La gente de este corregimiento de Tarazá tuvo que aguantar que el ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy montara allí la sede de una tiranía narco-paramilitar, que la guerrilla destruyera el pueblo y una violenta puja de poder entre bandas criminales. Hoy, con un poco de paz, unos pioneros intentan sustituir la mortífera coca por el dulce cacao. VerdadAbierta.com visitó el aislado paraje y cuenta su historia.
Para llegar al corregimiento La Caucana de Tarazá hay que arribar al casco urbano de este municipio, tomar un mototaxi y transitar durante 45 minutos por una polvorienta vía, con poco mantenimiento que ante cualquier aguacero fuerte se convierte en una barrienta trocha.
Contando con la pericia de un motociclista que pase los baches sin resbalar, el único peligro en el trayecto es que se atraviese una manada de reses escapadas de algún hato vecino. Años atrás no era así. Luego de expulsar a sangre y fuego a las guerrillas de las Farc y el Eln y a cualquier campesino señalado de ayudarles, los paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que comandaba Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, se consolidaron como ejército victorioso, por allá finales de los años 90. Entonces instalaron un retén permanente en un sitio conocido como “El Alto”, a escasos kilómetros del casco urbano del corregimiento, una especie de entrada oficial a sus dominios.
Allí, los ‘paras’ cobraban peaje a los carros particulares y públicos, incluso a las motos, para poder ingresar. El puesto servía además para controlar el ingreso de los forasteros y la salida de los residentes. No fueron pocos los casos de personas sacadas de sus vehículos y asesinadas en La Vara, como se le conocía al lugar. Así lo recuerda Rodríguez*, un joven oriundo de este corregimiento quien fue testigo presencial de todo el horror que sembraron los hombres de Vanoy.
“A La Caucana no podía ingresar cualquiera” dice Rodríguez. “En La Vara ellos mantenían un cuaderno. Ahí anotaban los nombres de todos los que vivíamos allá. Si alguien de afuera quería ir, tenía que decir quién lo recomendaba. O entrar acompañado y la persona decir quién era el forastero y a qué iba. Si alguien llegaba a ir solo, grave: lo amarraban en un palo y si no aparecía quién hablara por él, lo mataban”.
Ese era apenas el primer aviso de que allí, en ese rincón húmedo y caluroso de Antioquia enclavado en la montaña, los paramilitares eran dios y ley. No exageran quienes dicen que en La Caucana no importaba saber si el alcalde de Tarazá se llamaba Pedro, Héctor o Mario porque quien realmente mandaba era Vanoy, y era él a quien había que rendirle pleitesía.
Fue desde esta tierra que el Bloque Mineros puso a funcionar su máquina de guerra. Desde ahí la extendió a otros municipios del Norte y Nordeste antioqueño. VerdadAbierta.com visitó este corregimiento de Tarazá, para reconstruir su triste historia y conocer cómo están hoy sus pobladores.
Una tierra bendita
La señora Pérez* conoce bien la historia de La Caucana, el corregimiento más grande de Tarazá. Hace 40 años atrás, su padre, un campesino bastante enamoradizo como lo recuerda ella, salió de Sabanalarga, Antioquia, atravesó la cordillera Occidental y se instaló en el corazón del Bajo Cauca antioqueño confiado en las promesas de amor de una mujer.
Para esos años hasta la palabra caserío quedaba grande para describir los cuatro ranchos de bahareque y la calle empedrada que componían La Caucana, paraje donde se daban con facilidad, casi silvestres, el caucho y el cacao, el frijol, el maíz y la yuca. “La comida nunca faltaba. Al año se sacaban cuatro cosechas de maíz. Por eso se amañó mi papá en esta tierra”, recuerda la señora.
Pero no fueron las bondades de la tierra lo que atrajo a las decenas de familias que ayudaron a poblar a La Caucana pocos años después de la llegada del señor Pérez. Es que la guerra entre liberales y conservadores había sacado a las gentes de Yarumal, Santa Rosa, Cáceres y Zaragoza y los había empujado a refugiarse en esta zona aislada, pero tranquila de Tarazá.
A las primeras casas se le fueron sumando otras, un parque, una inspección de Policía, una iglesia y una casa parroquial. La vida en La Caucana comenzó a florecer como florece el cacao antes de dar cosecha. Vinieron los reclamos sociales para que el pueblo tuviera lo básico para una vida digna: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica. Las respuestas no llegaron con la misma velocidad con la que se producían las peticiones. Solo hasta mediados de la década de los ochenta les pusieron agua potable, casi en el mismo momento que la luz eléctrica y el saneamiento básico.
“Se vivía bueno, de la agricultura o de la minería. La Caucana era un buen vividero”, recuerda la señora Pérez. Pero todo comenzó a cambiar, por allá a mediados de la década de los 80. Las guerrillas, en especial las Farc, comenzaron a merodear por esa región de Antioquia. Apenas ubicaron las zonas estratégicas que los comunicaban con el río Cauca, se quedaron en ellas. Una era La Caucana, pues de allí, a los bastiones históricos de las Farc, en Santa Rita, en Ituango y al Parque Nacional Nudo de Los Paramillos, solo toma un par de días caminando.
“Yo recuerdo que primero era la guerrilla”, dice Rodríguez. “Ellos ejercían control porque tenían muchos milicianos en el pueblo; pelados de mi colegio (Institución Educativa La Caucana) terminaron yéndose para la guerrilla. En las veredas uno los veía patrullando y ellos mandaban. Pero llegaron los ‘paras’, por allá en año 1996, y la cosa se puso peor”.
Y llegó la guerra paramilitar
Como lo ha reconstruido la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, para finales de la década de los 80, Henry Pérez, el jefe de las Autodefensas del Magdalena Medio, envió al Bajo Cauca a Vanoy, un hombre de campo que supo granjearse la confianza de paramilitares y narcotraficantes.
Su tarea era contactarse con un pequeño grupo de mineros, liderados por los hermanos Gabriel y Rafael Ramírez, para que conformaran una banda armada que pudiera disputarles terreno a las guerrillas de las Farc y el Eln, que para aquel entonces extorsionaban a los mineros del Bajo Cauca antioqueño. Tras varias reuniones, los hermanos Ramírez acordaron quedarse en los corregimientos El 12 y Barro Blanco, limítrofes con el municipio de Cáceres, mientras que Vanoy decidió instalarse en zona rural de Tarazá.
Finalmente, Vanoy asentó el centro de operaciones de su naciente grupo armado en la finca El Topacio, en la vereda Santa Isabel de Tarazá. La había recibido como parte de pago de una deuda que un narcotraficante del Valle tenía con él.
“Ellos al principio llegaban a La Caucana, hacían el daño y se iban”, cuenta la señora Pérez. “Lo que hicieronfue que comenzaron a matar a los milicianos –añade Rodríguez –. Los sacaban de las casas con lista en mano. Los amarraban y los paseaban por el pueblo. El que no mataban terminaba trabajando con ellos”. Vendría luego la toma de las Farc, en 2001. “Ahí sí verdad que todo cambió”, dice la mujer.
La guerrilla se había fortalecido en la región del Nudo del Paramillo. Buscaban recuperar lo que, según ellos, les pertenecía. Fue así como el 16 de mayo de ese año, a eso de la 5:00 de la mañana, se metieron hasta el casco urbano de La Caucana para atacar la base que los paramilitares tenían en el corregimiento.
“La Caucana tiene una calle larga que es la salida hacia las veredas y ahí los guerrilleros montaron un retén y desde dónde disparaban”, narra Rodríguez, quien para esa época no sobrepasaba los 15 años. “A la gente la hicieron salir de sus casas y la obligaban a ir hasta allá. Tenían una lista y el que veían de esa lista, ahí lo mataban. Quemaron varias casas. Prácticamente acabaron con el pueblo. Eso duró casi todo el día”.
Los paramilitares, sorprendidos por el ataque, tomaron represalias contra el pueblo. Sus controles se volvieron más estrictos. Las entradas y las salidas del corregimiento quedaron restringidas. Quien tuviera algún vehículo sabía que ya no le pertenecería más: sería de la gente de Vanoy cuando ésta lo necesitara. Y si antes, apenas entraban esporádicamente, después de esedía se quedaron permanentemente y todo lo vigilaban.
Si hasta entonces ya habían salido desplazadas, gota a gota, muchas familias, después de ese día lo que hubo fue un éxodo. Según los registros de la Red de Información de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, en 1998 se desplazaron forzosamente de Tarazá 175 personas, al año siguiente ya fueron 460 las que salieron huyendo, pero en 2001 la fuga fue masiva: salieron 3.931 personas por cuenta del conflicto violento.
El joven Rodríguez asegura que casi todos los que salieron del municipio eran de La Caucana. Dejaron sus casas, sus finca. “Es que después de la toma de la guerrilla la cosa se puso invivible. Cuando pudimos, nosotros también nos fuimos para Caucasia”, dice.
La para-coca
De la mano de los paramilitares llegó la hoja de coca. “Y eso se regó. Todo mundo comenzó a sembrar coca. La economía de La Caucana era la coca”, recuerda Adriana Balbín, quien lleva poco más de 20 años en La Caucana y hoy es una de las caras visibles de Acata, que significa Asociación de Cacaoteros de Tarazá, una iniciativa agrícola que busca que las familias taraceñas se ganen la vida dignamente y de manera legal y abandonen el cultivo de la coca.
Antes de lidiar con el cacao y sus problemas (las plagas, los compradores, los fungicidas, las cosechas, los precios), Balbín también había sembrado hoja de coca. “Todo mundo hizo eso. Es que no se hacía nada más”, explica.
La bonanza cocalera trajo una riqueza súbita a La Caucana. La gente dice que había plata hasta “tirar pa’ arriba”.
Los ríos de billete que inundaron La Caucana fortalecieron las arcas del Bloque Mineros y del propio ‘Cuco Vanoy’, pues él era el único regulador de toda la cadena productiva del narcotráfico en la región. “En ese tiempo nadie podía venderle base (de coca) a otra persona distinta a don ‘Cuco’; si uno lo hacía tenía que perderse del pueblo, porque lo mataban”, cuenta otro poblador que hasta hoy sigue dedicado a sembrar coca. “Ya ellos (los paramilitares) tenían sus pistas y laboratorios”.
No exagera el campesino. En estas tierras todavía se recuerda la historia de Fredy Hernán Berrío, propietario de la única estación de gasolina de La Caucana y de una extensa finca a las afueras del corregimiento. Berrío fue asesinado en la urbanización Parques del Estadio de Medellín junto a otras cuatro personas un 28 de febrerode 2004. Su muerte fue ordenada por el propio Vanoy cuando éste, a mediados de 2002, intentó sacar, ocultos en un camión, 80 kilos de base de coca de La Caucana para vendérselos a un narcotraficante de Medellín apodado ‘Mao Molina’.
Para perdonarle la ofensa, el ex jefe paramilitar le exigió al hombre el pago de 460 millones de pesos, dándole plazo perentorio del 30 de noviembre del mismo año. No canceló su ‘multa’ y los hombres de ‘Cuco’ lo persiguieron hasta que lo mataron. Tres militares de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín fueron señalados de haber participado en este crimen (Ver: Miembros de la Fuerza Pública: salpicados en masacres de ‘Cuco Vanoy’).
El control de los paras no se limitó solo a la cadena productiva del narcotráfico. Ellos también regularon los negocios de juego de azar, bares y casas de prostitución. Los más jóvenes abandonaron las aulas de clase para dedicarse a raspar hoja de coca y los adultos sólo pensaban en cómo aumentar las hectáreas de sus cocales y maximizar sus ganancias. Después de todo, allá la ley la imponían los paramilitares y ellos compraban toda la base que produjeran.
El señor del Bajo Cauca
Para arrebatarle la gente a la guerrilla,o quizás para consolidar un para-Estado que sí le respondiera a la gente, o por ambas razones, Vanoy realizó obras y actividades de beneficio común en todo Tarazá. En La Caucana impulsó diversos proyectos productivos; en el corregimiento El Guaimaro construyó una clínica; otra más en el casco urbano. Contribuyó con los hogares de la tercera edad, con parques infantiles y hasta regaló computadores para colegios de las zonas rurales.
Era ambas cosas: despiadado jefe paramilitar, que ordenaba asesinatos, desplazamientos y desapariciones forzadas y hombre preocupado por su comunidad. Por ello, cuando anunció su desmovilización, muchos se preguntaron qué pasaría con La Caucana, cuyo esplendor dependía en buena medida de la coca y de la generosidad del comandante paramilitar.
Vanoy dejó oficialmente las armas el 20 de enero de 2006, en la vereda Pecoralia de Tarazá, junto con 2.796 hombres. No todos habían sido realmente integrantes de su grupo armado. “Ese día pasaron por acá diciéndole a los pelados que si querían desmovilizarse, que se fueran con ellos, que el gobierno nacional les iba a dar una platica”, cuenta la hija de la señora Pérez.
La desmovilización del Bloque Mineros fue temporal. Lugartenientes de ‘Cuco Vanoy’ que se desmovilizaron con él en Pecoralia decidieron retomar las armas y controlar los negocios de narcotráfico en los que antes había mandado el jefe paramilitar. Comenzaron a escucharse entonces los nombres de peligrosas bandas: ‘Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’, ‘Urabeños’.
Las autoridades de Policía explicaron que se trataba de nuevos grupos armados, pero integrados por viejos conocidos paramilitares como Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’; Cesar Arturo Torres Lujan, alias ‘Mono Vides’; Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’; Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’; Antonio Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra; Ángel de Jesús Pacheco Chancy, entre otros.
Todos querían su parte del botín y así, la guerra entre ellos se hizo inevitable. La violencia de las bandas criminales superó aún la de los tiempos del dominio del Bloque Mineros en las zonas rurales de Tarazá, como El Guaimaro y La Caucana. Basta escuchar las historias de la comunidad para comprender lo que fue. “Esto en el 2009 o 2010 era impresionante”, cuenta la señora Pérez. “Mire como soy, me gusta estar rodeada de niños, jugar con ellos hasta tarde en la calle y en esa época, después de las 6:00 de la tarde, todos encerrados en las casas y los niños dormidos a más tardar a las 7:00 de la noche”.
La capacidad de intimidación desplegada por los nuevos capos obligó a las autoridades de Policía a desarrollar, en 2011, una intervención sin precedentes en la región, bautizada como ‘Operación Troya’. Mataron al ‘Mono Vides’ y Pacheco Chancy; capturaron a alias ‘Puma’ y a ‘La Zorra’ y a personas, como alias ‘Chepe’, con una larga trayectoria de criminalidad. Según el Departamento de Policía Antioquia, aún persiste la presencia de miembros de bandas criminales en el Bajo Cauca, pero su poder de intimidación y movilidad se ha reducido.
“Ya no se pueden esconder como lo hacían antes; hoy, un cabecilla de estas organizaciones dura siéndolo, como máximo, seis meses,” dijo un oficial de la Policía de Antioquia de alto rango a VerdadAbierta.com, quien por razones de seguridad pidió no dar su nombre. Las cifras corroboran las aseveraciones del oficial: mientras en 2009 fueron asesinadas 120 personas en todo Tarazá, en 2012 la cifra se redujo a 56 homicidios y a 10 en 2013.
Fin de la bonanza
El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó que los municipios del Bajo Cauca, principalmente Tarazá, concentraron el mayor porcentaje de hectáreas cultivadas con hoja de coca en Antioquia entre 2005 y 2007.
Para las autoridades, erradicar definitivamente la hoja de coca del Bajo Cauca significaba asfixiar la principal fuente de recursos de los nuevos grupos armados que tanta zozobra traían a la región. Lanzaron una enérgica campaña de erradicación que incluía aspersión aérea con glifosato. El problema fue que el veneno expulsado desde las avionetas acabó con la coca, pero también con loscultivos de pancoger de los campesinos, y decenas se quedaron sin con qué comer.
En 2008, desesperados por las deudas y el hambre, por lo menos 4.000 campesinos provenientes de todos los corregimientos de Tarazá, incluido La Caucana, salieron a protestar enérgicamente pidiendo opciones reales de sustitución de cultivos ilícitos. Se quedaron viviendo durante varias semanas en el casco urbano del municipio, exigiendo soluciones. En 2009 volvieron a salir y lo mismo en 2011. Todas las concentraciones terminaron con las mismas promesas: suspender las fumigaciones aéreas y acompañar a los campesinos con proyectos de sustitución que no llegaban a concretarse.
El gobierno Santos finalmente entendió que si no atendía las demandas campesinas, poco éxito tendría en su lucha contra los cultivos ilícitos. Así que reemplazó las aspersiones aéreas por erradicaciones manuales. Comenzaron a sumarse más esfuerzos institucionales, reforzando unos locales que venían desde antes, cuando los gobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria (cuyo gobierno fue del 2004 al 2007) y Luis Alfredo Ramos, habían impulsado un programa de sustitución de cultivos ilícitos en los municipios del Bajo Cauca, que contó con el acompañamiento de la Unodc. El proyecto buscó también formalizar la propiedad de la tierra, pues pocos propietarios tienen títulos en esa región.
A esto se sumó la Gerencia Territorial para Antioquia del Plan de Consolidación, iniciativa del gobierno nacional que busca, precisamente, consolidar la presencia del Estado en territorios golpeados por los grupos armados, el abandono estatal y los cultivos ilícitos.
Expertos del gobierno regional y de Consolidación Territorial dijeron a VerdadAbierta.com que estas tierras eran lo suficientemente aptas para iniciar allí cultivos a gran escala de cacao y caucho. El mensaje de las autoridades ha tardado en calar, pero al final han surgido los pioneros que están cambiando las cosas. Entre ellos, los campesinos de Acata, que hoy agrupa a 60 familias de La Caucana que ya cuentan con 280 hectáreas sembradas de cacao.
Según cuenta Balbín de Acata, la empresa multinacional Nacional de Chocolates les compra toda la producción, lo que les garantiza recursos para la Asociación y para los asociados. “Lo bueno es que viene creciendo la siembra –dice la dirigente –. Hay quienes lo hacen por su cuenta, pero también son cada vez más los que se interesan y vienen a la Asociación a preguntar por los beneficios de estar asociado”.
Hoy en La Caucana se respira un aire más dulce. Y no es metáfora. Tanto cacao sembrado le impregna al pueblo el aroma dulzón que despide la semilla cuando está en proceso de fermentación.
¿Renacer con riesgo?
El futuro, dicen los pobladores, no está asegurado. La gente que siembra cacao en La Caucana son colonos, sin títulos formales de sus fincas. Balbín dice que venían trabajando con la Gobernación y Unodc en la formalización de las tierras, pero de pronto se detuvo el proceso. “El rumor es que ya no van a titular más porque disque hay níquel”, dice Balbín.
El rumor debe tener algo de cierto pues, en efecto, a través de la Resolución 499 del 12 de julio de 2012, el Instituto de Desarrollo Rural, Inconder, entidad responsable del manejo de los baldíos en el país, le negó a una familia campesina la adjudicación de un baldío ubicado en la vereda La Cidra del corregimiento La Caucana. La razón: el predio está ubicado “sobre o en un radio inferior a 5 km de una explotación de recursos naturales no renovables, lo cual configura prohibición expresa para la adjudicación de baldíos, según lo estipula la Ley 160 de 1994, artículo 67”, según se lee en el documento.
Actualmente, esta entidad tramita poco más de 200 solicitudes de adjudicación de baldíos de todos los municipios del Bajo Cauca. Muchos temen que el antecedente de esta familia de La Caucana se repita.
A ello se suma la preocupación expresada por varios pobladores de La Caucana, de municipios como Cáceres y Nechí, así como por autoridades consultadas por VerdadAbierta.com, sobre el retorno de la hoja de coca a varias zonas donde se creía erradicada. “Cómo la minería está en declive, la gente está retornando a la coca”, dijo una fuente de la región a este medio, y otros consultados coincidieron.
“La preocupación es real”, indica Javier Flórez, directivo del Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) de la Unidad de Consolidación Territorial quien agrega: “cómo los precios del oro vienen bajando en el mercado internacional, es muy probable que haya un retorno de la economía informal del metal precioso a la economía ilegal de los cultivos ilícitos”.
No obstante, el funcionario destacó que gracias al acompañamiento que ha brindado el gobierno nacional en los últimos ochos años, donde se han invertido en todo Antioquia poco más de 50 mil millones de pesos tanto para erradicación manual como en desarrollo agrícola alternativo, el Bajo Cauca ha logrado disminuir ostensiblemente los cultivos ilícitos y sustituirlos por productos alternativos. “Pero claro, estamos monitoreando cualquier situación porque la región es muy vulnerable”, explica.
Eso lo sabe bien Adriana Balbín, quien reconoce que “por ahí quedan unos pequeños cocales, pero están bien adentro en el monte”, pero también afirma convencida de que la coca se acabó en La Caucana. “La gente no quiere saber nada de eso, no quiere volver a vivir de eso”.
