desde abajo su reforma agraria de 1969, que buscaba titularles tierras baldías a las familias más pobres.
Durante diez años los ambalueños buscaron recuperar una a una las fincas que, a su juicio, estaban en el antiguo territorio de Ambaló. “Eso nos trajo dificultades porque se cree que Silvia es únicamente territorio de los guambianos, pero acá históricamente hemos convivido varias etnias”, cuenta Jesús Ulchur.
Otra es la versión de los guambianos. El taita Floro Tunubalá, gobernador del cabildo de Guambía y ex gobernador del Cauca (2001-2003), cuenta que todos los indígenas de Silvia son Misak. “Encontramos que los Coconuco pertenecen al tronco de esta etnia. Los Totores se reconocen como Misak. Están los de Ambaló que son ambalueños, pero en la historia de los pueblos vemos que son descendientes Misak. Incluso los mayores, hoy de 70 y 80 años de edad, hablan el nauyik, que es la lengua guambiana”, precisa Tunubalá (Lea la entrevista).
En la década del ochenta los indígenas colombianos se reagruparon en cuatro grandes organizaciones: la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), de la que hace parte el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric); las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico); la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (Opiac) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). La comunidad de Ambaló pertenece al Cric y se considera de la etnia Nasa; mientras que los guambianos pertenecen a Aico y son Misak.
Después de diez años de haber regresado a sus tierras en Silvia, los ambalueños lograron constituirse como cabildo. El 16 de marzo de 1984 el gobernador Bonifacio Pillimué le envió una carta al antiguo Incora con el listado de las fincas que la comunidad consideraba les pertenecían. Ese mismo año los indígenas comenzaron conversaciones con el hacendado Aurelio Mosquera, quien tenía vastas tierras en el departamento. Querían recuperar la finca Santa Clara. Setenta familias de Ambaló decidieron asentarse en el predio.
Tras la petición al Incora, los Ambaló lograron que les entregaran las fincas San Gabriel, La Betulia, Juntas y Rumiurco 1 y 2. Todo parecía ir por buen camino. Sin embargo, pronto chocaron con el cabildo de Guambía porque éste había solicitado al Incora la ampliación de su resguardo sobre tierras que también reclamaba Ambaló. Así que cuando un grupo de guambianos entró a la finca Santa Clara, el 14 de mayo de 1986 se enfrentaron con los Ambaló y hubo un muerto y varios heridos.
Aunque el 21 de mayo siguiente ambalueños y guambianos firmaron un pacto de no agresión, los ánimos se volvieron a caldear el 15 de octubre de 1986 cuando el Incora le entregó a Guambía la finca El Chero, que también era pretendida por Ambaló.
Miguel Ulchur, quien fue gobernador de Guambía en 1987, 1998 y 2007-2008, recuerda que durante los siguientes dos años recuperaron los predios Los Alpes, Alaska, La Sabana, El Chero, Buena Vista, El Rincón,La Chorrorera y Agoyán.
Después de varios choques por las fincas Santa Clara y El Chero, los indígenas decidieron que los conflictos fueran mediados por sus gobernadores y en 1987 firmaron un nuevo acuerdo, esta vez de deslinde, que clarificaba cuáles eran los terrenos de cada comunidad. Por firmar ese acuerdo Juan Chavaco fue destituido como gobernador del cabildo de Guambía.
Las tensiones entre las dos comunidades volvieron y en 1988 nombraron una comisión para que, por tercera vez, llegara a un acuerdo. Pero ese año los problemas crecieron cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi decidió ampliar el territorio de Totoró, otra comunidad indígena, sobre los territorios que también reclamaba Ambaló.
Poco después, en 1989, durante una reunión entre el Incora, Guambía y Ambaló, las partes acordaron que el gobierno iba a destinar recursos para compras de tierras para los guambianos y que Ambaló iba a ser reconocido como resguardo.
Ese acuerdo no trajo tranquilidad, sin embargo, porque el gobierno siguió insistiendo en darles tierras en el mismo lugar al pueblo Totoró. En enero de 1991 el Incora emitió una resolución que reestructuró su resguardo y les entregó los predios La Betulia y Rumiurco, que el mismo instituto de tierras le había adjudicado en 1985 a los ambalueños. A Ambaló finalmente el Incora lo reconoció como resguardo en noviembre de 1991, pero durante los siguientes años el Incora siguió titulando sin consultar a las tres comunidades, atizando sus pleitos por la tierra.
Crecen los conflictos
En los años noventa se agravaron los problemas. Según los documentos que recopiló Ambaló, en 1993 Guambía compró los predios La Nariz, El Arado, Cajucal y Peñas Blancas, que suman 224 hectáreas, sin consultarlos. En 1998 el Incora compró para titularle a Guambía las fincas El Tablón y La Peña, que según Ambaló también hacían parte de su territorio. Estos dos predios se convirtieron en el centro del conflicto durante los siguientes años.
El 20 de noviembre de 1999 el Incora reconoció el error y acordó con las comunidades que le devolvería El Tablón a Ambaló mientras a Guambía le compraría otros predios. Un año más tarde las comunidades se volvieron a sentar a dialogar, esta vez, con el pacto de que iban a presentar proyectos conjuntos al gobierno para disolver los conflictos.
Pero la paz solo les duró hasta septiembre de 2001, cuando las dos comunidades volvieron a chocar, esta vez por la finca La Peña. Los indígenas recuerdan ese episodio como el más cruento. Se enfrentaron a machete, se tumbaron los ranchos y se mataron entre sí. Las 52 familias ambalueñas que estaban asentadas allí fueron expulsadas.
En un nuevo intento por evitar más problemas, las dos comunidades se sentaron con el Incora, que le prometió a Ambaló una asignación de 2 mil millones de pesos para comprarles tierras a las familias desplazadas de La Peña. Las partes firmaron un acuerdo. No obstante, los de Ambaló aseguran que éste fue modificado por los de Guambía, sin su consentimiento, pues solicitó para sí los predios El Tablón y la Unión Ciprés.
Por su parte, el cabildo de Guambía logró la ampliación del resguardo con ocho predios más que suman 885 hectáreas y dos años más tarde el cabildo de Totoró, la otra comunidad indígena, entró en un choque con Ambaló por el predio El Tablón. Totoró alegó que éste hacía parte de su territorio ancestral descrito en un título de 1630. “Totoró además hizo posesión de las veredas San Pedro, Tulcán y El Cofre, que habían sido entregados a Ambaló afectando la identidad cultural y territorial”, describe un documento que los ambalueños le enviaron al Incora.
En 2005, guambiamos y ambalueños terminaron por enfrentarse por los antiguos valles de Ambaló, un territorio que ambas comunidades consideraban ancestral. Estos territorios inmensos tenían el nombre de Gran Hacienda Ambaló y figuraban a nombre de una familia Caicedo del Valle del Cauca desde los tiempos de la colonia. Ésta familia le vendió en 1959 a José María ‘Pepe’ Estela, hacendado cañero y criador de toros de lidia en el municipio de Corinto, 500 hectáreas a la que les dio el nombre de Ambaló. Guambianos y ambalueños pretendían esta finca.
Una finca donde criaban toros
Armando Estela, hijo del fallecido Pepe Estela, le contó a VerdadAbierta.com que hacia 2009 o 2010, mucha gente comenzó a vender sus tierras. “Ya casi no había vecinos”, dijo. Su finca era muy conocida por estar sobre la vía Silvia-Totoró, con un gran portón que exhibe todavía en una de sus columnas el escudo de la ganadería Ambaló, prestigiosa en el mundo taurino por criar los toros de lidia para corridas en las plazas de Cali, Palmira y Popayán.
Tras la muerte de Pepe Estela en 2002, la finca Ambaló fue heredada por tres hermanos que le ofrecieron sus parcelas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para que se las titulara a los indígenas. Pero ambalueños y guambianos comenzaron una disputa sobre a quién le pertenecían y hubo varios enfrentamientos que dejaron muertos. Los de Ambaló le propusieron al Incoder que un parcela le fuera entregada a los indígenas del resguardo de Wila, que habían llegado desplazadas a Silvia en 2007 después de la avalancha que produjo la erupción del volcán del Huila en abril de ese año.
Después de varias reuniones en 2012, las comunidades acordaron con el Incoder (el nuevo nombre del viejo Incora) la distribución de la antigua hacienda Ambaló: 139 hectáreas para el Cabildo de Guambía, que corresponde a la hacienda Puerta de Hierro, compuesta por los predios La Pradera, Villa Nueva y Lote 1; 129 hectáreas para el Cabildo de Ambaló con la hacienda Ambaló y sus predios Lote 3, 4 y 6; y otras 52 hectáreas para el Cabildo de Kizgó con la hacienda Chiguacos.
Según Miguel Ulchur, a cambio de las 139 hectáreas que el Incoder le entregó a Guambía, el instituto de tierras se comprometió con los ambalueños a comprarles cinco predios que suman en total 59 hectáreas y que ya habían sido presentadas en oferta por los propietarios. “Pero eso no ha sucedido hasta la fecha; nos han incumplido”, dice Ulchur.
El mayor del Cabildo de Ambaló asegura que el Incoder tiene otra deuda con la comunidad desde 2007, año en el que se tramitó la ampliación del resguardo. “Han pasado siete años. En marzo de 2012 funcionarios del Incoder vinieron, hicieron la visita y realizaron el estudio socioeconómico que ya está listo. Les hemos escrito a los funcionarios sobre qué pasó con el proceso y no responden. Ellos tienen todos los documentos y no nos han otorgado la ampliación”, reitera Ulchur.
Después de tantos pactos conversados y firmados, los indígenas han ido sanando las diferencias por las antiguas fincas Santa Clara, El Chero, El Tablón, La Peña y hasta Ambaló, donde conviven. Las comunidades concluyeron que el Estado los puso a pelear, pero que el Incoder debe cumplir con los acuerdos y clarificar los terrenos de cada resguardo para evitar en un futuro que continúen los conflictos
VerdadAbierta.com solicitó información al Incoder sobre los acuerdos de Ambaló a través de la oficina de prensa y una entrevista con la Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, encargado de resolver las peticiones de tierras de las comunidades étnicas; a cambio, recibió dos cortos informes, el primero tres párrafos sobre el predio El Tablón y el segundo, un recuento histórico sobre los conflictos entre Ambaló y Totoró (Ver respuesta 1 y respuesta 2).
El mayor Miguel Ulchur, de Ambaló, y el taita Floro Tunubalá, de Guambía, coinciden en que el Incoder no tiene una política clara. “Es importante que nos respeten las decisiones que hemos planteado y que verifiquen esas propuestas”, dice Ulchur. A su vez Tunubalá asegura que “para ampliar resguardos, el Incoder tiene que conocer cuánta población hay en cada comunidad y cuánta tierra necesita cada familia. Si no, pues simplemente compra extensiones de tierras y uno no sabe si está resolviendo problemas”.
Mientras tanto, Ulchur vuelve a guardar la carpeta que cada año ha ido engrosando con los títulos, las actas, los acuerdos y las solicitudes que le ha enviado durante casi 30 años, primero al Incora, y ahora el Incoder. Dice que está cansado, pero que su comunidad no se rendirá.
