La guerra reciente del paramilitarismo y las guerrillas forzó a miles de caucanos a abandonar sus tierras, pero la compleja historia de despojo y el conflicto armado que sigue hacen difícil hacer justicia y restituir. Reportaje especial de VerdadAbierta.com.
En Cauca, la complejidad del conflicto y la reclamación de tierras por parte de distintas comunidades ha hecho difícil la caracterización sobre los abandonos y despojos de tierras. Sin embargo, el gobierno central considera que esta región se caracterizó más por abandonos masivos de predios. Foto: Semana.En el Cauca campesinos, indígenas y afrodescendientes reclaman tierra. Sin embargo, en el proceso de restitución que adelanta el gobierno con la Ley de Víctimas solo están siendo registradas las solicitudes de campesinos. La explicación es que la norma solo aplica para abandonos y despojos provocados por la violencia desde 1991, y los indígenas y afros consideran que su despojo ocurrió desde épocas de la Conquista y Colonia, situación que se agravó por la ausencia del Estado y decisiones dañinas del gobierno central durante muchos años.
En el país, el proceso de restitución comenzó en enero de 2012 pero en Cauca sólo arrancó en marzo de 2013, cuando la Unidad de Restitución abrió sus puertas en ese departamento. A esto se suma que aún continúa la violencia en gran parte del territorio caucano. El Estado ha determinado entonces que por los constantes enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública no hay aún suficientes garantías de seguridad para que los funcionarios puedan documentar todos los casos y, mucho menos, para que las familias desplazadas tengan un retorno tranquilo.
Según María Alejandra González, directora de la Unidad en esta región, quisieron comenzar por los municipios de El Tambo, Patía, Argelia, Cajibío y Piamonte, donde hay más solicitudes de restitución pero las fuerzas militares no les dieron el aval.
“Habíamos logrado la aprobación para entrar a otros municipios pero el conflicto lo ha impedido. Por ejemplo, en julio de 2013 las agencias de inteligencia y el Comitéde Restitución dieron luz verde para Caloto, Miranda, Corinto y Toribío, pero en una semana hubo hostigamientos de las Farc en Toribío, las autoridades incautaron drogas en Corinto y explotó un carro-bomba en Miranda”, dijo la funcionaria, quien agregó que el aval para esos municipios fue retirado el pasado mes de noviembre.
La restitución en el Cauca no solo es compleja por la violencia generada por los actores armados, también por las reclamaciones que hacen indígenas, afrodescendientes y campesinos, y la protección que hay sobre estas tierras.
En este departamento los indígenas tienen títulos coloniales y republicanos, unos títulos antiguos que les entregó la Corona Española y que fueron reconocidos por Simón Bolívar en 1820 con la fundación de Colombia; los afros, generaciones de familias descendientes de los esclavos traídos por los españoles, reclaman territorios colectivos que les comenzaron a ser reconocidos con la Ley 70 de 1993, y los campesinos piden la titulación de los predios que comenzaron a colonizar después de la violencia de los años 50.
Las tierras de indígenas y afros están protegidas por ley. Y, además, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), una gran parte del territorio, sobre todo en la zona Pacífica, está protegido, al menos en el papel, por la figura de Zona de Reserva Forestal creada por la Ley 2 de 1959. El Cauca también es la principal fuente hídrica del país porque allí nacen los ríos Magdalena y Cauca, y cuenta con los parques naturales Munchique y Puracé, por lo que el Igac ha sugerido que las zonas que rodean estas regiones de diversidad sean protegidas.
Según el Igac, las zonas de reserva ecológica ambiental están en el piedemonte de la cordillera occidental en los municipios de López, Tambo y Argelia, y en el piedemonte sur y norte de la cordillera central, bordeando los municipios de Miranda, Toribío, Jambaló, Páez, El Tambo, Puracé, Totoró, Sotará, San Sebastián y Santa Rosa.
Aunque el Cauca tiene 3 millones de hectáreas y el Igac considera que 60 por ciento de su suelo, es decir 1 millón 800 mil hectáreas, ha tenido un uso adecuado, las pocas tierras más fértiles que tiene el departamento en la zona norte han ido perdiendo su productividad debido a los extensos cultivos de caña de azúcar y pino.
En este departamento habitan 1 millón 300 mil habitantes, de los cuales el 58 por ciento son campesinos; el 21 por ciento son afrodescendientes y 20 por ciento son indígenas. El Igac indica que por lo menos 65 por ciento de la población vive en el campo y se dedica a las actividades agrícolas, principalmente el pastoreo. En los mapas del Igac, puede verse que la mayoría de los afros viven en el occidente del departamento en la zona del Pacífico; los campesinos mestizos más hacia el centro, en la zona de cordillera, así como en el sur en la bota caucana, mientras los indígenas en el nororiente.
En el Cauca, el conflicto intercultural parte de que los indígenas consideran que han sido despojados desde tiempos de la Conquista española y luego en el siglo XVI con la creación del sistema de haciendas que redujo su territorio a los conocidos resguardos. Los afros consideran que después de ser esclavizados han tenido que pelear porque se les respete sus territorios colectivos, cohesionados por los consejos comunitarios. Y los campesinos aseguran que llegaron durante la violencia de los años 50 y que merecen que el gobierno les titule las zonas de reserva campesina.
Aunque no hay coincidencia de las fuentes oficiales, Dane, la Corporación Regional Ambiental (CAR) y el Igac, acerca de quién posee la tierra en el Cauca hoy, un completo estudio realizado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Universidad Javeriana de Cali encontró, cruzando distintos registros del gobierno, que los títulos de comunidades indígenas suman por lo menos 612 mil hectáreas. Estas tierras hacen parte de 100 resguardos, 47 de ellos contítulos coloniales y republicanos, y otros 53 reconocidos mediante resoluciones emitidas por el Incoder y que les pertenecen a 13 comunidades indígenas: Ambaló, Eperara Siapidara, Guanacas-Nasas, Inga, Kokonuvo, Kokonuco-Yanakona, Kokonucos-Pubenences, Misak, Misak-Quizgó, Nasas, Polindara, Totoró y Yanakonas.
El mismo estudio indica que ante el Ministerio del Interior están registrados 22 consejos comunitarios de afros dueños de tierras colectivas, pero sólo 17 de éstos están avalados por resolución del Incoder y suman 574 mil hectáreas: cinco están en Guapi, siete en Timbiquí y cinco en López de Micay.
No hay información disponible sobre cuánto son los predios titulados o baldíos explotados por campesinos. El citado informe encontró en bases de datos del Incoder y el Fondo Nacional Agrario, que la mayoría de los campesinos se concentra en los municipios de Argelia, Rosas, Sucre, Cajibío, El Tambo, Sotará y La Vega, pero sugiere que debe realizarse un estudio, como el de comunidades indígenas y afros, para determinar la cantidad de predios que ocupan y reclaman los campesinos.
Campesinos organizados hoy le solicitan al Incoder que les formalice la propiedad de tierras que han cultivado durante años bajo la figura de Zona de Reserva Campesina. En el Cauca piden que les formalicen varios predios que han trabajado en Inzá-Totoró, Itaibe-Páez, Corinto, Miranda, Caloto y La Vega.
Pero gran parte de la tierra en Cauca está en manos de grandes terratenientes que cultivan pino, caña de azúcar o se dedican al pastoreo intensivo. Según un estudio académico realizado por la Universidad Nacional en 2010 y retomado por el estudio del Incoder y la Universidad Javeriana, para el 2000 en el Cauca se calculaba que 61 por ciento de la tierra estaba en manos del 5 por ciento de los propietarios.
Según datos del Igac, en 2002 el coeficiente Gini (que indica la desigualdad) para este departamento se situaba entre el 0,8 y el 0,9, lo que revela una alta desigualdad en la distribución de la propiedadde la tierra (entre más cerca a uno, la concentración es mayor).
El Atlas de la propiedad rural en Colombia, un estudio realizado por la Universidad de los Andes y el Igac publicado en 2010, indicó que el Cauca era el departamento con el sexto Gini más alto del país y sostuvo que solo una mejor distribución de propiedad disminuiría los conflictos por la tierra.
Saber cómo está distribuido el territorio en el Cauca es tan complejo que el Igac firmó un convenio con la CAR para ampliar la escala de la cartografía del departamento, es decir, desarrollar mapas en detalle. Según Juan Antonio Nieto, director nacional del instituto, esto permitirá delimitar los recursos hídricos, las cuencas, las zonas de conservación, actualizar la vocación de los suelos y los territorios poblados por las distintas comunidades étnicas.
El Incoder decidió, por su parte, realizar una radiografía sobre los conflictos por la tierra en este departamento porque precisamente no había claridad sobre cuáles eran las disputas entre las comunidades, qué predios habitaban y qué reclamaba cada uno, para poder convocar a las mesas de concertación y llegar a acuerdos. Desde 2005, el gobierno de Álvaro Uribe se comprometió con el Consejo Regional Indígena de Cauca (Cric) a adquirir 7 mil hectáreas para los resguardos indígenas, y otras mil para las comunidades indígenas de Caldono.
Durante este proceso, los afros y los campesinos también reclamaron y le pidieron al gobierno incluirlos en el proceso de compras de tierras. Según datos del Incoder, desde el comienzo de su período, el presidente Juan Manuel Santos ha destinado 60 mil millones de pesos para ello. Por el momento, el gobierno sigue convocando a las mesas interétnicas, reuniones en las que participan representantes de cada comunidad para ponerlos de acuerdo y decidir qué tierra le corresponde a cada uno.
La Unidad de Restitución de Tierras yla Defensoría del Pueblo coinciden en que el conflicto por la tierra en esta región tiene entonces dos causas: una, la generada por la presencia de distintos actores armados y el narcotráfico; y la otra, causada por años de abandono del Estado que no resolvió las reclamaciones históricas de indígenas, afros y campesinos.
La explosión del conflicto
La violencia se enquistó en Cauca en las últimas décadas. Por sus costas, ríos y montañas han marchado guerrilleros, paramilitares y bandas criminales, dejando muerte, dolor y terror a su paso. Foto: Semana.Los conflictos contemporáneos por la tierra comenzaron en los años 60. El informe Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en Cauca Indígena, del Centro de Memoria Histórica, relata que la violencia durante la década del cincuenta impulsó la expansión de las haciendas. Además, el anuncio de la reforma agraria hizo que muchos terratenientes expulsaran a los terrajeros (indígenas que pagaban con su trabajo el acceso a una parcela) y tras los brotes de la guerrilla, el Ejército comenzó a hacer las primeras incursiones en la región. Todo lo anterior generó el desplazamiento de los habitantes del campo caucano.
Lo mismo provocó el cultivo de caña en el norte del Cauca. El informe de Memoria Histórica señala que el bloqueo estadounidense a las exportaciones de azúcar provenientes de Cuba, generó una bonanza que hizo que comunidades enteras de afros e indígenas de los municipios de Santander, Caloto, Corinto, Padilla, Miranda y Puerto Tejada fueran expulsados por hacendados. Cansados de los abusos y de la concentración de la propiedad rural, en los años 70 los indígenas fundaron el Consejo Regional Indígena el Cauca (Cric) y los campesinos la Federación Social Agraria (Fesagro).
Mientras las comunidades se organizaban para reclamar las tierras que consideraban suyas y en las que habían sido obligados a trabajar primero como esclavos y luego bajo distintas formas de servidumbre, en las zonas montañosas aparecían los primeros grupos guerrilleros. Las Farc nacieron en el departamento cuando viejos combatientes agrarios del centro del país se reagruparon en 1964 en Riochiquito, un área montañosa del Cauca, en la región de Tierradentro, entre los municipios de Belalcázar e Inzá, donde fundaron el Bloque Sur. Para esa misma época, el Ejército de Liberación Popular (Epl) comenzó a hacer presencia en el municipio de Corinto.
En los años 70, varios campesinos del corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, conformaron un grupo de sino político contrario: crearon autodefensas para protegerse del ataque guerrillero. Tras el asesinato de dos líderes de la comunidad a manos de las Farc, las Autodefensas Campesinas de Ortega empuñaron las armas en 1977. Ese mismo año, el M-19 se concentró en el norte del departamento, en la región de Tierradentro, donde dio entrenamiento a un grupo de indígenas que conformaron lo que en 1984 se conoció como el Movimiento Armado Quintín Lame, para defenderse de los ataques de los hacendados, militares, funcionarios del gobierno y de otros grupos guerrilleros.
Durante dos décadas la violencia se recrudeció desde que los indígenas decidieron recuperar las tierras a pulso, entrando a antiguas haciendas y enfrentándose durante los desalojos con la Fuerza Pública. El gobierno lo reconoció en un informe que publicó la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, que registró 155 denuncias por hechos atribuidos en su mayoría a terratenientes y agentes estatales entre 1972 y 1979.
“La mayor parte de las denuncias están relacionadas con problemas de tierras, 68 casos, que equivalen a 44 por ciento del total; le siguen 52 acciones represivas o abusos cometidos por agentes estatales (34 por ciento); 16 denuncias contra instituciones gubernamentales (10 por ciento) y 14 asesinatos (9 por ciento)”, señala Memoria Histórica. El 80 por ciento de los casos ocurrieron en el nororiente, en Toribío, Caldono, Jambaló, Silvia, Totoró, Tierradentro y Coconuco. En 1985, el Cric había denunciado la interferencia de las Farc en la vida de las comunidades y su oposición a que esta guerrilla y el Ejército hicieran presencia en su territorio.
Estas disputas de los años anteriores hicieron que el Cauca convulsionara en los 90. El 16 de diciembre de 1991 cuando el pueblo Nasa intentaba recuperar la hacienda El Nilo, en el municipio de Caloto, 21 indígenas fueron masacrados. Las movilizaciones llevaron a que el gobierno firmara con la comunidad el 23 de diciembre un acuerdo en el que se comprometía a comprarles durante los siguientes tres años 15.600 hectáreas. En 1995 el gobierno reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la masacre ocurrió con la complicidad de miembros de la Policía Nacional.
Para esta década, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, las Farc ya se habían consolidado en el territorio haciendo presencia con el Frente 6 en el norte y en el sur con los Frentes 8, 60 y 64. El Eln con el Frente José María Becerra en el centro, en Popayán, Cajibío, Morales, Piendamó y Totoró, y en el sur y en la bota caucana con el Frente Manuel Vásquez Castaño. El combustible de la guerrilla provenía de los lucrativos cultivos de amapola y coca que los campesinos empobrecidos le vendían a los narcotraficantes con rutas de exportación por el Océano Pacífico.
Según el Observatorio, tomando datos del Sistema Integrado de Monitorio de Cultivos Ilícitos (Simci), en 2006 en el Cauca había 2.104 hectáreas de coca, siendo el noveno departamento más afectado después de Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Antioquia, Vichada, Caquetá y Bolívar. Estos cultivos se concentraban en los municipios sobre la cordillera occidental como El Tambo, la región sur, la bota y el Pacífico, mientras los de amapola se ubicaban sobre la cordillera central, en Bolívar, Almaguer, La Vega, La Sierra, San Sebastián, Rosas, Sotará, Inzá y Páez.
Sin embargo, con el paso del tiempo la situación empeoró y los cultivos aumentaron más del triple en algunos años. La Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (UNODC) documentó que en 2007 había 4.168 hectáreas sembradas con coca, 5.422 hectáreas en 2008, 6.597 hectáreas en 2009, 5.908 hectáreas en 2010, 6.066 hectáreas en 2011 y 4.325 hectáreas en 2012. Cauca finalizó 2012 en el cuarto puesto de departamentos con más hectáreas de cultivos de coca, detrás de Nariño (10.733), Putumayo (6.148) y Norte de Santander (4.516).
Guerrilla y narcotráfico generaron los primeros desplazamientos. Aunque antes de 1997 el gobierno no llevaba un registro de las expulsiones, entre ese año y 1999 el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd) reportó que 3.742 personas salieron desplazadas. La situación recrudeció en 2000 cuando los paramilitares llegaron al territorio: de 648 desplazamientos registrados en 1999 el departamento pasó a tener 20.075 desplazados en 2000.
Según lo han relatado varios desmovilizados ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los paramilitares llegaron en mayo de 2000 como un brazo de las Auc de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Entraron por el Valle del Cauca y fueron propagándose por 21 de los 42 municipios. Los primeros 54 paramilitares provenían de Tulúa, Valle, y fueron el origen del Frente Farallones del Bloque Calima, que con el paso del tiempo, se extendió desde el norte del Cauca hasta llegar a los límites con el Nariño.
Este primer grupo sometió a su régimen a los pobladores de Jamundí (Valle) y Buenos Aires (Cauca). Luego pasaron por los cascos urbanos de Santander de Quilichao y Puerto Tejada, donde cometieron múltiples asesinatos. En 2001, el Frente Farallones se extendió a Popayán, la capital del departamento. Lo mismo hizo en otros municipios del centro del Cauca, donde continuaron con los asesinatos señalando a sus víctimas de ser presuntos integrantes de la guerrilla.
Sin embargo, su real interés era controlar integralmente el negocio del narcotráfico. En varias confesiones ante la Fiscalía, desmovilizados del grupo contaron que al Cauca llegaron con el apoyo de Francisco Javier Zuluaga alias ‘Gordolindo’, quien fue extraditado a Estados Unidos solicitado por el distrito sur de la Florida y precisamente fue expulsado del proceso de Justicia y Paz en septiembre de 2013 por no decir la verdad y ser narcotraficante.
La presencia del grupo paramilitar en el sur del departamento se extendió desde El Bordo hasta Mercaderes y Florencia. En algunos sectores cometieron delitos en complicidad con el Bloque Libertadores del Sur, que estuvo en Nariño y perteneció al Bloque Central Bolívar, cuyo jefe máximo fue Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Además del Frente Farallones del Calima, en Cauca también hicieron presencia de forma temporal los frentes Pacífico y La Buitrera del Bloque Calima.
En 2001, un grupo de 20 hombres a cargo de ‘El Cabo’ delinquió en la parte costera del departamento, principalmente en Timbiquí, Guapi y López de Micay, hasta que la Fuerza Pública les propinó varios golpes además de tener problemas con el Bloque Libertadores del Sur.
Entre los crímenes del Frente Farallones del Bloque Calima están las desapariciones forzadas que cometieron en Santander de Quilichao donde arrojaron los cuerpos de sus víctimas al río Cauca, los múltiples asesinatos contra presuntos pandilleros y drogadictos en Puerto Tejada y las decenas de masacres que dejaron en el departamento. La más documentada fue la de El Naya, una región limítrofe entre el Cauca y el Valle, donde alrededor de 120 paramilitares realizaron un recorrido de muerte durante la Semana Santa de 2001, dejando 27 muertos y empujando por los menos a 3 mil personas a abandonar sus tierras por el terror.
Otra de las matanzas matanza en el departamento fue la de Gualanday. El 18 de noviembre de 2001, los paramilitares asesinaron a 14 campesinos e indígenas de la zona rural de Corinto que se movilizaban en una chiva. Diez de las víctimas iban en ese transporte público y les dispararon mientras estaban tendidas en el suelo. También fueron acribilladas otras cuatro personas que pasaban por el sitio.
La masacre de La Rejoya, en Popayán, fue similar a la de Gualanday. El 15 de enero de 2001 varios paramilitares detuvieron una chiva y asesinaron a diez de sus ocupantes que fueron señalados por un hombre que tenía su rostro encapuchado. En una confesión ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, alias ‘Romario’ declaró que una mujer conocida como ‘La Gorda’ los enlazó con un oficial del Ejército y que éste, a su vez, los contactó con un soldado conocido como ‘Rayo’, quien fue el que señaló a las víctimas.
Uno de los grandes crímenes del Bloque Calima que hasta ahora no ha sido investigado en profundidad por las autoridades fue la toma de El Carmen, vereda del municipio de Piendamó. Ante fiscales de Justicia y Paz, víctimas de esa vereda denunciaron por primera vez que en marzo de 2001, los paramilitares llegaron a esta apartada región y los utilizaron como escudo humano para evitar que las Farc los asesinaran en una emboscada que les tendieron.
El Bloque Calima (y sus frentes Farallones, La Buitrera y Pacífico) se desmovilizó el18 de diciembre 2004 en Bugalagrande, Valle del Cauca. En la Fiscalía de Justicia y Paz, a los paramilitares del Bloque Calima se les atribuyen 2.306 homicidios, 1.367 desplazamientos forzados y 180 desapariciones forzadas, entre otros crímenes. Según el registro oficial, los municipios con más desplazados entre 1997 y 2010 fueron El Tambo, Buenos Aires, Argelia, López, Bolívar y Cajibío.
La tierra abandonada
En el departamento de Cauca, hasta el 13 de diciembre de 2013, se radicaron 1.212 solicitudes de restitución por 37.029 hectáreas. Foto: Semana.Aunque el drama humanitario por el desplazamiento y la violencia en Cauca continúa hasta hoy, no hay un registro claro de cuántas tierras han sido abandonadas y despojadas por el conflicto armado. El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, publicado en abril de 2013, advierte que está entre los departamentos con más desplazamientos masivos y que las condiciones de vida de sus habitantes se han ido deteriorando por la violencia generada por la guerrilla y las bandas criminales.
Entre 1997 y agosto de 2010, de este departamento salieron desplazadas 140 mil personas, que se calcula abandonaron unos 14 mil predios que suman 73 mil hectáreas, según datos de los antiguos Registros Únicos de Población Desplazada (Rupd) y de Predios y Territorios Abandonados (Rupta).
Sin embargo, estos datos aún no representan cuánta tierra ha sido usurpada en esta región. Primero, porque la Unidad de Restitución de Tierras comenzó a funcionar hace menos de un año y apenas están conociendo ahora cómo es el proceso. Y aún si eventualmente lo conocieran, sólo unos pocos se animarán a hacer las denuncias, pues no se sienten seguros. Segundo,porque esa ley solo beneficia a las víctimas que perdieron sus tierras con violencia desde 1991, y los indígenas y afros consideran que fueron despojados hace dos siglos.
Hasta el 13 de diciembre de 2013, ante la Unidad de Restitución del Cauca 1.212 familias solicitaron la restitución de 37 mil hectáreas. Pero los funcionarios solo han podido dar trámite y documentar los casos de Popayán, Santander de Quilichao, Piendamó y Timbío por la presencia de los diferentes grupos armados que rondan el departamento y los constantes enfrentamientos entre las guerrillas y la Fuerza Pública.
María Alejandra González, directora de la Unidad de Restitución en Cauca, explicó que mientras el gobierno garantiza la seguridad en la región, la institución ha ido documentando 99 solicitudes a las que se les dio prioridad, para presentar las respectivas demandas ante el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Popayán.
A finales de diciembre de 2013, la Unidad presentó ante el Juez de Restitución sus primeras demandas, ocho en total, con las que 17 familias de Popayán y Santander de Quilichao buscan recuperar 115 hectáreas que perdieron a causa de la violencia. Además, esa entidad planea radicar en los primeros meses de 2014 cerca de 40 solicitudes de restitución y formalización de tierras relacionadas con víctimas de Santander de Quilichao y Piendamó.
En los municipios que no cuentan con condiciones de seguridad, que son gran parte del departamento, González indicó que los funcionarios han hecho aproximaciones en las cabeceras municipales con organizaciones de víctimas para conocer el contexto de cada municipio.
En el trabajo de campo, los funcionarios encargados del análisis de los casos aseguran que el Cauca, muy diferentes a los de otras regiones como la Costa Caribe y el Urabá, el conflicto no produjo despojos masivos bajo presión ni transferidos a terceros, sino que lo que hubo fue un abandono masivo de tierras. Esto se explica en que el conflicto por la tierra en esta región es de origen intercultural, donde un gran parte de los terrenos carecen de títulos y el principal actor armado ha sido las Farc que, contrario a los paramilitares, se caracterizó más por generar abandono que despojo.
“Salvo algunos municipios, uno no encuentra patrones típicos de despojo. Obedece a otras tipologías diversas, con actores y tiempos diferentes”, señala un funcionario de la Unidad, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.
Algunos municipios en los que se mencionan presuntos autores con mayor frecuencia son los de cordillera, en donde la guerrilla ha tenido presencia histórica; y algunos del norte de Cauca como Santander de Quilichao o Buenos Aires, en donde los paramilitares del Bloque Calima de las Auc se asentaron cuando ingresaron al departamento desde Valle del Cauca.
Pero en la mayoría de los 99 casos que han sido documentados, no hay un claro patrón de despojo, porque las circunstancias de cada uno son muy diferentes. Por ejemplo, en el municipio de Piendamó, donde la Unidad ha documentado diez casos hasta la fecha, dos se encuentran en la zona urbana y los restantes en la zona rural. Del total, siete predios fueron presuntamente abandonados de manera forzada y los tres restantes fueron despojados.
En nueve casos se presentó el desplazamiento en primera instancia y luego las víctimas se vieron obligados a vender dada la necesidad o el temor a regresar. El periodo de tiempo en el que ocurrieron los casos es muy amplio y no es constante: el primer caso ocurrió en 1995 y el último en 2011. En siete casos se señala como presunto responsable a las Farc, en uno a las Águilas Negras, en otro a presuntos testaferros del narcotráfico, y en el restante a un grupo guerrillero sin identificar.
Otra situación que hace que el despojo de tierras no se haya dado con gran magnitud en Cauca, como en el Caribe y los Llanos es la alta densidad de grupos étnicos organizados. Este departamento es sede de 100 resguardos indígenas y 17 consejos comunitarios afro que defienden sus territorios y sus derechos con ahínco.
“El Cauca es sui generis porque hay muchos territorios que son resguardos indígenas y tienen protección por su componente jurídico. Similar pasa en la zona Pacífica con los afro y algunos grupos indígenas. Que sean territorios colectivos, reconocidos y amparados por la Constitución, ha sido un respaldo”, asegura Mauricio Redondo, defensor Regional del Pueblo.
En esto coinciden Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa y también otro líder indígena que representa un consejo comunitario del norte del Cauca, quien pidió mantener en reserva su identidad, por seguridad. Ambos creen que además de la protección que les da la Ley, el proceso organizativo que han desarrollado por décadas blindó sus territorios de despojo por parte de los armados. Aunque reconocen que han sido víctimas de desplazamiento, sus tierras no les fueron arrebatadas en forma masiva.
Los conflictos por la tierra
El Incoder estima que existen por lo menos 40 conflictos por la tierra, algunos de ellos interculturales entre las comunidades indígenas, afro e indígenas, y otros de estas poblaciones con agroindustrias y mineras que explotan sus territorios que consideran ancestrales. Fotos: Semana.En el Cauca, el conflicto no solo se limita al generado por los grupos armados ilegales sino también a las diferencias que hay entre las comunidades sobre cuáles territorios les pertenecen, una situación agravada por la omisión del Estado que durante muchos años no atendió esos problemas y en los que respondió tomó decisiones que agravaron los pleitos.
El citado informe del Incoder y la Universidad Javeriana de 2013 encontró que el conflicto por la tierra en el Cauca se concentra en la franja norte de la cordillera central del departamento, una zona donde ha recrudecido la guerra y en la que el gobierno desarrollar su política de Consolidación que busca recuperar los territorios donde ha habido cultivos ilícitos y violencia para que allí impere la ley y mejoren las condiciones de vida de la gente.
“Los casos de tensión y conflicto recurrente no son étnicos (indígenas y afrodescendientes) sino interculturales… las situaciones de conflicto presentes en el Cauca son entre indígenas y campesinos, e indígenas y afrodescendientes. El más frecuente y potencial es entre indígenas y campesinos”, señala el informe.
Los investigadores encontraron diversos conflictos entre indígenas o afrodescendientes y campesinos: siete de ellos urgentes en Popayán, Cajibío y Caloto, y ocho potenciales en los dos últimos municipios así como en Miranda, Totoró, Inzá, Paéz y Bolívar, donde ha habido incluso muertos y enfrentamientos por la tierra. (Mapas de conflictos urgentes y potenciales)
Uno de estos casos es el del predio El Mediecito o La Selva. El terreno fue tomado por indígenas del Cabildo de Quintana en zona rural de Popayán porque consideran que el Incoder cometió el error de emitir una convocatoria de subsidio de compra de tierras en esta región en 2009 para titularles fincas a 13 familias campesinas, a donde desarrollaran un proyecto de ganadería y cultivos de tomate, granadilla y habichuela. Los indígenas aseguran que están en este predio de 69 hectáreas desde 1999 y que hace parte de sus solicitudes de ampliación del resguardo y que los campesinos deben ser titulados en otro predio.
Muy similar es el caso de El Naranjo, en Cajibío. El terreno, de 46 hectáreas, fue adjudicado por convocatoria delIncoder a 11 familias desplazadas campesinas. Sin embargo, indígenas Nasa del Cabildo de Jebalá se opusieron y ocuparon el terreno señalando que el predio les pertenecía como parte de su reclamación de ampliación de resguardo. En junio de 2012, los campesinos llegaron a reclamarles las tierras a los Nasa y les quemaron algunas viviendas.
En Santander de Quilichao el conflicto es entre indígenas Nasa del Cabildo de Toribío y comunidades afro de los consejos comunitarios de Mazamorreros, Brisas del Río Cauca y Cerro Tetas. En 2007, el Ministerio del Interior adquirió los predios San Rafael y Corcovado que suman 517 hectáreas para entregárseos a los indígenas para cumplir los compromisos pactados en el Acuerdo del Nilo (derivado de la masacre contra indígenas ocurrido en 1991). Los afros se opusieron y ocuparon el territorio señalando que estos predios les pertenecen desde hace muchos años. La disputa causó la muerte de un integrante de la comunidad Nasa.
En Silvia, por ejemplo, el conflicto es entre los cabildos indígenas de Ambaló, que pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y Guambia, que pertenece a las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). El gobierno en su promesa de comprar tierras para estas comunidades avaluó la compra de las fincas Hacienda Ambaló, Puerta de Hierro y Los Chiguacos. Entre los dos cabildos hay diferencias sobre la titulación de Puerta de Hierro, pues ambas comunidades consideran que el predio les pertenece. En el pasado, este conflicto dejó varios muertos de parte y parte.
Los conflictos potenciales son también entre distintas comunidades. En Cajibío, los campesinos han estado en tensión con los indígenas Nasa y Misak. El informe documentó que las organizaciones campesinas de Cajibío se oponen a la constitución y ampliación de resguardos, así como a compras de tierras para indígenas en su jurisdicción.
Aunque son por lo menos 15 los conflictos entre comunidades por la definición y explotación de territorios, el estudio del Incoder y de la Universidad Javeriana encontró que en total hay por lo menos otros 25 conflictos identificados por los indígenas, afros y campesinos con la industria de la caña, parques industriales, multinacionales, empresas avícolas y ladrilleras, proyectos viales así como concesiones para la explotación de oro.
Según el estudio, estos conflictos tienen que ver con las distintas visiones de desarrollo que tienen las comunidades, la empresa privada y el gobierno; el desconocimiento de los derechos adquiridos por parte de indígenas, afros y campesinos.
Los retos de la restitución
El camino para el retorno a casa de los despojados y desplazados se encuentra con muchos obstáculos. El principal de ellos es un conflicto armado que no ha cesado en décadas. Foto: Semana.En el Cauca, el principal obstáculo es el conflicto armado que ha impedido que la Unidad de Restitución llegue a los territorios y pueda documentar los casos. Como lo explicaron varios funcionarios que trabajan en terreno, aunque saben que en general el departamento sufrió un desplazamiento masivo que condujo al abandono de tierras, aún no tienen muy claro qué sucedió en cada región y cómo ocurrieron los contados casos de despojo por ahora denunciados.
María Alejandra González, directora de la Unidad de Restitución en Cauca, dijo que pese a las intenciones de avanzar en el proceso no pueden poner en riesgo a las víctimas. “Este proceso es para que la víctima pueda retornar y gozar realmente del derecho al territorio… pero en medio del conflicto armado eso es muy complejo”, dijo la funcionaria.
Después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Calima 2003, el conflicto continuó con la aparición de las bandas criminales. Estas son grupos al servicio del narcotráfico integrados por ex paramilitares que no participaron del proceso de Justicia y Paz. Aunque en el departamento han circulado panfletos y amenazas firmadas por ‘las Águilas Negras’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’, según la Defensoría del Pueblo en ese departamento solo ha habido presencia de ‘Los Rastrojos’, en sus orígenes un ejército privado de Wílber Alirio Varela alias ‘Jabón’, un jefe del Cartel del Norte del Valle.
En la actualidad, ‘los Rastrojos’ son una banda dedicada al narcotráfico, que estuvo al borde de la desaparición tras la muerte del capo Varela en Venezuela, se reorganizaron y aprovecharon la situación de debilitamiento que sufrieron las Farc en 2007 para controlar el negocio ilícito en el Cauca.
Según la Defensoría, en ese año las Farc y el Eln chocaron entre sí por el control de los cultivos de coca en los municipios de El Tambo, Patía y Argelia. A los golpes que les dio el Eln, a las Farc les cayeron tres operaciones militares que duraron alrededor de seis meses y fueron conocidas como Espada 1, Espada 2 y Espada 3. Producto de esos dos frentes de batalla, los Frentes 8 y 60 de las Farc perdieron a muchos de sus integrantes, bien fuera caídos en combate o por deserciones en sus filas. Para protegerse, se desplazaron de la zona de cordillera hacia la Costa Pacífica. El espacio que dejaron fue rápidamente copado por una alianza entre ‘Los Rastrojos’ y guerrilleros del Eln, que en esta zona han sido especialmente laxos frente a su involucramiento en el narcotráfico.
La presencia de ‘Los Rastrojos’ en esos tres municipios de cordillera duró hasta el finales de 2009, cuando las Farc y el Eln llegaron a un acuerdo para volver a retomar juntos el sector tan apetecido por sus cultivos de coca y sus corredores hacia el Pacífico.
Sin el apoyo del Eln, ‘Los Rastrojos’ sufrieron varios golpes por parte de las Farc. Uno de los más graves ocurrió en Argelia en 2010, donde, según registros de la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 20 de sus integrantes. En esta ocasión ‘Los Rastrojos’ se trasladaron hacia las bocanas de los ríos Micay, Timbiquí y Guapi, afectado una región histórica de asentamiento afro, desde donde siguieron ligados al circuito del narcotráfico en Cauca. En esos municipios tuvieron enfrentamientos con la guerrilla y con la Armada, los cuales generaron grandes desplazamientos.
En 2011, las Farc avanzaron nuevamente hacia la Costa y terminaron por sacar a ‘Los Rastrojos’ de la región. Esos enfrentamientos generaron más desplazamientos. El 8 de diciembre de 2011, según registros de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), más de 300 habitantes de la comunidad de Playa Cuerval, se vieron forzadas a huir hacia el casco urbano por los enfrentamientos entre las Farc y esa banda criminal.
Según los datos de las autoridades, ‘Los Rastrojos’ están en Buenaventura (municipio limítrofe de Valle del Cauca con Cauca), en donde libran una guerra a muerte con ‘Los Urabeños’ y siguen ligados a la cadena de narcotráfico del suroccidente colombiano.
Para el informe del Incoder-Universidad Javeriana, el Cauca sigue siguiendo una zona de interés estratégico para las economías ilegales derivadas o vinculadas al conflicto armado. “La intensidad del Plan Colombia en el oriente del país significó el desplazamiento de las áreas de cultivo ilícito hacia el Departamento del Cauca, así como la tendencia a sacar y entrar mercancías ilegales por las rutas que conectan el corredor sur de la guerra en el país, desde el Pacífico hasta la fronteras selváticas del suroriente”, señala el informe.
Pese al crudo panorama, las comunidades confían en los procesos que adelanta por un lado el Incoder, para esclarecer los territorios étnicos y cumplir con la titulación y compras de tierras para indígenas, afros y campesinos. Y en medio de la diversas dificultades, la Unidad de Tierras ya presentó las primeras demandas de restitución ante un juez especializado de tierra, intentando hacer su trabajo hasta donde pueda.
N de la R: En otros reportajes, VerdadAbierta.com ahondará en los conflictos de tierra y las dificultades para la restitución en el Cauca. Si usted tiene información o documentación al respecto por favor escribir al correo verdadabierta@gmail.com
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