Con un acto simbólico llamado el Círculo de la Palabra, los miembros de esta comunidad de Barrancas, en La Guajira, reafirmaron la demanda presentada por la Unidad de Tierras ante el Juzgado Segundo de Restitución de Valledupar.
Marco Antonio Ipuana es la autoridad tradicional de Nuevo Espinal, un asentamiento indígena de la etnia Wayúu, ubicado en el municipio de Barrancas, en La Guajira. Tiene diez hijos y 47 nietos, todos miembros de esta comunidad que en los años noventa vivían en El Espinal, una zona que tuvieron que abandonar porque su tierra estaba en una zona que hoy hace parte del complejo carbonífero de El Cerrejón.
Los recuerdos de Marco Antonio lo llevan a evocar el día en que su pueblo fue reubicado a otro predio porque donde estaban les llegaba el polvillo del carbón y cada día la contaminación era mayor. A partir de ahí comenzó su trasegar por diferentes tierras. Eso fue en 1993.
“Las familias se dispersaron, no todas se quedaron, no sabíamos qué íbamos a hacer y mucha de la gente se fue a pasar trabajo a la ciudad, nosotros solo sabíamos trabajar la tierra y vivir de ella”, dice este indígena Wayúu, quien afirma que ha trabajado por su pueblo, buscando ayuda para volver a ser lo que eran antes, una comunidad cohesionada alrededor de sus valores tradicionales.
Por eso cuando le dijeron que había una ley (la de Víctimas y Restitución de Tierras) que les permitiría regresar al predioque les entregaron para que se reasentaran, no dudó en participar en el proceso que se dio en la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, logrando que se priorizara el asentamiento Nuevo Espinal, lo que agilizaría su restitución.
“Un día cuando pensábamos que todo estaba perdido, llegaron unos arijunas (blancos) y debajo de un árbol nos dieron la noticia y así llega a florecer una esperanza para que en nuestro territorio puedan reverdecer los campos para las futuras generaciones”, explica el líder indígena, quien espera que al final de todo este proceso el Incoder les titule la tierra para poder acceder a programas de desarrollo rural.
Esta comunidad es de las pocas que ha presentado solicitud por restitución de tierras. Para eso, el cabildo gobernador, Álvaro Ipuana, hijo de Marco Antonio, convocó a las 36 familias que la conforman y se fueron en tres buses hasta la ciudad de Valledupar para asistir a un acto público en el que radicaron la demanda ante el Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Tierras. Los Wayúu fueron los encargados de verificar los límites y de hacer la caracterización de su territorio étnico.
“Cuando nos levantamos y vimos que el clima no era el mejor, pensamos que no se iba a poder viajar. Pero finalmente el cielo se volvió claro y pudimos llegar a nuestro destino”, dice la autoridad indígena tradicional, mientras observa el juego de un grupo de niños de su comunidad, a los que él dice, les quedará la tierra. “Ya nosotros estamos viejos, hemos luchado bastante, sufrido por diferentes motivos y ellos (los pequeños) son los que gozarán la tierra”.
El viaje de Barrancas a Valledupar duró dos horas y media. Cuando llegaron a una casa campo del norte de la ciudad, luego de escuchar las palabras del director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, y de presenciar la entrega de la demanda al Juez Segundo de Restitución de Tierras, Álvaro Ipuana recibió los símbolos que lo identifican como autoridad: el Karrachí (un sombrero adornado con borlas tejidas de colores) y el Wuarrara (bastón de mando).
La directora regional de la Unidad de Tierras para el Cesar y La Guajira, Kety Montes, dijo que de esta manera se reivindican los derechos de esta comunidad que ha sufrido por la inoperancia del Estado y la presencia de grupos armados ilegales en la región. Álvaro Ipuana le expresó a su gente: “hoy comenzamos a recuperar nuestros derechos como territorio indígena”.
Las autoridades de esta comunidad Wayúu, distante de la Ata Guajira más de 200 kilómetros, prefieren no ahondar en los efectos del conflicto armado. VerdadAbierta.com conoció que una vez llegaron a las tierras a donde fueron reasentados, grupos de autodefensas los desplazaron y se dispersaron por los pueblos cercanos.
El Círculo de la Palabra
Para sellar el formalismo jurídico de radicar la demanda de tierras ante un juez especializado, los indígenas Wayúu de Nuevo Espinal se agarraron de las manos y formaron un círculo, en el que con la palabra reafirmaron el compromiso del Estado colombiano con su comunidad.
En su lengua wayuunaiki, dijeron “koumainshi wayaa”, que significa “tenemos tierra” y todos aún tomados de manos cerraron el círculo y se convirtieron en una masa humana, que reafirma la unión alrededor de la palabra. Para la etnia Wayúu la palabra es ley, es símbolo de acuerdos, pactos y uniones,
Marco Antonio Ipuana le dijo a VerdadAbierta.com que en su territorio hay muchos árboles y pasa cerca un río que conocen como Mapurito. “Toda esa tierra es buena. Antes había animales para la caza, sembramos y comíamos de la tierra, criábamos chivos, gallina, pero después pasamos mucho trabajo y ahora volveremos a vivir de la tierra. Por eso esperamos que todo se solucione”.
Esta comunidad vivía en Espinal, un predio de más de mil hectáreas y de ahí fueron reasentados en Cerrito. “A nosotros nos pidieron que le pusiéramos un nombre a la nueva tierra y entonces decidimos que le pusieran Nuevo Espinal, porque el viejo ya murió”, agrega Ipuana.
Una comunidad sufrida
La reubicación de esta comunidad Wayúu, compuesta por más de 200 miembros, casi todos familia entre sí, generada por la expansión de los proyectos mineros de la baja Guajira, sumados a los factores ambientales y culturales, les ocasionó problemas de salud, seguridad alimentaria y de educación. Hace un par de años alrededor de 40 menores de este asentamiento, que está ubicado cerca de la Sierra Azul, recibían sus clases debajo de un árbol y muy a pesar de las peticiones de su cabildo gobernador a la Alcaldía de Barrancas, no obtuvieron respuesta.
En su momento Álvaro Ipuana contó a los medios de comunicación que en esta tierra los niños se educan debajo de unas palmas que, de manera creativa, hacen alusión a un techo y que fueron construidas por padres de familia y profesores para que estos niños puedan recibir una educación, aunque en malas condiciones.
A los derechos a una vida digna, a tener educación, salud y la propiedad de la tierra fundamentalmente, apunta la demanda que ya reposa en manos del Juzgado Segundo de Restitución de Tierras, que es la primera en La Guajira y el Cesar.
