El 2013 fue una dura prueba para la mayoría de líderes de tierras en esta zona del país, que recibieron amenazas constantes para bajarles el tono a sus reclamos. El Copey fue uno de los municipios con más amenazas.
Con un intimidante panfleto terminaron el 2013 los líderes de restitución de tierras del municipio de El Copey, la única población del Cesar que fue priorizada en su totalidad por la Unidad de Restitución de Tierras por considerar que las reclamaciones están dispersas en todo su territorio.
Una mujer y tres hombres, quienes desde sus asociaciones de víctimas han defendido los derechos de los campesinos que abandonaron sus tierras en la época de presencia paramilitar en la zona, recibieron un mensaje a través de un correo electrónico de una persona que se hace llamar ‘Estoquio Sostenes’ que supuestamente enviaba la banda ‘Los Rastrojos’. VerdadAbierta.com conoció apartes del intimidante recado:
“[…] pongan cuidado malparidos. Se les ha informado de diferentes maneras y no hacen caso y siguen con lo mismo. No queremos que manejen nada de lo de la restitución de tierras. No jodan con esa vaina o es que creen que estamos jugando […] No descansaremos hasta que ustedes se aquieten con esa joda de las tierras […] y para el que no haga caso: muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte… Los Rastrojos, Los Rastrojos, Los Rastrojos, Los Rastrojos en plan de limpieza por una Colombia Nueva”.
Y lo peor del caso es que en este mensaje no solo amenazaron a los tres representantes de asociaciones reclamantes de tierras, sino a nueve líderes más que hacen parte de las organizaciones de víctimas vinculadas a la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de El Copey. Es decir, son doce personas sobre las que recayeron las amenazas, número al que se suman otras amenazas que se registraron en el transcurso del año pasado, unas entre reclamantes y opositores, y otras de parte de grupos que argumentaban ser parte de las desmovilizadas autodefensas.
Carmen*, desde su Asociación Veredal de Víctimas ayuda a los campesinos que como ella y su familia, fueron desplazados de sus predios. “Si hay una ley que nos protege y que nos puede devolver lo que perdimos porque vamos a desistir de eso”, dijo la líder de tierra amenazada en el panfleto.
Diciembre pasado para ella y sus compañeros, junto con sus familias, fue mes de miedo y temor. Luego de la amenaza, las autoridades de El Copey realizaron un consejo de seguridad para analizar el tema, instados por la denuncia que hicieron los reclamantes ante la Defensoría del Pueblo en Valledupar.
*Carmen explicó lo sucedido: “tuvimos una reunión, era un consejo de seguridad y discutimos mucho con las autoridades porque ellos dicen que eso no es nada, que no le prestáramos atención. En esa reunión nosotros le dijimos al Alcalde que si nos pasaba algo era su responsabilidad. Es que si la amenaza fuera contra el Alcalde, ahí sí le prestaban atención, pero como somos nosotros nos dejaron a la buena de Dios”.
La líder fue enfática en decir que los líderes de víctimas y tierras en El Copey no encuentran apoyo en las autoridades locales: “No nos prestan atención y siempre quieren minimizar las amenazas”.
El Copey está situada en el noroccidente del departamento del Cesar, en los límites con el departamento del Magdalena, y sirvió de corredor a los paramilitares para desplazarse entre los dos departamentos. Sus tierras son aptas para diferentes cultivos. En los últimos 15 años, la siembra de palma se intensificó. Incluso, muchos reclamantes aseguran que tuvieron que vender sus parcelas bajo amenazas a amigos cercanos a las empresas palmicultoras, que luego les compraron a éstos para ampliar el negocio.
La Defensoría del Pueblo indicó que no es la primera vez que estos tres líderes reclamantes de restitución de tierras han sido objeto de amenazas proferidas por desconocidos.
“Específicamente sobre la situación de riesgo en que se halla *Carmen, portavoz de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, la Regional Cesar ha informado oportunamente al gobierno nacional para que se tomen las medidas correspondientes”, explicó Omar Contreras, defensor del Cesar. “Por eso pedimos las garantías de un entorno seguro para el ejercicio de sus actividades gremiales entre las víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado”.
Así va la restitución en El Copey
De El Copey, según la Unidad de Tierras del Cesar, se han recibido 415 solicitudes, representadas en 19 mil hectáreas, de las cuales 219 están en trámite. La coordinadora de la Unidad, Ketty Montes Herazo, explicó a VerdadAbierta.com que “al 70 por ciento ya le iniciaron el proceso administrativo y el 30 por ciento restante tienen dificultad para identificar los predios. A la Unidad le toca trabajar con las uñas porque existen muchos campesinos que no recuerdan donde queda su predio o a veces dan datos inexactos, incluso la parcela queda dentro de un predio grande”.
A esta situación se le suma la difícil geografía de El Copey, que va desde el terreno plano hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El acceso a los predios para comunicar los procesos a los poseedores actuales, según los funcionarios de la Unidad de Tierras, lo deben hacer muchas veces en mula y en recorridos hasta de ocho horas.
Las dificultades para la restitución también tienen que ver con que no existe coincidencia entre las bases catastrales y las registrales, y la realidad que presenta el solicitante. Este es el panorama que presenta la Unidad de Tierras para el caso de El Copey, donde aún no se ha hecho ni una restitución. Solo seis solicitudes están en los tribunales esperando sentencia.
Siguen las amenazas en otros municipios
En el departamento del Cesar no sólo El Copey registra amenazas contra sus líderes de víctimas y tierras. Codazzi es otro de ellos. A finales de noviembre de 2013, los líderes de víctimas de la organización de derechos humanos ‘Colombia Progresista’ cerraron sus oficinas por las constantes amenazas. (Ver; En Codazzi no se puede trabajar por las víctimas).
Otra de las amenazadas al finalizar el año fue la abogada y defensora de derechos humanos, Ludys Pedraza, quien es la asesora legal de 48 familias de la parcelación El Prado, en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro minero del Cesar (Ver: Sigue litigio por las tierras de El Prado en el Cesar).
Caso al que se le sumó la de Miguel Serna, líder de tierras de la vereda El Toco, en San Diego, norte del Cesar, quien en el 2013 sufrió de manera sistemática las amenazas y presiones por la defensa que hace en nombre de las 53 familias de esta parcelación.
Serna es el representante de la Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco y denunció que a finales de noviembre llegó hasta su residencia en el municipio de Codazzi, un supuesto desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que al parecer actualmente pertenece a un grupo armado ilegal post desmovilización, quien le dijo que “eso de la restitución de tierras no se va a dar porque los reclamantes no tienen plata en cambio los que actualmente tienen esas tierras sí la tienen y con ella pueden conseguir lo que quieran. Los reclamantes están acorralados y son muchos los perjuicios que van a tener. Piense en su familia porque lo único que usted va a obtener de seguir insistiendo en las tierras es la muerte”.
A este líder de tierras ya le habían ocurrido otros hechos, que también parecen ser parte de una cadena de intimidaciones contra él. En su denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de Codazzi, contó que en octubre pasado le hurtaron 28 cabezas de ganado y un mulo que tenía en una finca cercana, a la que llevó los animales con el permiso del dueño del predio.
“Desde hacía dos años le habían autorizado para que pastaran 29 semovientes, entre éstos ocho terneros y un toro. Más allá del robo en sí mismo y de la onerosa pérdida que ello entraña y que lo ha dejado en frágiles condiciones socioeconómicas, el hurto de estos semovientes los asume como una suerte de acción de hostigamiento ejemplarizante dirigido a golpearlo anímicamente con la finalidad que le baje el tono al trabajo organizativo que está adelantando en distintos escenarios, entre ellos la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir”, dijo el Defensor del Pueblo del Cesar en una carta enviada a la Unidad Nacional de Protección.
Las amenazas contra los reclamantes de tierras también se dan de manera individual. Y son varios los casos ya denunciados ante las autoridades, como los ocurridos en los municipios de La Paz y Pailitas, donde propietarios de predios en reclamación han recibido amenazas, uno mediante un panfleto del grupo Los Rastrojos y otro de parte del opositor, respectivamente.
Ante este panorama, los líderes de tierras en el Cesar esperan que este año el avance de los procesos de restitución sea más significativo. Desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, solo van seis restituciones y una compensación, de las más de 3.900 solicitudes provenientes de los 25 municipios cesarenses, que superan las 195 mil hectáreas.
