Narcotraficantes, militares, guerrilleros y paramilitares. Todos promovieron el desplazamiento de los campesinos de Trujillo y Buga, en el Valle del Cauca, quienes ahora reclaman sus tierras.
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| Así encontró su casa el esposo de Carmen*, después de ocho años de haber sido desplazados por los paramilitares del Bloque Calima en Trujillo, Valle. Foto suministrada Unidad de Restitución |
La historia de Trujillo y Bugalagrande, en el Valle del Cauca, está atravesada por masacres. Los relatos de los campesinos a la Unidad de Restitución de Tierras, a la espera que un juez les dé la razón y ordene la devolución de sus las parcelas que abandonaron por la violencia, coinciden en que primero fueron víctimas de los narcotraficantes, luego de miembros de la Fuerza Pública, después de la guerrilla y al poco tiempo de los paramilitares.
Después de dos décadas de terror, las primeras familias comenzaron a retornar a sus predios. Tales son los casos de Patricia* y Carmen*, quienes recibieron en días pasados de las manos de un juez las sentencias que las reconocieron como víctimas del conflicto, les entregó subsidios de vivienda y recursos para desarrollar proyectos productivos para que puedan vivir en Trujillo. Patricia había retornado a su parcela de tres hectáreas hace un par de años; Carmen no lo hacía desde 2005 a su finca de 13 hectáreas, pues los quebrantos de salud y el miedo de la masacre que la desplazó en esa época no la dejaban volver.
Estas son las dos primeras sentencias que favorecen a víctimas de Trujillo, un pueblo que según la Unidad de Restitución de Tierras fue microfocalizado, es decir, priorizado por la cantidad de reclamantes de tierras. Según datos oficiales de esta dependencia, creada por la Ley 1448 o Ley de Víctimas, en este municipio del noroccidente del Valle han sido presentadas 161 solicitudes por 2.219 hectáreas que los campesinos abandonaron o les despojaron con violencia.
Trujillo es el cuarto municipio del Valle con más reclamantes de tierras en ese departamento, donde los diferentes grupos armados desplazaron a por lo menos 1.531 personas entre 1997 y agosto de 2010, según el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd).
Carmen ha guardado silencio, quizás porque de tanto miedo la dejó sin palabras. Su esposo había comprado una parcela de 13 hectáreas en 1977, en la que cultivaban mora, tomate de árbol, lulo y hortalizas. La vida les fue generosa y tranquila hasta 1991 cuando su hijo fue detenido ilegalmente por miembros de la Fuerza Pública y torturado. “Si le preguntansobre la detención de su hijo, usted tiene que decir fue la guerrilla”, la amenazó un militar que se apareció por la finca.
Su hijo figura entre las víctimas de la documentada masacre de Trujillo, los asesinatos en serie que fueron cometidos entre 1986 y 1994 no solo allí sino en los municipios vecinos de Riofrío y Bolívar por los narcotraficantes Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, y Henry Loaiza alias, alias ‘El Alacrán’, en complicidad con integrantes de la Policía y el Ejército. Esta alianza criminal dejó 352 víctimas, todas ellas señaladas de ser supuestas colaboradoras de la guerrilla (Lea: Corte Suprema ordena reabrir investigación sobre la masacre de Trujillo y ‘El Alacrán’ a reparar víctimas de la masacre de Trujillo).
Pese a lo ocurrido, Carmen y su familia siguieron en la parcela. El horror volvió a tocar las puertas de su casa cuando guerrilleros del Eln se le metiieron a la finca y la amenazaron porque, según ellos, era una alcahueta del Ejército. Las intimidaciones fueron frecuentes, pero la familia se resistió a dejarlo todo.
“En abril de 2005 llegaron los paramilitares y ocuparon la casa de Carmen; llegaron con una lista de todas las personas que iban a matar”, contó un testigo durante el juicio. Desde esa fecha, ni ella ni su esposo se atrevieron a recorrer las dos horas que hay por trocha desde la cabecera municipal de Trujillo hasta la vereda. El pasado 22 de agosto el esposo de Carmen, de 80 años, volvió a ver su terruño. Con un machete quitó la maleza y le mostró al juez cuáles eran los linderos de su finca. Encontró una casa agrietada, con un colchón viejo y rastros de que grupos armados se habían instalado allí. Habían habían transcurrido ocho años.
La historia de Patricia es similar, la diferencia es que la masacre de Trujillo obligó a que su esposo se desplazara en 1990 por miedo a que lo mataran. “Le advirtieron que tenía que dejar la región porque iban a venir por él, por ser auxiliador de la guerrilla”, narró un familiar durante el juicio. La familia solo pudo soportar un año más de acosos, dejando atrás las tres hectáreas que desde hacía diez años cultivaban con café, plátano, fríjol y banano.
Estando desplazados, la situación fue difícil. Patricia le contó al juez que seis meses después volvió a su finca pero la encontró destruida. “Ya no habían cultivos; todo estaba lleno de rastrojo”, contó. Carmen, por su parte, había tratado de resistir a la masacre de Trujillo, a los señalamientos de miembros de la Fuerza Pública y de la guerrilla hasta que en 2005 paramilitares del Bloque Calima de las Autodefesas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Hébert Veloza alias ‘H.H.’, se tomaron su finca.
La Unidad de Restitución documentó que Trujillo fue disputada históricamente por grupos armados ilegales por su ubicación estratégica. “Su cercanía al Cañón de Las Garrapatas ofrece salida al Pacífico, convirtiéndose en una ruta para la producción, procesamiento y comercialización de la cocaína”, indicó la Unidad durante el juicio.
El organismo encargado de la restitución identificó tres períodos de disputa en esta zona. El primero en los años ochenta, con la presencia de la guerrilla del M-19, que llegó robando animales y alimentos; el segundo, entre finales de esa década y 1994, con la alianza entre narcotraficantes y miembros de la Fuerza Pública que, bajo el pretexto de combatir a la subversión, asesinaron a campesinos de los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, y provocaron los primeros desplazamientos. Por último, entre 1995 y 2005 con una presencia permanente de los paramilitares del Bloque Calima en la región, quienes continuaron con las amenazas, la toma de viviendas y escuelas, y el bloqueo de alimentos para la población.
En la sentencia, el juez señaló que pese al proceso de desmovilización en Trujillo persistió la violencia por la puja por el control delterritorio, esta vez, entre las Farc y ex integrantes de las Auc: “Desde finales de 2004, el Frente 30 de las Farc concentró sus tropas en las cuchillas de los corregimientos de Salónica y La Zulia… Después de 2005 la disputa armada se concentra en el piedemonte, y estribaciones de la cordillera occidental”. Según la sentencia, en 2005 se registró el asesinato de 13 personas en las veredas Riochiquito y La Sonora.
La situación llevó a que en septiembre de 2008 la Procuraduría le pidiera a diferentes instituciones poner lupa a las tierras de Trujillo. El juez ordenó a las autoridades locales que formularan un Plan Integral de Atención a las Víctimas para garantizar el retorno y la permanencia de las familias.
Buga, las próximas sentencias
La situación de Buga no dista de la de Trujillo. También está entre los diez municipios del Valle con más reclamantes de tierras. En la zona media de este municipio, en el occidente del departamento y en límites con el Tolima, los campesinos abandonaron sus parcelas tras el recorrido paramilitar que hizo el Bloque Calima que entre 1999 y 2004 y que dejó 4.300 personas desplazadas de las diferentes veredas.
Las víctimas de esta región han presentado 56 solicitudes a la Unidad de Restitución de Tierras del Valle para que documente sus casos y un juez les devuelva las casi 1.500 hectáreas que abandonaron o les fueron despojadas durante el conflicto. Sergio Rodríguez, director territorial de esta dependencia, explicó que este municipio también fue microfocalizado, es decir, la Unidad le dio prioridad por la cantidad de solicitudes. Al finalizar septiembre, dijo, espera que se hayan presentado 20 demandas.
De estas primeras demandas que prepara la Unidad en conjunto con las víctimas, por lo menos 30 son de familias que se desplazaron el 10 de octubre de 2001 después de una masacre paramilitar que dejó 24 muertos. En Justicia y Paz, varios desmovilizados confesaron que ese día 35 paramilitares llegaron hasta el corregimiento La Magdalena y de allí se llevaron a ocho personas, que se desempeñaban como comerciantes y tenderos. Les dijeron que tenían que ayudar a levantar un carro de las Auc que se había volcado la vía. En el camino los asesinaron.
El grupo paramilitar llegó luego hasta la vereda Alaska. Reunió al pueblo en la parroquia con el pretexto de leerles un supuesto comunicado y después de encerrar a las mujeres y gritarles a los niños de que se fueran lejos, asesinaron a 14 campesinos en frente de una caseta comunal. La ruta del Bloque Calima siguió un kilómetro más adelante hasta la vereda Tres Esquinas, donde detuvieron una chiva con 45 personas. A los hombres los obligaron a bajarse y salir corriendo. Luego les dispararon (Lea: Condenan a la Nación por no evitar masacre de Alaska y Masacre de Buga, Valle del Cauca).
Al finalizar ese 10 de octubre de 2001 en la morgue del pueblo había 24 cuerpos. Después de la matanza, las familias de los corregimientos La Habana y La Magdalena, y de sus respectivas veredas Tres Esquinas y La Alaska salieron despavoridos de miedo. Ese año los desplazamientos se dispararon de 381 personas expulsadas en 2000 a 1.231 personas en 2001, de acuerdo con registros oficiales de población desplazada.
Rodríguez dijo que espera que en septiembre los jueces dicten las primeras sentencias en favor de los reclamantes de Buga. “Aunque gran parte de los 30 casos que hemos documentado corresponden a abandonos de tierras, por lo menos tres de ellos son despojos. Encontramos que hubo compras a precios irrisorios y transferencias de los predios en los que hubo, al parecer, falsificaciones en la firma de las escrituras”, indicó el funcionario.
*Nombres cambiados por protección a las víctimas
