En algunas regiones del país la situación humanitaria sigue siendo crítica. El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un informe sobre los desafíos en relación con las condiciones de la población y el respeto de los derechos humanos.
Aunque el gobierno adelanta un proceso de negociación con las Farc y hay expectativas sobre el resultado de estas negociaciones, varias regiones siguen siendo azotadas por dramas humanitarios. Así lo dio a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en su más reciente informe sobre las acciones que ha realizado en el país, en el que se señalan también problemas de acceso a servicios básicos, contaminación por armas, desaparición, violencia en las áreas urbanas, destrucción de bienes civiles y desplazamientos forzados.
Los departamentos con más problemas humanitarios son los que están en el sur y el occidente, así como Antioquia y Norte de Santander. De estos dramas, el desplazamiento sigue aumentando los registros oficiales de víctimas. Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Colombia hay 5,4 millones de personas expulsadas de sus territorios. Durante 2013 el organismo humanitario documentó desplazamientos masivos, de más de 50 personas, en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
El Cicr advierte que también hubo desplazamientos individuales sobre todo en Cauca, Caquetá, Guaviare, Nariño, Putumayo y Valle. “En ambos casos -desplazamientos individuales y masivos- los lugares más afectados fueron similares a los de 2012”, indica el informe. Una gran parte de esos desplazamientos de los que tuvo conocimiento fueron intraurbanos, es decir, dentro de las ciudades, muchos de ellos causados por asesinatos, amenazas, violencia sexual, robo de bienes y amenazas de reclutamiento.
El organismo humanitario advirtió sobre la restricción al movimiento que tienen comunidades del sur de Bolívar, el Bajo cauca antioqueño y el Chocó, donde los actores armados les impiden acceder a alimentos, insumos médicos o no los dejan comercializar sus cosechas. Sin embargo, para la Cicr hay ejemplos de comunidades que pese a la tragedia han resistido, como es el caso de los indígenas del resguardo Magüí, de la comunidad Awá en Nariño, donde pese a los asesinatos, combates, bombardeos, reclutamientos y accidentes por artefactos explosivos los indígenas decidieron sobrevivir criando animales de corral. “Si uno tiene sus animales en un corral no tiene que salir tanto a la montaña, que es peligrosa”, le dijo una mujer al Cicr.
La desaparición es otro drama que persiste. Durante el 2013 se reportaron 7.464 desapariciones, reflejando una leve disminución frente a 2012, cuando se registraron 7.547 personas desaparecidas. En el acumulado, 67.195 personas seguían desaparecidas al finalizar diciembre. Frente a este flagelo, el Cicr conceptuó que “las respuestas son escasas y el desafío delas autoridades para resolver las muchas preguntas se incrementa cada año”. Además, señaló que las familias de las víctimas “necesitan saber que no están solas y que sus carencias materiales y psicosociales sean tenidas en cuenta”.
Al organismo humanitario también le preocupan los explosivos de guerra y las minas antipersona que dejaron los actores armados en el territorio. “Prueba de este reto son los accidentes que se han venido registrando en zonas de restitución de tierras a víctimas del conflicto y en lugares con alta población flotante”.
Para el Cicr, la contaminación por armas “será uno de los principales problemas que Colombia tendrá que afrontar tras un eventual fin del conflicto. Esta problemática incluye los artefactos explosivos improvisados, los restos explosivos de guerra y las minas antipersona, que representan un peligro para la población décadas después de terminado el enfrentamiento armado”.
Uno de los principios del Derecho Internacional Humanitario es la distinción entre personas civiles y combatientes, así como entre bienes de las personas civiles y bienes de carácter militar. Las normas advierten que “la población civil nunca debe ser atacada ni sus bienes, ocupados, saqueados o destruidos”.
No obstante, la confrontación armada que padece el país no hace ese tipo de distinciones. En 2013 el CICR documentó 100 casos en que esa precaución no se habría tenido en cuenta. “Entre otros, se presentaron casos de viviendas destruidas durante ataques dirigidos contra instalaciones consideradas objetivos militares, así como daños a puestos de salud y escuelas ocupadas por una de las partes. Si bien en 2012 fueron 193 los hechos registrados, la cifra de 2013 sigue siendo alarmante”.
Finalmente, la Cicr advirtió que durante el año pasado fue más difícil realizar su labor humanitaria en relación con 2012. “El aumento de las amenazas y los ataques contra la Misión Médica (personal, infraestructura y transporte sanitarios) fue alarmante”. Mientras en 2012 fueron 88 los casos que el organismo documentó de obstaculización a su trabajo, este año lo fueron 225 casos principalmente en Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño y Norte de Santander (Lea el informe aquí).
