Decisión del Tribunal Superior de Montería obliga a la Fiscalía General de la Nación a reformular su acusación contra alias ‘Monoleche’, exparamilitar absuelto en primera instancia por despojo de tierras.
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| La decisión del Tribunal obliga a reformular la acusación contra ‘Monoleche’ en el juicio por presunto despojo de la finca La Holanda. |
Por considerar que existieron “protuberantes irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso y el derecho de defensa, tanto para la víctima como para el acusado”, el Tribunal Superior de Montería resolvió anular parcialmente el proceso llevado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto de Montería, en el que se absolvió al exparamilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, de toda responsabilidad en el presunto despojo del predio La Holanda, ubicado en zona rural de la capital cordobesa.
En su providencia, fechada el pasado 9 de julio de 2013, el Tribunal Superior de Montería consideró que hubo serias falencias en la resolución de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra alias ‘Monoleche’, lo que a su vez incidió en la sentencia proferida por el Juzgado, “puesto que se advierte a primera vista (…) una carencia de análisis probatorio (…) si existen dos versiones contrapuestas, debe explicarse por qué se le da la razón a uno y al otro no”, reza la decisión en sus apartes.
Por consiguiente, el Alto Tribunal dispuso no solo anular el proceso desde la audiencia de formulación de imputación “y subsiguientes actuaciones”, sino que también ordenó remitir nuevamente el expediente a la Fiscalía. Así las cosas, el pleito jurídico por la finca La Holanda, que ajusta más de cinco años y en el que ha habido denuncias de amenazas de muerte de parte y parte, lejos de resolverse, tiende a complicarse aún más.
El predio en cuestión
En esencia, lo que acaba de anular el Tribunal Superior de Montería es la decisión proferida el 18 de agosto de 2011 por el Juzgado Penal del CircuitoEspecializado Adjunto de esta ciudad, en la que declara inocente a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, falsedad en documento privado, fraude procesal y falsedad personal.
Estos delitos le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación al hoy postulado a la Ley de Justicia y Paz en audiencia llevada cabo el 5 de abril de 2010, luego que el Ente Investigador valorara la denuncia interpuesta por la señora Eugenia Yanet Arango García, el día 21 de enero de 2008, en las instalaciones del CTI de la Fiscalía en Medellín.
En ella, Yanet Arango señaló que el 26 de noviembre de 2003 recibió en su finca ‘La Holanda’, ubicada en zona rural de la ciudad de Montería, la inesperada visita de alias ‘Monoleche’, por aquellos años integrante de las Autodefensas Unidas deColombia (Auc). Según Yanet, luego de amenazarla y obligarla a abandonar la región, se apropió de su finca para luego titularla, mediante diversos mecanismos fraudulentos, a nombre de Amparo Pereira Rivera, antigua compañera sentimental del exparamilitar, que se desmovilizó en 2006 como integrante del bloque Casa Castaño.
En su versión, Yanet Arango aseguró que la finca ‘La Holanda’ estaba a nombre de su compañero sentimental, Hugo Alberto Berrío Torres, asesinado el 3 de diciembre de 2002 en Bello, Antioquia, por sicarios contratados por Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, quien para la fecha sostenía una cruenta vendeta por negocios de narcotráfico con su hermano, Fredy Berrío Torres.
“Y ‘Monoleche’ quiso aprovecharse de esta situación, obligándome a abandonar el predio”, le relató a VerdadAbierta.com la propia Yanet en 2011, quien para confirmar su versión, señaló que el 28 de noviembre de 2003 apareció registrado en la Notaría Única de Cereté, Córdoba, un poder especial otorgado por Hugo Alberto Berrío Torres a Ernesto José Cantero Pacheco para que éste vendiera o enajenara la propiedad. Lo paradójico es que para la fecha de autenticación del documento, Berrío Torres llevaba un año de muerto.
Gracias a este poder, la finca La Holanda fue vendida por Cantero Pacheco a Alex Gustavo Posada Petro en 93 millones de pesos el 29 de diciembre de 2003. El 11 de marzo de 2004 el predio fue vendido por Posada Petro, por el mismo valor, a la excompañera sentimental de alias ‘Monoleche’.
Para defenderse de tales acusaciones, alias ‘Monoleche’ le dijo a la Fiscalía en indagatoria rendida el 13 de agosto de 2009, que la compra del predio por parte de Amparo Pereira Rivera se realizó dentro de todos los parámetros que establece la Ley. Por el contrario, ‘Monoleche’ acusó a Yanet Arango de participar, junto a su difunto esposo, en actividades de narcotráfico en la región del Bajo Cauca y que fue ella quien recurrió a integrantes de la banda criminal de ‘Los Urabeños’ para que presionaran y amenazaran a su excompañera sentimental para que entregara el bien en disputa.
Denuncia en igual sentido le narró Yanet García a VerdadAbierta.com en 2011, cuando afirmó que por cuenta de este pleito jurídico fueron amenazados dos abogados que decidieron representarla en este proceso y advirtió que todo aquel que quiere comprarle la finca es intimidado.
Proceso accidentado
Más allá de las acusaciones mutuas de amenazas y participaciones en actividades al margen de la ley, lo que deja entrever este litigio jurídico es un complejo entramado de decisiones, apelaciones, anulaciones que no han permitido conocer la verdad sobre La Holanda.
El 4 de junio de 2008, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería legalizóel título de propiedad de Amparo Pereira Rivera, decisión que si bien fue impugnada por Yanet Arango, fue negada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad de Asuntos Humanitarios de la Fiscalía Primera de Conocimiento de Montería, bajo el argumento que la decisión del Juez Cuarto Civil no fue apelada oportunamente; además, consideró que no había pruebas de que ‘Monoleche’ se hubiese apropió del predio.
No obstante, Yanet continuó su peregrinaje por la justicia y fue así como la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Montería, admitió su denuncia el 18 de marzo de 2010, argumentando que existían “múltiples aspectos que nos muestran diversos artificios utilizados para obtener el fin de apoderarse del bien”, lo que condujo a la cancelación provisional de los registros realizados por la excompañera sentimental de alias ‘Monoleche’ y llevar a juicio al exparamilitar.
Sin embargo, luego de la etapa de juicio, llevadas en audiencias públicas los días 3 y 11 de marzo, el Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto de Montería estimó que, frente a los delitos imputados por la Fiscalía, como el concierto para delinquir agravado, alias ‘Monoleche’ ya había sido condenado por este delito por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia el 30 de junio de 2009. Asimismo, consideró débiles y en algunos casos contradictorios los relatos de Yanet Arango sobre el desplazamiento forzado.
De acuerdo con el Juez, la Fiscalía no logró probar si alias ‘Monoleche’ intervino en el negocio de compra de la finca La Holanda por parte de Amparo Pereira, pues el hecho de haber sido compañero de ésta no podía ser tomado como indicio de interés. Y si bien se reconoció que hubo un poder falso en el marco de la venta del inmueble, aspecto que ameritó apertura de investigación contra Ernesto José Cantero Pacheco, la misma que fue precluída por falta de pruebas y vencimiento de términos, no se logró probar vínculos entre este documento y alias ‘Monoleche’, por lo que fue absuelto.
La decisión fue apelada nuevamente Yanet Arango y, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Montería, consideró que el caso debía volver a la Fiscalía para recomenzar el proceso desde la formulación de cargos, dadas las falencias evidenciadas inicialmente.
El alto tribunal sustentó su decisión tras considerar que en el fallo absolutorio de primera instancia “existen posturas diametralmente opuestas, pues una es la historia referida por la denunciante Eugenia Yanet Arango y otra la contada por el sindicado Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’”.
Así las cosas, el Tribunal Superior de Montería consideró que “lo anterior obliga al funcionario judicial a hacer una valoración más exhaustiva de la prueba recabada, teniendo en cuenta la sana crítica, las reglas de la experiencia a la luz de la lógica y el sentido común, sin perder de vista el contexto histórico en que se desenvolvieron los hechos materia de investigación”.
