‘Cuco’ Vanoy fue socio de Pablo Escobar y después se convirtió en uno de sus enemigos. Fue lugarteniente de los hermanos Castaño en el Bajo Cauca Antioqueño.
Nació en Yacopí, Cundinamarca, el 31 de marzo de 1948. Empezó como esmeraldero en la zona de Muzo, Boyacá, hasta que en la década de 1980 se unió al Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Sin embargo, unos años después se convirtió en acérrimo enemigo del capo.
En Tarazá fue donde Ramiro Vanoy, conocido como ‘Cuco Vanoy’, creó el bloque paramilitar Mineros. Empezó con un grupo de 80 hombres que creció a 2.800, además de tener influencia política en el Bajo Cauca y tener varias haciendas. El bloque se asentó en ese municipio por ser una troncal que conduce a la Costa, con salida directa al golfo de Morrosquillo, utilizado por el narcotráfico como puerto. Además el Bajo Cauca limita con Córdoba, utilizado como corredor por paramilitares y guerrilleros por su cercanía con el Nudo de Paramillo y su conexión con el Urabá.
A Vanoy se le imputarán 435 hechos que dejaron 539 víctimas, actualmente se encuentra detenido en el Detention Center de Miami en donde purga una pena de 20 años por narcotráfico.
Estos son algunos de los crímenes de connotación por los que será procesado.
Masacre El Alto o Juntas
El 31 de marzo y el 1 de abril de 1996, un grupo de paramilitares del Bloque Mineros llegó a un sector llamado El Silencio, zona rural del corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, norte de Antioquia. Allí degollaron a Juan Bautista Baena Muñoz, quien se había desempeñado como concejal de esa localidad entre los años 1986 y 1988 por la Unión Patriótica; luego, se trasladaron a la vereda Juntas, donde torturaron y mataron a Elkin Darío Madrigal, a quien le extrajeron la tráquea y la laringe, y Hipólito González.
De acuerdo con versiones recogidas por investigadores judiciales, los paramilitares amarraron y retuvieron a los ancianos Ramón Monsalve y Baltazar Lopera, a quienes obligaron a presenciar la muerte de sus vecinos como una manera de intimidar a los pobladores de esas veredas. En el sitio se escucharon frases como “aquí llegaron los mochacabezas y vamos a acabar con todo lo que huela a guerrilla”.
Paradójicamente, el proceso de Justicia y Paz ha permitido conocer que aquel atroz crimen tenía un sinnúmero de motivaciones, ninguna de ellas relacionada con la lucha antisubversiva.
Desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, país al que fue extraditado en 2008 por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, Vanoy Murillo confesó que dicha acción fue perpetrada por hombres bajo su mando tras recibir instrucciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien le señaló que en esa vereda la guerrilla mantenía en cautiverio a Juan Pablo Upegui Gallego, hijo Gustavo Upegüí, mayor accionista del Envigado Fútbol Club, secuestrado el 29 de enero de 1996 en el municipio de Sabaneta.
En su relato, el exjefe del Bloque Mineros explicó que desde Medellín le manifestaron que hombres de ‘don Berna’ habían capturado a un miliciano que participó en el operativo del secuestro de Upegui Gallego y, tras ser torturado, confesó que conocía el sitio de cautiverio del joven.
Tras recibir la orden, Vanoy Murillo organizó un grupo de 50 hombres quienes, en compañía de agentes de la entonces conocida Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía Nacional, se dirigieron hasta el sitio señalado por el miliciano como el lugar de cautiverio de Upegui Gallego. Por esta acción, confesaría alias ‘Cuco Vanoy’, la llamada ‘Oficina de Envigado’ pagó cerca de 500 millones de pesos a la gente del Bloque Mineros.
Masacre de Santa Rita
Como parte de su proyecto de expansión, el Bloque Mineros llegó a la localidad de Ituango, Norte de Antioquia, en 1996. Allí perpetraron dos de las masacres donde se expresó la excesiva crueldad contra la población civil. Se trata de las incursiones en los corregimientos La Granja y El Aro, donde hubo incendios, torturas y asesinatos, generando desplazamientos masivos de los sobrevivientes.
Por estas masacres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2008. En ambos casos, según consta en la sentencia judicial, se comprobó que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares. “La participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitaresa la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de éstos”.
Pese a las masacres perpetradas, a los homicidios selectivos cometidos, al estado de zozobra creado entre los pobladores de Ituango y la creación de una base en el corregimiento Santa Rita, los paramilitares del Bloque Mineros no pudieron tener el control total del municipio. Incluso, sufrieron decenas de bajas en sus enfrentamientos con las Farc; en uno de ellos, ocurrido en el 2001, murieron 71 combatientes, lo que obligó al resto de paramilitares a abandonar la región.
La zona de Ituango ha tenido un interés estratégico para los grupos armados ilegales, no sólo por el control de áreas destinadas al cultivo de hoja de coca, sino por el desarrollo de megaproyectos energéticos.
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