La violencia de grupos armados que dominan territorios en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba le están haciendo muy difícil la tarea al gobierno de devolverle a los campesinos la tierra usurpada.
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| En Tarazá se han presentado 118 solicitudes de restitución. Allí operó el Bloque Mineros. |
En el Bajo Cauca antioqueño el proceso de restitución de tierras presenta graves complicaciones, todas ellas ligadas a la inseguridad que allí reina. El asunto es tan complejo que la Fuerza Pública les ha pedido paciencia a los funcionarios encargados de esa labor en Bogotá para ingresar a la región con sus equipos de trabajo.
Si bien la Unidad de Restitución de Tierras instaló una oficina en Caucasia desde el 15 de marzo de este año, y ha registrado 432 solicitudes de restitución a 31 de julio de este año en los seis municipios que integran la región, la presencia de grupos post-desmovilización en las zonas rurales, el control que ejercen y la disputa territorial que se ha dado desde hace varios años dificulta todo el proceso de documentación de los casos de despojo y abandono denunciados, así como el acercamiento a las víctimas.
La difícil situación fue confirmada a VerdadAbierta.com por Ricardo Sabogal, director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, que depende del Ministerio de Agricultura, y que fue creada en 2011, según mandato de la Ley 1448 (Ley de Víctimas de y Restitución de Tierras).
“En el Bajo Cauca el problema para entrar es la presencia de las bacrim (bandas criminales)”, dice Sabogal. “Los grupos de inteligencia de la fuerza pública están trabajando allá y nos han dicho que nos quedemos quietos por un tiempo”.
En las últimas dos décadas, esta región de Antioquia ha estado convulsionada por la acción violenta de guerrillas de las Farc y el Eln, narcotraficantes, facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y, ahora, por organizaciones armadas surgidas después de la desmovilización de paramilitares, entre ellas, ‘Paisas’, ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ (también conocidos como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC).
Históricamente ha sido una zona utilizada por el narcotráfico. Allí se ha cultivado coca, se han montado laboratorios de procesamiento de la pasta y se han construido pistas áreas clandestinas para sacar la droga y meter los insumos. Desde allí la cocaína sale fácilmente, vía el sur de Córdoba, hacia el Golfo de Morrosquillo, punto de embarque a los mercados internacionales.
En el Bajo Cauca también se explotan, de manera legal e ilegal, numerosas minas de oro, un imán para los grupos armados ilegales por las utilidades que está dejando esa actividad con los precios del metal que en los últimos años han alcanzado precios récord. En la actualidad, la hegemonía sobre la minería ilegal en buena parte de la región la tienen los ‘Urabeños’.
Asumiendo que una vez desmovilizados los paramilitares y debilitadas la guerrillas en la zona, el Estado podía tomar control, desde 2009 esta región quedó incluida entre los proyectos del Plan Nacional de Consolidación, un programa gubernamental financiado enparte por recursos externos que pretende llevar la institucionalidad a regiones antes violentas para que torne sostenible la mejoría en seguridad, lo que sería la base para el ingreso de la Unidad de Restitución de Tierras. El problema es que en el Bajo Cauca, no alcanzó a sentirse el alivio de la violencia pasada, cuando ya los nuevos grupos armados empezaron a crecer, dificultando que las instituciones pudieran operar como se tenía planeado.
“Nuestra política es recuperar territorio y en cada territorio por donde nos estamos moviendo, si eso afecta los intereses de una ‘bacrim’, la situación se pone complicada”, afirma Sabogal, lo que demuestra que algunas áreas sobre las cuales se han presentado solicitudes de restitución son consideradas estratégicas por los grupos armados ilegales.
De las 432 solicitudes de restitución que tiene registrada la Unidad de Tierras, 118 de ellas son reclamaciones de predios en zona rural del municipio de Tarazá; le siguen Cáceres, con 106; El Bagre y Caucasia, con 73; Zaragoza con 43; y Nechí con 19.
El problema que afrontan los funcionarios que tienen que hacer el proceso administrativo de documentación del caso es que las normas exigen visitar los predios con topógrafo y medirlo, así como establecer el contexto armado en que se dio el despojo o, en su defecto, el abandono.
“Mientras uno no les toque los corredores estratégicos, los grupos armados ilegales no ponen problema, pero cuando les tocamos algo surgen los obstáculos”, reiteró el funcionario. “Llegará el momento, en unos años, donde se toquen esos intereses, poco a poco lo iremos haciendo”.
¿Qué pasa en Urabá y Oriente?
Ejemplos en Antioquia de esos avances se pueden observar en la región de Urabá, donde la Unidad ha registrado 3.291 solicitudes de restitución y donde se han adelantado procesos de documentación de casos de despojo para presentarlos ante los jueces agrarios.
Según Sabogal, en esta zona del departamento se trabaja en reclamaciones de los municipios de Mutatá, Apartadó, Turbo y Necoclí. “En este momento tenemos como 500 reclamaciones en las que la Unidad está geo-referenciando los predios, documentando los casos, identificando la familia que estaba en situación desplazamiento y redactando solicitudes de inclusión”.
Uno caso que está en la etapa final de documentación para presentar ante el juez agrario es el de la vereda Paquemas, de Turbo, donde 98 familias fueron desplazadas por grupos paramilitares y sus tierras ocupadas posteriormente por ganaderos y comerciantes. La Unidad también está concluyendo el proceso de reclamación de la vereda Bejuquillo, de Mutatá, donde se solicitará la restitución de por lo menos 23 predios.
La tercera región en la que trabaja la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia es el Oriente, donde se ha identificado un fenómeno particular: el abandono de predios. Esta zona del departamento fue duramente golpeada en la década del noventa por las guerrillas de las Farc y el Eln, así como las Auc, lo que produjo grandes desplazamientos de las áreas rurales y urbanas.
La Unidad tiene registradas, a julio 31 de este año, 1.993 solicitudes de restitución, siendo la segunda región en este tipo de reclamaciones, después de Urabá. Los municipios más afectados son San Carlos, con 574 y Granada con 546.
“Hemos encontrado en el Oriente antioqueño puro abandono. Para responderle a las comunidades, lo que hicimos fue un plan choque de restitución administrativa que lo ejecutan el Incoder, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro, que consiste en entregarle títulos a la gente que ya regresó, previa autorización del juez”, explicó Sabogal.
Bajo ese plan, campesinos de la vereda El Chocó, de San Carlos, ya han recibido sus predios. En marzo pasado, fueron restituidos La Tolda y El Mirador, dos predios que fueron abandonados por sus propietarios a finales de la década del noventa debido a las fuertes presiones que ejercían en la zona guerrillas y paramilitares.
Según precisó el funcionario, la Unidad bajo su dirección ingresará a esta región si se detectan casos en los que se haya aprovechado el abandono para despojar de los predios a los campesinos: “Hasta el momento no tenemos casos concretos, pero sí hay conflictos lo atendemos”.
Otras zonas complicadas
En el departamento de Córdoba también hay regiones donde la inseguridad y la violencia afectan los procesos de documentación de casos de despojo. Sabogal hizo particular alusión al municipio de Valencia.
Este municipio cordobés hace parte de los corredores de movilidad de los ‘Urabeños’ que, por un lado, conecta con Montería, desde donde se administran las actividades ilegales de este grupo armado; y por el otro lado, lleva al Golfo de Urabá. Buena parte de las solicitudes de restitución se concentran, justamente, sobre esas áreas estratégicas, lo que explica por qué los funcionarios de la Unidad deben trabajar bajo la protección de la fuerza pública.
Valencia es el municipio con más solicitudes de restitución en Córdoba. Al 25 de abril de este año, la Unidad tenía registradas 505 reclamaciones por 9.620 hectáreas. Los despojos de tierra en esta población vienen desde comienzos de los ochenta, cuando llegó a la región Fidel Castaño Gil y adquirió la finca Las Tangas, y se agudizaron a finales de esa década y a comienzos de los noventa, cuando se dieron numerosos episodios de violencia como masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados.
Por lo que se ha venido estableciendo, el proceso de despojo de la tierra se dio a través de varias estrategias fraudulentas, entre ellas actos de compraventa en medio del conflicto armado y con compradores señalados de tener vínculos con las Auc, así como donaciones ficticias o condicionadas a favor de campesinos recurriendo a la organización no gubernamental Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor). (Ver https://www.verdadabierta.com/component/content/article/250-investigaciones-/4548-los-castano-donaron-tierra-usurpada-y-luego-usurparon-la-tierra-donada)
La situación de violencia no cesó con la desmovilización paramilitar y la muerte de los hermanos Castaño. En veredas y corregimientos los grupos armados ilegales, fundamentalmente ‘Urabeños’, ejercen un estricto control territorial. En la zona han sido asesinados e intimidados los reclamantes de tierras. Dadas esas características, Sabogal dijo que en esta y otras zonas el nivel de inseguridad es tal que “nuestros equipos allí están escoltados, así se hace la restitución en este país”.
