El narcotraficante Henry Loaiza, coautor de la masacre de Trujillo, despojó a varias familias de sus tierras en el municipio de Riofrío, Valle. En abril pasado, un juez les restituyó la finca a unas de sus víctimas.
Mario* trataba de asomarse a la finca cada vez que podía. Habían pasado veinte años desde que él y sus cuatro hermanos fueron despojados de las 99 hectáreas que sus padres les heredaron en el corregimiento de Fenicia, municipio de Riofrío, en el centro del Valle del Cauca. Sin embargo, su regreso definitivo comenzó a gestarse en marzo pasado, cuando el Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de Buga determinó que fueron víctimas de Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’, un ex integrante del Cartel de Cali que fue condenado por la masacre de Trujillo y quien purga una pena de 30 años.
Tras la orden del juez, el pasado 11 de abril de 2014 la familia recibió el predio de manos de la Unidad de Restitución las fincas. Con la sentencia, los títulos de los predios pasaron de nuevo a nombre de Mario y sus hermanos; además, el gobierno deberá eximirlos del pago de los impuestos durante el período en que fueron desplazados y ofrecerles acceso a subsidios para hacer productivas sus tierras. El desafío mayor, sin embargo, será mantenerlos a salvo. En la zona vive un hombre que, según el relato de varios testigos, junto con el hijo de Loaiza han amenazado esta familia desde que comenzó a reclamar su finca.
Según documentó la Unidad, en Riofrío, así como en los municipios vecinos de Trujillo, Bugalagrande y Bolívar, decenas de familias fueron desplazadas a la fuerza, tras las masacres de Trujillo que se extendieron desde 1986 hasta 1994. Los autores de esas matanzas fueron los narcotraficantes Diego Montoya alias ‘Don Diego’ (extraditado a Estados Unidos) y Loaiza. Según lo determinaron investigadores académicos y judiciales, no actuaron solos, sino que contaron con la complicidad de algunos integrantes de la Policía y el Ejército (Lea: Las masacres que desplazaron a dos pueblos del Valle y Rutas del Conflicto). Muchas personas abandonaron sus tierras y sólo, hasta ahora, con un fallo judicial favorable, como el que reconoció los derechos de Mario y su familia, han podido volver.
Riofrío es uno de los municipios en los que la Unidad de Restitución de Tierras concentra sus esfuerzos por documentar los casos de abandono y despojo denunciados por los campesinos. Hasta mayo de 2103, por lo menos 59 familias habían solicitado la restitución de 1.800 hectáreas y los jueces especializados han fallado hasta el momento ocho casos. Sin embargo, el de Mario y su familia es el primero en que se prueba que hubo despojo, pues sus tierras cambiaron de dueños tras la intimidación de Loaiza y sus cómplices.
Secuestrados por las firmas
Mario y sus hermanos heredaron las fincas en Riofrío en 1988, luego de que sus padres fallecieran en un accidente de tránsito. El 8 de agosto de ese año, el proceso de sucesión quedó consignado en una escritura registrada en la Notaría Segunda de Tuluá. Los hermanos acordaron que Mario iba a administrar de las tierras, cultivadas con café, plátano, yuca, arracacha, alverja, fríjol, maíz, tomate, pimentón y cebolla, además de tener ganado y caballos.
Y así fue. Mario se encargó de las fincas, donde vivió con tranquilidad hasta el 6 de agosto de 1991. Ese día, varios hombres armados lo secuestraron y se lo llevaron hasta unas oficinas en el norte de Cali donde le dijeron que tenía que firmar unos documentos en blanco. Firmó por miedo, le dijo al juez. Pero sus captores sabían que la firma de Mario no era suficiente.
Durante los siguientes tres días hicieron lo mismo con sus hermanos, con la amenaza de que si no firmaban algo podía pasarle a Mario. Milena* recibió una llamada anónima en la que le dijeron: “Acérquese a firmar. Si no, habrá problemas con su hermano”. A Pedro* lo citaron en un centro comercial y le ordenaron lo mismo: “Tenemos a su hermano retenido, venga a firmar”. A Camila*, que vivía fuera de Cali, le señalaron que tenía que viajar como fuera y en una oficina también firmó por miedo. A Rafael* lo citaron en otra zona del norte de Cali e hizo lo mismo. Ninguno recibió dinero por las fincas; solo sabían que se trataba de una escritura que no pudieron leer.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz documentó que el 5 de octubre de 1993 varios hombres armados, algunos de ellos vestidos con prendas de uso privativo del Ejército, llegaron hasta el corregimiento Portugal de Ríofrío y sacaron a algunas personas de sus casas para interrogarlas; luego las torturaron, las obligaron a ponerse uniformes de las fuerzas militares y les dispararon.
“Los miembros del Batallón Palacé simularon un combate con las víctimas, para lo cual efectuaron una serie de disparos… modificaron la escena del crimen”, sostiene un relato de la Comisión en su informe. (Leer aquí)
Mario y sus hermanos vivían con miedo, pues una finca de Loaiza, llamada Villa Paola, lindaba con una suya y, además, era conocida por ser un centro de tortura utilizado por los grupos paramilitares financiados por los narcotraficantes y apoyados por sectores de la Fuerza Pública.
Varias personas le contaron a la Unidad de Restitución que en la finca Villa Paola, ‘El Alacrán’ tenía un animal al que le arrojaban los cuerpos de las víctimas después de torturarlas. Lo mismo ocurría en la finca Las Violetas, en el corregimiento de Andinápolis, en Trujillo, de propiedad del narcotraficante Diego Montoya.
El traspaso
Con las firmas que los paramilitares obligaron a Mario y a sus hermanos a estampar en las escrituras en blanco, alias ‘El Alacrán’ registró las 99 hectáreas a nombre de la Sociedad Loaiza Díaz y Compañía S. en C. o Ganaderías Ache, del cual el narcotraficante era el representante legal.
El despojo se concretó el 16 de agosto de 1994 cuando registró esos predios en la Notaría Segunda de Buga y en la Oficina de Instrumentos Públicos de ese mismo municipio. Por los apellidos consignados en la escritura, la Unidad de Restitución sospecha que puede haber una presunta relación entre Loaiza y la entonces Notaria encargada de Buga por lo que le pidió a la Fiscalía investigar.
Las tierras quedaron a nombre de la empresa de ‘El Alacrán’ sin el consentimiento de Mario y su familia: primero, porque los obligaron a firmar; segundo, porque no les pagaron las fincas que nunca estuvieron en venta; y tercero, porque ninguno asistió a la firma de escrituras en la notaría ni al registro final en Instrumentos Públicos. Rafael*, hermano de Mario, dijo durante eljuicio que la firma que aparece en la escritura no corresponde a la suya.
Mientras era aprobada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de junio de 2011), Mario intentó volver a las tierras bajo riesgo. Encontró la casa abandonada, los servicios públicos suspendidos y unos cercos nuevos. Envió a alguien para que tomara posesión de lo que le pertenecía la familia, pero lo amenazaron. Le dijeron que “no podían vivir allí porque eso tenía un patrón”.
Ese mismo año, Mario intentó vender un lote que la familia tenía en alquiler a una empresa de gaseosas. Pero cuando la empresa consultó la tradición del predio, encontró que estaba a nombre de Carlos Puerta. Según las declaraciones conocidas durante el juicio, Mario buscó a Puerta para preguntarle qué había sucedido y éste le respondió que le había comprado la tierra al hijo de Loaiza y que, incluso, éste le estaba ofreciendo más fincas.
Al poco tiempo, Mario recibió una llamada de Loaiza hijo en la que le dijo: “Necesitamos hablar con usted para que nos firme unas escrituras”. Con el antecedente de lo que había ocurrido dos décadas atrás, Mario denunció los hechos y solicitó medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección.
En el fallo, el juez de restitución ordenó a las autoridades militares y policiales garantizarles seguridad a Mario y sus hermanos porque “parece que en esa zona aún permanece un hijo de alias ‘El Alacrán’ como vecino, lo mismo que el sujeto Carlos Puerta, quienes incluso lo han amenazado”. Y de paso, le pidió a la Unidad de Protección mantener las medidas para resguardar la vida y el retorno de la familia reclamante.
Las 99 hectáreas solicitadas por Mario y sus hermanos estaban en extinción de dominio después de que el Cartel de Cali fuera desmantelado a mediados de la década del noventa. Según el diario El Tiempo, en abril de 1996 las autoridades le decomisaron 50 propiedades a Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, la mayoría en el Valle, y le decretaron el embargo de 3 mil hectáreas de terrenos que ocupaban 27 haciendas, todas las acciones en las sociedades V & H Inversiones Ltda. y en Sociedad Loaiza Díaz y Cia. Esta última es la que se había apropiado de las tierras de la familia reclamante Mario.
Con la decisión del juez de tierras, las fincas salieron del proceso de extinción y pasaron a nombre de los dueños originarios. Con las declaraciones de las víctimas, el reto del gobierno ahora será garantizarles que pueden vivir tranquilos en las fincas sin el asedio de algunos de los vecinos. Alias ‘El Alacrán’ está preso en la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, acusado de ser el responsable del asesinato de Daniel Arcila Cardona, testigo clave del homicidio de por lo menos 300 personas entre 1986 y 1994, y de su amigo Mauricio Castañeda, en la hacienda Villa Paola.
¿Quién es ‘El Alacrán’?
Henry Loaiza Ceballos hizo parte de la estructura del grupo narcotraficante conocido como el Cartel de Cali de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Un perfil que publicó El Tiempo en 1995 cuenta que Loaiza vivió entre 1991 y 1993 en Venadillo, Tolima, hasta que las autoridades comenzaron a perseguirlo por lo que decidió irse a Cali.
Loaiza, como el también narcotraficante Pablo Escobar, tenía dos caras. Una era la del benefactor; la otra, la del asesino. En Venadillo algunos lo recordaban como un benefactor, que les regalaba plata, regalos o ayudaba con las obras que necesitaba el pueblo.
Pero en otros municipios como Trujillo, Bugalagrande, Bolívar y Riofrío, en pleno centro del departamento del Valle, Loaiza era temido por haber sido el cómplice de las fuerzas militares en la conformación de un grupo paramilitar que supuestamente buscaba acabar con la guerrilla. Pero bajo este pretexto y con el miedo que infundía, también se hizo a las mejores tierras y corrió los cercos para ampliar sus fincas.
VillaPaola fue una de estas propiedades. Además ha sido señalada por las víctimas de ser un centro de tortura y de planeación de los asesinatos, masacres y desplazamientos ocurridos entre 1986 y 1994 en la región. El 22de junio de 1995 Loaiza se entregó a las autoridades confesando haber pertenecido al Cartel de Cali. En 2006, Loaiza iba a recuperar la libertad pero tras un barrido en los expedientes judiciales la justicia encontró que aún tenía cuentas pendientes con ésta.
El 1 de diciembre de 2009 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá lo condenó por el asesinato de un testigo de la masacre de Trujillo (1986-1994). Y en septiembre de 2010 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin valor varios fallos absolutorios a su favor en casos en los que había sido acusado de asesinato y de conformación de grupos paramilitares.
*Nombres cambiados por seguridad de las víctimas
