Pese a la reducción del 25% en el área cultivada de hoja de coca, lo que preocupa es la tecnificación que pudiera estar incidiendo en el proceso de elaboración de clorhidrato de cocaína. Grupos ilegales están detrás de esas actividades.
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Con menos cantidad de hoja de coca se estaría sacando más alcaloide, dado los procesos de profesionalización que está alcanzando el procesamiento de los cultivos ilícitos en el país, de acuerdo con conceptos expresados por voceros de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La preocupación se conoció durante la presentación en Bogotá del informe de monitoreo de cultivos de hoja de coca en Colombia realizado entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2012 a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la agencia de Naciones Unidas.
Las cifras muestran que durante el año pasado, con respecto al 2011, el área cultivada con hoja de coca en el país bajó de 64 mil hectáreas a 48 mil hectáreas, distribuidas en 23 de los 32 departamentos. De acuerdo con el informe, la reducción impactó a la mayoría de los departamentosy sólo tres mostraron tendencia al incremento: se trata de Caquetá, Chocó y Norte de Santander. La disminución más fuerte se presentó en Nariño, Putumayo, Guaviare y Cauca.
No obstante, no deja de preocupar las transformaciones que ha venido detectando la UNODC en el negocio del procesamiento de la hoja. “Los narcotraficantes están prefiriendo comprar la hoja a los campesinos porque ellos tienen un proceso de transformación más eficaz, que puede sacar más alcaloides de las hojas que los propios campesinos; entonces, lo que estamos viendo es un proceso de profesionalización de cierta manera del proceso”, explicó Bo Mathiasen, representante en Colombia de esta agencia de Naciones Unidas.
Los datos del informe demuestran que cada vez menos cultivadores se encargan de transformar la hoja de coca: mientras en 2005, el 65% la transformaban ellos mismos en pasta y base; en 2012 sólo el 37% lo sigue haciendo. Eso quiere decir que un 63% de la hoja estaría pasando a manos de expertos para su procesamiento.
Un muestreo realizado en la región Putumayo-Caquetá evidenció que el 64% de los productores venden la hoja fresca, lo que según UNODC, “confirma la tendencia nacional hacia el fortalecimiento del mercado de la venta de hoja”.
“Esa es una señal de alerta”, aseveró Leonardo Correa, coordinador técnico del SIMCI. “El hecho de que los campesinos ya no estén procesando ellos mismos la coca se asocia a que otras personas, que probablemente son expertos, estén haciendo la transformación, lo que se traduce en que va a ser posible producir más cocaína con menor cantidad de hojas y menos hectáreas sembradas”.
Según el documento de UNODC, “esa tendencia nacional evidenciada en los últimos años hacia la venta de la hoja de coca fresca por parte del cultivador, tiene implicaciones no sólo en las estructuras productivas del proceso, sino también en los agentes que los realizan”.
¿Quiénes compran la hoja?
Detrás de ese negocio están grupos armados organizados ilegales de diversa índole, como las guerrillas de las Farc y el Eln, y las llamadas bandas criminales emergentes conocidas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también identificadas como los ‘Urabeños’; además de los ‘Rastrojos’.
De acuerdo con el general Luis Alberto Pérez Alvarán, director de la Policía Antinarcóticos, uno de los mayores grupos narcotraficantes en el país son los llamados ‘Urabeños’, cuyas acciones, según el alto oficial, están orientadas hacia ese negocio.
Esta organización surgió a mediados de 2006, una vez se desmovilizó una facción del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Su propósito inicial fue copar los territorios que dejó esta facción paramilitar en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés. Por varios años estuvo comandada por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, hermano de Fredy, el jefe del Elmer Cárdenas.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Pérez Alvarán aseguró que los ‘Urabeños’ son “la única banda criminal que hoy tienen una connotación de carácter nacional”. Su expansión comenzó en San Pedro de Urabá y, poco a poco, fue ganando territorio hacia el norte del país, aprovechando viejas alianzas con facciones de las Auc que no se desmovilizaron y reclutando a quienes sí dejaron las armas bajo los acuerdos del Gobierno Nacional con el Estado Mayor de las Auc de julio de 2003.
Después de haber librado sendas confrontaciones con grupos post-desmovilización como los ‘Paisas’, una facción de la llamada ‘Oficina de Envigado’, con los ‘Rastrojos’, que surgieron en el norte del Valle del Cauca de pequeños grupos de narcotraficantes, y con los parientes del paramilitar Hernán Giraldoen la Sierra Nevada de Santa Marta, los ‘Urabeños’ consolidaron un poder nacional que va de norte a sur y de oriente a occidente.
Si bien su poder de coacción es fuerte, este grupo armado ilegal aún no tiene la hegemonía del negocio del narcotráfico. “La supremacía depende de la zona de injerencia de cada grupo”, afirmó Pérez Alvarán. En la Costa norte del país tienen mayor protagonismo, pero en departamentos como el Cauca, lo tienen las Farc. En el caso de Nariño, hay presencia tanto de este grupo insurgente, como del Eln, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’.
Coca en territorios especiales
Otra de las preocupaciones que revela el informe de UNODC es dónde se está sembrando hoja de coca en el país. Según Bo Mathiasen, el 73% de los cultivos ilícitos están situados en territorios que tienen legislación especial: parques nacionales naturales, resguardos indígenas y consejos comunitarios de afrodescendientes, asunto que limita la capacidad de acción de las autoridades, sobre todo cuando de aspersión aérea se trata.
Según las cifras de esta agencia de Naciones Unidas, en los resguardos indígenas se ha mantenido estable, desde el 2003, el área sembrada con hoja de coca, oscilando entre 6.000 y 8.000 hectáreas, siendo la región más afectada la del Pacífico, con una participación del 54% del total, seguida de Guaviare-Meta, con el 15,5%, y la Amazonía, con el 10%.
Uno de los datos más preocupantes es que el 20% de la hoja de coca en el país está sembrada en territorios de los consejos comunitarios, tanto de Nariño como de Chocó, lo que viene afectando territorios ancestrales de comunidades afrodescendientes.
En cuanto a los parques naturales nacionales, la UNODC estableció que de los 57 que existen en el país se encontró en el 2012 hoja de coca en 19 de ellos, uno más que en el 2011. Adicional a ello, el área cultivada aumentó en un 11% en los parques Sierra de la Macarena, Munchique, y Alto la Fragua, llegando, en total, a 3.379 hectáreas.
Uno de los temas que surgió durante la presentación del informe fue el de la minería asociada a los cultivos de hoja de coca. Según Mathiasen, “la minería ilegal se viene expresando con cada vez más fuerza como una nueva forma de criminalidad” en territorio donde hay o hubo hoja de coca, por lo que consideró necesario “diseñar modelos de investigación que permitan caracterizar este fenómeno y las relaciones entre desarrollos mineros ilegales y cultivos de coca, dado que la información es clave para promover el diseño de estrategias de políticas de prevención del crimen”.
Ejemplos de esa articulación entre minería y coca lo representarían las reducciones que se dieron en los departamentos de Cauca, Antioquia y Bolívar (particularmente en la Serranía de San Lucas), donde al parecer y a juicio de Mathiasen, la reducción estaría relacionada con la aparición de minería ilegal, conclusión en la cual coincide Correa, el coordinador técnico del SIMCI: “El hecho de que los cultivos se estén reduciendo no significa que las condiciones económicas de los campesinos estén mejorando. Las comunidades y los territorios siguen siendo propensos a la aparición de nuevas formas de delito”.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, celebró los resultados presentados por el SIMCI y expresó que por primera vez desde el 2001, cuando comenzaron estas mediciones en todo el territorio nacional, se bajó el área cultivada a menos de 50 mil hectáreas, lo que lo motivó a decirle a los oficiales del Ejército y la Policía que la meta era seguir bajando las cifras hasta llegar a 30 mil hectáreas a finales de 2013.
Finalmente, el coordinador técnico del SIMCI indicó que ya no hay mayores incentivos para continuar en la siembra de hoja de coca: “los precios no se han modificado, están en los mismos niveles de los últimos años, y eso quiere decir que el cultivador no tiene mayores incentivos para sembrar coca, los precios no compensan los riesgos, que cada vez son mayores, ni le permiten a los cultivadores acumular riqueza”.
Un factor muy importante para ese desestimulo, según este funcionario, es atacar todos los eslabones de la cadena, no solamente la producción de droga. Durante 2012, las autoridades incautaron 158 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que supone un impacto a las finanzas de los grupos armados organizados ilegales, lo que impacta a los campesinos, quienes encuentran cada vez mayores dificultades para comercializar los productos derivados de los cultivos de coca. Sin embargo, la preocupación por la tecnificación está latente y será el nuevo escenario de combate a las organizaciones de narcotraficantes.
