En una vereda de Santander de Quilichao los paramilitares instalaron una base donde planearon y cometieron asesinatos. Sus pobladores exigen restitución y un freno a la minería ilegal.
La cancha de fútbol fue símbolo de la tranquilidad que reinó en Lomitas hasta la entrada de los paramilitares. Foto: archivo Semana.Lomitas, a siete minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, era famosa por su cancha de fútbol. Esa era la mejor plaza para gritar los goles del fin de semana hasta que los paramilitares del Frente Farallones del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) les prohibieron jugar. “Acá no hay más partidos”, les dijeron los hombres de fusil a los pobladores. Ocurrió en el año 2000 y desde entonces, la alegría de la cantina y el bailadero se opacaron, así como las partidas de dominó se volvieron menos frecuentes.
“Quedamos olvidados”, dice Mauricio*, un poblador afro que asegura que los años en que los paramilitares estuvieron en la vereda (2000-2004) dejaron una marca de silencio entre las víctimas. “Aquí nadie quiere denunciar lo que sucedió. Es curioso que los desmovilizados hayan sido los primeros en contar la tragedia y no los habitantes”, dice. En efecto, en una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’, segundo jefe paramilitar del Bloque Calima, confesó que Lomitas fue una base del grupo armado ilegal.
Varios habitantes recuerdan que en 2000 los paramilitares recorrieron las casas y los citaron en la plazoleta principal de la vereda. “Nos dijeron que se iban a quedar en la zona. Que las cosas iban a cambiar. Pidieron las llaves de la caseta comunal y se apropiaron de ella”, cuenta José*, otro poblador. La caseta comunal se convirtió en el cuarto del terror pues los paramilitares interrogaban allí a sus víctimas, las asesinaban y luego arrojaban sus cuerpos al río Cauca (Ver: Los desaparecidos de Santander de Quilichao).
De ese horror además les quedó una deuda, pues desde hace varios años la empresa de energía notificó a la Junta de Acción Comunal que era morosa por falta de pagoen el recibo. “¿Cómo vamos a pagar si somos víctimas? Los paramilitares se tomaron esa caseta e hicieron ahí sus fechorías. Hemos enviado cartas contando lo que nos sucedió, pero nada que resuelven”, cuenta Mauricio. Los pobladores recuerdan que cuando veían una motocicleta con tres pasajeros “era porque el de la mitad no volvía. Era muy duro ver cómo los paramilitares al regreso entraban a las cantinas y tiendas, burlándose frente a los familiares de las víctimas”.
Hébert Veloza alias ‘H.H.’, ex jefe paramilitar del Bloque Calima y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, confesó por ejemplo que en diciembre de 2002 paramilitares a su cargo secuestraron a una mujer en la vía Panamericana en Santander de Quilichao y la llevaron hasta la vereda Lomitas donde la torturaron, asesinaron y luego desaparecieron en el río Cauca, señalándola de ser una informante de la guerrilla. Jair Alexander Mosquera alias ‘Chino Chan’, quien participó del crimen, dijo que el cuerpo lo rellenaron con arena para que no saliera a flote y nunca fuera encontrado (Lea: ‘H.H.’ ha reconocido 62 crímenes en 2013).
Los habitantes de Lomitas creen que fueron azotados por el paramilitarismo por la ubicación estratégica de la vereda, pues Santander de Quilichao está a 45 minutos de Cali, la capital del Valle del Cauca. En versiones libres ante Justicia y Paz, varios desmovilizados aseguraron que se ubicaron en Lomitas para tener control sobre las vías de comunicación y proteger a los paramilitares urbanos que se movilizaban por las cabeceras de los municipios. (Ver: El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca).
La ola de violencia de los últimos años forzó a 3 mil 200 personas a desplazarse de Santander de Quilichao, según el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd). Sin embargo, los pobladores de Lomitas consideran que en el municipio puede haber un subregistro de las personas que salieron expulsadas.
Ante la Unidad de Restitución, organismo creado por la Ley de Víctimas, apenas 57 familias de la vereda reclaman que les devuelvan 408 hectáreas que abandonaron por la violencia. Las personas que entrevistó VerdadAbierta.com en Lomitas, sin embargo, creen que apenas una mínima parte de los pobladores despojados en Lomitas están reclamando oficialmente sus tierras.
“Del próspero pueblo no quedó nada. Mucha gente vino y compró aprovechando la difícil situación por la que pasábamos. Pero el problema es que aquí nadie denuncia”, dice Mauricio.
El cerco de la caña y la minería
La mayoría de los significados que le atribuyen a la palabra Quilichao (el apellido de este municipio caucano) se relacionan con el oro. Pero allí, como en el vecino Buenos Aires, el oro no ha sido un sinónimo de brillo. En los dos poblados, la minería ilegal ha ido acechando a las comunidades (Ver: En Buenos Aires se pararon en la raya) y destruyendo la economía campesina. Así, los pobladores de Lomitas cuentan que hace quince años en la vereda se cultivaba café, cítricos y la gente vivía de la cría de cerdos y pollos y ahora nada queda de eso.
Están viendo los efectos de la contaminación del río Teta o Catalina, que viene del vecino municipio de Buenos Aires, por la explotación a cielo abierto del oro. La preocupación, explican los pobladores, es que esta práctica ya llegó hasta su vereda así como a El Palmar, San Francisco, San Antonio y Ardobela, también en Santander de Quilichao.
“Los mineros están muy interesados en comprar. Por lo equivalente al tamaño de una plaza están ofreciendo $100 millones de pesos. Con esta pobreza, dígame quién no vende”, dice otro poblador de Lomitas que ya no consiguesiquiera jornaleros para sostener un cultivo pequeño de café porque la mayoría de los vecinos prefiere ganarse el día en los socavones.
Otra preocupación para Lomitas es que los mineros ya pusieron sus ojos en el Cerro Garrapatero, en la vecina vereda de San Antonio. “Allá se comenta que el oro está a unos 25 metros de profundidad. Y ya están haciendo trabajos sobre la orilla del río. Necesitamos que el gobierno intervenga para que frene la minería ilegal”, reclama Mauricio.
De otra parte, con la violencia de las últimas dos décadas, muchos pobladores abandonaron las parcelas y cuando volvieron no encontraron más que pérdidas. “En la pobreza en que muchos estaban, prefirieron venderle a los cañeros que venían extendiendo el monocultivo hacia Lomitas sur, la zona baja de la vereda”, cuenta Luis*. “Usted no logra imaginarse la cantidad de gente del pueblo que salió desplazada para Cali y el asunto es que acá quedó una herencia muy fuerte de la violencia. Muchos jóvenes quedaron marcados; hay mucha delincuencia”.
Los líderes del Consejo Comunitario Cuenca Río Cauca Microcuencia Teta- Mazamorrero, que comprende once veredas entre Buenos Aires y Santander de Quilichao, que se han visto afectados por la minería ilegal, aseguran que se han organizado y han solicitado el apoyo de las Unidades deVíctimas y de Restitución para denunciar la situación de sus tierras. Y para reclamar lo que perdieron cuando huyeron por la violencia.
“En esta época electoral, los candidatos han venido a prometernos de todo. Pero nosotros ya no creemos. A Lomitas hay que sacarla del abismo porque si la situación es así cómo será cuando lleguen las multinacionales. No puede ser que en un par de años nos quedemos sin cultivos y sin río”, concluye Mauricio.
*Nombres cambiados por seguridad de las víctimas
