El estudio de Human Rights Watch sobre la violencia contra líderes advierte sobre los obstáculos a la restitución y pide a las autoridades más atención a las denuncias.
Amenazas, desplazamientos y asesinatos cometidos por grupos armados ilegales en las regiones y la falta de una justicia que investigue de forma más ágil y persiga a los autores de estos crímenes, son los principales obstáculos para lograr un real proceso de restitución de tierras en el país.
Esa es la conclusión de la organización estadounidense Human Rigths Watch (HRW) en su último informe sobre Colombia, titulado El riesgo de volver a casa, que fue presentado este martes en Bogotá. En esta ocasión, el análisis se enfocó en la violencia y amenazas contra desplazados que reclaman la restitución de sus parcelas, arrebatadas por grupos armados ilegales, particularmente por organizaciones paramilitares. (Léalo aquí).
La organización no gubernamental entrevistó entre febrero de 2012 y julio de 2013 a 130 líderes reclamantes, documentó casos de abusos contra reclamantes y entrevistó a funcionarios encargados del proceso de restitución. A través de sus testimonios encontró que la situación es crítica en Chocó, Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena y Córdoba, donde está registrado el mayor volumen de amenazas y asesinatos contra líderes reclamantes de tierras.
En 28 de los 32 departamentos del país, 520 personas que reclaman la restitución de tierras denunciaron desde enero de 2013 que fueron amenazadas, siendo Chocó y Antioquia las regiones donde las víctimas han presentado más denuncias.
Aunque no hay un consenso sobre el número de líderes asesinados durante la última década, los datos preocupan. La Defensoría del Pueblo indica que 71 desplazados que exigían la restitución de sus parcelas fueron asesinados entre 2006 y 2011. La Fiscalía, según datos actualizados hasta agosto de 2013, investiga 49 casos que involucran el asesinato de 56 reclamantes ocurridos desde 2000.
En su trabajo de campo, Human Rigths Watch documentó 17 casos de asesinatos desde 2008 en los que 21 líderes perdieron la vida y, según sus datos, sobre ellos “existen pruebas convincentes de que los ataques fueron motivados por reclamos de tierras”.
‘Bacrim’, el principal responsable
El informe advierte que aunque los reclamantes son amenazados por todos los actores armados ilegales, los más señalados en las denuncias por las víctimas y por las autoridades son las llamadas ‘bandas criminales’, identificadas como ‘bacrim’, integradas en mayor medida por ex paramilitares que continuaron con el negocio del narcotráfico.
La más mencionada por las fuentes consultadas por HRW son los ‘Urabeños’ (conocidos también como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’), que cuentan con cerca de 2.370 miembros y una estructura “con mando y cohesión nacional”, según fuentes de inteligencia policial.
Esta organización criminal ha amenazado por medio de volantes y llamadas, y es responsable de varios asesinatos. “Los Urabeños, y también terceros que adquirieron u ocuparon tierras luego de que sus habitantes originarios fueron obligados a abandonarlas, han sido responsables de muchos de los abusos. Estos terceros incluyen desde ganaderos y empresarios hasta paramilitares desmovilizados”, señala el informe.
Entre los casos que documentó HRW está el de David de Jesús Góez Rodríguez, labriego que impulsaba la restitución en la zona de Tulapas, Urabá antioqueño, donde diversas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ocasionaron múltiples despojos. La Fiscalía determinó que Góez había denunciado que los ‘Urabeños’ impedían la restitución porque usaban la zona como ruta para el tráfico de drogas. El líder fue asesinado el 23 de marzo de 2011 en la ciudad de Medellín (Lea: Los reclamantes de tierras y la muerte en Urabá).
Según el informe, este grupo armado ilegal hace parte de los llamados “Ejército Anti-Restitución”, que por medio de amenazas hostigan a las comunidades para evitar la reclamación de sus parcelas. HRW documentó que esta situación se ha presentado en Bolívar, Cesar y Sucre, y cita un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, en el que se advierte que entre 2011 y 2012 ganaderos, terratenientes y otras élites regionales del Cesar focalizaron tres regiones -Becerril, Cascará y Valledupar- para financiar un “ejército privado para defenderse contra ataques de las Farc e impedir la restitución de tierras” (Lea: Las amenazas que buscan bloquear la restitución en el Cesar).
La guerrilla de las Farc también es responsable de las violaciones contra líderes. El informe encontró que en el Tolima el Frente 21 amenazó a los campesinos que estaban promoviendo el retorno de los desplazados a sus fincas en el sur de este departamento. Así sucedió con Germán Bernal, un líder que impulsa el retorno de desplazados al corregimiento Santiago Pérez, en Ataco, y quien dijo que recibió amenazas del grupo insurgente.
En regiones como en el Urabá antioqueño y chocoano, las Farc también han perseguido a los reclamantes. La justicia condenó a esta guerrilla por el asesinato el 17 de diciembre de 2009 de Manuel Mora Lora y Graciano Blandón Borja, quienes lideraban a las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó.
Además de estos actores armados, las consecuencias de la guerra han impedido el retorno de las comunidades. El informe advierte que en el 70 por ciento de los municipios donde las víctimas han presentado solicitudes de restitución, el gobierno reportó accidentes o incidentes relacionados con minas antipersonal y munición sin detonar. El caso más crítico es Vistahermosa, Meta, la población con el mayor número de víctimas por estos artefactos y donde se ha solicitado un alto número de hectáreas que los campesinos abandonaron o les fueron despojadas con violencia.
Amenazas y muerte
Las amenazas, el desplazamiento y el asesinato son los principales delitos que han impedido que el retorno de las comunidades y la restitución de tierras se realicen con garantías de seguridad y permanencia en las regiones. HRW señala que las amenazas son la modalidad más común empleada por los grupos armados ilegales para intimidar a los reclamantes y tienen dos efectos: “infunden sensación de inseguridad y tienen un efecto multiplicador dado que inhiben a los líderes de trabajar en nombre de otras personas”.
Según datos del gobierno, 500 personas que reclaman tierras han denunciado desde enero de 2012 ante las autoridades amenazas en su contra tras presentar sus solicitudes de restitución. “A partir de evaluaciones individuales, las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes fueron amenazados se encuentran en riesgo extraordinario”, indica el informe de HRW.
Esta organización no gubernamental documentó amenazas graves y creíbles contra más de 80 reclamantes y líderes de restitución de tierras de Bogotá y otros ocho departamentos ocurridas desde 2008. “Se trata tan sólo de una pequeña proporción de la cantidad total de los casos denunciados”, precisa.
Personas y comunidades que fueron desplazadas en los años noventa con violencia están siendo nuevamente expulsadas de sus territorios una vez comenzaron a reclamar sus parcelas y solicitar la restitución. Gran parte de ellas han sido amenazadas directamente por grupos armados. HRW documentó 30 casos de este tipo en siete departamentos desde 2008.
Según el informe, la Unidad Nacional de Protección reubicó entre enero de 2012 y mayo de 2013 a 94 reclamantes de tierras y líderes en nuevas áreas del país de forma temporal debido a los graves riesgos que corrían sus vidas por las amenazas. Los asesinatos contra líderes han provocado que familias enteras nuevamente se desplacen, como ocurrió en 2012 tras el asesinato de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años, reclamantes de Curvaradó, en Chocó. Estos crímenes provocaron el desplazamiento de 49 integrantes de la familia Ruiz.
Los asesinatos, por lo menos 70 según datos de la Defensoría, han ocurrido después de múltiples amenazas contra los reclamantes de tierras. Entre los más recientes estuvieron los de Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos líderes de comunidades desplazadas de Valencia, Córdoba, ocurridos en marzo y abril de 2013, presuntamente a manos de los ‘Urabeños’ (Lea: Reclamantes deciden no ir al acto de restitución de Santa Paula).
Osorio y Oviedo hacían parte de un comité que se creó en Valencia después de que se pusiera en marcha la Ley 1448 o Ley de Víctimas. “Poco después del homicidio de Cordero, las amenazas y los actos de intimidación por parte de supuestos miembros de los ‘Urabeños’ consiguieron que 34 de sus familiares abandonaran el municipio, incluidos 22 niños”, precisa el documento.
“Hay fallas”
HRW reconoce que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por desarrollar la Ley 1448 o Ley de Víctimas para reparar a las comunidades desplazadas y despojadas de sus tierras, y que la justicia ha fallado en favor de las víctimas para recuperen sus parcelas y retornen a sus territorios. Sin embargo, considera que los “resultados son modestos” y que faltan acciones complementarias para garantizar una real restitución.
El informe advierte que de las más de 17 mil investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado que adelanta la Fiscalía, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena, lo que hace que los responsables de los despojos continúen en libertad y sigan amedrentando a las comunidades.
Esta organización no gubernamental detalla que hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución había comenzado a examinar menos del 20 por ciento de las más de 43.500 solicitudes de restitución y sólo había conseguido que se dictaran sentencias en 450 de estos casos; además, asegura que solamente una familia había retornado a vivir en su tierra como resultado de estas sentencias.
Aunque la Fiscalía ha asignado a fiscalías especializadas de Bogotá y Medellín para que investiguen los asesinatos contra líderes reclamantes, hecho que ha favorecido las investigaciones porque están menos expuestas a la intimidación, los resultados también han sido pocos. “Hasta agosto de 2013, los fiscales habían obtenido condenas en ocho de los 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes que la Fiscalía informó estar investigando; mientras que en más de dos tercios de los casos, no se habían imputado cargos contra presuntos responsables”, señala HRW.
El informe indica que si bien la Ley 1448 determinó que las demandas de restitución de tierras fueran resueltas por tribunales civiles, hecho que genera celeridad en los procesos, estos no determinan la responsabilidad penal de quienes cometieron los desplazamientos: “Se da curso a los reclamos y las tierras se restituyen sin que vaya acompañado de un proceso paralelo por el cual las personas, los grupos y las redes delictivas responsables del desplazamiento forzado y el despojo de tierras respondan por sus actos”.
Las sugerencias
En varias entrevistas, funcionarios responsables del proceso de restitución le reconocieron a HRW que en la medida en que avanzaba el proceso aumentaba el nivel de riesgo de las víctimas. Ante ello, la organización estadounidense le sugiere al gobierno que desarrolle medidas paralelas que permitan lograr justicia por los abusos cometidos contra los desplazados. Si bien la Unidad de Protección les brinda un esquema de seguridad y elementos tecnológicos para reportar cualquier riesgo, el informe indica que esto no es suficiente: “Si bien se trata medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes que pongan freno al origen de las amenazas”.
HRW sugiere que la Fiscalía impulse investigaciones no aisladas e individuales, y que identifique patrones en los distintos delitos relacionados con las mismas tierras, comunidades o presuntos responsables, y que las autoridades judiciales en realidad juzguen a los responsables de los desplazamientos y despojos. Si esto no se hace, “esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir nuevos ataques, a que quienes están interesados en mantener el control las tierras intenten impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación”.
El documento señala que el gobierno debe contrarrestar el poder de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo en diferentes regiones porque éstas continúan abusando de los reclamantes de tierras. “El tema [de la protección] va más allá de los chalecos antibalas”, les dijo un funcionario del gobierno a Human Rights Watch.
