La muerte de sus líderes, el desplazamiento masivo y el aumento de los cultivos ilícitos han fracturado a esta comunidad. Dos informes, uno de la Procuraduría General de la Nación y otro de la Diócesis de Tumaco, proponen iniciativas para reparar a estos pueblos.
Han pasado ocho años desde la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur, facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operó en la costa pacífica de Nariño, y sus pobladores aún no se reponen de la huella de violencia que dejaron las acciones de este grupo armado ilegal.
Por tal razón, representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Diócesis de Tumaco hicieron una primera aproximación a la huella del daño colectivo que causó la violencia paramilitar en los pueblos de Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Magüi Payán y otras poblaciones costeras. Lo mismo hizo la Diócesis de Tumaco. Ambos documentos coincidieron en resaltar la urgencia de la presencia constante del Estado en esta región, no sólo de las Fuerzas Militares sino de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y los operadores judiciales.
Además, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas del conflicto armado que viven en el pacífico nariñense, reclamaron la presencia permanente de la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Diócesis sugirió que deberían realizarse actividades de sensibilización y formación a los miembros de la Fuerza Pública para romper con algunas estigmatizaciones que aún persisten sobre algunas comunidades.
Los dos informes insistieron en la necesidad de que antes de que salgan en libertad, los exparamilitares cuenten quiénes contribuyeron a la llegada y expansión del grupo armado, incluyendo a funcionarios públicos, empresarios y narcotraficantes. (Ver: Las víctimas de Tumaco quieren la verdad).
Adicional a ello, la Procuraduría solicitó una caracterización de las poblaciones indígenas y negras para crear un programa de atención psicosocial que tenga un enfoque diferencial al mismo tiempo que la Fiscalía continué en su trabajo con los postulados para ubicar las fosas comunes de decenas de desaparecidos.
Por su parte, la Diócesis propuso liderar, con ayuda de la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, un proyecto integral de memoria que incluya encuentros de víctimas y conmemoraciones simbólicas, pues los tumaqueños han pedido en reiteradas oportunidades que se abran espacios donde puedan limpiar el nombre de sus familiares asesinados por los exparamilitares, pues muchos de ellos fueron asesinados tras señalados de “ser guerrilleros”, lo que consideran es falso.
El Ministerio Público agregó que debe realizarse una investigación sobre la historia y tradición de la lucha por reivindicación de los derechos de las organizaciones sociales, donde participe la Universidad de Nariño, cuyos profesores, estudiantes y sindicatos fueron víctimas de la violencia del Bloque Libertadores del Sur.
El ente de control también propuso que en el caso de las comunidades afro, que desde mediados de la década del noventa han luchado por la titulación de propiedades colectivas, debe hacerse un estudio pormenorizado de la situación actual de los predios y en caso de estar en manos de terceros se deberán tomar las medidas para que se cumpla la ley 70 de 1993, que reconoce la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre las tierras baldías.
Se solicitó, además, que se fomenten programas agrícolas sostenibles para campesinos, afrocolombianos e indígenas, que vayan acompañados de planes de sustitución gradual de cultivos ilícitos y una política pública de recuperación de los ríos.
¿Qué es el daño colectivo?
Este término se refiere a las consecuencias que tuvo una acción violenta en la vida de las comunidades, más allá de los daños que hayan podido causar a cada una de las personas. En el caso de los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, la forma en la que impusieron sus reglas con la fuerza de las armas alteró las costumbres de los habitantes y las consecuencias de esta violencia aún son visibles en la comunidad.
Por ejemplo, en su estrategia de consolidarse en la región obligaron a algunos lugareños a servir de informantes para que denunciaran a quienes tuvieran supuestos vínculos con la subversión. “Cada vecino se convirtió en vigilante de sus vecinos y señalador de líderes”, dice el informe de la Diócesis de Tumaco. El efecto fue tan profundo que, según este documento, aún hoy la gente teme hablar de ciertos temas con sus vecinos y expresar libremente sus opiniones.
Las rutinas también cambiaron: como los paramilitares asesinaron a decenas de personas en retenes que instalaron en los ríos, los puertos y las carreteras, entonces los pobladores cambiaron sus rutas para evitar esos puestos de control ilegales.
Según el informe de la Diócesis, los nariñenses se han alejado de los ríos. La práctica que utilizaron los paramilitares de arrojar los cuerpos de las personas asesinadas a los afluentes, sumado a la contaminación con deshechos de los laboratorios de procesamiento de la hoja coca y las fumigaciones aéreas para acabar con los sembradíos ilegales, han disminuido considerablemente la actividad pesquera, lo que ha afectado a las comunidades indígenas y afro que viven en las zonas ribereñas.
Otro ejemplo del cambio de costumbres se refleja en Tumaco, donde los paramilitares impusieron un “toque de queda” en las noches y poco a poco los pobladores dejaron de departir en lugares tradicionales como el Parque Colón o las plazas de mercado. Por ser un territorio en guerra con otros grupos armados ilegales, era común que unos y otros escribieran grafitis en las paredes para marcar un territorio e impusieran una suerte de fronteras invisibles entre los barrios.
El motor de la guerra
En junio de 2005 más de 670 paramilitares del Bloque Libertadores del Sur entregaron sus armas en la inspección de Policía El Tablón, municipio de Taminango. La suerte de sus integrantes ha sido diversa: Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, comandante de este grupo armado, fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos para que respondiera por cargos de narcotráfico; algunos fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz; otros más entraron a los programas de reintegración y algunos continuaron delinquiendo. (Ver: La Guerra no abandona Nariño)
Casi nueve años después, la violencia no da tregua en algunos pueblos costeros de Nariño. Según cifras de la Unidad de Víctimas, entre 2005 y 2013 fueron desplazados 74.218 habitantes de Tumaco y la tasa de homicidios triplica el promedio nacional, situación que también sucede en el municipio de Policarpa. (Ver: Homicidios no cayeron en 2012, pero tampoco crecieron).
La violencia en la zona se remonta al comienzo de la década del ochenta cuando llegaron las primeras unidades de la guerrilla de las Farc al piedemonte costero, en los límites con Cauca. Diez años después, con el aumento de los cultivos de amapola, se fortaleció la estructura guerrillera con la presencia de los frentes 2 y el 29.
En esa década también hacia presencia el Eln con las compañías Héroes de Sindagua y Mártires de Barbacoas, y el Ejército Popular de Liberación (Epl) con el frente Aldemar Londoño en las zonas rurales de Túquerres y Ricaurte.
Según informes del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en los años noventa con la llegada de varias narcotraficantes a Barbacoas, Ipiales y Tumaco, algunos campesinos tuvieron que vender sus tierras o dedicarse a la siembra de cultivos ilegales, dejando de lado los tradicional cultivos de papa, café, maíz, trigo, cacao, plátano y caña panelera.
En el 2000, auspiciados por empresarios y narcotraficantes, llegaron los paramilitares del Bloque Libertadores Sur, un grupo que hacía parte del Bloque Central Bolívar y que estaba al mando de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Según han dicho de los desmovilizados este grupo llegó por órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño para ocupar los espacios donde hacia presencia las Farc y apropiarse de las ganancias que los guerrilleros obtenían del narcotráfico.
Sin embargo, en el informe, la Procuraduría cuestiona el rol antisubversivo de este bloque paramilitar, “Para la Procuraduría General de La Nación existen grandes dudas respecto del objetivo antisubversivo, en general del bloque central bolívar y en particular del bloque libertadores del sur, en los Departamento de Nariño y Putumayo”.
Según el documento, los ‘paras’ llegaron a los municipios donde los narcotraficantes tenían tierras y fue por este territorio que tuvieron disputas con los guerrilleros. Incluso, en recientes versiones libres han reconocido que es posible que le hayan cobrado el gramaje a los propios guerrilleros, que es una especie de impuesto por el cultivo y tránsito de la droga.
Mataron a los líderes y callaron a miles
Según cifras del Registro Único de Víctimas entre 1980 y 2013 solo en Tumaco han asesinado a 1.558 personas. Entre ellas varios líderes como la religiosa Yolanda Cerón Delgado, directora de la Pastoral Social, quien fue asesinada al mediodía del 19 de septiembre de 2001 en el parque central de la población. (Ver: Yolanda Cerón, religiosa de Nariño)
Los paramilitares asesinaron a Francisco Hurtado, representante legal del Consejo Alto Mira y Frontera, cuando efectuaba el censo para que se reconocieran los derechos de esta comunidad. También a otros líderes como Fabio Bedolla, Rafael Valencia y Armenio Cortés.
Estos líderes trabajaban para aplicar de la Ley 70 de 1993 que reconoce la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre las tierras baldías. Muchas esas estaban ocupadas por empresas palmeras.
Según el informe de la Diócesis, la muerte de estos líderes ocasionó un estancamiento y en ocasiones la desaparición de la organizaciones sociales, en especial de la conformación de los consejos comunitarios de los afrodescendientes y en los resguardos indígenas.
“Yo sentí mucho dolor y temor y miedo porque eso era lo que decían que a todos los seguidores (de Yolanda) nos iban a matar y que dejáramos eso”, recuerda Hilda Delgado, quien pertenece al consejo comunitario ACANURE.
Otra de las mujeres que conoció la labor de Yolanda asegura que “si no la hubiéramos perdido a la hermana Yolanda ya fuéramos otras personas, en cambio nosotros nos tocó quedarnos y estamos lento, lento como la tortuguita, cuánto hemos dado vueltas con el título colectiva y aún no lo tenemos en la mano”
En el siguiente video, la Diócesis de Tumaco recoge el testimonio de pobladores que trabajaron con Yolanda Cerón y Francisco Hurtado.
El informe de la Procuraduría también recuerda los líderes de la academia y sindicales de la Universidad de Nariño que fueron asesinados. Así sucedió con el estudiante de sociología Jairo Moncayo; la estudiante de economía Adriana Benítez y Martín Emilio Rodríguez que cursaba segundo año de derecho.
En Nariño esperan que las propuestas de reparación integral a las víctimas, consignadas los informes presentados por la Procuraduría y la Diócesis de Tumaco, sean tenidas en cuenta por los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá a la hora de proferir una sentencia contra los postulados de ese bloque paramilitar.
